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Inflación y economía popular

Las experiencias y los análisis estadísticos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz demuestran que la economía popular, tantos en sus niveles de producción, como de valor agregado y comercialización, podrían ser una verdadera solución de largo plazo al problema inflacionario.

Por Tomás Astelarra

Pasadas las elecciones, más allá del “empate por amplia diferencia” y la sensación de triunfo de las 4 principales fuerzas partidarias de la Argentina, hay problemáticas que continúan para la sociedad o “pueblo” argentino. La inflación está al pie de las preocupaciones nacionales (no de ahora sino de siempre). Las discusiones acerca de sus causas son variadas. Los economistas neoliberales u ortodoxos u “opositores” insisten en que la solución es controlar la emisión monetaria y el déficit fiscal. Los economistas heterodoxos u “oficialistas” declaran que hay una “multicausalidad”. De ambos lados de la grieta coinciden en que el control de precios no sería la medida adecuada a largo plazo.

El devenir de las múltiples causas ya fue detallado en una anterior crónica de La Luna con Gatillo (La inflación y las trampas del discurso neoliberal), como así también las lecciones que puede dar la experiencia boliviana con un estado redistributivo pero también una fuerte red de economía popular (Argentina: las lecciones del milagro económico boliviano). Pero igual vamos a detallar las posibles causas de la inflación en Argentina según la opinión y recopilación de datos de este humilde economista jipi.

La emisión monetaria parecería no ser tan grande como esgrimen los economistas ortodoxos. Como muchas otras variables, apenas alcanza para ajustar el aumento del dinero circulante a los índices de inflación. Encima, según describe el análisis de Javier Llorens para Striptease del poder (La sanata de que la emisión es la causa la inflación y su urgente solución), mucha de está emisión sirve para sostener la deuda interna de bonos emitidos por el gobierno de Cambiemos. Además, según puede comprobarse en otras economías del mundo, es natural que en el marco de un ciclo depresivo de la economía producto de la pandemia y con un mercado financiero externo bloqueado, el gobierno tenga que emitir dinero para sostener la la situación. Algo similar sucede con el déficit fiscal, que, más allá de las discusiones sobre su calidad y mala distribución en términos de igualdad social, es sorpresivamente bajo en comparación con otras economías y ha permitido mantener con vida diversos sectores de la sociedad en tiempos de pandemia. Existe el mito que el déficit fiscal tiene que ver con las clases pobres y populares. Sin embargo viendo los números puede verificarse que hay una gran proporción del gasto público que va a las grandes empresas y sectores altos de la población (desde los ATP, subsidios a las tarifas, nacionalización de deudas y otros menesteres). “Entre enero y septiembre, el Estado destinó aproximadamente 7.025 millones pauta publicitaria, más que los 6.582 millones de los subsidios recibidos por las 578 cooperativas y asociaciones durante el mismo periodo. De este gasto el valor promedio que recibieron las entidades de la economía popular hasta septiembre es de 11 millones de pesos, mientras que el diario Clarín se llevó más de 600 millones en el mismo periodo. El millonario cheque que el Estado paga a los medios de comunicación, que a su vez pagan el sueldo subsidiado de editores y periodistas, no los sorprende, está totalmente naturalizado, como si fuera un mandamiento bíblico. El Plan Chamuyar es un derecho inalienable porque ellos no se cuestionan sus privilegios, pero sí los derechos de los más humildes”, explica el dirigente de la UTEP y el MTE Juan Grabois como respuesta (Política y medios: así es el millonario cheque del Estado para los grandes medios) a una maliciosa nota del periodista de La Nación Juan Cabot (Política y plata. Así se reparte el millonario cheque del Estado para las organizaciones sociales). Pa muestra solo hace falta un botón.

Existen otros factores que a mi entender explican la inflación crónica de Argentina. Como ser la poca elasticidad del consumo y sus precios. Les argentines no están dispuestos a reducir su consumo de bienes en principio innecesarios como el internet, los peajes, el celu o las zapas nuevas o la salida a comer “afuera”, más allá de cuanto aumente el precio. No hay regateo como en otras pueblas de nuestra Amerika y reducir ciertos consumos o acudir a segundas marcas es visto como una afrenta a la sensación de “riqueza” o status social. La austeridad no es un valor apreciado aún en tiempos de crisis y el endeudamiento de las familias crece día a día sin importar las formas o tasas de interés. Mucho menos la calidad de los bienes en términos de lo que los economistas llaman “externalidades” (como consumir productos sanos, socioambientalmente responsables y donde no intermedie la explotación laboral o la violencia de género). Siempre hablando de generalidades.

El segundo factor es la teoría de “expectativas racionales”, por la que el economista de Chicago, Robert Lukas, ganó el premio Nobel. Más allá de sus costos reales o la vinculación de su producción con el dólar o la demostrada poca veracidad de las profecías económicas, si el almacenero de la esquina (o cualquier productor de la cadena de alimentos) decide que los precios tienen que subir porque los medios hegemónicos dicen que ciertos economistas dicen que el dólar (blue o contado con liqui) va a subir…entonces…¡el precio va a subir! Y si son muchos los que sostienen esta conducta irracional en términos económicos. Entonces suben muchos precios. Y esto genera inflación. Una inflación especulativa, irracional, y poco ligada a la economía real, pero que finalmente influye en la economía real de todes les argentines. Una inflación especulativas, caótica, que incide aún más en el descontrol de los precios relativos y también en la distribución del ingreso. “Sálvese quien pueda”, parce ser el lema de un pueblus economicus, el Argentino, con traumas inflacionarios y de crisis económicas, que todavía se cree europeo y no ha remontado la lógica neoliberal individualista del Consenso de Washington, implantado en Argentina, aprovechando la debacle del dizque proceso de reorganización nacional, por el status quo económico y el mismo peronismo que hoy trata de remontar la situación.

El cuarto factor, el más evidente y denunciado por les economistas “heterodoxos” y lo medios “progresistas”, es la concentración del mercado tanto de la producción como la distribución de alimentos. El famoso oligopolio que atenta contra la “competencia perfecta” y la “mano invisible” de las teorías liberales y permite la cartelización de precios y el secuestro de las ganancias nacionales por parte de estas privilegiadas empresas o empresarios del 1% (los verdaderos ganadores del sálvese quien pueda). Esta es la razón (que esgrimen los propios manuales neoliberales) de la intervención del estado en los precios. Una solución a las apuradas, difícil de implementar y necesariamente de corto plazo. Pero entonces: ¿pa donde es la salida?

Datos reveladores

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) viene hace más de un año haciendo el ejercicio de incorporar los productos de la economía social, solidaria y popular a la canasta básica de alimentos que mide el índice de precios al consumidor (cuya diferencia mes a mes o año a año mide la inflación). El resultado puede no ser sorprendente para aquelles que día a día transitamos este tipo de experiencias y verificamos, intuitivamente y en la práctica, que nuestros productos (a pesar de su mejor calidad, el cuidado del ambiente y el respeto de los derechos humanos en general) son cada día menos costosos en relación a las grandes marcas y supermercados.

Quizá si resulte revelador para aquelles que no están en contacto con esta realidad, que en su informe de octubre de este año, el CESO demuestra que la inflación de agosto (con respecto a julio) de los productos de la economía popular tuvieron una inflación de 5,81% frente al 15,44% en los supermercados. Esto ha permitido a las familias que consumen en estos espacios un ahorro de $628 en julio-agosto y $20.688 en los últimos 14 meses. Esto según el índice que mide los 40 productos de la canasta básica que se comparan (hay 20 para los cuales la economía popular no tiene oferta masiva y que son reemplazados en el análisis por los precios de mercados de cercanía). “Hay productos como carnes o lácteos donde se requiere refrigeración y unas condiciones más complejas de trasferencia de esos productos a los largo de la cadena alimentaria por lo que es difícil medir sus precios dentro de las comercializadoras de la economía popular. Pero es importante resaltar que no es que la economía popular no produzca esos productos. Nosotres trabajamos muy de cerca con cooperativas de pescadores y podemos asegurar que casi todos el pescado que consumimos (sobre todo de río), es de la economía popular. Son pescadores organizados en cooperativas y que le venden a acopiadores que luego le recargan un precio muy alejado del que recibe del productor. Para solucionar eso requiere un acompañamiento o inversión por parte del estado”, aclara Lorena Putero, una de las investigadoras que confecciona el informe mensual del CESO. A la vez confiesa: “Nosotres estamos haciendo algo que quizá perjudica a las comercializadoras y productoras de la economía popular. Porque estamos comparando productos agroecológicos u orgánicos con los precios de los supermercados, donde la verdura contiene agroquímicos. También podemos hablar de la calidad de la harina o la mermelada (que puede ser integral o con menos azúcar) y muchos otros factores que diferencian los productos de la economía popular del de las grande cadenas industriales. Pero como queríamos concentrarnos en la cuestión del valor, de los precios, no tomamos en cuentas esas variables. Estamos trabajando para hacerlo”.

“Nosotros vemos que los productos de la economía popular realentizan los procesos inflacionarios y tienen un alza menor o igual de los precios con respecto a las grandes cadenas de alimentos, con todos los beneficios que conllevan en términos sociales. Esto se da, entre otras cosas, porque quienes realizan la comercialización de productos de la economía popular tienen un doble objetivo: mejorar la vida de los productores, pero también generar precios accesibles para las clases populares. Nosotros sabemos desde la practica que se están mejorando las dos puntas de la cadena. Hay muchas experiencias que hablan de esto. Entonces vemos una capacidad de responder a la necesidad de alimentos, que no es como la piensa el mercado. Porque quizá un productor concentrado no pueda solucionar el abastecimiento a precios justos de toda la población, pero si lo pueden hacer muchos productores desperdigados en los territorios. Esa sería una política alimentaria real y de desarrollo local”, agrega.

La economía la hacemos entre todes

“El trabajo que hacemos está basado en un espacio de intercambio de producciones entre organizaciones sociales donde no se practica la reventa sino la distribución solidaria, donde no tiene que haber explotación de personas ni de la madre tierra. No hay un margen de especulación o ganancia comercial o individual, aunque si se genera un diferencial que es parte del capital social para el sostenimiento de las organizaciones. La propuesta nuestras es que las propias organizaciones productoras autogestionen su comercialización. Ahí si tendríamos la posibilidad de que la inflación tienda a cero. Porque dejamos de lado la lógica de la especulación. Suena utópico pero cada vez son mas las organizaciones que se manejan de este modo aunque sean invisibilizadas. Hay experiencias de larga trayectoria y cobertura territorial que se basan en la relaciones sociales de reciprocidad como era anteriormente en Amérika, antes de la colonia. Tiene que ver con la lógica de retornar a los valores de uso de los productos y nos los valores de cambio, impuestos por las monetización y mercantilización que trajo el capitalismo a este continente”, sostiene Martín Montiel, parte de la Red de Comercio Justo del Litoral. “La economía popular tiene una visión no solo diferente en términos de productividad o ganancia, sino en cuanto a los consumos que realizamos. No solo hablando de los alimentos sino también de los objetos. Ahí también tiene que ver algo acerca de la durabilidad, del tipo de uso que le damos, diferente a lo que estamos acostumbrados en tiempos de publicidad, descarte y obsolescencia programada. En los ritmos de la tierra no siempre todos los productos están disponibles todos el tiempo, a diferencia de los procesos de industrialización. En este sentido, creo que ajustarnos a estos tiempos sería, sino la solución, una cuestión que reduciría la inflación. Esto tiene que ver con la profundidad de lo que consumimos, a quien le compramos y que tanto sabemos de donde viene. Ese ese el rol de las comercializadoras de la economía popular: achicar esos lazos, afinar esos vínculos, acercar lo más posible al productor con el consumidor y que los intermediarios tengan esa consciencia de lo que ofrecemos”, aporta Melanie Senini, ceramista, productora de frutillas, e integrante de la Mutual Humano en Traslasierra, Córdoba. “La potencialidad de las comercializadoras de la economía popular para solucionar el problema de inflación tiene que ver con la capacidad de adaptarnos y ser flexibles a los ritmos y los tipos de producción. Tiene que ver con conocer el territorio que habitamos y respetar tiempos que no son los de la industrialización, sino que abarcan diferentes procesos, etapas y posibilidades”, agrega. “Estas intermediaciones solidarias que hacemos son fundamentales porque justamente entendemos al alimento como un derecho y no una mercancía. El mercado no puede estar solo en la intermediación de los alimentos como si fuera cualquier mercancía, porque no lo es. Las comercializadoras de la economía popular evitamos el lucro y la especulación que hay en los productos alimenticios. Estos seria un factor que ayudaría mucho a un equilibrio en los precios”, opina Flor Alloni, integrante de los Mercados de la Tierra, la comercializadora popular de la Corriente Nacional Martín Fierro en Córdoba.

“La inflación no es un problema sino una consecuencia del sistema de producción y comercialización que tenemos actualmente, donde existe una gran concentración y los oligopolios marcan los precios. El problema no es la inflación sino el modelo productivo actual y que la alternativa, que es la economía popular, no está siendo reconocida”, concluye Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán y coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas de la Secretaría de Economía Social del Ministerio. Desde su área en 2020 se creó el programa Mercados de Cercanía, que nuclea más de 150 organizaciones con 800 puntos de venta, 6000 unidades productivas y 2500 puestos de trabajo. Por supuesto que no son todas las experiencias de la economía popular. Desde el programa Mercados de Cercanía se presentan proyectos de fortalecimiento de la experiencias de comercialización de la economía popular, hay talleres de formación, mesas de intercambio entre productores y comercializadoras y actualmente se está acompañando a la primera federación de comercializadoras de la economía popular Alta Red.

Con una pequeña ayuda del estado

¿Cual es el papel del estado en el fortalecimiento de estas experiencias de la economía popular que como hormigas o semillas van reproduciéndose en todo el territorio nacional brindando soluciones no sólo a la inflación sino también a los problemas socioambientales, de derechos humanos, participación de la mujer, respeto de las pueblas originarias, fomento de la producción, cultura del consumo sano, economía del cuidado y otros menesteres? “Nosotros creemos que el gobierno tiene que dejar de pensar a la economía popular como una lugar de asistencia y que requiere solo políticas asistenciales y empezar a pensarlo como actores económicos. Acompañamiento en planes de desarrollo territorial integral y financiamiento, pero de gran escala, que puedan comprar un camión o un barco frigorífico, o lo que le falte para mejorar la cadena. Que se rompa esa concentración que le permite a una persona que tiene una capacidad mayor de ingresos hacerse beneficiario del trabajo de muchos otros. Poder acompañar este salto que están necesitando los productores y las comercializadoras de la economía popular, que muchas veces no necesariamente tienen que ser subsidios sino con un crédito con una tasa razonables y asistencia técnica”, responde Lorena. “Creo que en los últimos años (y sobre todo como resultado de los efectos de la pandemia y de la crisis económica estructural que vivimos) el acceso al alimento se ha instalado dentro de la agenda pública. Eso es un gran avance. Haber logrado que tanto las organizaciones como los gobiernos asuman la comercialización como un eje central. Pero evidentemente no alcanza y esta haciendo falta una decisión de tomar a la economía popular como un actor estratégico en este sentido. Las organizaciones nos hemos fortalecido en términos de recursos, pero sigue quedando en nuestras manos, espaldas, cuerpos…Evidentemente será un proceso que lleve tiempo y dónde habrá que pensar en ir avanzando etapa por etapa. Pero si eso queda solo a merced de lo que las organizaciones puedan generar (por más fortalecidas que puedan estar) el techo es muy bajo. Creo que el sistema de la economía popular tiene la capacidad de llegar a distintos puntos del país (aun a puntos alejados de los grandes centros), con múltiples estrategias de comercialización que faciliten el acceso a alimentos sanos y diversos. Pero para que esas capacidades se transformen en abastecimiento masivo se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras para la compra de los alimentos, habilitar líneas de compra estatal, etc. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límite propios de la economía popular en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva, comercial tan grandes”, aclara Pablo Blank, parte de Monte Adentro, la comercializadora del Movimiento Campesino de Córdoba, que teje redes a nivel local con la Mutual Humano o los Mercados de la Tierra y a nivel nacional con otras organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) o la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) llevando a Córdoba chasinados de llama de la Red Puna de Jujuy o fideos de fábricas recuperadas de Buenos Aires, a donde llevan queso de cabra o mermeladas campesinas del monte cordobés.

“Esta forma organizativa de comercializar los productos permite que los productos lleguen a los usuarios sin especulación, generando previsibilidad en el mercado que es la contra cara de la especulación. La inflación no es unicausal, la solución tampoco. Pero acá podemos encontrar uno de los elementos que nos ayuda a disminuirla. Por otra parte considero que la única forma que este modelo no sea absorbido por el mercado y su lógica especulativa, es transformándolo en una política pública, donde el Estado regule y controle los márgenes de ganancias, y de esa forma (manteniendo la previsibilidad de este modelo), ir obligando al mercado a reducir los márgenes de especulación con la consecuente disminución inflacionaria”, opina Ignacio Andrés parte de la organización La Creciente de Alta Gracia. “La Martín Fierro está pensando en una empresa nacional de alimentos. Ya hay redes y para que estas redes puedan abastecer a todo el país es necesario que el gobierno lo vea como una solución estratégica y de largo plazo para la inflación. No está sucediendo. Son las organizaciones las que marca la agenda, y el gobierno las sigue como puede. El programa Mercado de Cercanías está genial pero es solo un programa. Tiene que ser pensado no solo desde el desarrollo social sino desde el ministerio de Producción. Los cambios culturales que implicarían abastecer a todo el país también implican una consciencia a la hora del consumo. Para esto es necesario publicidad y formación. La sociedad creo que coquetea con la idea que sea una solución estratégica, el problema es que si el estado no tiene políticas para fomentar la producción agroecológica, el precio va a seguir siendo caro con respecto a otras alternativas. Entonces estos productos se seguirán consumiendo de la clase media para arriba y será un sueño para los pobres”, comenta Flor y agrega: “en los últimos 20 años vivimos una década en la que el Estado estuvo presente como (casi) nunca,con muchísimas políticas públicas que fueron consignas y reclamos históricos. Pero nos financiamos entregando la fertilidad de nuestra tierra, con la pureza de nuestras aguas, con la sangre de nuestras montañas…El desafío es cambiar la matriz productiva”. “Creo que es capaz este tipo de comercialización y producción de abastecer a todo el territorio y el país, siempre y cuando existan políticas no solo de producción sino también transformaciones en las políticas de consumo”, concluye Melanie.