No tan distintos
Jueces y fiscales de Córdoba venían denunciando las “falsas denuncias” de género, un mes antes del femicio de Agostina Vega. Los negocios ocultos de Ricardo Moreno, el abogado de Claudio Barrelier. El espejo de la foto de Agustín Laje con otro femicida. Y el Gobierno de Córdoba y la fundación de Laje: los mayores inversiones en contenidos para redes del país.
Por Lea Ross
El nombre de Agostina Vega abarca todo. Y las palabras nunca alcanzan. La marcha número 11 del “Ni Una Menos”, en la ciudad de Córdoba, fue una extensión que rememoró la marcha número 1. La presencia de autoconvocadas tenían algo para decir más allá de su enorme cantidad. Madres que pedían cuidar a las niñeces, personas con fe que imploraban con oraciones, gremialistas que decidieron marchar cuando el aparato podía no permitírselas. Más de una se sorprendió ver tantas caras desconocidas. Todo eso logró Agostina.
Otra cosa inédita: en Córdoba, nunca se vio una multitud que aceptara como reclamo la renuncia de un ministro provincial. Ni las marchas universitarias, ni el 24 de marzo, habían logrado semejante amalgama. El agua acompañó más que defraudó. Como lo hizo el reclamo por la aparición con vida de Delicia Mamani Mamani, desaparecida desde el año pasado. Un austero cartel dice: “No sentir rabia, es un privilegio”. Notable acotación, que parecía ser apropiada frente a quienes dicen luchar contra la casta. La rabia recupera lo que se arrebata.
Se ponen Rojo los muchachos
A pesar de su polémica conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón no solo mantendrá la investigación de la causa por femicidio, sino que también estará a cargo de la otra investigación contra Claudio Barrelier, con fecha de 2025, sobre la privación de la libertad a otra mujer que logró escapar a tiempo. La decisión fue impuesta por el fiscal general Carlos Lezcano, encargado de ordenar y repartir los expedientes a quien corresponda y cómo se porten.
Un par de semanas después de asumir ese cargo de crupier, Lezcano quedó expuesto en un canal de stream grabado sobre las “falsas denuncias” de abuso sexual. El entrevistador es el abogado Federico Macciocchi, que va en la misma línea de pensamiento de denunciar la “ideología de género”.
Tres semanas después de esa viralización, las palabras de Lezcano fueron estampadas en los fundamentos de la sentencia de una causa que absolvió a cuatro jóvenes acusados de cometer una violación grupal contra una menor de edad. Bajo la firma del camarista Javier Rojo, se invocó la alocución de esa entrevista para ordenar la investigación contra la denunciante, acusada ahora de haber presentado una falsa denuncia.
Según un artículo de Ary Garbovetzky, el juez Rojo citó también párrafos del jurista Jorge Buompadre, donde sostiene que la perspectiva de género “se ha convertido en un cajón de sastre poblado en ideas, opiniones, argumentos, sugerencias, etc., de toda clase y color, pero, en la mayoría de los casos, con una meta común: todas convergen, como por arte de magia, en la condena del infractor que, por lo general, es un varón”.
Desde adentro
El camarista Javier Rojo está acusado de ejercer maltrato hacia sus empleadas, según había denunciado el sindicato de judiciales AGEPJ. Ese gremio, previo a la marcha del “Ni Una Menos”, y junto a la agrupación Judiciales, emitieron un documento sobre la realidad de las trabajadoras que realizan sus labores en las investigaciones de índole penal, como fue la búsqueda y ahora homicidio de Agostina Vega. En el texto, se enumeran varios puntos que exponen las entrañas del funcionamiento del sistema penal cordobés. Entre ellos, se puntualiza:
- Las unidades territoriales (antes Unidades Judiciales) sufren un constante vaciamiento, donde el crecimiento de denuncias y causas a investigar lidian con la disminución de recursos humanos y materiales.
- Las guardias son sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, con oficinas sin infraestructura adecuada.
- Los equipos técnicos y administrativos se ven obligados a priorizar lo urgente de lo urgente, trabajando bajo niveles intolerables de presión, angustia y estrés.
- La decisión institucional impone amenazas de sumarios o represalias contra quienes instruyeron las causas que fueron cuestionadas públicamente.
- La falta de empatía, de lenguaje claro, de un diálogo eficaz y sincero, solo demuestra la enorme distancia que hay entre quienes resuelven los conflictos y quienes los viven y los transitan.
- El sistema judicial, y especialmente el derecho penal, no tienen capacidad ni rol para sustituir políticas públicas de prevención; su función es intervenir cuando los hechos ocurrieron.
- La Fiscalía General de la Provincia de Córdoba quedó en manos de cinco varones y eso es una decisión política por parte del Estado provincial.
Sobre el rol de los poderes ejecutivos, allá vamos.
El abogado del Diablo cordobesista
La renuncia del concejal Ricardo Moreno, ex-abogado de Claudio Barrelier y quien lo ayudó a conseguir un empleo en la Municipalidad de Córdoba, expone una etapa de declive en su carrera letrista-política, que se mezcló con casos que involucran a la policía, los narcos y los barrabravas.
A principios del siglo, Moreno fue recordado por asesorar “enemigos públicos” que asaltaban bancos y camiones blindados, como así también la capacidad de haberse escapado de las cárceles de Bouwer y Ezeiza, como fueron “El Porteño” Luzi y “El Gordo” Valor. Ambos, a pesar que portaban armas de fuego, tenían la pauta que jamás había que matar a sus víctimas, ni a personas inocentes. Se trataba de códigos, donde se fueron deteriorando con el paso del tiempo a partir de la rentabilidad que generaban ciertos negocios como el narcotráfico. Eso no le frenó a Moreno a que los mantuviera en sus despachos.
Tal es el caso del líder brava de La Fiel, Daniel Cáceres, condenado en 2023 por narco y trasladado al sistema penitenciario de Ezeiza, por una terrible amenaza a sus socios en un audio de WhatsApp. La violencia de los barras, junto a la comercialización de estupefacientes, se le sumó otra cuestión urticante como son los negociados de los sindicatos. En particular, del sindicato de empleados de limpieza, Soelsac, cuyo actual secretario general es Sergio Fittipaldi, socio de Moreno dentro de la agrupación Las 62 Organizaciones.
El 18 de junio de 2018, Moreno y Fittipaldi acordaron crear una compañía propia, sacando provecho las leyes de flexibilización empresarial que lanzó el presidente Mauricio Macri. Así armaron Trampero S.A.S., una sociedad anónima simplificada. El domicilio de la empresa es la misma dirección legal que figura Moreno en los registros de la AFIP. En la actualidad, su número de CUIL quedó fuera de función y nunca quedó claro qué acciones realizó.
También figuraron como socios Pablo Trapani, líder gremial de la Fecotac (Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas) y Alejandro Daniel Novarino, quien este último se haría cargo de la administración, teniendo de suplente a Jorge Sánchez del Bianco, yerno de Moreno y abogado defensor del embaucador “Porteño” Luzi y del femicida de Agostina Vega.
Una pista sobre qué función pudo cumplir son las subcontraciones que realiza la administración pública cordobesa, como la que expuso una investigación de elDiarioAr. Publicada este año, asevera que la administración de Martín Llaryora tejió “una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión”. Es en referencia a la cartelización empresarial de servicios, donde “un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo”. Según el artículo, el gremio de Fittipaldi, Soelsac, interviene “en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas ‘amigas’ y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”.
En todas las aristas de esta geometría, siempre estaba presente Ricardo Moreno. No solo como letrado, sino como operador. Aquel que creía que con saber de leyes, podía garantizar cualquier impunidad a sus clientes-socios-amigos o lo que sea.
Dame luz
Las fotos de Ricardo Moreno con Claudio Barrelier no tiene mucho para envidiarle a otro cordobés más poderoso que el asesor del Porteño Luzi. Se trata de Agustín Laje, quien también quedó en la picota por los registros que tuvo con Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, para apropiarse de la hija de la primera. También, fusiló a un chofer en su viaje de Entre Ríos a Córdoba. La causa ocurrida en territorio cordobés está elevada a juicio por homicidio calificado por alevosía y de género; violación a domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.
La relación entre Laurta y Laje ocurrió hace diez años en Montevideo, donde el primero organizó la presentación de El libro negro de la nueva izquierda, redactado por el politólogo nacido en Córdoba y el abogado Nicolás Márquez. Ambos escritores estarían teniendo una tensión debido a las internas de La Libertad Avanza fruto del affaire de Manuel Adorni.
A partir de los demás libros de Laje, como La batalla cultural o Globalismo, Laura se nutrió de sus escritos para denunciar una conspiración global en su contra por parte del aparato judicial cordobés, al cual le restringía tener acceso al niño de Luna, debido a las denuncias de violencia familiar. Según escritos de Laurta, del cual accedió La Luna con Gatillo, asevera que existe una justicia cooptada por el feminismo que busca la “disolución de la institución familiar mediante la expulsión sistemática de los hogares de los padres”. Y eso se logra mediante “copiosas cantidades de dinero de dudoso origen mediante ONGs al río de la plata (sic) con el objetivo concreto de promover la promulgación de legislación”, como la Ley Micaela. En los libros de Laje, se sostiene que la destrucción de las familias son promovidas por las izquierdas, mediante entidades supraestatales (ONGs, organismos internacionales, fondos financieros) para mantener conflictos permanentes y así lograr la disolución del capitalismo.
Agustín Laje viene dirigiendo la Fundación Faro, el principal think tank de La Libertad Avanza, donde recibió una advertencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que explique el origen de sus millonarios fondos dolarizados del año 2024. Esto se debe a que la ONG presentó un balance contable anual de $ 5 mil millones, equivalente a casi U$S 5 millones, y que solo figuró en concepto de “donaciones”, según reveló el portal Chequeado, a partir de un pedido de información pública. La IGJ advierte que la fecha límite sería el 30 de junio de 2026.
Otro punto que había revelado Chequeado meses atrás es que Faro financia contenidos para redes para una cuenta de Facebook e Instagram llamado Ratio, donde vapulean a las izquierdas, los progresismos y la perspectiva de género. Según la biblioteca de anuncios de Meta, en los últimos noventa días (del 6 de marzo al 3 de junio de 2026), las dos entidades que más fondos le otorgaron a las redes sociales que maneja Mark Zuckerberg en nuestro país fueron el “Gobierno de Córdoba”, en un cómodo primer lugar con $ 345 millones (equivalente a U$S 245 mil) para lanzar 1.106 anuncios (U$S 221 por publicidad) y “Ratio oficial” por $134 millones para 3.895 publicidades (U$S 96 mil; solo U$S 25 por cada anuncio que aparezca en las redes, diez veces menos de lo que gasta el gobierno cordobés). Ambos montos son superiores a los que invierte el Gobierno de Santa Fe, incluso con menos publicidad. Cada uno con sus respectivas batallas culturales. Pero no tan distintos.
