No hay autocríticas en la Córdoba que mata
La desaparición y asesinato de Agostina Vega expone los límites internos y federales de la investigación judicial. La bochornosa conferencia de prensa que realizó el fiscal de instrucción ratificó esa problemática.
Por Lea Ross
-Doctor, la familia denuncia que la justicia y la Policía se demoró en el accionar. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica?
-Absolutamente ninguna.
Fue la respuesta tajante, y con cara de bulldog, que arremató el fiscal Raúl Garzón, encargado de la investigación por la búsqueda de Agostina Vega (14), la niña que estaba desaparecida hace una semana en la ciudad de Córdoba y que fue encontrada sin vida durante un rastrillaje en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sudeste de la capital.
Un par de horas después del hallazgo, se organizó una conferencia de prensa improvisada que inició después de las 19:30hs., una hora más tarde de lo previsto por las dificultades técnicas para la transmisión, en los Tribunales II de Córdoba. Allí, Garzón mantuvo una firme crítica a la cobertura mediática. Los periodistas que estuvieron presentes no le dejaron escapar el hecho de que el funcionario judicial orquestó un escenario donde pretendía mostrarse impoluto, manteniéndose al lado del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Su insistencia en felicitar la labor policial, incluyendo el desempeño de los canes por el rastrillaje, fue algo que no lo toleraron los colegas.

-¿Por qué?-, le insistió el colega sobre su negación a la autocrítica.
-Le voy a decir por qué -arremetió Garzón-. Porque la denuncia comienza con el aporte de un dato que no es ‘tengo una hija que me lo arrebató alguien’ o ‘me la llevó a un lugar’… Entonces, para aquellos que señalan, o ponen en duda con poco conocimiento, el tema de las urgencias y de determinadas medidas, estos están directamente vinculadas a la naturaleza del hecho. Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas. Y Agostina no fue una desaparición que, de pronto, vino a un lugar y fue arrebatada. ¡No! No fue ese el contexto. Entonces, el camino de la investigación, lo da el camino de la denuncia. Y si en una denuncia, inicialmente, está más orientada a que va con alguna persona o ‘amiguito’ de su confianza, es una cosa muy distinta a decir ‘me sustrajeron a mi niña’…
-¡Es una denuncia de un paradero, señor fiscal!-, intervino otro comunicador.
-No, no, no… Es una denuncia…
-¡No importa qué motivo! Discúlpeme, porque acá está bajándole el precio a una situación de qué persona se lo hubiese llevado. Es una denuncia de reclamo de paradero que se hizo ni bien desapareció la menor. No es un dato menor para que responda de esa manera, que si se fue con un ‘noviecito’ o una amiga. Es una denuncia de paradero de la madre de una niña que no sabía en ese momento con quién estába.
-Le respondo: a partir de la denuncia, se activa el protocolo de búsqueda de su entorno, de sus amistades, de los lugares donde frecuentaba, de hospitales, todo lo que marca el protocolo a nivel policial y local. Se denuncian muchas desapariciones cada día. Todas activan inicialmente un mismo protocolo. Pero todas tienen un desarrollo conforme al caso concreto. Entonces, debo señalarle esto: en 48 horas, prácticamente, se logró avanzar en un rumbo que, le diría, acertado pero no por méritos, sino por el trabajo que se hizo en aras de investigar una persona. Y sobre esa persona, dentro de otras hipótesis, también se fue profundizando a medida de lo que se hizo.
Entre lo justo y lo mediático
La exposición de Garzón se contradice entre avalar la labor policial-judicial y criticar el desempeño mediático. Es cierto que nuestro país tiene una concentración mediática porteño-céntrica, donde la obsesión por obtener primicias, en el minuto a minuto, empujó a que se revelara el peor desenlace antes que lo supiera los familiares de la víctima por parte de las autoridades. Es una realidad que ha ocurrido en cada crimen policial que mantiene en vilo a la comunidad y que se amplifica a la teleaudiencia, a medida que van llegando las cámaras de televisión sacadas de algún estudio cercano al puerto.
Sin embargo, es precisamente la extensión de una causa en proceso que genera mayor saciedad en la especulación mediática. Cuando una investigación penal en curso se va extendiendo sin obtener una respuesta, como es el caso de la desaparición de una menor, mayor voluntad hay de los medios de comunicación más concentrados en salir a invertir los viáticos para mandar un equipo a una ciudad del interior para cubrir el caso. Por ende, la amplificación de la transmisión mediática, agravada por el uso de la información inescrupulosa, tiene que ver con la falta de capacidad de lograr un cierre a la instrucción, donde demoró una semana entera para poder encontrar a Agostina. Por esa razón, Garzón pretendió contraponer los dichosos comentarios de los movileros con una imagen que pretendiera reforzar la capacidad “cordobesista” apegado al funcionario Quinteros. Mordió su propia cola cuando bendijo la labor del olfateo de los perros.
Alerta no tan inminente
Argentina cuenta con el sistema llamado “Alerta Sofía”, que impone un protocolo de acción coordinada e inmediata por parte del Ministerio de Seguridad Nacional para rastrear el paradero de menores de edad. Se basa en un repliegue que debe incluir la difusión masiva del rostro de la víctima para evitar que sus posibles raptores logren continuar con sus fechorías. La activación debe realizarse a las 72 horas de la desaparición, según el punto 13.3.2. Para el caso de Agostina, se activó el martes a la tarde. Pero incluso, está el subítem 13.3.2.1. que estipula que puede reducirse a las 24 horas al “considerarse otras características” que “pueden considerarse”. Según la familia de la víctima, al momento de presentar la denuncia en la comisaría, se le respondió que había falta de personal policiaca debido a que los refuerzos se concentraron en el Estadio Kempes, durante el partido dominguero entre Belgrano y River.

La “Alerta Sofía” fue propuesta por Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri y está inspirada en la Alerta AMBER de los Estados Unidos. Según el periodista rosarino Marcelo López Macías, el protocolo estadounidense apunta a saturar la imagen de la persona desaparecida en los teléfonos celulares “de manera estridente”, cosa que no ocurre en su versión argenta, que se limita solo a difundirlo por redes sociales. López Macías ha trabajado para la producción de programas de televisión porteños y para periodistas como Luis Majul, con una línea editorial que en general se apegan a los intereses de quienes integraron los proyectos políticos macristas.
“Los políticos de la Argentina le tienen miedo a tener su propio FBI, a tener una fuerza federal propia, y no lo crean. Entonces: cada provincia tiene su propia demora”, sostiene el colega en Cana 7 de Mendoza. “Bullrich dice que trabaja con lo mejor de la Prefectura Federal, lo mejor de la Policía Federal, lo mejor de la PSA, lo mejor de Gendarmería… y no se hace”, aclara en referencia a que la superposición de aparatos federales no garantizan una eficiencia investigativa.
Es cierto que Argentina no tiene un crimen organizado del tamaño de Estados Unidos, México y Colombia. Pero sí es un territorio extenso, que lo lleva a presentarse como el país de habla hispana más espaciosa del mundo. Con lo cual, la división inter-jurisdiccional desordena y atomiza a los propios intereses de cada campo, como la que hizo el propio fiscal Garzón en la improvisada conferencia.
Cuando el hocico muerde la cola
El caso Agostina comprometió también a un sector del peronismo-sindical encabezado por el operador Ricardo Moreno, actual concejal capitalino pero que se inmiscuye más de la cuenta. Reconoció haber influenciado para poner como empleado en la Municipalidad a Claudio Barrelier, principal sospechoso de la desaparición de la niña y que ahora va a ser acusado de homicida. No solo eso: el estudio jurídico de Moreno se encargó de protegerlo e incluso exponiendo a un pariente del funcionario, Jorge Sánchez del Bianco, como su abogado defensor. A pesar que, en su segundo interrogatorio, Barrelier reconoció que mintió y que Agostina había ingresado a su domicilio, el bufet de abogados ratificó su apoyo, hasta momentos antes de que se encontrara el cuerpo.

Ricardo Sosa maneja a quienes están congregados en las llamadas 62 Organizaciones Peronistas, conformado por un nutrido grupo de gremialistas afines al peronismo, con gran peso en la capital, pero sin pretender tocarle el terreno a los operadores de la senadora Alejandra Vigo. Sosa también tiene su prestigio en la comunidad policiaca, donde se encarga de ayudar a policías involucrados en casos de corrupción o de gatillo fácil.
Un párrafo final: siempre se cuida de ocupar cargos donde no esté obligado a presentar su declaración jurada, que puede ir desde tener un cargo en el Concejo Deliberante hasta mantenerse como un simple asesor. A diferencia de Garzón, se cuida la cola.
