¡Atrápame, si puedes!

El dirigente de la Sociedad Rural, prófugo con pedido de captura internacional, tiene negocios con la empresa Porta Hnos., principal lobista de los biocombustibles. Semejante negocio es el arma utilizada el Gobierno de Córdoba, junto con el macrismo, para recuperar el voto “sojero”.

Por Lea Ross

Ilustración: @nico_mezca

Mientras se redactan éstas líneas hechas por su humilde servidor, el empresario Luis Alberto Magliano sigue manteniéndose oculto en alguna región del planeta. El ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que presentó su dimisión hace tan solo dos meses atrás, está acusado por el robo de 3.530 cabezas de ganado vacuno, ocurrida en Santiago del Estero, y que en éstos momentos tiene pedido de captura internacional.

Luis Magliano, el de la izquierda, lejos de ser un ladrón de gallinas.

Así lo pidió la jueza Sara Haron, titular del Juzgado de Control y Garantías de la ciudad capital santiagueña, por pedido de la fiscal a cargo de la investigación, Olga Bitar De Papa, por la faltante de hacienda por parte de la empresa Óleos del Centro SA, perteneciente a Magliano, y que le pertenecen a las firmas San Eugenio SA (2.108 cabezas), El Tránsito SA (288) y El 38 SA (1.134).

La primera de ellas, la más damnificada, había realizado un acuerdo con Magliano para trasladarle el ganado de sus sucursales ubicadas en tres provincias (Chaco, Corrientes y Formosa), y enviárselas a las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en el nordeste santiagueño, para que el empresario cordobés se encargara del engorde.

Foto institucional de Óleos del Centro. Magliano a la delantera.

Según las crónicas del diario La Nación, hasta la primavera de 2020, la hacienda se encontraba en esos momentos en sus corrales. Hasta que en días próximos a fin de año, se habría comenzado con la ejecución de la venta de la hacienda, sin el consentimiento de los propietarios. Las sospechas indican que Óleos del Centro realizó un pedido de concurso de acreedores y, por ende, necesitaba conseguir fondos para evitar la quiebra.

La denuncia formal fue realizada primero ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia donde desapareció el ganado, a cargo de la Dra. Victoria Sottini, durante los primeros días del año. Mientras que la denuncia de Haciendas San Eugenio SA apuntó a la supuesta comisión de asociación ilícita, estafa y hurto, ya que se hablaría de una incautación que alcanzaría los $150 millones.

De ésta manera, el 19 de marzo pasado a la mañana, la División de Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Colón, junto con una comitiva de Santiago del Estero, realizó un allanamiento en el domicilio legal de Magliano, ubicado en la calle Pringles de la ciudad de Jesús María. Allí, se incautaron computadoras, con el afán de hallar información referida sobre los negocios ocultos del dirigente ganadero.

En los dos años y medio que duró Magliano en ocupar las oficinas de la Rural, a dos cuadras y media del anfiteatro donde se realizaba el festival de doma y folclore de Jesús María, el pícaro prófugo encaró entre otras situaciones su rechazo a la aprobación del aporte a las grandes fortunas, aprobadas el año pasado, al que lo acusaba de tener un “carácter confiscatorio”. Habría 3.530 razones para creer que había algo de cinismo en ese documento.

También, fue una de las principales entidades que expuso su preocupación el año pasado, ante la supuesta ola de toma de tierras, ocurridas en distintos puntos del país. En otro comunicado, la SR de Jesús María reclamaba el respeto a la propiedad privada y apuntaba contra “militantes políticos, movimientos sociales y agrupaciones aborígenes”. Quizás como Magliano no encaja en ninguna de éstas tres categorías, la entidad prefiere darle el beneficio de la duda.

Y para terminar, otras fotos del recuerdo que se sacó Luisito en estos últimos años como presidente de la Rural. Acá, cuando fue distinguido por “su compromiso permanente con el desarrollo del norte cordobés”, por parte del decano de Agronomía de la UNC, Juan Marcelo Conrero. En esa misma ceremonia, también distinguieron al rector Hugo Juri y a la ingeniera agrónoma Alicia Cavallo, impulsora del eslogan “cambiemos temor por conocimiento”, para defender los agroquímicos.

Éste otro, en la Expo de Palermo, con el ministro de agricultura provincial Sergio Busso y con el ministro de agroindustria nacional de aquel entonces, Luis Etchevehere, quien también fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ambos Luises se sacaban muchas fotos cada vez que se encontraban.

Y por último, su foto de portada en las redes sociales. Desenfocadxs, aparecen nuevamente el decano Conrero, lxs legisladores nacionales de Cambiemos Mario Negri, Soledad Carrizo y Laura Rodríguez Machado, y Etchevehere, tratando de mirar para otro lado.

Alcoholizados

Pero hacer desaparecer miles de vacas no sería el principal negocio para el expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María. También, el proceso de destilado del maíz para la producción de bioetanol es otro de sus activos con empuje. De hecho, antes de ejercer su cargo en la Rural, encabezó la Cámara de Industrializadores de Granos y productores de Biocombustibles en Origen. Su posición jerárquico le habilitó, entre otros, mantener una reunión con José Aranguren, cuando era ministro de energía de la Nación.

Según los cómputos de la Secretaría de Energía de la Nación, solo hay seis empresas registradas que producen bioetanol a base de maíz: Diaser en San Luis, Vicentín en Santa Fe, y cuatro de la provincia de Córdoba: Bioetanol Río Cuarto, Promaíz, ACA Bio Cooperativa y Maíz Energía.

Maíz Energía SA es una firma reciente, impulsada por otras empresas que también venían teniendo un empuje en el negocio de los biocombustibles. Allí, aparecen Porta Hnos., Las Chilcas SA de los hermanos Aguilar Benítez, Óleos del Centro, del prófugo Magliano, y Los Mistoles SA, perteneciente a Victor Giordana. También aparece Conasa SA, pero es una firma “fantasma” de los Porta, debido a que tienen el mismo domicilio.

Una de las funciones de servicio que ofrece Maíz Energía a sus socios es la de deshidratar el alcohol producido para adquirir su máxima pureza. En el periodo de su constitución, a partir de agosto de 2017, Maíz Energía estuvo bajo la presidencia de José Porta, teniendo como su suplente a Luis Magliano.

Las Chilcas SA son dueñas de establecimientos de cultivos y feedlots en el norte cordobés, pegado a la Ruta Nacional 9, entre las localidades de Rayo Cortado y Villa de Maria de Rio Seco. Desde 2016, se dedican a la producción de bioetanol, a partir de una fábrica modelo minidest, diseñado por Porta Hnos.

Santiago Aguilar Benítez, José Porta, Andrés Aguilar Benítez y Víctor Giordana, posando en una destilería en Las Chilcas, para la Revista Gente. No, mentira, para La Voz del Interior.

Magliano ya venía realizando declaraciones en favor de la prórroga de la ley de biocombustibles, uno de los proyectos de ley de alta discusión en el Congreso de la Nación. No es para menos: Óleos del Centro también tiene una destilería en los mismos terrenos donde desaparecieron las vacas de sus clientes. Se trata de una fábrica capaz de producir 5 millones de litros de etanol, que incluso se maneja de manera remota mediante un programa de software. Toda una ingeniería también aportada por Porta Hnos, a cambio de recibir parte de esos litros.

En cierta manera, la familia Aguilar Benítez y Porta, Giordano y el fugitivo son considerados como el lobby del bioetanol no solo en Córdoba, sino en el país.

Lobby por voto

La Sociedad Rural de Jesús María representa a productores agropecuarios que están “diseminados”, como señala desde sus redes sociales, “en los distintos Departamentos del Norte de la Provincia de Córdoba”. Se creó en 1946 y diez años después se adhirió a CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y a CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). CARTEZ, que congrega a productores de zonas norteñas, es señalada como la entidad que más ejerce presión para habilitar la expansión agropecuaria sobre el bosque nativo en zona amarilla, tal como pretendía la frustrada ley de bosques de 2016. Todas estas entidades conforman el principal lobby agropecuario en la provincia de Córdoba y la región pampeana del país.

En particular, es el que sea adherido a la gesta del Gobierno de Córdoba para exigir la extensión de beneficios impositivos que ofrece la actual ley nacional de biocombustibles, cuyo plazo vence en mayo. El afán de la gestión de Juan Schiaretti es recuperar el llamado “voto sojero” para las elecciones legislativas de este año. No solo hablamos de quienes viven del cultivo de la soja, concentrada principalmente desde la pampa húmeda, sino también aquellos que han trasladado su ganado a la región norteña provincial, buscando la manera de sacarse de encima tanto especies nativas como territorios campesinos habidas y por haber.

El comunicado que exigía la prórroga de esa ley tiene un total de 45 firmas. Dentro de las cuales, 22 congrega a cámaras empresariales de distinta índole; sería un 49% donde aparecen CONINAGRO, que congrega a las cooperativas agropecuarias; CARTEZ; Federación Agraria, de productores agrarios; entre otros. Luego aparecen seis empresas particulares (13%): Las Chilcas SA, Antares SRL, Tecnored Energía SA, Bioetanol Río Cuarto SA, Bioxxar y Aproxar SA; 11% de colegios de especialistas; 18% de universidades o facultades, 7% de otros ámbitos públicos y una sola ONG (4%).

Porta Hnos., la social del prófugo, es el accionista estrella de Bioetanol Río Cuarto SA, que ha financiando las campañas de Hacemos Por Córdoba, incluso mediante su filial inmobiliaria Trium SA. Las Chilcas también puso su firma que, junto con los Porta y el fugitivo Magliano, son dueñas de Maíz Energía SA.

Mientras que el resto de las empresas (Antares, Tecnored, Aproxar y Bioxxar) ofrecen servicios de distinta índole para la construcción y funcionamiento de las destilerías.

Lo que se pretende prorrogar son la sábana de beneficios impositivos para la producción, tales como la devolución anticipada del IVA o las amortizaciones para el impuesto a las Ganancias para la adquisición de infraestructuras en construcción. La propuesta de extender éstos beneficios hasta el año 2024, se vio frustrado el jueves pasado, cuando el Frente de Todxs no otorgó quórum en la Cámara Baja.

La guerra por el maíz

El conflicto político por los biocombustibles se explica por la disonancia de los contextos. La actual ley se aprobó en tiempos donde Argentina venía teniendo una caída en la explotación de sus pozos petrolíferos, teniendo a YPF, en manos de Repsol, a la cabeza. Eso llevó a que el país viniera derrochando fondos para comprar crudo al exterior, al sazón que el barril de petroleo cotizaba a 100 dólares. Por ende, el suministro de líquido obtenido por la fermentación, de la cosecha agrícola, especulaba una amortización en los precios de las pizarras en las estaciones de servicio. Sin embargo, los cien dólares fue también lo suficientemente inquietante en el plano geopolítico, donde Estados Unidos, principal consumidor y comprador de dicho recurso, buscara la manera de no depender de tamaña cotización. Allí encontró el incremento de oferta mediante la extracción por fracking en sus propios suelos, aflojando su dependencia en el comercio externo. Si se le suma otro intereses geopolíticos, más el freno de circulación de vehículos por la cuarentena mundial de 2020, el petróleo alcanzó una cotización en números negativos para algunos mercados.

Según unos números arrojados por Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF, desde que se aprobó la ley en 2006 hasta el presente, el Estado tuvo una pérdida de ingresos de 7.400 millones de dólares, conformado por unos U$S 6.000 millones por el débito fiscal y por U$S 1.400 millones por el no pago a retenciones, al destinarse los biocombustibles al mercado interno.

Ahí está la clave de la ausencia del bloque oficialista de discutir la extensión del proyecto en el Congreso de la Nación, en el marco del peor peor panorama económico que se está viviendo en la Argentina post 2001. De hecho, el bloque de Juan Schiaretti en la Cámara de Diputadxs logró lo que no pudo hacer el radicalismo, que es aunar fuerzas con los bloques de Juntos por el Cambio, para despotricar electoralmente al oficialismo nacional. De ahí que se pudo redactar ésta carta, dirigida a Sergio Massa, presidente de la Cámara, donde exigen unificar las exigencias para aprobar la iniciativa de extender la vigencia de la ley hasta 2024, con la firma de los presidentes de bloques opositores. El gusto del schiarettista Carlos Gutiérrez por figurar a la cabeza, por encima de Mario Negri, excedería el mero justificativo del orden alfabético.

En cierta manera, la estrategia inicial que tuvo Máximo Kirchner, de proponer un proyecto para reducir el corte de suministros y que los líquidos provengan principalmente de las PyyMES, fue una estrategia de cierta agudeza más política que económica. Porque de concretarse, pondría en jaque a las grandes firmas que producen gran cantidad de bioetanol, al tratarse de un negocio que, lejos de generar un mercado de competencia, terminó construyendo una casta empresarial dispuesta a tejer los hilos conductores de las políticas públicas de Córdoba. E incluso, llevándose tres mil vaquitas a la vista de todes.