Cuatro alianzas y un lobby

Se oficializaron los frentes electorales cordobeses que se disputarán en el Congreso. Pero también, lidiarán con las presiones de los intereses del sector alimenticio y agropecuario, cuya maximización de ganancias van al ritmo de la inflación y los agroquímicos. Más todavía con la aprobación de la ley de etiquetados y el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que habla de “agrotóxicos”. Entre sus referentes: un operador del Acuerdo Porcino, un ladrón de vacas e inmobiliarias nutridas por el boom sojero, el desmonte y la compra de tierras fiscales a precio vil, como GNI Propietarian.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

En Córdoba, habrá cuatro frentes electorales -Frente de Izquierda y de lxs Trabajadores Unidad, Frente de Todxs, Hacemos Por Córdoba y Juntxs Por el Cambio-, más partidos individuales, que lucharán para ocupar tres bancas en el Senado y nueve en Diputadxs en las PASO del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre.

El oficialismo provincial elevó su lista de partidos políticos (pasando de ser una decena en 2019 a una docena y media) para exponer su rasgo “dialoguista” de no tan alcance territorial. Las alianzas “progres” con el Partido Justicialista se mantienen con el Partido Socialista y el GEN, a pesar que el primero está rivalizado con el PJ en Santa Fe, mientras que la máxima referenta del segundo, Margarita Stolbizer, acaba de unirse con el frente “cambiemista” en Capital Federal y el Bonaerense.

Por el lado del oficialismo nacional, tuvo una reducción partidaria de una tercera parte, donde algunos desprendimientos se unieron al proyecto schiarettista. Pero al contar con el “albertista”, y no tan “cristinista”, Carlos Caserio como más que probable candidato estelar, garantizaría una división en el voto peronista.

En el caso de la principal oposición de ambos frentes, además de los tradicionales UCR, PRO, Frente Cívico y Coalición Cívica, se sumaron los partidos Primero La Gente y Liberal Republicano. Del primero, no sorprende. Del segundo sí, porque también figura en la lista de Hacemos Por Córdoba (!).

Finalmente, el frente trotskista mantuvo sus cuatro tradicionales (PO, PTS, IS y MST), sin poder convencer a otros partidos cuyo margen de votos son efímeros.

Posibles candidatxs favoritxs para la Cámara Alta. Es lo que hay.

Pero así como vamos visualizando el mapa electoral político, también podemos contemplar el mapa “presionador económico” sobre los mismos.

Tropas de ediles

Un viejo ensayo titulado Un país sin rumbo. ¿Cómo se hacen las políticas públicas en Argentina?, escrito por Pablo Spiller y Mariano Tommasi, afirma que “las malas políticas económicas” surgen por culpa de los propios procesos que las formulan, donde el Congreso Nacional tiene un rol fundamental.

Los partidos que ocupan bancas actúan como intermediarios para que el Estado Nacional le transfiera recursos a las provincias, manejada por gobernadores que, al limitarse solo en perpetuar su poder, no están del todo interesados en fortalecer las instituciones. Ante ello, “contribuyen a la reducción de los horizontes políticos de los legisladores y, a través de un equilibrio general institucional, afectan a los incentivos del resto del sistema”.

Todo esto se explica por las medidas tomadas en los años noventa, donde por un lado se descentralizó el gasto público, transfiriendo fondos fiscales a las provincias, y por el otro, la destrucción del Estado de Bienestar. A esto se le suma la reforma constitucional, donde el dominio originario de los recursos naturales se los cede a las respectivas jurisdicciones.

Libro del BID, donde figura el mencionado ensayo.

Por ende, hablamos de una “tropa de ediles” con discursos separatistas que enarbolan las banderas de sus provincias, pero sin ser claros en cuanto a las raíces de los problemas macroeconómicos nacionales. Tal es el caso reciente del aumento de la carne, cuyos dirigentes provinciales optan por alinearse con los operadores de precios.

No solo por parte de oficialistas. Durante el debate en el Senado por la ley del nuevo régimen de biocombustibles, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado dijo que en el momento en que “aprieten el botón para sancionar esta ley, Córdoba va a estar de luto”. Desatinado comentario, en el contexto nacional de los días de luto por las cien mil muertes por Covid-19. Además, el botón se apretó y acá apenas se embroncaron las familias Urquía, Porta y Accastello.

La azúcar, entre la cal y la arena

El ensayo de Spiller y Tommasi fue publicado hace unos 15 años. En una década y media, con el cambio generacional, las nuevas demandas quebraron esos consensos con debates candentes como la Ley de Medios Audiovisuales, el Matrimonio Igualitario, el Aborte Legal y, ahora, la Ley de Etiquetado Frontal en los Alimentos, dividiendo la posición de los bloques. Acerca de ese último caso, es archiconocido el viaje que realizó el presidente de la Cámara de Diputadxs, Sergio Massa, a la provincia de Tucumán, después que se le dio media sanción en el Senado. Se trata de una de las provincias donde se concentra el lobby azucarero, que cuentan con la ayuda del diputado Pablo Yedlin, presidente de la comisión de salud, bajo la batuta del gobernador tucumano Juan Manzur, ex ministro nacional de salud. De saludables, nada.

Pero el emporio azucarero, encabezado por los ingenios Ledesma de Carlos Blaquier, quien acaba de recibir un fallo de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue su participación en crímenes de lesa humana, también tuvo su costado tranquilizador. La nueva ley de biocombustibles no solo reduce a la mitad el corte de suministro de biodiésel, de origen sojero, sino que mantiene el corte para el bioetanol en las naftas, pero cuyas mitades deben provenir tanto del maíz y como de la caña de azúcar. Eso es porque el endulzante no es un commoditie como el cereal y la oleaginosa, y por ende no genera divisas. Pero sí acrecienta el capital de ese sector. Por eso también fue aprobado por tres senadores de la UCR, oriundxs de Jujuy y Tucumán.

Tan mayores como los precios

Si uno presta atención a los argumentos en contra del etiquetado -que es autoritario, que pone en peligro el trabajo, que cercena la libre expresión, etc.-, ninguno mencionó los derechos de lxs niñxs y adolescentes a una alimentación sana. Un destacado ejemplo sobre el adultocentrismo en la política.

El lobby que presiona contra ese proyecto es el actual presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, que también es titular de la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, donde participan la Aceitera General Deheza, Arcor y su lechera La Serenísima, Cargill, Coca-Cola, Danone, Fargo, Ferrero (de los huevos Kinder), obviamente que Ledesma, Molinos, Nestlé, Paladini, Pepsico, Quickfood, Quilmes, bodegas de vinos, bebidas energizantes, etc.

Funes de Rioja no es empresario, es abogado. La razón de por qué encabeza la UIA y, a la vez, las directrices del mercado alimenticio, área sensible cuyo precios de sus productos han ido por arriba de la inflación promedio, es porque mantiene los punteos para presionar a los poderes ejecutivo y legislativo a concretar medidas de ajuste laboral, del cual se ha especializado como asesor de distintas compañías en cuestiones de esa índole.

El presidente materno y el lobbista adultocéntrico Funes de Rioja, hace un año atrás. Ph: Gentileza Infobae.

Que sea la clase trabajadora quien deba continuar con hacerse cargo de la crisis no solo es doloroso en las billeteras, sino también en la salud. En la siguiente gráfica del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba, se observa la evolución de consumo entre los meses de junio del 2020 y 2021. Así vemos que, por la pérdida del poder adquisitivo, se incrementó la compra de menudos cárnicos, infusiones, papas y azúcares, mientras que retrocedieron los pescados, las carnes vacunas, las frutas y verduras, y los lácteos. Es decir, a lxs niñxs se les reemplazó la leche por el mate cocido, las verduras por el puré o papa hervida, y el bife por el hígado. Ni hablar que en lugar de manzanas y bananas, hay harina y azúcar.

Agrotóxicos

Más dolor de cabeza le generó éste lobby que la Sociedad Argentina de Pediatría aceptara publicar en su página web el informe titulado “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, conformada por una docena de artículos sobre el tema, y que lo pueden leer haciendo click en el presente párrafo.

En sus 171 páginas, se señala que los “niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicidas, en relación a su mayor superficie corporal, mayor exposición y tasa de absorción por todas las vías, la presencia de succión no nutritiva y por vía de lactancia materna. Lo cual, sumado a lo restringido de su dieta, hace que en los primeros cinco años acumulará el 50% de la exposición a plaguicidas, que recibirá en toda su vida”.

Los déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, autismo y trastornos de conducta han sido asociados a esa exposición y también, por estudios epidemiológicos, a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Además, se encontraron estudios que la asocian con tumores hematológicos y leucemia. También, se encontró una asociación positiva con aberraciones cromosómicas.

El uso del bronco dilatador en preadolescentes es frecuente en quienes habitan, a sotavento, de los silos y acopios de granos del pueblo, lugar hacia donde generalmente el viento dispersa la cascarilla de maíz y soja que emiten los silos, cargada de residuos químicos.

Según calcula el pediatra Medardo Ávila Vásquez, la carga de exposición ambiental de pesticidas en todo el país es de 11,9 litros/persona; para la provincia de Córdoba, es de 25 litros/persona; y para los pueblos productivos cordobeses es entre 80 y 121 litros/persona.

Foto de archivo de Monte Maíz, donde lxs ninxs juegan en una plaza pegada a establecimientos que trabajan con plaguicidas. El glifosato se utilizó para sacar “yuyo” en las veredas. Ph: Lea Ross.

Para el ingeniero agrónomo Javier Souza Casandinho, si bien los primeros casos de intoxicaciones agudas se registran entre los años sesenta y setenta, es a partir de fines de los noventa cuando se magnifica el problema, explicado por una serie de factores: el incremento en el uso de agrotóxicos, en particular los que se categorizan como alta toxicidad; las mezclas de hasta cuatro principios activos, la ampliación en su aplicación aérea, las pulverizaciones en cercanías de las comunidades y sobre las escuelas, la ampliación de información sanitaria sobre estos temas, etc.

Finalmente, los doctores Damián Markov e Ignacio Bocles aclaran que es difícil “establecer una relación causa-efecto”, ya que tanto las alteraciones neurológicas como tumores cerebrales en la infancia son de causa multifactorial: “Es más sencillo establecer este tipo de relaciones en exposiciones agudas, pero al tratarse de exposiciones a bajas dosis por períodos prolongados de tiempo su análisis se torna más complejo”.

Pero aclaran que “se estima que en Argentina, todas esas pequeñas poblaciones sumadas significan 12 millones de habitantes. El trabajo censal local, pero también el trabajo colaborativo que permite agrupar información de distintas comunidades, es particularmente importante para lograr generar información confiable sobre la situación”.

Cochinada

Si no son los agroquímicos en cultivos para el forraje externo, también lo son para los de forraje interno, si llegara a concretarse el acuerdo con China para instalar megafactorías de chanchos, donde supuestamente se firmaría para el mes de septiembre, según un artículo que publicó Martin Dinatale para El Cronista Comercial, y desmentida por la propia Cancillería al día siguiente.

Y en otro día posterior, se confirmó que los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano compraron la totalidad del paquete de El Cronista. El resurgimiento de estos dos comenzó cuando, a fines del año pasado, adquirieron la empresa Edenor de Marcelo Mindlin, considerado como “el zar” de la energía, pero sobretodo como el “empresario favorito de Macri”. La posible reconfiguración de la burguesía nacional versión 2021 se libró luego del desinfle del farmacéutico Hugo Sigman, al no haber cumplido a tiempo con el suministro de vacunas contra el Covid-19, a base del principio activo hecho por sus laboratorios.

El dueño de los centros de producción medicinal, concentrados a la vera de la Ruta Panamericana, en la localidad de Garín, tiene un enorme peso en la Cámara Argentina de Biotecnología, mezclado con firmas agropecuarias y alimenticias, como las cordobesas Arcor, AGD y Porta Hnos., la jujeña Ledesma y la santafecina Vicentín, involucradas también en el negocio de los biocombustibles.

Quien opera para que las fábricas chancheras se instalen más lejos de la pampa húmeda y más cerca para sus ranchos es el intendente de Jesús María Luis Picat, dueño del frigorífico Qualitá, que realiza exportaciones para distintos continentes y recientemente La Voz del Interior le realizó una nota condescendiente sin mencionar su cargo público. Sobre el acuerdo porcino, Picat dijo el año pasado, al periodista Matías Longoni, que fue “un proyecto al que se sumó la empresa Biogénesis Bagó, en donde vimos que los chinos estaban buscando lugares aptos”. Biogénesis Bagó es la sucursal de salud animal de Sigman.

Picat fue anteriormente presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, y quien lo acompaño como vice fue su amigo Luis Magliano, quien lo reemplazó a penas el primero asumió la intendencia. Magliano, ex prófugo internacional, está imputado en la provincia de Santiago del Estero por el robo de más de cuatro mil vacas.

Protesta en la sede de la Rural de JM en 2020. Gentileza: Radio de Jesús María.

Entre las caratulas de la causa, figura la de asociación ilícita, donde involucra, entre otros, a Juan Pablo Miretti, otro presidente de la Sociedad Rural, en este caso del Noreste Santiqueño. Y también a José Demichelli, administrador del fondo de inversión ADBlick. Para septiembre de 2020, cuando se pretendía recalibrar la firma del Memorándum porcino, se realizó una charla titulada “Argentina Visión 2020/2040”, organizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos, la Universidad Austral y dos empresas: ADBlick y Bioceres, de Hugo Sigman. Precisamente, uno de los más importantes expositores fue el dueño de Biogenesis Bagó. No cualquiera puede lograr que Sigman hable en público.

No se inunda más

Magliano fue quien también logró unificar el sector agropecuario con el sector comercial, en su afán de presionar al Estado de tomar medidas a fin de preservar la maximización de sus ganancias. Lo impulsó desde el año pasado, tal como lo expone la siguiente fotografía, con el presi de la Rural entrecruzando sus dedos, sin saber que un año después tendría pedido de captura.

Esa unión empujó el lanzamiento de carteles que proliferan en la capital cordobesa con la consigna #NoPodemosMás, en rechazo al desempleo, la inflación, la pobreza, la inseguridad y los impuestos. A pesar de ser problemáticas que padece gran parte de la sociedad trabajadora, la firma cuenta con entidades patronales, como son CARTEZ y el C20.

La primera nuclea a integrantes de las distintas Sociedades Rurales de Córdoba, La Rioja, Catamarca y San Luis, y participaron de la concentración chacarera en la localidad de San Nicolás el pasado 9 de julio, con la presencia de Patricia Bullrich a caballo y poncho encima. Mientras que la segunda, agrupa a cámaras empresariales “unidas por la promoción y defensa de las PyMES”. Sin embargo, viene funcionando más como una entidad política que económica, al rechazar el proyecto oficialista de la reforma judicial, como así también las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner contra la Corte Suprema y la liberación de ex funcionarios nacionales.

Foto de quienes integran el C20. La igualdad de género te la debo.

Foto de quienes integran el C20, con unxs amigxs.

Lejos de las pequeñas empresas, en el C20 participa la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, donde aparecen Edisur, Betania, Grupo Proaco, Dinosaurio y GNI Propietarian, varios beneficiados por la compra de tierras fiscales a precio vil, durante las gobernaciones de José Manuel de la Sota.

Del robo de vacas al robo de calles

Sobre GNI Propietarian, la empresa ha sido cuestionada por la comuna de Villa del Dique, departamento de Calamuchita, porque su emprendimiento “Punta Peñón” se la pasó construyendo casas sobre un camino público, llamado Vuelta del Cerro, y porque desmontaron bosque nativo para el paso de un corredor privado.

GNI comenzó siendo un emprendimiento en la localidad de Genera Deheza, bajo el impulso de la soja transgénica, para luego convertirse en un fideicomiso inmobiliario, para recibir fondos de productores agropecuarios, dispuestos a comprar departamentos en Nueva Córdoba. En el año 2006, cuando el Gobierno de Córdoba puso en venta la manzana pegada en las calles Humberto Primo y la Cañada de la ciudad capital, GNI fue la única empresa dispuesta a adquirirla. Así nació su máximo emprendimiento Capitalinas, cuyas oficinas están ocupadas por renombradas firmas de multinacionales.

Los 13.200 metros cuadrados fueron rematados en 10,5 millones de pesos, unos 250 dólares el metro cuadrado, cuando el precio promedio rondaba los mil dólares, sin incluir la calle pública de 1.020 metros cuadrados paralela a La Cañada, según una investigación del colega Lázaro Llorens. Capitalinas fue beneficiada por la Ordenanza municipal 11.272, al aceptar construir sus torres por arriba de lo permitido y de quedarse con el camino, a cambio de ceder un espacio verde público. Eso último nunca se concretó. Y en 2014, según La Voz del Interior, se estableció como contraprestación un aporte de 3,6 millones de pesos en maquinaria y obras para una farmacia y un jardín. En ese entonces, tres palos equivalían a 266 mil dólares. Eso es solo la cuarta parte de lo que no pagó a precio real por las tierras al borde de aquel camino.

El Punta Peñon en Calamuchita se asemeja a Torres del Lago en Punilla: ambos están pegados a un embalse, se los cuestiona por desmontar y estar flojo de papeles, y de tener tensiones con las comunidades y autoridades. Acerca del “Miami del San Roque”, su audiencia pública acaba de ser cancelada, luego de la gran polémica que se desató, incluso dentro de algunos dirigentes del oficialismo provincial. El cese ocurrió después de concretarse el armado electoral para las PASO. Un ejemplo de tironeo, aunque a escala menor, de lo que padecerían las cuatro alianzas frente a los intereses sectoriales, de cara al poroteo en el Congreso.