ECONOMÍA

¡Es alimento señores!

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El hambre crece en el mundo y el país mientras nuestros dirigentes (institucionales y empresarios) siguen más preocupados por el FMI o Wanda Nara. Desde abajo crecen las propuestas a la espera de consenso político y social.

Por Tomás Astelarra

“Quizás los que yo u otros como yo planteamos es una utopía. Pero lo que deberíamos darnos cuenta es que la verdadera utopía es pensar que el mundo pueda seguir funcionando como está funcionando”

-Carlos Vicente.

En medio de la pandemia mundial algún alma se escandalizó porque el agua cotizaba en la bolsa de New York. Era la gota que rebalsaba el vaso de la no indignación en un mundo donde la crisis sanitaria sirvió una vez más para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Parte de esa consecuencia es la suba en el precio de los alimentos y por consecuencia en el hambre del mundo. El índice de precios de los alimentos de la FAO tuvo en octubre un aumento de 31,3% con respecto al año pasado (en la Argentina el aumento, según el Indec, fue de 52,4%). Según el informe de la organización de la ONU que se “preocupa” por el alimento de la población mundial, durante el año pasado, la pandemia podría haber sumido en el hambre crónica a entre 83 y 132 millones de personas más en todo el planeta (alejando completamente de la realidad el hipócrita objetivo de acabar con el hambre mundial en el 2030). Unos 811 millones de personas, la décima parte de la población, padece hambre. El índice es mayor entre mujeres y niños. La crisis sanitaria (dentro de la macrocrisis civilizatoria) también ha hecho que la cobertura de los servicios de nutrición esenciales por parte de gobiernos y ongs disminuyeran un 40%, afectando incluso a los países desarrollados. Un porcentaje “inaceptablemente elevado” de alimentos (14%) se pierde a lo largo de la cadena de suministros. Eso sin contar el petróleo que se gasta por no contar con sistemas de provisión de alimento de desarrollo local (a escala humana). O la nueva moda de los agrocombustibles. Mucho menos los crímenes de lesa humanidad causados por el desplazamiento de poblaciones campesinas en manos de paramilitares contratados por multinacionales del alimento (como ha demostrado en Colombia el sindicato Sinaltrainal denunciando, entre otras, a Coca Cola, Nestle o la ya extinta United Fruit). Según la FAO (que no habla de paramilitares) los sistemas agrícolas se llevan la peor parte de las pérdidas económicas debidas a catástrofes naturales. Los productores de alimentos en pequeña escala siguen estando en situación de desventaja, y las mujeres productoras de los países en desarrollo (chocolate por la noticia) ganan menos que los hombres. También ha aumentado la volatilidad de los precios de los alimentos debido a las limitaciones impuestas por la pandemia.

David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas, estimó que con 6 mil millones dólares se podría salvar a los 42 millones de personas que en el mundo van a morir de hambre este año. Es el 0,36% de la fortuna de los 400 empresarios más ricos del mundo. El 2% de la fortuna del megamillonario Elon Musk, que este año batió su propio récord ganando 36 millones de dólares en apenas un día.

Durante la crisis financiera del 2008, el economista chileno Manfred Max Neef declaró que el problema económico mundial era básicamente de “estupidez” al comparar el rescate implementado por los gobiernos a la banca internacional (igual a 600 veces el costo anual que la FAO había estimado para solucionar el hambre del mundo). Ese mismo año el economista jefe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Heiner Flassbeck, anunció que luego de las puntocom y los suprime (bonos vinculados a hipotecas), la burbuja financiera que se avecinaba era la del mercado bursátil de bonos relacionados al alimento. El informe publicado por el equipo de Flassbeck advertía que las actividades de los actores financieros “empujan los precios de las materias primas mucho más allá de los niveles que justificarían los datos fundamentales del mercado”. Según la FAO, solo el 2% de los contratos de futuros sobre materias primas acaban en un suministro real de las mercancías. El 98% restante se vende de antemano por especuladores que están interesados en la ganancia rápida. Solo en 2009, Goldman Sachs había ganado más de 5.000 millones de dólares (un tercio de sus beneficios netos) especulando con materias primas. “Para restablecer el funcionamiento normal de los mercados de materias primas se requiere una rápida actuación de política mundial”, advirtieron en el informe. Nadie les dio demasiada bola. Eso fue hace más de 10 años. Mientras tanto los funcionarios del gobierno argentino siguen discutiendo por los medios hegemónicos de incomunicación si alcanza con el control de precios o más vale poner retenciones a las empresas oligopólicas del mal alimento que, al igual que en todo el mundo, vienen teniendo ganancias extraordinarias a costa del hambre del pueblo. Pueblo que se ha organizado para proveerse su propio alimento cansado de esperar que lleguen fideos de mala calidad (comprados por precios escandalosos a las grandes multinacionales) o que el estado implemente verdaderas políticas fiscales para evitar la fuga de divisas y la especulación financiera. Además de alimento sana y barato, las organizaciones sociales (aunque el gobierno no lo reconozca) dan trabajo. Tras la creación en 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC, heredera del GATT nacido junto al Banco Mundial y el FMI en Breton Woods) la Vía Campesina desarrolló el concepto de “soberanía alimentaria” (en oposición a la “seguridad alimentaria”. La soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica”. Hay miles de experiencias en Argentina y el mundo.

Oferta, demanda y estado

Ayer nomás la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) inauguró una carnicería agroecológica en Avellaneda. “Estamos construyendo la cadena de comercialización lo más directa posible en función de que el pueblo no solo acceda a carne más saludable sino también más económica. Este circuito lo estamos creando desde la economía social y demostramos que hay alternativas para abaratar los precios de la carne”, sostuvo Juan Pablo Della Villa, secretario de Comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que núclea más de 300 cooperativas, asociaciones de productores, pymes agrarias, que representan a más de 60.000 familias del “campo que alimenta”. Además de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), que integran la MAA, la nueva carnicería agroecólogica articula con otras organizaciones como la Red Nacional de Municipios y Comunidades (Renama) o el frigorífico recuperado SUBPGA. En plena crisis económica producto de la concentración de la riqueza y la especulación financiera del gobierno de Cambiemos, la UTT sato a la palestra por sus “verdurazos”, mostrando en plazas de todo el país que se podía acceder a comida sana y barata, producto del trabajo de las organizaciones de la economía popular. Actores que como bien se aclaraba en nuestro anterior ensayo Inflación y economía popular han demostrado combatir la inflación sin la necesidad de control de precios. Actores que vienen siendo desconocidos por un gobierno dizque progresista y popular que no considera “trabajo” su trabajo, y que ha enmarcado las escasas políticas públicas hacia el sector dentro del ministerio de Desarrollo y no Producción. “Creo que en Argentina tenemos un desafío enorme (que es ante todo cultural) que tiene que ver con asumir integralmente (y con todo lo que eso implique) la situación de dependencia y desigualdad que atraviesa a nuestra historia y presente con respecto al alimento que consumimos. Solo desde ahí podremos pensar en respuestas no solo más de fondo sino también más reales, mas sinceradas con nuestra realidad. Y en ese sinceramiento va el reconocer a la producción popular como una parte de la solución. Pero eso requiere cambiar nuestros esquema mentales y también muchos de los marcos legales que ponen a la producción empresarial de gran escala como el parámetro desde donde medir al resto”, opina Pablo Blank de Monte Adentro, la comercializadora del Movimiento Campesino de Córdoba, dentro del MNCI Somos Tierra.

Parte del paradigma cultural a transformar no solo es la visión de la economía popular como problema y no solución, sino también el mito de que la verdura agroecológica es más cara o que no alcanza para alimentar a toda la población del país. “Se puede abastecer a todo el país completo. Cuando nosotros vemos el desarrollo de la UTT o el MTE o el desarrollo de cinco provincias con la Red de Comercio Justo del Litoral, o vemos lo que sucede en el sur de Bariloche donde hay confederaciones de grupos de consumidores organizados, nos damos cuenta que hay que visibilizar estas experiencias que pueden tener una dimensión territorial muy vasta. El ejemplo más claro es la provisión de verduras agroecológicas a través de las organizaciones y sus estructuras de comercialización autogestiva, que están pudiendo llegar a la mesa de todos los argentinos con alimento sano y a un precio justo. Esto es importante, porque si la agroecología queda en manos privadas o en comercializadoras tradicionales, volvemos a caer en la lógica capitalista de la acumulación y se transforma en un capitalismo verde medio extraño”, opina Martín Montiel de la Red de Comercio Justo del Litoral. “El cambio cultural que amerita es la organización del consumo, que es el acto diario que tenemos en el capitalismo alienante, que hace que sostengamos a los grandes poderosos. Todo el capital concentrado de la industria alimenticia promueve una determinada lógica de consumo individual y alienante. Hay que hacer el camino inverso, politizar el consumo. Por eso nuestro lema es: Todo consumo es Político”, agrega. “Si bien existen experiencias muy ricas y con muchos años de trayectoria y desarrollo, no han tenido la masividad que se requiere para pujar hacia una política pública que los contenga. Considero que un sistema se remplaza cuando aparece uno mejor. En ese sentido creo que está apareciendo el sistema virtuoso en términos de calidad, cantidad, precios y cuidados del medio ambiente, pero aun no es capaz de remplazar el esquema de producción extensivo que se encuentra vigente. Los cambios culturales los estamos viendo y en mi opinión son los que vienen posibilitando este nuevo sistema de producción y comercialización. Existe una gran diferencia entre el interior y las grandes urbes. En el interior es donde más se ve este cambio de conciencia, porque existe una inmediatez tangible entre los usuarios, los pequeños productores y las redes de comercialización. Por ejemplo en Paravachasca les vecines pueden comprar huevos y pollos de campo a sus vecinos sin necesidad de ser intermediados por el marketing, lo que implica que pueden apreciar por sus propios sentidos la producción. Esto no sucede en las grandes urbes, donde todo esta atomizado e intermediado por el marketing y los intereses especulativos de los grandes comerciantes, perdiendo tanto el productor –los márgenes de ganancia genuinos, como el usuario el precio justo. Creo que los más escépticos irán cediendo frente a los beneficios de un sistema virtuoso. Sin embargo falta mucha apropiación y sentido de pertenencia a este nuevo sistema. En parte porque es relativamente nuevo y en parte porque quienes ostentan el monopolio de los privilegios del modelo expansivo contaminante, se resistente por todos los medios a perder dichos privilegios”, asegura Ignacio Andrés parte de la organización La Creciente de Alta Gracia. “Sin dudas la agroecología es capaz de suministrar alimento para todo el país, siempre y cuando el Estado ponga a disposición su acompañamiento al sector. Fundamentalmente para generar cambios de consumo, referidos a capacitación y conocimiento de las poblaciones sobre posibilidades de alimentación distintas a las que propone el mercado hegemónico. Actualmente existen algunos subsidios, créditos y programas muy poco difundidos y con poca práctica en la realidad. Los gobiernos siguen mirando a los poderes productivos y económicos hegemónicos. Salvo en algunas dependencias o fuerzas políticas, pero más que nada impulsada por actores individuales. Por otro lado hay un crecimiento interesante sobre la inquietud de algún sector de los consumidores. La ley de etiquetado, por ejemplo, o las redes sociales de la gran cantidad de organizaciones sociales militantes ponen más cerca de la sociedad los defectos de sistema vigente y las alternativas productivas y comerciales que presentamos”, opina Agustín de Iriarte Verde, la cooperativa de Barracas nacida en 2007 que además de distribuir alimentos sanos en CABA y alrededores, dicta talleres de huerta y alimentación. “Las potencialidades de las comercializadoras de la economía popular son enormes. La idea es acortar la intermediación entre quienes producen y quienes consumen. Se instrumenta a través de almacenes y nodos, el mercado mayorista de Avellaneda y un montón de otras iniciativas que van desde las fábricas recuperadas a pequeños productores de la pampa gringa. Es fundamental que el estado le compre a los productores de la economía popular. Hay muy buenas intenciones, pero hay pocas políticas concretas. Hay que cambiar el paradigma histórico de alimentación chatarra en base a harina o incluso alimento en mal estado, como hoy sigue mandando el gobierno. Integrar fruta verdura y otros alimentos frescos, que las organizaciones estamos produciendo. Nosotros estamos, por ejemplo, elaborando recetarios sanos, entre otras iniciativas”, agrega Santiago Somonte de la UTT, organización que nutre sus comedores populares de verdura agroecólogica.

Alimento pa pobres

Apenas iniciada la pandemia, el Ministerio de Desarrollo de la Nación tuvo que explicar por qué había comprado alimentos no perecederos a precios hasta un 50% más altos que los de referencia fijados por el Estado para los minoristas. La explicación exhibió limitaciones estructurales: quienes tienen capacidad para proveer esa cantidad en tiempos justos son un grupo reducido de “bolseros de larga data en el Estado”, que en un momento de altísima demanda y precios en alza “se le plantaron” al Ministerio para hacer de la emergencia una oportunidad económica. Además, como el Estado puede demorar tres meses en pagar, los empresarios subieron los precios adelantándose a la suba por venir. Ante la necesidad de responder al aumento exponencial de la demanda en comedores (que en pocas semanas había pasado de ocho a once millones de personas), el Estado adujo no haber tenido más opción que ceder a los valores cartelizados de los proveedores de siempre. Con la salud en el centro de la agenda pública, también se puso en discusión la calidad de los alimentos que se incorporan a los planes sociales. A principios de este año, las organizaciones de la economía popular, paradógicamente, pusieron el grito en el cielo por el aumento de los beneficios de la tarjeta Alimentar. No solo, como dijo el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, porque el aumento de la asistencia frente a la falta de política pública para contener la inflación era como “un perro que quiere morderse la cola”, sino que también los grandes beneficiarios de la supuesta política social eran los bancos y las grandes cadenas de supermercados que venden alimentos de la industria concentrada del alimento (únicos lugares o productos donde se podía utilizar la tarjeta). “Está bueno que el estado salga a apagar el incendio dando alimento para 10 millones de personas. Pero si la contrapartida de eso es que no podamos preguntar quien lo cocina, ahí estamos jodidos. Si alguien ha salvado vidas en esta pandemia son las trabajadoras comunitarias. Solo la Poderosa, que es un orga de miles que hay, tiene 154 comedores que dan de comer a 40.000 personas. Nos deben 492 toneladas de mercadería desde octubre del año pasado. Entonces después se preguntan por qué les estallo la urna. Vos podes engañar a mucha gente con el discurso de la pobreza. Pero no a los pobres. Solo en los dos comedores que tenemos en Rosario necesitamos generar de movida autogestiva de 200.000 pesos para frescos y flete. Menos mal que podemos organizarnos y contamos con la autogestión. Y con la experiencia, no solo de las organizaciones sociales de estos 20 años desde el 2001, sino de las décadas que tienen las villas resistiendo la adversidad. Por eso si querés encontrar la solución frente a una adversidad como la pandemia, tenés que mirar en los barrios. Desde la Poderosa, hicimos una campaña, Contagiar Solidaridad, que recaudo 51 millones de pesos de donaciones para comprar carne y verdura. Porque el 30% de lo que manda el Estado es yerba, y un 20% picadillo. Al día de hoy, el 50% de nuestros comedores se financian con la autogestión. Y con el trabajo de las compañeras, que la mitad reciben la mitad de un salario mínimo del Plan Potenciar y después tienen que salir a aclarar que no son vagas”, aclara Nacho Levy de la Poderosa. “Habiendo tantas cooperativas de la economía popular produciendo alimento sano, el Estado, salvo algunos municipios, le compra a las grandes empresas. Comida chatarra que muchas veces no llega o llega en mal estado. Ahí en Los Hornillos, en Traslasierra, donde colaboro con la Radio El Grito, hay una compañera de un comedor popular que es famosa por haberle encontrado una receta de budín de pan a los fideos de la asistencia social del Estado. Son incomibles. Y ahí nomás hay huertas comunitarias y todo tipo de cooperativas de alimento”, aporta Santiago Somonte de la UTT, que en estos días lucha por la aprobación de Ley de Acceso a la Tierra. “Sería un avance histórico, pero es un pedido que ya se presentó tres veces. Un Procrear Rural, un sistema de créditos blandos para que las familias campesinas puedan tener una vivienda digna y dejen de alquilar a precios usureros para poder producir. Hay muchas situaciones también de violencia ligadas a la expansión de la frontera agrícola del agronegocio. Estamos en un laberinto donde no se puede salir si no se combate la especulación financiera, del mercado inmobiliario y la concentración económica”, explica y agrega: “Es un proceso que lleva tiempo pero se ha avanzado mucho en pocos años. Son mas de 20.000 familias campesinas en 18 provincias, solo en nuestra organización. Mucha gente apoya el proyecto, hay un nuevo paradigma de alimentación, hay una nueva consciencia, pero falta muchísimo. Entender los precios de cada alimento y acortar las cadenas de intermediación para que halla un precio justo tanto para los productores como para los consumidores. Y eso sumado a los espacios de salud, de género, de niñez, las mejores condiciones laborales y el cuidado del ambiente”.