Lluvia de inversiones: de los brotes verdes a los brotes grises

La nueva discusión entre el gobierno y las organizaciones sociales acerca del Potenciar Trabajo acerca la grieta entre kirchnerismo y macrismo. Las falacias de la ilusión capitalista en medio de la crisis civilizatoria.

Por Tomás Astelarra Ilustración: @nico_mezca

“El imperialismo económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsa las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen”.

Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera

Cada vez corre más entre los dirigentes de las organizaciones sociales la frase que el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, le adjudico a una compañera de los barrios (las poetizas populares que elogió el Papa Francisco): “no nos ven pero al menos ahora nos escuchan”. Las vicisitudes de este año entre los movimientos sociales y el gobierno, a pocos meses de las elecciones, parece sembrar la duda de que, quizás, ni siquiera nos oigan.

Es obvio que existe en buena parte de la sociedad (cada vez más individualista y aislada) un brutal desconocimiento de la realidad de los barrios, el campo, los movimientos sociales y las organizaciones de la economía popular (definición que vino a reemplazar la de trabajadores desempleados en un camino de la “protesta” a la “propuesta”). Este desconocimiento se agudiza o agrava por la intervención de los grandes medios hegemónicos de incomunicación (ya sea de “izquierda” o de “derecha”). No sólo no difunden las acciones de este importante sector de la sociedad (salvo cuando se trata de marchar o cortar rutas), sino que también incurren en toda clase de generalizaciones que no distinguen entre sectores de la izquierda tradicional (el Polo Obrero) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, donde también existen diferencias de visión y organización). El ejemplo más locuaz es el de Juan Grabois (habitué mediático), que además de “amigo del Papa”, generalmente es presentado como dirigente de la CTEP (una estructura ya obsoleta), nunca como parte de su organización (el MTE) o su partido político (Patria Grande), e incluso adjudicándole actos del Movimiento Popular La Dignidad (como la toma de shopings durante el macrismo) o cualquier acción de otra organización del campo popular a la que él no representa. Como si no supieran si Moyano es del gremio de Camioneros, la CGT, o la CTA Autónoma. Los Nadies, las nadies, son todas iguales. Como los chinos o los negros. Como cualquier pobre.

La mayoría de les dirigentes de UTEP que, por ejemplo, fueron oraidoras en el acto de San Cayetano a principio de mes, no aparecen en las cámaras. En particular las mujeres (que conforman la mitad del secretariado). En cierta ocasión, cuando la periodista María O’Donnell trató de acusarlo a Grabois de machista, el dirigente social le contestó que el problema es que siempre lo llaman a él, y le recomendó entrevistar a Dina Sánchez (vocera del Frente Popular Darío Santillán, Secretaria General Adjunta de la UTEP, una de las oradoras del acto de San Cayetano). Nunca sucedió. Después de años de trabajo en la regularización de barrios populares, y aún siendo funcionaria del actual gobierno, a les periodistes hegemóniques le cuesta recordar el nombre de la compañera villera Fernanda Miño (del MTE, actual Secretaria de Integración Socio Urbana), y se limitan a asignarle un rol de “una de la organización de Grabois”. Claro, como todas las doñas pobres, las masas populares, en particular las mujeres, no tiene nombre ni criterio o poder de decisión propia.

El rol de la dirigencia política en este sentido aporta a la confusión y la ignorancia. Y una vez más, no estamos hablando de la derecha recalcitrante, sino también del más tierno progresismo o peronismo de Puerto Madero. No se sabe si por propia ignorancia (cuestión de clase o falta de calle, territorio, periferia…), o por voluntaria invisibilización de un sector social que no controlan (como solían hacerlo a través de los antiguos planes, las viejas redes punteriles, las manzaneras de Chiche Duhalde o la media zapatilla de Ruckauf).

La derecha neoliberal de Cambiemos, en su completa ignorancia de cualquier territorio que no sean las redes sociales, solucionó el problema “tranzando” con las organizaciones sociales. Durante su gobierno, además del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (ley 27.453, que creo el Registro Nacional de Barrios Populares que ahora administra la compañera Miño), se aprobó la Ley de Emergencia Pública (27.200) que creó el Salario Social Complementario (ahora Potenciar Trabajo). Era la larga culminación de un proceso nacido en la debacle del modelo neoliberal del menemismo en las periferias de Cutral Co o Tartagal, donde ante el hambre, el piquete, la represión y los y las muertas, generaron la zozobra estatal que culminó en el Plan Jefes y Jefas de Hogar. “Eso despertó una lógica donde la ecuación era fácil: hay que hacer un piquete que desafíe la represión para que el gobierno aplique un plan de empleo. Después se deformó, los planes Trabajar, el clientelismo… pero nosotros siempre nos opusimos a esos manejos. Esos primeros planes los asociamos a proyectos productivos que le dieran un sentido a la comunidad. Nosotros la pelea que dimos hace quince años y seguimos dando hoy es por el trabajo. Denme los quince planes, denme doscientos mangos y compramos una soldadora que vamos a armar un taller”, rememoraba el entonces vocero del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Pablo Solana, a diez años del 2001, en una nota para Rolling Stone. (Hay una excelente anécdota en ese sentido que puede leerse en ¿Pan o trabajo?).

Las últimas declaraciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; del flamante ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta; y hasta del mismísimo presidente (el poeta cada vez más impopular, Tío Alberto) de que el Potenciar Trabajo no es “trabajo”, es una descarada ofensa a la construcción de los movimientos sociales en más de treinta años. Pero sobre todo, un criminal desprecio al trabajo de las doñas, nadies o poetizas populares, que son las verdaderas responsables de que, luego de la debacle macroeconómica macrista, el estado (y la sociedad toda), haya podido afrontar estos tiempos de pandemia o crisis civilizatoria. Sí, por supuesto, con un enorme esfuerzo o trabajo. Que claro es superior a medio salario mínimo vital y móvil (que está por debajo de la línea pobreza y es la vergüenza de un gobierno peronista que no ha podido revertir la peor caída del salario real de la Historia Argentina).

¿Cómo se llega a esta ofensa a la clase popular que dicen defender? ¿Por ignorancia? ¿por correlación de fuerzas? ¿por táctica? ¿por estrategia? ¿por frío cálculo electoral?

Quizá sea que el poder o gobierno de turno sabe que igual van a votar al Frente de Todes. Quizá sea una lucha de poder con las organizaciones sociales y sus dirigentes (que lejos de ser sumisos denuncian la tibieza e ineficacia de este gobierno dizque “popular”). Quizá sea un discurso para ganar el voto de la clase media (a la que han favorecido con todo tipo de políticas económicas, luego de ser, en buena parte, cómplices del macrismo). Quizá sea un acuerdo entre bambalinas con las grandes empresas que especulan con la salud o el alimento, y que en medio de la crisis han tenido jugosas ganancias. Que han ganado la batalla de Vicentín o el control de precios de los alimentos. Que se ven favorecidas por las condiciones de comercio internacional de commodities. Que se reúnen cada vez con más frecuencia y simpatía con el tandem operativo del gobierno (Massa-Campora). Empresarios que tras forrarse de dinero con la bicicleta financiera macrista hoy ven como amenaza la creciente oferta de alimento sanos y baratos que bien han sabido visibilizar las organizaciones sociales (no solo en el día a día de la economía popular, sino en actos masivos como el Verdurazo). Además del hecho de que los “planes sociales”, es decir, el trabajo digno, de la economía popular, evidentemente está en situación de amenazar el “ejército industrial de reserva”, en momentos donde la posibilidad de un crecimiento económico con plena capacidad instalada, mínimos costos laborales, empresas a precio de ganga y buenos precios internacionales, habilitan el esfuerzo (trabajo) de invertir en la “economía real”, para lograr buenos dividendos (como ya lo hicieron en el anterior ciclo kirchnerista). Parecidito a la queja de los patrones del campo que no consiguen cosecheros esclavos porque dizque que esos vagos y atorrantes prefieren “quedarse en casa” por doce lucas. (Quizá es que están trabajando en una huerta o emprendimiento cooperativa con sus hijes, disfrutando de no tener patrón).

Sea como fuere, este tipo de declaraciones, son una terrible ofensa a la clase popular organizada y su trabajo diario. Entre otras cosas, porque, retrocediendo varios años en la discusión pública internacional, desconocen la economía del cuidado (principalmente de las mujeres), los servicios ambientales o, por dar otro ejemplo, la incipiente solución del trabajo textil esclavo que tiene como referente a la ex-primera dama Juliana Awada. Feminismo, ecología y economía popular, son algunas de las soluciones a la grave crisis social que vive la Argentina que dieron les jóvenes al ser interrogados por la Luna con Gatillo (Juventud Divino Tesoro). Estas declaraciones desoyen estas alternativas. ¿O es que el obsoleto proyecto industrialista del actual gobierno incluye perspectivas claras de género, cuidado del ambiente y dignidad laboral? Después se preguntan por qué les jóvenes no los votan. Si se descuidan también van a perder el voto de las poetizas populares.

Haciendo historia K

Desde el génesis, la historia kirchnerista desconoce los movimientos populares del siglo XXI en Argentina, adjudicando a las crisis del “2001” la condición de “caos”, y no de germen de “otro mundo posible”. “Quedaron apenas puchitos de estas experiencias. Pero había con qué, había una sociedad que podía dar más. No hacer una revolución violenta, sino apropiarse de más instancias de participación y decisión. Nosotros replegamos nuestras aspiraciones de querer cambiarlo todo. Tuvimos que acomodarnos a lo que algunas políticas públicas nos dijeran que podíamos hacer para consolidar nuestros proyectos productivos autogestivos. Algunos de esos proyectos, después de diez años están funcionando, como la bloquera que comenzó Darío Santillán”, explicaba Solana a 10 años del 2001. Por un lado, la represión que culminó en la Masacre de Avellaneda (donde su amigo Darío fue asesinado), había demostrado la peligrosidad de ser parte de ese otro mundo posible. Por el otro, la reactivación económica llevo a les compañeres a priorizar las changas o algún trabajito formal, en vez de la construcción colectiva o cooperativa. Algunas organizaciones de trabajadores desocupados se incorporaron como aliadas del nuevo gobierno kirchnerista (como el Movimiento Evita o la Federación Tierra y Vivienda de Luis D’Elía). Otras mantuvieron una perfil “autonomista”. Si bien recibían “planes” (como el FPDS o el MTE) prefirieron construir por fuera del sistema político institucional. Tarde o temprano todas fueron confluyendo en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), bajo este renacimiento, cual ave fénix, de los trabajadores desocupados en trabajadoras de la economía popular (la distinción de género no es casual).

“La economía popular son actividades creadas por trabajadores que articulan una relación social entre sí. Inventaron su trabajo como forma instintiva de abordar su supervivencia y alcanzan al 25% de la población económicamente activa, es decir, más de 7 millones de argentinos”, explica Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita. “En la Argentina hay 6 millones de trabajadores asalariados privados (que es lo mismo que había antes de la dictadura), hay tres millones de estatales, hay un millón y medio de monotributistas y hay 300 mil empleadas de casas de familia. Eso da un total de trabajadores en blanco, unos 11 millones. Pero la población económicamente activa es de 23 millones. Quiere decir que hay otros doce millones de argentinos con problemas de trabajo. Otra forma de mirarlo es por la Encuesta Permanente de Hogares. Cuando el encuestador va y pregunta, resulta que todavía hoy, en el medio todo este desastre, hay cuatro millones y medio de personas que contestan: yo trabajo. ¿Y qué hace? Por cuenta propia. Esto es algo que se tiene que empezar a ver: la economía de mercado, invirtiendo casi el 20% del PBI, genera 6 millones de puestos de trabajo, y resulta que estos compañeros con nada, con alfileres y alambre, generaron 4 millones y medio”, explica Emilio Pérsico, dirigente del Evita y actual Secretario de Economía Popular.

Luego de un larga alianza, en 2015, el Movimiento Evita apoyó la candidatura de Florencio Randazzo. La versión oficial del kirchnerismo dice que fue esta estrategia la que permitió la asunción de Mauricio Macri como presidente. Pero en los barrios también se rumoreó que La Campora tiró abajo la candidatura de Scioli. Mientras, lejos de la función pública pero con presupuesto y legisladores, La Campora y otros grupos k encarararon la oposición (claro que con dignas excepciones) en el Congreso y las redes sociales, la CTEP lo hizo en las calles. Con la venia del Papa Peronista y una multitudinaria marcha en el día del patrón del trabajo, se alió con Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (la CCC) en lo que se llamó el Tridente de San Cayetano (que luego conformaría la UTEP). Generó leyes para fortalecer el trabajo de la economía popular (el Salario Social Complementario) que generaba el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y la regularización de los barrios populares (a través del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap). Aprovechó la ignorancia territorial de la derecha neoliberal fugadora de divisas para fortalecer el trabajo cooperativo en los barrios. (Hoy el gobierno dizque “popular” denuncia que los “planes” se multiplicaron durante el gobierno de Macri, como si la movilización popular nada hubiera tenido que ver). El SSC fue vital para mantener el trabajo cooperativo ante al destrucción de las políticas de estado y sus organismos (INTI, INTA, SAF, Enacom…). ¿Cómo resiste un incipiente proyecto de agricultura familiar o una histórica colectiva de la comunicación popular (que no recibe pauta como Clarín o Pagína 12) sin el apoyo del estado? La movilización popular (junto a grupos de la izquierda tradicional) fue vital para impedir la reforma jubilatoria y darle el golpe de gracia al gobierno de Cambiemos. El Evita se amigó con Cristina mientras Grabois y otres dirigentes dejaron sus recelos “autonomistas” para apoyar a la Jefa frente al Lawfare y conformar el Frente de Todes (ante la evidencia de que, más allá del fortalecimiento de las estrategias de la economía popular en los barrios a través de los SSC y el enorme esfuerzo de les compañeres, era de vital importancia sacar a Macri y sus políticas macroeconómicas entreguistas). Sin embargo advirtieron que la crisis social era profunda, y Grabois le dió “100 días” a Les Fernández para poner en marcha el país. Luego vino la pandemia y trastocó todo.

“Hoy quizás se imponga la tarea de repensar y reelaborar los modos de intervención política tal como las conocimos durante las décadas anteriores, sea de parte de las militancias de los ‘nuevos movimientos sociales’ (que sacralizaban el momento por abajo) como las militancias ‘oficialistas’ (que ‘bancaban’ cualquier posición estatal por tratarse del propio gobierno, esencializando el momento por arriba de la construcción). Ambas dinámicas mostraron ser unilaterales, y carecer de una mirada estratégica integral, que hoy necesitamos imperiosamente construir para poder salir del atolladero en el que nos ha colocado el propio proceso de los últimos veinte años; proceso exacerbado por la pandemia”, aclaraba Mariano Pacheco, ex compañero de ruta de Darío Santillán en el MTD y actualmente director del Instituto Generosa Frattasi de Quilmes. Según el filósofo, periodista y militante “cabeza”, sin ser un gobierno “compañero”, la lucha e historia de los movimientos populares había conseguido ocupar “pequeños espacios de gestión” en el nuevo gobierno (tanto en el poder ejecutivo nacional, provincial o municipal, como en el legislativo). “Hoy es este el lugar de la correlación de fuerzas de la economía popular y la economía de mercado. No hay una comprensión de grandes sectores de este espacio político que conforma el gobierno, y de la sociedad en general, sobre lo que queremos hacer. No está madura la situación para tener una política fuerte de economía popular en el estado. Y por eso decidimos tomar una secretaria dentro del Ministerio de Desarrollo Social, donde hay un compañero (Daniel Arroyo) que entiende el tema y con todos los instrumentos que creímos necesarios para esta etapa de la construcción”, le aclaraba Pérsico a Pacheco en una entrevista. A la secretaría de Economía Popular, el Evita (y los movimientos populares en UTEP) logró sumar el INAES, el organismo que regula mutuales y cooperativas, donde el intelectual francés devenido choriargento Alexander Roig, planea empoderar la legalidad y formación de las miles de pequeñas cooperativas de hecho de la economía popular. También a mitad de año pasado, el gobierno pasó a la secretaría que dirige Pérsico la subsecretaria de Integración Socio Urbana, que dirige la villera doña Fernanda Miño. Si bien la convivencia entre las distintas organizaciones dentro de UTEP tiene sus rispideces, en estas pequeñas unidades de gestión conquistadas al estado se ha efectuado un “loteo” de cargos públicos, similar al efectuado por las distintas facciones del Frente de Todes (aunque más amigable y colaborativa, con un horizonte común más definido, y con un fuerte apoyo popular que tiene en su orgánica cierta democracia participativa). Esto sucede tanto en la secretaría de Economía Popular, el Enacom, el Mercado Central o el ministerio de la Mujer (por dar otro ejemplo de espacios de gestión conquistados). “Por supuesto que es evidente y absolutamente insuficiente lo que se está haciendo. El problema es de estructura económica y el rol de los movimientos sociales queda acotado a pequeñas experiencias de economía popular. No estamos pudiendo construir un debate más amplio sobre las causas y no las consecuencias de esta crisis. Propuestas como una empresa estatal de alimentos, nacionalizar los servicios o el sistema financiero, o el refuerzo de las políticas de cuidado y contra la violencia de género. Seguir ejerciendo nuestra práctica social pero con una visión programática más general. No quedarnos en actuar sobre las consecuencias, sino poder plantear soluciones a las causas”, me confesaba, para la nota Avatares de la relación entre las poetizas sociales y el poeta impopular, un compañero con importantes responsabilidades en las construcción de los movimientos sociales. Y aclaraba: “Alberto, Cristina y Massa tienen mucho acuerdo sobre lo que es posible y lo que no. Y creo que los tres tienen en común que no desean el protagonismo de los movimientos populares. Más bien los toleran. Es cierto que este no es un gobierno compañero, pero es la posibilidad de generan un contexto para un gobierno realmente popular. Esa es la tarea, ya sea dentro o fuera del estado”.

De todas maneras, todavía eran épocas donde resonaba la propuesta del Tío Alberto de querer ser criticado por sus errores, sus palabras diciéndole a las poetizas populares: “Ustedes son actores centrales porque tienen el respeto de sus comunidades. Son la pieza central del presente y del futuro”, mientras usaba la metáfora de entregar una página en blanco para ser llenada por ellas.

El 3 de julio de 2020, en la firma de de convenios del programa Potenciar Trabajo (que unía los SSC a otros planes productivos, de género o cuidado) en la provincia de Buenos Aires, ante la mirada del barba Pérsico y otras dirigentes, el todavía Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, aclaraba: “El desarrollo local se reconstruye desde abajo hacia arriba. El Estado tiene que acompañar al sector informal con máquinas, herramientas y capacitación, potenciando las condiciones que tiene cada uno de los territorios. Esta es la política social de la pospandemia que estamos lanzando en todo el país junto al presidente”. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguraba: “Lo que estamos haciendo es esencial y marca un giro en la política social, es darles a los bonaerenses el acceso al derecho a trabajar. Es un paso hacia el futuro y es importante que lo demos junto al gobierno nacional, provincial, los municipios y las organizaciones sociales”. Por su parte Larroque remarcó: “En un momento difícil, donde vemos que la actividad económica decae, el Estado decide intervenir de una manera muy concreta, reconociendo tareas que son socialmente necesarias para la vida de nuestra provincia y que el mercado no reconoce”. “Potenciar Trabajo contempla la creación y el fortalecimiento de unidades productivas para promover la inclusión social plena y el incremento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. Además, incluye microcréditos y crédito para máquinas y herramientas a tasas muy bajas. Impulsa cinco sectores productivos fundamentales: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado de personas y la recolección y reciclado de residuos urbanos”, decía el comunicado.

Un universo de excluídes reiventándose

Si hubieran hecho una apuesta cuando se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), les referentes de las organizaciones sociales le hubieran ganado por mucho a les funcionaries del estado. Los segundos decían que se iban a anotar 3,5 millones de personas. Los primeros 10 millones. Fueron 12 millones. Entre julio de 2020 y febrero de 2021 se recibieron más de dos millones de inscripciones en el Renatep (menos de la mitad cobran el Potenciar Trabajo). El 35,7% de los inscriptos se encuentra en provincia de Buenos Aires. El 57,1% son mujeres (según un trabajo del Centro de Estudios para la Producción, CEP, las mujeres solo representan el 20,7% del empleo industrial formal y esa subrepresentación es todavía mayor cuando se trata de puestos jerárquicos en empresas grandes, donde sólo el 4,2% está liderado por mujeres). Las doñas, se sabe, son las verdaderas gerentas de las ollas populares, merenderos, copas de leche, roperitos, cuidado de ancienes, repartija de barbijos y otras tareas del cuidado (además de pequeñas cooperativas textiles, huertas, mercados populares y otros menesteres como el reciclado urbano). El 60% de las inscriptas en el Renatep se dedican a estas tarea (Servicios Socio Comunitarios o Servicios Personales y Otros Oficios). También es alta la participación de les jóvenes. El 34,8% de las trabajadoras de la economía popular inscriptas están entre los 25 y 35 años; mientras que el 29,5% corresponde a las que tienen entre 18 y 24. Durante la presentación de estas estadísticas en noviembre del años pasado, Arroyo explicó: “Nuestro verdadero objetivo es recuperar una idea central: gobernar es generar trabajo. Para eso necesitamos cruzar a la economía popular con acceso a derechos y movilidad económica, siempre pensando que la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción. Queremos avanzar también en el acceso a programas de capacitación y acompañamiento, a redes de comercialización y a la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”. “Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el Renatep es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días. Por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos”, agregaba Pérsico. Por esa época también Grabois comenzaba a presentar el Plan de Desarrollo Humano Integral, donde la UTEP planteaba un modelo de país productivo, cooperativo, federal, descentralizado, con conectividad y perspectiva de género. El plan fue en un principio presentado al ministro del Interior, Wado de Pedro, que en una reunión con la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), en medio de las revueltas populares que poblaban el continente (Colombia, Chile, Perú, Ecuador…), a modo de incentivo para obtener un aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED), aseguraba que Argentina era “uno de los países que tiene estabilidad institucional, democrática, política y social”. Grabois, y otres dirigentes de los movimientos sociales seguían insistiendo que las políticas del estado no eran suficientes, y que había un compas de espera para el “estallido social”, el cual, por más esfuerzo que hicieran las organizaciones sociales, no iban a ser capaces de contener. “Lo que no se puede es creer en las soluciones enlatadas”, le explicaba el barba Pérsico a Página 12. “Muchas ideas sirven, pero no salieron de un manual, sino de la práctica de las organizaciones sociales. Mostráme un emprendimiento que tenga diez años, que los hay. A eso hay que estudiarlo y replicarlo, porque ese compañero le encontró el agujero al mate. Pero si me regalás una máquina de coser, a esta altura te la tiro por la cabeza. Por supuesto, la agarro, pero… ¿qué me cambia como organización tener una maquina de coser? El compañero la vende, porque le tiene que darle de comer al hijo. Y yo le digo: bien hecho compañero. Porque… entre no darle de comer a tu hijo y vender la maquina de coser, ¿vos qué hacés? En la Argentina hay unos 600 mil compañeros que viven de la prenda popular. Armamos varios polos, trasladamos al tallerista que estaba trabajando en su casa de forma inhumana, con su hijo al costado, para darle un lugar digno, saludable, que tenga guardería, que empiece a tener derechos sociales parecidos al compañero que está en blanco. Tenemos que crear una prenda social que legalice todo el trabajo que está detrás. Esos son 600 mil compañeros que podrían tener trabajo legalmente. Ahora… la decisión política de que el sector textil esté en negro es una decisión del Estado. La decisión de que el cartonero no sea recibido por el Estado como un reciclador urbano es una decisión política del Estado. Muchas cosas son cambiar políticas, y otras son recursos. Porque para hacer un polo textil necesitás alquilar un local y acondicionarlo. Pero nosotros vamos por más, vamos por meterlos en el trabajo formal. Un programa de trabajo social garantizado, la creación de un registro de trabajadores de la economía popular, 20 mil millones de pesos para impulsar de pequeñas obras de infraestructura en los barrios, organizar polos textiles o mejorar las condiciones de quienes hacen tareas de cuidado y reciclaje, son los ejes del paquete de políticas anunciado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para la postpandemia. Apuntan a reactivar la economía en la franja de los hogares más vulnerables del país, generando allí, y en la medida que lo permita el virus, mano de obra intensiva. Su implementación responde, en buena parte, a los reclamos de los movimientos populares que hoy son la tercera pata del gobierno (junto a otra política, la principal, y otra académica, nacida de la cantera del Conicet)”. Era la época en que les funcionaries nacionales todavía explicaban el “derrame desde abajo”, donde la inyección de dinero en las clases populares fomentaba el comercio de barrio, que fomentaba las pymes, que generaba desarrollo industrial, que dizque a través de impuesto, generaba la política social. La estructura concentrada de consumo hizo que tarde o temprano el dinero llegara a las grandes empresas oligopólicas que usaron este flujo de dinero para especular con el dólar o aumentar los precios sin generar mejoras laborales. Claro que hay excepciones y mucha gente de buena fe en el sector empresario, eso no se desconoce. Pero así como un pibe chorro empujado a la violencia por el hambre puede ser moderado en su mala conducta por la acción policial, el empresario explotador o fugador de divisas, o evasor de impuestos, no tiene incentivo a dejar de hacerlo sin una fuerte intervención del estado. Esa parte de la maquinaria tampoco termino de ponerse en marcha ante la falta de consenso social y mediático, mientras que el ministro Guzman, preocupado por la presión devaluatoria (sobre el dólar) y la renegociación de la criminal deuda externa, empezó a pedir un freno de mano en el gasto público (que no era lo mismo que un recorte). La pulseada comenzaba a ganarla el sector concentrado de la economía, con el que el gobierno de Les Fernández, más allá de los prejucios, había intentado dialogar en varios ámbitos. En vano las organizaciones y otros sectores del Frente de Todes trataban de impulsar la idea de que la deuda con el FMI era fraudulenta. Entre ellos, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, que todavía no salía de su asombro por la facilidad con la que el gobierno había dejado impune la estafa de Vicentín. La aprobación de el llamado “impuesto a los ricos”, si bien un logro, ya sabia a consuelo para tontos.

Cuando el gobierno anunció que no habría IFE 4, aseguró que ,relajada la crisis económica por la pandemia, esa ayuda se destinaría a fortalecer los Potenciar Trabajo, como forma de inclusión real y no “asistencialista”. Con algunos debates, las organizaciones sociales estuvieron de acuerdo. Para ese entonces los intendentes de la provincia de Buenos Aires (los minigobernadores, Turco Asis dixit) habían puesto el grito en el cielo porque el 80% de los Potenciar eran administrados por las organizaciones sociales. No importaba que el mayor trabajo territorial y de construcción de la economía popular históricamente había sido llevado a cabo por estas organizaciones. Por una parte, los intendentes necesitaban esos planes para financiar un empleo público cada vez con menos presupuesto. Por otra parte, se venían las elecciones.

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Después de un nuevo diciembre sin estallido social (salvo tibias marchas opositoras y la revuelta policial que, vía coparticipación, terminó de quebrar las buenas relaciones del gobierno con la dizque oposición “responsable”), un relajo del virus (que permitió unas magras vacaciones y el repunte del turismo), denuncias a la vacuna comunista, quilombo con las clases, segunda ola y la mar en coche, los movimientos sociales pusieron el grito en el cielo por el aumento de la AUH. ¿Qué?

El viernes 7 de mayo, desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, en el marco de la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre,el Tío Alberto, junto al bueno de Daniel Arroyo y otres funcionaries, anunció que se iban a ampliar los fondos de la tarjeta Alimentar en un millón de familias beneficiarias (2,5 millones en total), alcanzando una inversión de $30 mil millones mensuales (el triple que hasta ese momento). Para Grabois, la medida daba su tajada al sistema financiero y el oligopolio de la industria alimenticia. Con un escenario con pantallas digitales que hacían recordar a los Juegos del Hambre, el Secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro habló: “Me parece necesario plantear que venimos de un proceso creciente de concentración económica y el último gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario que generó un endeudamiento del cual va a ser muy difícil salir. Nosotros nos negamos a ese acuerdo, nos movilizamos, fuimos reprimidos, compañeros y compañeras presas… Frente al arrasamiento y la deshumanizacion de nuestros pueblos, el eje de nuestra propuesta siempre ha sido el trabajo de la economía popular, que es el trabajo que, habiéndose concentrado la riqueza en pocas manos, habiendo sido expulsados de nuestros trabajos formales, sin tener patrones para los cuales trabajar, nos organizamos y creamos. Entre ellos el trabajo de la economía del cuidado. Es preciso hacer el esfuerzo en la asistencia pero profundizar el esfuerzo en generar trabajo, salir de la pandemia con trabajo. Pero nosotros vemos que nos vamos a encontrar saliendo de la pandemia con un proceso de mayor concentración económica. Entonces, cada vez que el gobierno toma una medida para mejorar las condiciones de vida de los mas humildes, se la come el aumento de los alimentos. Eso es como un perro que se quiere morder la cola, es muy desgastante, es una pelea inconmensurable. Le exigimos, si quieren le pedimos, a los sectores que más concentran la economía, que definen el precio de los alimentos que consumen los sectores más pobres de la Argentina, que tengan un poco de sensibilidad”. Lo escuchaba el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, también máximo dirigente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Funes de Rioja se venía oponiendo a toda política de control del gobierno sobre la industria alimenticia (precios cuidados, ley de góndolas, retenciones, fiscalización por faltas de abastecimiento y otros intentos, incluyendo perseguir la evasión de impuestos y la fuga de capitales o la especulación con el stock de mercadería). Los empresarios y medios hegemónicos se indignaban, descartando que fueran las empresas las responsables del aumento de precios. El problema era macroeconómico (entre otras cosas el “costo laboral” y los impuestos). Sin embargo el primer trimestre de 2021 Arcor tuvo una ganancia de $3.857 millones y Molinos Rio de La Plata $1.180 millones. Entre las dos megaempresas cubren el 80% de las ventas de alimentos procesados. Si se les suman Unilever, Molino Cañuelas, Mondelez y Mastellone llegan a oligopolizar hasta el 98% de la mayoría de los productos. Según el consenso de los economistas, la concentración en la industria alimentaria es más perniciosa que en otros rubros, ya que su demanda es mucho más inelástica (no cambia demasiado ante una variación de precios). Es que es imprescindible. Morfar hay que morfar, cueste lo que cueste.

A través de diferentes actividades públicas (sobre todo la UTT, cuyo referente, Nahuel Levaggi, es presidente del Mercado Central), las organizaciones sociales demostraron que podía venderse alimento más barato. Un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) del mes de julio, confirmaría una diferencia de 990 pesos entre los precios alimenticios ofrecidos por las grandes cadenas de supermercados y los comercializados por la economía popular para junio. El documento revelaba que accediendo a los productos distribuidos por la economía popular, la población pudo ahorrar en mayo 542 pesos, resolviendo un total de $14.286 ahorrados a lo largo de los últimos doce meses. En relación a la subida de precios, a partir del análisis de cuarenta productos, el informe exhibía un aumento de 9,46 % en las cadenas de supermercados y de 2,76 % en los espacios de comercialización de la economía popular.

Funes de Rioja había sido situado al frente de la UIA gracias al lobby de Paolo Rocca, uno de los grandes “ganadores” de la economía en pandemia y líder del endurecimiento del sector empresario frente al gobierno. La instancia de “diálogo” con las empresas del Tío Alberto había llegado a su fin. ¿Cuanto afectó esto el diálogo con las organizaciones sociales, verdaderas voceras de las consecuencias de las políticas de los grupos concentrados de la economía Argentina en los sectores populares? A la falta de políticas de fondo para la producción de la economía popular (con los planes Potenciar frenados, además de numerosos otros financiamientos a la actividad) se sumó el ninguneo en las listas electorales (pequeños espacios de gestión). Pero quizá más grave, fue el anuncio del alejamiento del “cumpa” Daniel Arroyo del ministerio de Desarrollo. Las razones de por qué el valeroso académico (que durante un año y medio defendió a capa y espada la economía popular en los grandes medios hegemónicos) decidió dejar el cargo para ocupar un doceavo puesto en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, es un misterio. En su reemplazo, el Tío Alberto nombró un minigobernador. Después de un año en que atentes a las medidas de cuidado, la UTEP decidió no marchar el día de San Cayetano, las cumpas volvieron a las calles e inundaron la Plaza de Mayo. Además de festejar la personería jurídica otorgada por el ministerio de Trabajo, y su histórico reclamo de Tierra, Techo y Trabajo, las poetizas populares pidieron el Salario Básico Universal. Hubo manifestaciones y asambleas en todo el país. La movida casi no tuvo difusión en los grande medios hegemónicos. “Los movimientos populares celebramos a San Cayetano. Hace seis años que iniciamos este proceso de unidad. San Cayetano nos ha unido, nos ha dado la posibilidad de discutir con el Estado, con los gobiernos, con el que pasó y con el que está, cuál es nuestra agenda. Necesitamos créditos no bancarios para el desarrollo productivo de los trabajadores informales a través de cooperativas y mutuales, que de esta manera podrán ganar escala en la producción, acceder a nuevos mercados de consumo, tener reservas del mercado y mover la rueda de la economía de abajo para arriba. Entendemos que hay que impulsar transformaciones que den cuenta de que esta concentración y extranjerización de la economía es absolutamente inviable para construir una Argentina en la que se reduzca la pobreza”, puntualizó Onorato.

“La pandemia no terminó, pero es momento de dar respuestas en el tema económico. Es momento de que los salarios y las jubilaciones recuperen el poder adquisitivo. Y nosotros necesitamos que nos reconozcan en nuestras tareas esenciales”, agrego el diputado nacional y referente de la CCC, Juan Carlos Alderete en un mensaje que debería ser escuchado por las clases medias (muchas de las cuales ante la crisis tuvieron que ir a pedir un platito de comida o un laburito a las poetizas populares). “Somos quienes sostenemos tareas esenciales y fundamentales en un contexto de pandemia, quienes sostenemos las postas sanitarias, quienes estamos al frente de comedores y merenderos, alimentando a miles de vecinos”, aseguró Dina Sánchez.

Más allá de que pocas se enteraran o vieran las imágenes, que la mayoría social bien pensante y moralmente irreprochable pensara que solo era una nueva interrupción del “derecho al trabajo” de los mismos piqueteros de siempre, alguna de las poetizas populares recordó al viejo Scalabrini Ortiz, que en “El hombre (o la mujer) que está solo (sola) y espera”, describía: “Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo”

Allí estaban ecologistas, feministas, huerteras, sanadoras, educadoras, criadoras de niñes y cuidadoras de ancianes, comercializadoras de le economía popular, recuperadoras de ex-presos y adictos, comunicadoras populares (que no reciben pauta del estado), empresarias (sin ATP), las que recuperaron fábricas (demostrando que funcionaban sin patrón ni grandes créditos) y hasta las cumpas de Farmacoop, el primer laboratorio farmacéutico del mundo que creó primer test serológico rápido de Argentina para la detección de anticuerpos del Covid 19. Y todo por 12 mil mugrosos pesos. Y si no vas a trabajar, te damos de baja el plan (primero en un 50% por dos meses, luego definitivamente, como reclamaron las organizaciones sociales al estado). Ay, si pudiera hackear los canales de televisión y mostrar las reuniones virtuales donde las cumpas de los merenderos populares de Córdoba se indignaban por un par de vecines que recibían el Potenciar Trabajo y no colaboraban lo suficiente. Bueno, y ya que estamos, eso, los millones de actividades que día a día en su humilde alegre rebeldía desarrollan las poetizas populares en medio de esta crisis cilizatoria, hidra capitalista de muerte. Ese otro mundo o economía posible donde se trabaja en comunidad con la Madre Tierra (Pachamama). “¡Creer! He allí toda la magia de la vida. Atreverse a erigir en creencia los sentimientos arraigados en cada uno, por mucho que contraríen la rutina de creencias extintas, he allí todo el arte de la vida”, sigue poetizando Scalabrini Ortiz.

Brotes Grises para el quinto semestre

Poco después vinieron las declaraciones de Larroque, Zabaleta y el Tío Alberto. El trabajo de las organizaciones sociales ya no era trabajo. Ya no hay “efecto derrame al revés”, ni reactivación a través del consumo. Las mismas empresas que siguen en pie de guerra y la levantan en pala pidiendo reforma laboral, baja de impuestos y abonando medios hegemónicos y jueces corruptos, son ahora la solución para las clases populares. La idea de Zabaleta (reviviendo una iniciativa del ministro de Trabajo de Macri, Jorge Triaca) es que los empresarios tomen los Potenciar, paguen la otra mitad del salario mínimo, y el estado le rebaja las cargas sociales. “Es muy difícil de hacer. Porque no hay más trabajo. Lo que harías es blanquear trabajadores que tenés en negro. Tenés que tener un programa para terminar con la pobreza no un programa para aprovecharte de la pobreza”, le responde paradógicamente el operador mediático Carlos Pagni, coincidiendo con Persico y los movimientos sociales. Nadie se pregunta si las trabajadoras de la economía popular quieren volver a tener patrón y le valdría un sueldo mínimo para volver a ser esclavas.

En un mundo donde el sistema financiero ha demostrado su obsolescencia después del repetido reventar de burbujas especulativas (la versión internacional de los globos amarillos de Cambiemos) y hasta el trabajo formal es un lujo para los países desarrollados (que súbitamente se han vuelto “peronistas” y dan “planes”); donde la concentración económica se incrementa y el desastre ecológico producto de la industria y el extractivismo es inminente y hasta advertido en foros internacionales; donde la dinámicas de competencia del comercio internacional recuerdan una guerra fría pero con múltiples actores; con la permanente guerra (cuarta guerra mundial, dicen las cumpas zapatistas) o caos revolucionario de masas populares hartas de tanto despojo; el actual gobierno argentino apuesta por los “brotes grises”, una masiva inversión industrial nacional o extranjera que llevará al bienestar general del pueblo a través del empleo industrial y formalizado que nos permitirá nuevamente crecer a tasas chinas, tener la pobreza de Alemania, y pagarle pesito por pesito al FMI y todes les acreedores externos. Solo les falta decir: “Siganme, que no los voy a defraudar”.

Pablo Gerchunoff y Roy Hora (investigadores del Conicet y profesores en grandes universidades) escribieron el libro “La Moneda al Aire”, donde plantean que la economía argentina se debate entre la economía de la generación de los 80 (el modelo agroexportador) y el del peronismo de los 50as (el modelo industrial). No toman en cuenta el modelo de especulación financiera impuesto por Martínez de Hoz en la dictadura (y continuado por el menemismo y el macrismo). “Hay un experimento natural que es la propia Cristina -le cuenta Gerchunoff a Pagni-. En su segundo mandato intento regresar a la sustitución de importaciones, a la industrialización protegida, y no pudo. Porque en realidad rascaste el fondo de la olla, de aquello que podías obtener con la protección. Y le pasó una cosa: miró un pasado que se volvió anacrónico, es irrepetible. Ahora no podes ahorrar divisas con la protección”. “La reconstrucción de un patrón de crecimiento con la industria como locomotora tuvo su potencial en el pasado, pero en el nuevo mundo de la globalización, ese es un proyecto que no puede llevar a ningún puerto dado un contexto de feroz competencia”, agrega Hora. “Pensá en Perón levantándose de la tumba y viendo que en la sociedad argentina hay dos franjas sociales movilizadas. Una es el lumpen proletariado, en términos marxistas, y el otro es la pampa gringa. ¿Qué preguntaría Perón? ¿Dónde están los trabajadores? La sociedad peronista cada vez esta más comprimida, cada vez existe menos. Es una sociedad archipiélago, una sociedad fragmentada”, concluye Gerchunoff.

A la hora de explicar la fundación del sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular (la UTEP) y su alianza con la histórica CGT, un importante dirigente social de Córdoba, aclaró: “Ellos tienen los edificios, nosotros la gente”. Reflejar esa potencia social, política y económica en las añejas estructuras de un país industrialista (ni hablar de la vieja patria agroexportadora o la invisible patria financiera) es el gran desafío de la UTEP y todes sus representades. En los setenta (una vez impuestos los límites de las teorías de “desarrollo” en América Latina), en su artículo “La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia de América Latina”, el sociólogo, político y economista brasileño Theotonio Dos Santos, planteaba una interesante tesis. Los sudakamericanos habíamos llegado casi dos siglo tarde a la revolución industrial, lejos de ese curioso momento histórico donde el excedente mercantil (producto del choreo criminal en las minas del Potosí) permitió el desarrollo del iluminismo (positivismo científico) y el nacimiento del sistema financiero (que permitió la famosa plusvalía). Pa la mitad del siglo XX, las potencias desarrolladas nos vendieron las teorías de desarrollo industrial, pero también las máquinas, que pagamos con préstamos financieros a tasas usurarias (que luego permitieron que los países desarrollados nos impusieran políticas públicas, entre ellas, la extranjerización de la economía). También necesitábamos del capital intelectual gringo, hecho para geografías y gentes diferentes a las nuestras. Y también del dinero de las exportaciones primarias, lo que hacía difícil generan un recambio político con respeto a la vieja oligarquía del “campo”. Con las mejores intenciones, el peronismo generó una economía dependiente, centralizada y urbano céntrica (el famoso aluvión zoológico que ahora intenta revertir el Plan de Desarrollo Humano Integral y las nuevas huestes de jipis neorurales). La balanza de pagos era un zanahoria a la que el burro nunca podía exceder, entre otras cosas por los famosos “términos de intercambio” que planteó el economista Raúl Presbisch (el trigo que exportamos es barato pero la harina que nos venden de vuelta es cara). Bajo esta teoría de la “dependencia”, la solución (al revés del eslogan de la revista Barcelona) es una economía latina (india) para las latinas. ¿Será esa la propuesta en tiempos de pachakuti de la economía popular y las poetizas populares de raíz indígena, campesina, pachamamesca?