La Voz de los impactos

Las constructoras se mueven para apoderarse de las dos autovías más polémicas de Córdoba. La autoridad de ambiente esquivó la discusión sobre los impactos que puede traer la Autovía de Punilla. Se acrecienta la denuncia de comunidades indígenas contra la voracidad inmobiliaria. Los ex dueños de La Voz del Interior involucrados en los peores crímenes, solo por la apropiación de tierras. Todo sea para invertir sus fondos ocultos en cuentas offshore.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

Octubre es el mes que fijó el Gobierno de Córdoba para el llamado a licitación de la concreción de las dos autovías más anunciadas del año: la primera mitad de la alternativa a la Ruta Nacional 38 (“Autovía de Punilla”) y la Alternativa a la Ruta Provincial 5 (“Autovía de Paravachasca”). Hablamos de un botín que alcanzaría los 150 millones de dólares. Una de las empresas constructoras que está atento a los pliegos, mientras se comunica con sus pares competidores, es la firma Boetto y Buttigliengo SA, que tiene la particular de haber sido accionista de la empresa Caminos de las Sierras, la sociedad anónima a cargo de administrar los pasos viales que conectan a la capital cordobesa con los tramos serranos.

Casualmente, fue también un mes de octubre, pero de 2018, cuando se publicó en el Boletín Oficial que ByB había cedido su puesto en Caminos de las Sierras al Estado provincial, accionista mayoritario, permitiéndole a la administración pública quedarse con la totalidad del paquete accionario, sin que la susodicha compañía mute a ser una Sociedad del Estado (SE), con lo cual le permite seguir esquivando los controles del Tribunal de Cuentas.

Mario, el que se acostumbraba a estar en los dos lados del mostrador, y ahora puede que en ninguno. Ph: CEPROC Perfil.

La retirada emergió en un contexto más que empalagoso. Por un lado, la deficiente comunicación interna en el gobierno provincial le llevó a otorgar la licencia ambiental a la “Autovía de Montaña”, cuando el trazado por Punilla iba al pie del cordón serrano, con la condición de generar determinados desvíos para no tocar ni las reservas naturales, ni el comentado yacimiento de uranio a la altura de Cosquín. El presidente de Caminos de las Sierras, Jorge Alves, le dijo al gobernador Juan Schiaretti que eso era inviable, debido a que el paso del asfalto se dirigía a subidas montañosas inadmisibles para el recorrido de camiones de gran porte. Pero en paralelo a ello, su socio minoritario, ByB, fue escrachado por el financista Ernesto Clarens, donde enumeraba las empresas constructoras involucradas en el pago de coimas a funcionarios nacionales, durante el escándalo de los Cuadernos.

Un año después, en plena campaña electoral, el polémico juez federal fallecido Claudio Bonadío ordenó procesar a la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios empresarios, por la supuesta existencia de un cartel de obra pública. Horas antes que se subiera el fallo, Mario Buttigliengo, uno de los mencionados en ese texto, tuvo un almuerzo con el candidato y presidente Mauricio Macri, en la casa del locutor Mario Pereyra, otro que en paz descanse, como la que no tuvieron los no tan vivos.

Las chances de que Boetto y Buttigliengo gane los pliegos de alguna de estas dos licitaciones son elevadas. El problema es la enorme exposición que tuvo y que con eso temen que se expanda, como una mancha de petroleo sobre una fuente de agua. Las delineaciones del reducido grupo, que se juntaría cada tanto en la sede de la Cámara de la Construcción en Córdoba, en la calle de Poeta de Lugones al 340, calibrarán alguna vuelta de tuerca.

Coquetada entrada de la sede de la Cámara de la Construcción de Córdoba, donde se baraja el botín de U$S 150 millones de las dos autovías.

Licencia para trazar

Dentro de la extensa Resolución de Ambiente N° 192, donde se le otorga el aval o la Licencia Ambiental a la Autovía de Punilla, hay un tramo donde el texto sale a contestar los puntos que se han criticado al proyecto, expuestas en la audiencia pública donde se debatió el proyecto, y que fue la más longeva que hubo hasta el momento en la historia ambiental cordobesa. Dividido en ocho ítems, el secretario de ambiente, Juan Scotto, contestó cada cuestionamiento, sin dejar por ello algunos cabos sueltos. Seis de esos ocho puntos son los siguientes:

-Expropiaciones: Acerca del temor sobre familias y particulares que perderían sus terrenos, la resolución que lleva la firma de Scotto se limitó a recordar la existencia de un Plan Integral de Inversión para Mejoramiento y Ampliación de las redes de acceso a la capital, además de la Ley N° 10.734, aprobada en diciembre de 2020, donde declara de utilidad pública todo terreno que sea atravesado por el proyecto.

-Análisis de Alternativas: Scotto se limitó a explicar que la traza se eligió “atendiendo las inquietudes que surgieron en la Audiencia Pública de 2018 y analizando las propuestas de los vecinos”.

-Cuestionamientos a Audiencia Pública Digital: Se refiere a las insistentes críticas por la modalidad virtual, más las exigencias de poseer registrado el nivel 2 del Ciudadano Digital, teniendo presente que la brecha digital es más notoria en las zonas serranas, donde precisamente la autovía pretende atravesar. “Entendemos que este aspecto se encuentra resuelto en el Reglamento y Dinámica de la Audiencia Pública Digital”, respondió Scotto.

-Drenajes Superficiales: Sobre el temor de los impactos de las escorrentías, debido a la veintena de cuerpos de agua que atravesaría la traza, la resolución “considera acreditada la viabilidad del proyecto por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos”. También subraya que no hubo “objeciones técnicas al respecto”, referida a la construcción de viaductos, como el puente sobre el Río Yuspe. No advirtió que las críticas apuntaban a la incidencia del entorno, donde no solo es el ámbito de mayor biodiversidad, sino que además atraviesa una reserva natural. “En función de los caudales provistos se deberán presentar las verificaciones hidráulicas para todos los cruces sobre cursos de agua a lo largo de la traza”, indicó.

-Fauna, Intervención sobre Bosque Nativo: La resolución quedó conforme con la construcción de pasos de fauna y subrayó que la ley provincial de bosques permite avanzar obras sobre bosque nativo cuando se trata de un “interés público”.

-Medidas de Mitigación: “A lo largo del desarrollo del Plan de Gestión Ambiental propuesto, se identifican las Medidas de Mitigación y el Plan de Monitoreo. Las cuales se detallan en el Anexo 2 que forma parte del presente documento. Las mismas son acordes a este tipo de obra”, señala la resolución.

La suma, el todo y las partes

Pero el ítem número uno a contestar lleva de nombre “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo, Metodología”. Se refiere a la exigencia de quienes participaron de la audiencia de que se arme un estudio de ambiental que no se limite solo a medir los impactos de la obra propiamente dicho, sino también la de los “impactos acumulativos”, en referencia a la combinación de otros que provienen de otros proyectos existentes o planificados.

El concepto viene teniendo impulso desde hace década, a partir de una denuncia contra el gobierno provincial de Salta, por haber habilitado una serie de desmontes en superficies reducidas, pero cuya totalidad alcanzó una millonaria cantidad de hectáreas afectadas, que cubrió un total de cuatro departamentos de la provincia. A partir de la causa “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, la Corte Suprema de Justicia falló dos veces, 2008 y 2009, contra las autoridades públicas y aseguró que “se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones”. Desde entonces, distintos especialistas vienen advirtiendo sobre la necesidad de no limitar los impactos limitados a todo proyecto en sí, sino también las existentes a su alrededor y los que vendrán a partir de la existencia del mismo, sea en su etapa de construcción como la operativa.

Fragmento de uno de los fallos del CSJN en la causa Dino.

En el caso de la Autovía de Punilla, se advirtieron que los desmontes podrían incrementarse por los loteos que emergerían en los costados de la vía, por ejemplo. La respuesta que dio Juan Scotto, quien firmó la presente resolución, es que la ley provincial de ambiente (N° 10.208) “no prevé en su texto el concepto de Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo”.

Y en cuanto a la metodología del propio estudio, que lo torna como una mezcla de redundancia y arbitrariedad, la resolución explica que se basó en la “Metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997)”, donde la misma incluye una ecuación para medir los impactos, que es la siguiente:

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]

Sin embargo, el estudio ambiental recurrió a la siguiente fórmula:

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +EF + PR +MC]

donde se suprimió los factores “SI” y “AC”. La justificación que dio el estudio fue por “considerar que no afectan de manera significativa al resultado”, sin otorgar un fundamento concreto. Oh casualmente, “SI” se refiere a la sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples, mientras que “AC” es la acumulación o efecto de incremento progresivo. Es decir: los impactos acumulativos.

El pelotazo

El octavo y último ítem lleva de nombre “Afectación Derechos de Pueblos Originarios y al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. La resolución de Scotto señala que se obtuvo una autorización favorable para el armado de un equipo que asegure que no se dañe ningún hallazgo paleontológico o arqueológico. Pero no respondió sobre la inconsulta a las comunidades que se verían afectadas por la traza. Entre ellas, la Comunidad Ticas.

De hecho, el 19 de agosto pasado, cuatro de sus integrantes asistieron a la comisaría de la localidad de Bialet Massé, donde se les notificó que fueron imputados, por orden de la Fiscalía de Cosquín. Hasta el momento, no se les informó quién presentó la denuncia.

Desde el territorio, sostienen que en los últimos años presentaron más de 50 denuncias por distintos hechos de violencia, apuntado a intereses inmobiliarios por despojar sus tierras. El aparato judicial parece que no solo revotó sus presentaciones, sino que además les respondió con un pelotazo.

Entre las personas imputadas está Aldo Gómez, Nawan de la comunidad. Fue el mismo quien dio la cara durante la audiencia pública por la Autovía de Punilla, donde aseveró que, a pesar de lo que decía el estudio ambiental, nunca fueron consultados.

Desde aquel territorio, si bien señalan que llevan años padeciendo la “mafia inmobiliaria”, no descartan que la llegada de la autovía hayan afilado los colmillos.

Intervención de la Comunidad Ticas en la audiencia pública por la Autovía de Punilla, explayada incluso en el acta. Meses después, serían imputados, por denunciadores especulativos.

Explosivo

Mientras que al otro lado del cordón montañoso de Sierras Chicas, por la zona de Candonga, un jueves 5 de agosto, otro Nawan, en este caso de la Comunidad de Pluma Blanca, Carlos López, encontró introducido en una grieta al nivel del piso, sobre una pared lateral externa de una de las viviendas, un explosivo de tipo gelamón, utilizado en las explotaciones mineras. El material estaba cerca de la cocina, y a metro y medio de una garrafa, incluyendo el caño de ventilación de la salamandra.

Conferencia de prensa. Ph: Facebook Comunidad Comechingona Pluma Blanca.

Durante la conferencia de prensa, realizada el sábado 21 de agosto, sentenciaron que éste fue otro de los tantos amedrentamientos que padecen, desde hace casi una década, con el fin de expulsarlos de las tierras donde habitan.

Señalan como responsable en particular a un sujeto de apellido Sequeira, donde se lo ha sindicado como un sicario. En realidad, no hay pruebas que exista un sicariato en la provincia de Córdoba. En lugar de brindar servicios profesionales para quitar vidas sin dejar cabos sueltos que involucren a sus clientes, Sequeira cumpliría el rol de un matón para mantener en marcha los negocios de su patrón. Se trata de Luis Eduardo Remonda, parte de la familia fundadora del diario La Voz del Interior, y que tiene intereses inmobiliarios y mineros en el territorio de Sierras Chicas. Así lo advirtieron en dicha conferencia que se puede escuchar en el siguiente link.

https://archive.org/details/fragmento-audio

Según pudo saber el presente cronista, Sequeira fue acusado e investigado por cometer espantosos delitos contra la mencionada familia, bajo las siguientes carátulas: abuso sexual agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado, coacción, coacción calificada, lesiones leves, lesiones graves, tenencia ilegal de armas de fuego y violación de domicilio.

Sequeira estaría trabajando, en estos momentos, en la empresa Amadeo SRL, donde se estarían haciéndose cargo de explotar la cantera El Sauce, cuya titularidad estaría en manos de los Remonda.

La Luna con Gatillo trató de comunicarse con Sequeira, pero no obtuvo respuestas.

Fragmento de una resolución de la Dirección Provincial de Vialidad, donde da crédito que Sequeira trabaja para los Remonda.

La ruta del dinero de La Voz

El diario La Voz del Interior nació en marzo del año 1904, de la mano de Silvestre Rafael Remonda, el abuelo de Luis Ernesto. Uno de los cuatro hijos directos, Juan Emilio Remonda, manejó el matutino en los complicados años de 1975 y 1976. Hasta que cedió su puesto a su primo hermano Jorge Silvestre Remonda Ruibal.

Quien estaba de subdirector durante el período de Remonda Ruibal fue Luis Eduardo Remonda (1939-2011), padre de Luis Ernesto y quien ejerció directamente la dirección del diario en dos periodos: entre 1985 y 1988, y 1994 y 1998. Aun así, la familia mantuvo la propiedad del medio gráfico como lo venía haciendo desde sus comienzos.

Hasta que el verano de 1998, se sentaron en un lado de la mesa Luis padre, Graciela y María Failla de García Remonda, y en el otro lado, Julio César Saguier, presidente del directorio del diario La Nación, y el vicepresidente ejecutivo de Clarín, Héctor Magnetto. Allí se acordó la compra del diario cordobés, mediante CIMECO S.A. Diez años después, Clarín le compraría las acciones de CIMECO a La Nación, para que finalmente se quedara completamente con el control de La Voz del Interior.

Según la inscripción de la AFIP, la Compañía Inversora de Medios de Comunicación -CIMECO SA-, fue registrada el 20 de noviembre de 1997.

Pero 21 días antes, el 29 de septiembre de 1997, se había firmado una empresa de desconocida función llamada “Eldorado Ventures Inc.”, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, con cuentas bancarias del JP Morgan, banco predilecto de los dueños del Grupo Clarín para armar cuentas secretas. La offshore fue activada desde las oficinas instaladas en la isla de Guernsey, al oeste de la costa de Francia, y que también forma parte de la colonia británica. Su único agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse. Finalmente, los registros estuvieron guardados en el servidor del estudio panameña Mossack Fonseca.

Casi dos décadas después, toda la información que tenía el mencionado buffet fue expuesto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de abril de 2016, cuando se expusieron documentos que involucraron a importantes figuras de reconocimiento mundial, mediante el nombre de “Panamá Papers”. Un mes después, se sistematizó los datos concretos para adaptarlos a una plataforma multimedia llamada “Offshore Leaks”.

Cuando se cumplían cuatro meses de los Panamá Papers, el presente cronista analizó los datos que se brindaron sobre la empresa “Eldorado Ventures”, donde figuraban integrantes de la familia Remonda y con domicilios particulares. Y efectivamente, más allá de algunos errores de tipeo, las direcciones coincidían con viviendas donde habitan o habitaban cada integrante del clan de La Voz del Interior.

Una de las viviendas de la familia Remonda, donde utilizaron su domicilio para registrar la empresa offshore.

Uno de ellos era Jorge Silvestre Remonda Ruibal, quien fue editor del medio gráfico. Aparece también su esposa: Martha Elena Luque Loredo (actualmente fallecida), junto con su hijo Manuel Silvestre Remonda. Finalmente, figuran otros tres integrantes: Darío, Adriana María y Axel.

Finalmente, el reintegro de los fondos que se movieron al extranjero, pudieron haber retornado a nuestro país bajo la finalidad de distintas inversiones que optaron cada accionista.

En el caso de Adriana Remonda, se dedicó al cultivo de soja. De hecho, en el año 2008, en pleno conflicto por la resolución 125 para aumentar las retenciones sojeras, Adriana había presentado una demanda para evitar su aplicación en la provincia de Córdoba. Quien aceptó esa solicitud fue el juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien se ha costumbrado durante décadas aceptar medidas cautelares del multimedio Clarín contra toda ley que limite sus negocios.

Esos mismos que permanecen tan ocultos en los interiores de una guarida fiscal o de una montaña cordobesa.