La que se nos viene

El Congreso no solo estará caracterizado por tener una oposición con mayoría automática. También, habrá sectores separatistas que antepongan intereses provinciales frente a los nacionales. El bloque “cordobesista” impulsará la baja y quita de retenciones, mientras una parte del mismo presionará por la reforma laboral. Ni uno, ni otro, garantiza mejoras laborales. Lo que sí coincidirán todos los frentes es en acordar con el Fondo. El emergente de un nuevo sujeto político que resista al realismo capitalista.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

A mediados de la primera década del presente siglo, el profesor de negocios de California, Pablo Spiller, y el docente de economía de San Andrés, Mariano Tommasi, publicaron un ensayo titulado Un país sin rumbo. ¿Cómo se hacen las políticas públicas en Argentina?”, dentro de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo llamado “El juego político en América Latina”. Según éste trabajo, las políticas públicas de nuestro país son “inestables” y “pobremente coordinadas”, porque “la formulación de políticas se convierte en el resultado de un juego no cooperativo, en el cual cada actor se comporta de manera oportunista e intenta maximizar beneficios de corto plazo. Esto causa volatilidad en las políticas, deficiente coordinación y limitado enforcement (es decir, ejecución o acatamiento)”.

El texto peca, en algunos momentos, de la típica ingenuidad moral republicana al afirmar, por ejemplo, que Argentina quedaría más fortalecida si tuviera jueces y legisladores que tuvieran mayor duración en sus cargos. Sin embargo, hay un detalle más que interesante en el mencionado trabajo, ya que funciona como reflejo de lo que fue la pasante coyuntura electoral: “La mayoría de los economistas, que han evaluado el pobre desempeño de este país, han apuntado hacia las malas políticas económicas como las culpables de esos tristes resultados. Nos inclinamos a estar de acuerdo con esta apreciación, pero en lugar de culpar al contenido de las políticas económicas, culpamos a las características de las políticas y al proceso de formulación de políticas”. De ser así, el Congreso Nacional tiene un rol clave.

Para Spiller y Tommasi, la mayoría de quienes ocupan bancas en el Congreso responden principalmente a dirigentes que no están del todo interesados en la existencia de un fuerte Poder Legislativo Nacional. Ante ello, “contribuyen a la reducción de los horizontes políticos” y, por lo tanto, “afectan a los incentivos del resto del sistema”.

La raíz del mismo se explicaría por las medidas tomadas durante la presidencia “caudillista” de Carlos Menem, ya que los gobernadores incrementaron su poder político en dos dimensiones. Por un lado, la descentralización del gasto público nacional, que transfirió una inyección de más recursos fiscales a las provincias. Y por el otro, la mutación que padecieron las políticas estratégicas que apuntaban a la destrucción del Estado de Bienestar, y por ende, el ejercicio del clientelismo como contención territorial, frente a los efectos sociales que generaba la liberalización económica.

La discusión sobre la asignación de fondos nacionales a las provincias, por vía de impuestos, coparticipación u otros, como modo de proveer recursos adicionales a esos territorios, solo se dan en disputa en las comisiones del Congreso. Por ende, el problema radica en un bajo interés en los bienes públicos nacionales que apunten a la estabilidad macroeconómica, ya que su interés primario es el acceso al fondo común de recursos fiscales para sus respectivas provincias.

“El desarrollo de una burocracia profesionalizada se ha visto impedido por la falta de actores con interés de largo plazo en el sector público argentino -insisten Spiller y Tommasi-, donde el incentivo clave de los legisladores es atender los intereses de los líderes de partidos provinciales quienes, a su vez, no están particularmente interesados en la calidad (o en la mayoría de los casos en el contenido) de formulación de políticas nacionales”.

Los discursos separatistas de Córdoba, plagado de propuestas contra la corrupción, de bajar las retenciones y de demandar más subsidios para la provincia, pero con completa ausencia sobre cómo paliar la inflación o qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, exponen lo certero de aquellas palabras.

Antífrasis

Lo que se avecina en el Congreso de la Nación no es solo la ocupación de bloques opositores a un Gobierno Nacional que le traerá dolores de cabeza, sino que también habrá minibloques separatistas, donde cada congresista contempla su provincia como si fuera el ombligo del mundo. La previa a la llegada de esas tropas de ediles fue el debate de la Ley de Etiquetados Frontal, donde la mitad de las pocas posiciones en contra de la iniciativa emergieron con loas al sector azucarero, como emblema del progreso de las provincias del norte. Algo de eso tendrán los nuevos legisladores que vendrán desde Córdoba, tierra cubierta de soja y maíz, llevando las banderas de las “economías regionales”. En literatura, a eso se le llama antífrasis.

Ese bloque “cordobesista” estará integrado en la Cámara Alta por Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo. Mientras que en la Cámara Baja, estarán Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos, Natalia de la Sota y uno o dos más. Tanto por arriba como por abajo, tendrán como exigencia la quita y/o baja de retenciones al sector agrícola, aún cuando eso implique pérdida de liquidez de dólares.

Ambos frentes electorales coinciden en el discurso del gobernador Juan Schiaretti, al declamar que las retenciones son “impuestos a la producción” (en realidad, son a la exportación) y que el aporte agropecuario debe provenir desde el impuesto a las ganancias (que son coparticipables), a partir de la inversiones de los productores por la renta obtenida.

El problema que tiene ese esquema lo expuso el mismísimo Mauricio Macri, tres días después de asumir como presidente. Fue en aquel recordado acto en la localidad bonaerense de Pergamino, cuando declaró que “debíamos dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo”. Para eso, explicó que la quita de retenciones, que había ejecutado en ese entonces, serviría para que la producción invirtiera en el valor agregado y de allí aportar al fisco mediante Ganancias. Pero él mismo advirtió que “no querría aplicar la ley (sic), con todo el afecto que les tengo (a los productores) por estar evadiendo”. Es decir, el propio Macri reconoció que reemplazar retenciones por Ganancias implicaría mayor oportunidades de evasión fiscal. Es más fácil subdeclarar los ingresos en un papel que ocultar los granos en una hilera de camiones.

Desde el gobierno provincial, aseguran que eso no ocurriría en la provincia mediterránea, ya que “el productor cordobés” invierte en su territorio sin ocultarlo en cuevas fiscales. Creer o reventar. Si bien sobre el territorio cordobés no fluye el Río Paraná, canal saturado de embarques que llevan los cargamentos de forma clandestina a países vecinos, siempre existen otras alternativas de fuga. Para empezar, los máximos multimillonarios exponentes del rubro alimenticio y agrario cordobés, que son los directivos de Arcor y Aceitera General Deheza, han registrado cuentas offshore, según los cómputos de los registros públicos de Panamá, de Florida y de la base de datos de los Panamá Papers. Además, el segundo tiene la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino, sindicado de transportar materia prima sin declarar, y con puerto propio.

Sin mencionar que por años, los productores invirtieron sus activos en el rubro inmobiliario, forjando una casta empresarial donde una parte de la misma malversó sus fondos para destinarlos en cuevas financieras y que, en la actualidad, han desencadenado causas judiciales, como los recientes casos de Euromayor, Derante, Ribeiro, Fleurquin, etc. Quizás por esa razón, Schiaretti eligió como fiscal general de la provincia a Juan Manuel Delgado que, sin tener experiencia en materia penal, trabajó como asesor financiero para la poderosa desarrollista Edisur.

Finalmente, el presente cronista recibió un análisis de repaso del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), donde recordaron que la Córdoba industrial perdió fuerza a partir del año 2013 en la participación del Producto Bruto Geográfico, frente al sector agrícola, y que incluso en 2019 quedó como tercera rama económica en importancia, superado por el comercio.

Eso implicó que el sector industrial tuviera un paulatino descenso del número de puestos de trabajo en blanco, que compite con el sector comercial en cuanto a tamaño de generación de empleo. Muy distinto al ámbito rural, que es uno de los que menos genera, y encima, a pesar de su notable crecimiento, el número de empleos ha estado prácticamente en la misma cantidad en el último lustro, compitiendo en el rubro de la construcción, que mucho empleo en blanco no genera debido a que es uno de los más precarizados.

Esto lleva a que la desocupación en el Gran Córdoba, donde se congrega la matriz automotriz y metalmecánica, pasó del 8% en 2017 al 12,4% actual, con una brecha superior al promedio nacional.

Sin mencionar que, en términos salariales, son las industrias las que tienen mayor capacidad adquisitiva que el resto de los rubros. Y que en el caso de sector agropecuario, se encuentra en disputa con el sector de la construcción.

Finalmente, durante el presente proceso de salida de la pandemia, mientras el promedio de los conglomerados urbanos argentinos estaban reduciendo su nivel de pobreza, en la región cordobesa tendió a la suba.

“La predominancia del sector agropecuario en Córdoba, no es casualidad, ni consecuencia de la ‘mano invisible’ del mercado. Es la expresión de un modelo productivo impulsado desde el gobierno provincial, y sus consecuencias en términos de salarios, desempleo y pobreza, son claras. ¿Es entonces una profundización de este modelo productivo la solución? ¿Es defender la rentabilidad del sector agropecuario, vía eliminación de retenciones y otros impuestos, el sinónimo de progreso para la provincia?”, se pregunta, de manera retórica, OTES.

El boludo y los no tan boludos

Ese nuevo Congreso iniciará en un verano de incertidumbre, donde el Gobierno Nacional tendría que aportar para esas vacaciones unos 5.800 millones de dólares, y un total de 19.000 millones para todo el año. Sin mencionar que también se vence un plazo para pagar al Club de París. Por fuera de las chicanas, ahí sí habría un acuerdo con casi todos los bloques en pactar con el FMI, ya que ni la oposición con proyección a ocupar los cargos ejecutivos en 2023, ni el actual oficialismo, tienen intenciones de tener que enterrar al muerto.

Aún cuando el ex presidente volvió a hablar del tema, asegurando que los dólares que le aportó el Fondo se lo dio a los bancos para evitar que se vayan del país, ante el miedo de un posible retorno del kirchnerismo. Sobre esa afirmación, fue consultada por el portal elDiarioAR Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go, considerada por algunos colegas como la más certera en los pronósticos económicos. Con una ligera sonrisa ante la pregunta, Marina respondió que es temerario que un gobierno pida plata prestada para apaciguar una corrida bancaria, porque esa misma corrida podría nutrirse de esos billetes y encima agravar el endeudamiento nacional. Por eso dice que si eso llegara a ser exitoso, “sos Gardel”. Pero si fracasa, “no voy a decir el adjetivo -dijo Marina-, pero no es lindo el adjetivo”. Una forma modesta de decir que Macri fue un boludo.

Tal como lo expusimos la semana pasada (para leerla, hacer click aquí: https://bit.ly/3Hhyjwt), esos dólares que el gobierno anterior se lo entregó a los bancos, a su vez éstos se los canjeó a distintas empresas y empresarios que se la guardaron en el colchón. Y entre las entidades que figuran en ese listado, aparecen dos que también estuvieron involucrados en otras fugas, como el tan mencionado 2001 y otros hechos en el medio. Nuevamente, hablamos de las cordobesas Arcor y Aceitera General Deheza.

Esas mismas fugas que presionaron una mayor volatilización del dólar, donde la brecha cambiaria se viene agravando y que tanto el FMI, como las grandes empresas, entre ellas las oleaginosas y cerealeras, exigen que la cotización actual sea acorde a los dólares paralelos, aún cuando eso implique que gran parte de las familias no puedan acceder a la comida, que esas mismas empresas venden en el mercado interno.

Los pulidores

Luis Juez siempre advirtió que las distintas gestiones municipales de la ciudad de Córdoba (sin incluir la suya, faltaba más) siempre estuvieron regidas bajo las órdenes de las empresas inmobiliarias y desarrollistas. De hecho, Edisur sigue en la actualidad como uno de los financistas de las campañas de Schiaretti. Por eso llama la atención que su segunda en la lista, Carmen Álvarez Rivero, es parte de la familia dueña de la constructora Delta SA que, además de haber creado el Nuevocentro Shopping y el Hotel Sheraton, se hizo cargo de muchos departamentos del Nueva Córdoba, donde se alojan muchos jóvenes de alto poder adquisitivo para estudiar en la Universidad.

Son esos lazos que le permitieron al equipo de Juez convocar, a mediados de octubre, una reunión con 80 empresarios, con el compromiso que, ante todo proyecto de ley a discutir en el Congreso, se encargaran de que puedan ser hojeados por estos mismos para ofrecer correcciones y, porque no, dar sugerencias en la letra chica. Según una nota de La Voz del Interior, ese núcleo duro estaría encabezado, entre otros, por Horacio Parga, dueño de Edisur, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de la Confederación Rural Argentina (y representante de sectores agrícolas que presionan para desmontar el bosque nativo), y Álvaro Gómez Pizarro, directivo Sociedad Rural de Jesús María (ídem).

Juez señala con el dedo a Parga. No me digan con quién ando. Foto: José Gabriel Hernández.

Déjà vu

Claro que la diferencia “interna” en el mencionado sub-bloque separatista cordobesista es que Juntos Por el Cambio tiene en claro que está dispuesto a ir por la reforma laboral, que tanto avala los señores del establishment, mientras que la posición de Hacemos Por Córdoba nunca fue del todo claro, y nunca se reflejó en las famosas 20 propuestas que subieron en su página web. De esos 20, 3 son para beneficiar al sector agro (eliminar gradualmente retenciones en general, eliminar de inmediato retenciones a lácteos, maní y legumbres, e impulsar una nueva ley de biocombustibles), 10 son para obra pública, la mayoría de índole vial; y tiene 2 que se podrían definirse como “anti-kirchneristas”: rechazar la reforma judicial del oficialismo y no permitir que elijan al procurador general.

Ergo, el frente “cambiemista” puede marcar la cancha para cuando se impulse el proyecto de ley presentado que consiste en suprimir la indemnización por despido y que sea reemplazado por un seguro aportado tanto por el patrón como por el empleado o la empleada. Distintos especialistas coinciden que con esto no solo genera una reducción en el “costo laboral”, sino que además le permite al empleador tener una vía de extorsión, donde la persona trabajadora aceptaría la baja de remuneraciones con tal de no perder el contrato laboral.

Todo eso, implicará que sea una de las iniciativas más álgidas a discutir en el Congreso y con mayor rechazo popular. Con lo cual, no sería descabellado descartar que eso origine una fuerte movilización, encabezada por distintas organizaciones, dispuestas a todo por evitarlo y que eso podría originar una dura respuesta represiva, como la que se vivió en diciembre de 2017, cuando se aprobó la reforma previsional de ese entonces, y que se consideró como el inicio del fin de la era Macri. La diferencia aquí es que hablamos de un proyecto de la oposición, con lo cual sus consecuencias políticas son más difíciles de predecir.

Foto de archivo de las marchas y represión de diciembre de 2017. ¿Me verás volver?

El nuevo sujeto político

El problema que viene teniendo la Confederación General del Trabajo (CGT), aún con la reciente noticia de las nuevas autoridades, es que como aparato burocrático no logra reconocer el diverso panorama laboral, reducido solo a defender a quienes tienen el privilegio de acceder al salario mínimo, aún cuando éste último no alcanza a cubrir la canasta básica. Por esa razón no protagonizó ni una de las movilizaciones que puso en jaque al macrismo, solo se dedicó a hacer paros.

La CGT todavía se aferra al período fordista, que surgió a partir de la gran depresión estadounidense, donde las fábricas diseñaron un modelo de generación de empleo y consumo de mínima, y comenzó su debacle con la crisis de 1973, donde a partir de la suba del petróleo, las grandes corporaciones demandaron un paquete de flexibilizaciones para compensar los costos que generaba el crudo.

Tal como lo advirtió el crítico cultural Mark Fisher, en su libro emblema de 2009 titulado Realismo capitalista: “Nada es intrínsecamente político: la politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado”. Por lo tanto, “la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo: una reducción masiva de la burocracia. Se trata de una nueva batalla por el trabajo y aquellos que son capaces de controlarlo, una afirmación de la autonomía del trabajador (lo opuesto del control gerencial) junto con un rechazo de ciertos tipos de trabajo, aquellos pautados por auditorías permanentes y gigantescas, típicas del régimen posfordista. Se trata de una batalla que se podría ganar, pero solo sobre la coalición esencial para un nuevo sujeto político. Queda pendiente reconocer si son las viejas estructuras como los sindicatos o la formación de nuevas organizaciones políticas lo que requiere la alimentación de este sujeto”.

Ante un país alambrado con el FMI, en su demanda por mayor ajuste para gran parte de la sociedad, y un sector agropecuario concentrado y que alambra los dólares a sus hectáreas, el Congreso se convierte en un cónclave endemoniado que terminaría por agravar más la situación. Sin mencionar que un sector de progresismo, aferrado a ese realismo capitalista, declama que no hay alternativa más que pagarle al Fondo, depositando al olvido toda resistencia que hubo en nuestro país contra el fraude de la deuda.

Frente a ello, a dos décadas de lo ocurrido en diciembre de 2001, queda la pregunta sobre cómo emergerá esas resistencias, luego de un año de pandemia, donde las principales movilizaciones fueron ocupadas por sectores reaccionarios y que adquieren su identidad en algunas de las listas ganadoras en estas legislativas.

¿Dónde se encontrará ese nuevo sujeto político? Como cerraría el propio Fisher, el “evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más”.