Cuando la Policía se mete entre la represión y la corrupción
La imputación contra seis policías de Córdoba por la misteriosa muerte de Tomás Orihuela luego de su detención en una comisaría, más otros diez uniformados por manejar el negocio del dinero que se genera en los hurtos callejeros, expone una situación donde la Policía de Córdoba queda atrapada bajo los interéses políticos y económicos.
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual
La semana pasada, se pidió la imputación contra seis policías de Córdoba por la muerte del joven Tomás Orihuela (19), más la detención de una séptima uniformada. Su fallecimiento del 26 de abril ocurrió cuando fue sacado de una celda, para su frustrada internación en un nosocomio, en la comisaría sexta de la capital, ubicado en el barrio General Paz. Entre la muerte y la imputación, emergió una fuerte pueblada en el barrio Bajo Pueyrredón, donde vecinas y vecinos protestaron por la pérdida de Tomás y se generó un fuego cruzado cuando las fuerzas policiales pretendieron poner restricciones a los cortes de calles, que incluyeron imágenes dantescas.
Las carátulas, pedido por el fiscal Andrés Godoy, son por privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. Tomás había sido arrestado dos veces en solo dos días, cuando los pedidos de captura ya estaban vencidos, acusado de hurto de celulares. La segunda vez fue detenido en el marco de una razia u operativo saturación, a cargo del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el encargado de la policía capitalina Juan Pablo Esquivel.
Quinteros se predispone a ser candidato a intendente de la capital para el próximo año. La buena sintonía que tuvo con su par nacional, Patricia Bullrich, no implica que se aferre a un vocabulario apegado a la mano dura. Pero sí de comprender la capitalización política a partir de la saturación de registros fotográficos y audiovisuales, por parte de la prensa policíaca, en zonas más céntricas que perifericas. Si el protocolo antipiquetes adquiere valor cuando los federales lanzan sus garrotes en el centro porteño, el cordobesismo expone su ímpetu al traslado de la regulación del centro, como ocurrió con las abultadas publicaciones sobre hechos de violencia de supuestos “naranjitas” o cuidacoches, que llevó a la regulación de las experiencias cooperativas y la prohibición de limpiavidrios.
Pero las lentes no llegan para el caso de su subordinado Esquivel, quien por orden del órgano de conducta policiaca fue llevado a estado pasivo por ejercer violencia física contra su esposa en un evento público en los alrededores del Estadio Kempes.
Los casos de abuso policial han sido tema corriente en la provincia de Córdoba, tanto a nivel callejero como a nivel institucional. Recientemente, se publicó el libro La furiosa alegría, de la comunicadora Guadalupe Scotta, que recopila textos de distintos géneros sobre la cuestión de la violencia policiaca en la ciudad, en particular los asesinatos. “Estamos en un tiempo donde la criminalización de la protesta se profundizó. Hay una vuelta del discurso de los 70 donde se piensa la militancia como terrorismo. Según los informes de CORREPI, que no están actualizados y no tiene todos los casos, ya tenemos el 10% de todas las muertes desde el retorno de la democracia en tan solo dos años. Es decir, que se espera más. El macrismo había legalizado el gatillo fácil con la doctrina Chocobar”, sostuvo la autora en la presentación de su obra en la zona céntrica capitalina, frente a la librería Espejo.
Un mes atrás, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, pidió la elevación a juicio contra el ex-subjefe de la Policía Alejandro Mercado, junto a otros diez policías, por ejercer una maquinaría de impunidad a bandas que se dedicaban a hurtos callejeros, como la extracción de teléfonos celulares, que luego se “limpiaban” y eran operados en la Galería Norte. La causa se había descubierto a partir de allanamientos realizados en departamentos de la zona céntrica cordobesa, donde encontraron mesas de dinero que incluían máquinas para contar billetes. En uno de esos inmuebles, fue agarrada una de las subordinadas de Mercado.
La economía argentina lleva a que el afán por obtener una renta que permita compensar la tasa de inflación lleve a la demanda de cuevas financieras a pequeña escala, que permiten un rendimiento lo suficientemente sofisticado como para que los azules se pongan angurrientos.
Sombras azules
Entre 2003 y el presente, Córdoba tuvo 6 gestiones ocupadas por 3 gobernadores: José de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Algunos de sus ministros pudieron tener más de una gestión en su misma área como Fabián López (Servicios y Obras Públicas), Walter Grahovac (Educación) o Sergio Busso (Agricultura). Pero en ese mismo período, hubo 11 ministros de Seguridad y 11 jefes de Policía. Quiere decir que cada uno tuvo un promedio de duración de 2 años. Un gobernador con tres gestiones de doce años tuvo que lidiar con seis descalabros policiales, que se mezclan con narco-escándalos, acuartelamientos, asesinatos, encubrimientos, contrabando, etc. Cambiar de figuritas implica que los escándalos policiales exceden a los nombres y apellidos. A medida que se amontonan esos hechos, se apilan los expedientes judiciales.
Pero no hay dudas que la papa que más quema es la Dirección en Capital, donde la violencia urbana y la circulación de billetes permiten que la corrupción y la represión puedan cruzarse. Tal como lo señaló el periodista Juan Federico, desde 2018, han pasado 10 jefes policiales encargados de manejar las fuerzas policiales capitalinas. En aquel año, el secretario de seguridad de la Provincia, Diego Hak había designado como director General de Seguridad Capital al comisario general Jorge Gómez, alias “La Rosa”. Gómez ya venía trabajando en la última gestión de De la Sota (2011-2015), bajo el mando del jefe de Policía Julio César Suárez, recordado por emprender cuestionadas razias o detenciones masivas en los barrios. Fue condenado penalmente por haber amenazado a un periodista.
Las crónicas de aquella época señalan que existían tensiones entre Hak y Gómez, ya que el primero era un político que anteponía los intereses electoralistas y tenía afán por ascender en el poder. Por eso le recriminaba a los superiores uniformados de no realizar suficientes acciones en las calles, para aplacar las denuncias de inseguridad en la gran ciudad. La publicación de cámaras ocultas pusieron en jaque al padre de Hak, que ni siquiera era funcionario público, recibiendo coimas de parte del empresario Roberto Moyano, dueño de boliches nocturnos, entre ellos la famosa Raposa. El secretario presentó su renuncia y Gómez fue reemplazado por Félix Quinteros, pero solo duró un par de meses sin que se aclare los motivos, para ser completado por Leonardo Páez Stelmach. Cuando Schiaretti renovó su mandato en 2019, Alfonso Mosquera, que había reemplazado a Hak, asumió como ministro y Gustavo Piva en Capital.
Como ministro, Mosquera cayó en desgracia por los asesinatos de gatillo fácil del año 2020. Tal es así que llevó a que en 2023 se concretarán tres condenas judiciales contra azules que mataron a Valentino Blas Correas, Isaías Luna y Joaquín Paredes. Es decir, desde el hecho hasta la condena ocurrieron adentro del último gobierno de Schiaretti. En una de esas sentencias, los jueces le reclamaron al gobierno que “nunca más” ocurran estos horrores.
Por el asesinato Blas, en agosto de 2020, asumió Liliana Zárate como jefa de Seguridad Capital, pero fue reemplazada por Walter Luján para que ella asumiera la jefatura provincial. El caso Blas confirmó el uso de armas no reglamentarias ocultos en los vehículos policiales para alterar las escenas del crimen. Cuando Isaías Luna fue ultimado por la espalda, meses después de lo de Blas, los uniformados no contaban con un arma para plantar y tuvieron que ir a buscar uno a las apuradas antes que llegaran las ambulancias y los medios. El “fierro” obtenido a tiempo fue puesto en la mano derecha del cuerpo. Luego se dieron cuenta que Isaías era zurdo.
Un año después, Luján fue reemplazado por Cristian Moreno, pero fue reemplazado por Cristian Mazza a los 20 meses. Casi otros 20 meses después, pasó a licencia por una causa por supuesto abuso sexual. A finales de 2024, lo reemplazó Iván Rey hasta que ascendió un año después como uno de los subjefes policiales, y ocupó su lugar Esquivel para ser despojado por un caso parecido al de Mazza.
Negocios con botones a medida
Luego del escándalo Hak-Moyano en 2018, el portal Enredacción había revelado un audio de WhatsApp de 56 segundos, recibido por el comisario “Rosa” Gómez, que provino de un renombrado empresario cordobés de alcance nacional. Se trató de Gustavo Arce, dueño de la empresa Agustino Cueros, una firma de reconocida elegancia, que suministra trajes de etiqueta a De la Sota, Schiaretti y figuras mediáticas locales y porteñas.
En el audio, Gustavo le preguntó a “Jorgito” si seguía con la “idea de terminar con este personaje, con el Dieguito”, en referencia a Hak. “Porque ya terminamos con todo el laburo. Falta el papel tuyo”, le aclaró. Y cerraba con lo siguiente: “Con dos misiles que le tirés, ya está, chau. Salió fuera de circuito”. Se cree que Arce tenía buena relación con el condenado César Suárez. En 2016, se desató un escándalo por la compra directa, en beneficio de Agustino Cueros, por 1500 camperas para los agentes de la Policía Caminera. Lo curioso es que el contrato se firmó en agosto, cuando la vestimenta apuntaba a una época estacional como es el invierno, que ya estaba terminando.
Hoy, Gustavo Arce, además de seguir confeccionando ropa de marca y dar consejos sobre emprendedurismo en las redes sociales, estaría capitalizando económicamente el negocio de la seguridad privada en Córdoba, pero bajo la sombra, impulsada por los contactos que ha mantenido con figuras que llevaban puesta sus uniformes azules y sus armas reglamentarias. Basta con ver su cuenta personal de YouTube, donde luce desde hace un año el video institucional de la empresa de seguridad Grupo Urba-Seg.
Grupo Urba-Seg SA fue creada a comienzos de 2024, por el exsubjefe, ex-jefe de la Policía Caminera, Pablo Arregues, depuesto en 2020 por el efecto Blas. A pesar de que tres meses después pasó a ocupar el cargo de Director Técnico Responsable de M3 SRL, encargada supuestamente de “tercerizar” la seguridad de las escuelas provinciales mediante concesión. El 2 de febrero de 2026, el Estado provincial había licitado ese servicio con un estimado de $5,9 mil millones. La apertura del concurso se inició a las 8:00 horas, teniendo como horario de cierre a las 12:00hs. A los 13 minutos de iniciada la actividad, M3 SRL efectuó una oferta de $5.946.922.800. Pasaron diez minutos más (8:23 hs.) y apareció una segunda empresa con una oferta más económica: casi $5,8 mil millones. Todo se encaminaba a que la segunda oferta sea la ganadora. Pero justo, en el último minuto del cierre (11:59 hs.), reapareció la primera empresa y efectuó la oferta más económica: $5.740.825.740. Esto le permitió llevarse el premio de la jornada. Un policía puede dejar su arma, su placa y su uniforme sobre el escritorio, pero nunca su sombra.
