INFORMES

Una mosquera en la sopa

Comparte!

La renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba deja atrás un vendaval de abusos y un chisporroteo televisivo sobre la inseguridad.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

Los cambios en el gabinete del gobernador Juan Schiaretti se explica por el torniquete temporal frente al advenimiento de las elecciones del próximo año. Para eso, se recalibran las relaciones con los pueblos del interior (luego del baldazo de agua fría en las elecciones municipales de Marcos Juárez) y el avance de causas judiciales contra sus propias tropas (sea las muertes de bebés en el Hospital Neonatal como el asesinato de Valentino Blas Correas, que acaba de comenzar). Todo eso lo profundiza su humilde servidor en esta nota que le realizaron en Radio Panamericana, de Huerta Grande.

Alita de Mosquera

Pero no hay dudas que el apartamiento más comentado fue el de Alfonso Fernando Mosquera, quien volvió a ocupar su cargo en la Legislatura, aunque en un ambiente mucho más incómodo. En los estudios de Canal 12, realizó lo que él consideró su “primera y última entrevista” para hablar de estos temas.

Enfatizó que la solución a la inseguridad no puede relegarse solo a la labor policial, sino a las políticas públicas que incidan en lo económico. Loable, pero cae en un cliché anacrónico, referido a la incidencia del “buen empleo” o al PBI de un país. Un reciente estudio del Instituto por la Economía y la Paz (IEP) señala lo contrario: Argentina tiene un Índice de la Paz más bajo que EE.UU., a pesar que tenemos cinco o seis veces menos riquezas que el país del norte. Ese índice se mide por variables referidas a violencias domésticas y callejeras, como así también a conflictos internacionales y de militarización. Por ende, no es tan “evidente” que los países desarrollados sean los más seguros.

El PBI no funciona como indicador unívoco para determinar la raíz de la violencia. De hecho, la desocupación nacional actual es de las más bajas del presente siglo. Pero los salarios que se ofrecen no alcanzan la canasta básica. Eso implicaría discutir cómo se distribuye la renta para una determinada población, sea provincial o nacional.

En las filminas que expuso Mosquera en el estudio televisivo, señala que la provincia de Córdoba tiene una tasa de homicidios dolosos por debajo de las que tienen las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Los datos fueron extraídos del Sistema Nacional de Información Criminal. Los datos son correctos. Pero con escueta profundidad histórica. Porque si vemos esos números con tendencia desde 2001, Córdoba siempre estuvo posicionada en ese tercer escalafón.

En el caso de Santa Fe, cuyos casos de violencia urbana son noticia corriente, teniendo como principal foco en Rosario, vemos que fue a partir de 2003 que comenzó a superar nada menos que a la región bonaerense en cuanto a asesinatos ejecutados. No es casual que esa fecha marca el ascenso del alza de los commodities agrícolas, donde Rosario no solo convive con el narcotráfico, sino también con los puertos privados de grandes compañías cerealeras que no garantizan un derrame equilibrado.

Córdoba también tiene esos problemas, donde la reprimarización de la economía llevó a un gran crecimiento en la actividad agrícola, que demanda poca mano de obra, y teniendo como contracara el retroceso del desarrollo industrial, como lo refleja éste gráfico del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES).

En los últimos años, el INDEC advierte que el Gran Córdoba (capital y alrededores) tiene los peores índices de desocupación, de ocupadxs demandantes de empleo, de subocupación y de subocupación demandante. Ergo: la desocupación tampoco es una variable unívoca sobre la violencia.

La diferencia con Santa Fe es que Córdoba no tiene puertos. Y la privatización de las mismas sería la clave de esa violencia vecina, como lo expone el documental Ciudad del boom, ciudad del bang (2013), de la revista Crisis y del Club de Investigaciones Urbanas. El mediometraje se torna más actual y necesario de ser visto, frente a discursos gubernamentales que santifican sus matrices económicas y tratan de sacarse de encima ciertas moscas nadando en su sopa.

Prontuario

La carrera de Mosquera en el manejo de las fuerzas policiales había arrancado en julio de 2018, ocupando la secretaría de Seguridad en reemplazo de Diego Hak, quien había renunciado al enterarse que su padre había cobrado coimas a empresarios de espectáculos nocturnos. En 17 meses, como secretario, Mosquera tuvo que lidiar con las siguientes situaciones y polémicas:

  • el 21 de agosto de 2018, pidió a la Fiscalía de Carlos Paz que le habilite a desalojar un bloqueo contra topadoras de la Autovía de Punilla en la comuna de San Roque. La represión se concretó con detenciones. Un mes después, el gobierno anunció que se cambiaba la traza;
  • el 10 de septiembre, el cabo Ricardo Campos asesinó a su esposa en barrio Chateau Carreas, con un disparo por la espalda;
  • el 14 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal anunció la detención de un cabo en Belle Ville por dedicase a vender droga;
  • al mes siguiente, Mosquera defendió el acuerdo establecido con la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, para que Gendarmería inspeccione los documentos a los pasajeros de los colectivos. Organismos de Derechos Humanos señalaron que se trataba de una política que remitía a la Dictadura;
  • a mediados de ese mismo octubre, Mosquera anunció que se iba a resarcir económicamente a los dueños de 77 motocicletas secuestradas y depositadas en la comisaría 27ma., que fueron consumidas por un incendio. Resulta que al personal del destacamento policial se le fue las manos con el fuego del asado;
  • el sábado 2 de marzo de 2019, el director general de Control de Conducta Policial, comisario mayor Rodolfo González, protagonizó un choque en Villa Carlos Paz, contra otro auto que estaba parado frente a un semáforo en rojo. El policía insultó a los jóvenes del otro vehículo y se retiro. Fue desplazado por el jefe policial;
  • en abril de ese año, otro choque fue protagonizado por el comisario general Jorge López con una camioneta oficial, en el autódromo Oscar Cabalén. Fue trasladado a la comisaría de Alta Gracía;
  • en mayo, el comisario mayor Oscar Córdoba denunció que su arma reglamentaria había desaparecido en su propia oficina. Lo sancionaron por negligencia;
  • en ese mismo mes, cuatro policías de Río Cuarto fueron removidos por haber fracturado la mandíbula a un joven detenido en motocicleta;
  • el 3 de agosto, el policía Maximiliano Mansilla Villarreal detuvo a una pareja que estaba estacionando un auto en Ciudad Universitaria. Amenazó a la persona masculina de alejarse del vehículo y abuso sexualmente a su compañera. En junio de 2021, fue condenado a 11 años de prisión;
  • el 17 de septiembre, un sargento es detenido y acusado de participar de una banda que había asaltado un colectivo con rumbo a Buenos Aires;
  • en el mismo mes, detienen a un oficial principal de Villa María por efectuar disparos en el pavimento para atemorizar al padre de su ex-novia;
  • en octubre de 2019, es denunciado Luis Oviedo (32), policía de Mina Clavero, por utilizar las tarjetas de crédito de sus propios compañeros de la comisaría para sustraerles su propio dinero para fines propios. La causa es elevada a juicio.

Luego de la asunción de Schiaretti para su actual mandato, Mosquera fue ascendido a ministro del área. Lo que sigue a continuación, es su prontuario ya con ese rango.

2020

  • en mayo, una agente es detenida por violar la cuarentena, participar de una riña entre vecinos y por portar gramos de marihuana. Ocurrió en el barrio Alberdi de la capital;
  • el 4 de julio, es asesinado José “Beco” Ávila, un vendedor a domicilio de Villa El Libertador. Fue ultimado de un disparo en el abdomen por dos policías en moto. En agosto de 2022, condenaron al suboficial Lucas Navarro y al cabo Gabriel Juárez a 11 y 5 y medio años de prisión por homicidio agravado y encubrimiento respectivamente;
  • el 2 de agosto, es detenido el comisario Alejandro Álvarez, de Monte Buey, acusado por violación sexual contra una joven de 16 años;
  • el 6 de agosto, es asesinado Valentino Blas Correas, cuando dos uniformados ejecutaron disparos contra el auto en el que viajaban. En estos momentos, se lleva a cabo el juicio, donde hay trece policías sentados en el banquillo, debido a una frustrada maniobra de encubrimiento;
  • a finales de agosto, Solange Musse muere en un hospital a causa de un cáncer. Su padre no pudo estar con ella, a pesar de haber viajado desde Neuquén, por restricción policial;
  • en septiembre, se detienen a dos policías acusados de vender drogas en Cruz del Eje y San Marcos Sierras. Uno de ellos, era el chofer del comisario de Villa Carlos Paz. La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía de Dean Funes;
  • el 24 de septiembre, dos policías detienen un taxi y le incautan sin razón un cuchillo, propiedad de un pasajero. Nunca se lo notificaron a sus superiores. Fueron imputados por robo;
  • el 25 de octubre, es asesinado Joaquín Paredes en Paso Viejo, departamento de Cruz de Eje, por un ataque policial contra jóvenes en una plaza. Otros dos resultaron heridos. La causa está elevada a juicio;
  • en noviembre, detienen por error al sargento Gonzalo Roldán, acusado de haber asaltado una financiera. Cuando fue liberado, declaró ante la prensa contra la División de Robos y Hurtos: “No sé si se equivocaron o si me quisieron perjudicar”;
  • el 19 de noviembre, un operativo de cien uniformados desalojaron de manera violenta una toma de tierras, donde habitaban alrededor de 60 familias, en un predio camino a Capilla de los Remedios;
  • el 3 de diciembre, el comisario inspector Mauricio Mielgo fue ascendido a comisario de la departamental de Marcos Juárez, a pesar de haber sido denunciado en 2018 por acoso sexual por parte de una ex policía. El 12 de marzo de 2021, intimó al periodista Andrés Ferreyra, con una carta documento, por haber expuesto esa denuncia. Finalmente, por la repercusión de lo sucedido con el colega, Mielgo fue retirado dos semanas después;
  • el 20 de diciembre, en el barrio San Martín de la Capital, el cabo Jorge Vázquez (35), mató de varios balazos a su pareja, Carla Oviedo (31). Acto seguido, se quitó la vida.

2021

  • en la madrugada del 29 de enero, en el barrio Yofre Norte, un vecino detiene a Abel Sánchez (26) por haberle arrebatado su celular, y mediante una maniobra lo estrangula. La fiscal Patricia García Ramírez no solo lo imputa por homicidio, sino también a un grupo de policías, acusados de haber colaborado en el hecho y por falso testimonio;
  • el 14 de abril, se desbarata una organización criminal, donde asaltaban viviendas, haciéndose pasar por policías para habilitar la entrada a la puerta. En junio, La Voz del Interior expuso que hubo un faltante de 50 mil pesos obtenido en esos allanamientos. El dato ratifica la sospecha que esa banda de “poliladrones” estarían involucrados policías de verdad;
  • en la madrugada del 16 de abril, un grupo de policías detienen un auto manejado por un grupo de jóvenes. Los mantienen detenidos, incautando un celular, manteniendo a una de ellas semidesnuda, e incluso burlándose de ella. En declaraciones a La Voz, las víctimas aseguran que esos maltratos fueron por lesbofobia;
  • el 15 de junio, la fiscal Jorgelina Gómez imputa a un cabo de la Departamental de Punilla por haberse ausentado por meses de su trabajo. Se sospecha que hubo dinero de por medio para convencer a sus pares que lo “cubran”;
  • el 17 de junio, el fiscal José Mana imputa a un oficial ayudante por evasión culposa. Se lo acusó por haber dejado escapar a un detenido en Tribunales II;
  • el 20 de agosto, durante un rastrillaje en un campo para la investigación sobre la desaparición de Mariela Bessonart, ocurrida a partir de 2006, tres policías sacaban fotografías del operativo y los compartieron con particulares en privado. A los pocos días, el Ministerio Público Fiscal imputó a esos uniformados por desobediencia a la autoridad;
  • el 27 de agosto, en la zona de Cerro Chico de la ciudad de Córdoba, se originó una pueblada en repudio al asesinato policial contra un supuesto asaltante. Por el hecho, fue detenido el oficial principal Martín Vallejos, pero luego de un día fue liberado;
  • el 29 de septiembre, un cabo de la Policía detiene a una repartidora de lomitos en Nueva Córdoba. En un confuso episodio, llegan más uniformados y la detienen. Al año siguiente, al policía lo imputan por abuso de autoridad;
  • en octubre, La Voz del Interior relata que un comisario, de la división de Investigaciones Criminales, fue arrestado por un grave hecho de violencia de género, ocurrido semanas atrás;
  • a comienzos de octubre, en Silvio Pellico, el suboficial Ezequiel Seia (37) mató a su pareja, Romina Depetris (34), y luego se quitó la vida con la misma pistola reglamentaria.
  • el 10 de octubre, en Alta Gracia, el suboficial Carlos Suárez (40) mató a su pareja, Carolina Figueroa (36), con su arma reglamentaria y en la casa donde vivían. El asesino se quitó luego la vida con el mismo objeto, en un cementerio;

2022

  • el 13 de enero, es asaltado la sede de la Departamental Punilla, en Villa Carlos Paz, donde se sustrajeron 20 millones de pesos más pruebas materiales. Por el hecho, fueron desplazadas las dos máximas autoridades.
  • el 11 de febrero, detienen e imputan a un policía, acusado de pedir coimas a cualquiera que quería presentar una denuncia en la comisaría de Balnearia;
  • el 15 de febrero, un policía de civil, Franco Paglino (28) mató con 13 disparos a Víctor Calderón, un joven de 21 años en barrio Parque de la Vega III, por un supuesto asalto;
  • el 12 de marzo, se anunció la imputación de diez personas, acusadas de orquestar una estafa piramidal, con más de 50 personas damnificadas. Los acusados son un contador, un abogado y ocho policías;
  • el 17 de marzo, Julián Garay (22 años) murió en Las Tapias, luego de volcar su auto, fruto de una persecución policial. Dos suboficiales permanecen imputados por homicidio dolo eventual;
  • el 17 de abril, tres policías golpearon a un joven que disfrutaba una noche de baile en Forja en plena madrugada. También le sustrajeron su teléfono celular. Fueron imputados por el fiscal Raúl Garzón;
  • el 24 de abril, se escucharon disparos en un complejo habitacional de Procrear en San Francisco. Fue detenido un subcomisario de la departamental de San Justo, que mantenía una discusión con su pareja, también policía. No hubo heridos, pero se sospecha un caso de violencia de género;
  • el 10 de mayo, un grupo de policías desalojó a las 3:45 de la madrugada a una docena de manifestantes que se instalaron en modo acampe frente a un obrador en Molinari-Cosquín, contra el avance de uno de los tramos de la Autovía de Punilla. La fiscalía a cargo señaló que nunca había dado la orden y aseguró que iba a librar una investigación. Algunos uniformados a cargo de esos operativos quedaron desplazados un mes después por el asesinato de Jonathan Romo;
  • en junio, se imputaron a seis policías en Morteros (subcomisarios, sargentos y oficiales ayudantes), por haber robado una pistola secuestrada por un hecho delictivo y con pretensiones de venderla a otros delincuentes;
  • el 8 de junio, es arrestado el joven de 21 años Ezequiel Castro, del barrio Cerro Norte. Luego de ser trasladado en distintos establecimientos policiales y penitenciarios, terminó muerto el 14 de junio en el Hospital Misericordia. Su cuerpo habría recibido fuertes golpes y con problemas de deshidratación;
  • en julio, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deja en situación pasiva a un comisario de Villa El Totoral, por ejercer maltratos a un sargento de su destacamento, cuya evidencia fue un registro celular realizado por el denunciante;
  • el 10 de julio, es asesinado en La Falda Jonathan Romo, por parte de policías que lo asfixiaron de manera mecánica. El hecho implicó el descabezamiento de las fuerzas policiales del departamento Punilla. Por ahora, hay seis uniformados imputados, por homicidio y encubrimiento;
  • el 20 de julio, uno de los policías desplazados por el asesinato de Romo, Julio Farías, aseguró que los policías de Córdoba están mal capacitados y no tienen puntería. En algunos medios, se publican números sobre informes secretos, que revelarían que la mitad de los personal está mal capacitado para usar el arma reglamentaria;
  • el 2 de agosto, se conocieron los fundamentos de la sentencia por el femicidio de Cecilia Basaldúa (asesinada a principios de 2020), donde fue absuelto el único implicado, señalado como un perejil. Dos de los tres vocales consideraron que durante la investigación, el implicado fue sometido a un interrogatorio en la comisaría donde “no se desarrolló conforme prevén normas legales y constitucionales”. Los testimonios de los policías fueron lo único que se basó la fiscalía para elevar la causa, que implicó que el acusado estuviera dos años preso de manera preventiva;
  • el 3 de agosto, La Voz del Interior publicó que desaparecieron 18 motocicletas en el predio estatal de Bouwer. Se recuerda que el año pasado, doce efectivos fueron imputados por el fuero Anticorrupción acusados de integrar una banda dedicada al robo de esas motos;
  • el 30 de agosto, imputaron a una policía de Villa María por encubrimiento agravado por presuntamente ayudar a un hombre cercano a ella que está detenido por violencia de género;
  • a mediados de septiembre, desde la prensa se señaló que Mosquera estaba analizando, a partir de los reclamos de inseguridad, la posibilidad de reincorporar policías retirados, ante la falta de personal. Especialistas en seguridad pública repudiaron la posible medida;
  • el 19 de septiembre, en barrio Villa Cornú, una mujer policía abrió fuego contra un asalto a mano armada, pero la bala impactó en un vecino de 65 años de edad que pasó cerca del lugar. La uniformada está imputada por abuso de arma de fuego;
  • el 21 de septiembre, justo después de la renuncia de Mosquera, se desmantela una organización criminal, mediante el desbaratamiento en Córdoba, Anisacate y San Agustín, con gran cantidad de armamento y vehículos. Hay 13 personas detenidas. Entre ellos: un oficial de policía en función y dos ex agentes.