El abogado y la campesina

Juan Manuel Delgado y Ramona Bustamante. Cal y arena. Dos realidades distintas, pero complementarias, en el armado de esa argamasa cordobesista.

Por Lea Ross

Mucha rabia, de acá para allá, se disipó con la noticia que el gobernador Juan Schiaretti propuso a su propio procurador del tesoro para ejercer la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal, puesto que se encuentra vacante desde hace meses, y que entre sus funciones está la de “promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales”. Se trata de Juan Manuel Delgado, el “Negro”, como lo conocen cariñosamente.

El Gringo y el Negro.

Según la colega María Ester Romero, dentro de una serie de notas que publicó para Perfil.com, una de las principales prioridades que tiene el Negro Delgado, en caso de ejercer el cargo de fiscal general de la provincia, serán las investigaciones ligadas a la violencia de género.

Curioso. No por el hecho que se recibió en la Universidad Católica de Córdoba, sino porque luego obtuvo un magíster en la Universidad Austral, autodefinida como “una obra de apostolado corporativo de la Prelatura del Opus Dei”. Además, algunas crónicas señalan que Delgado trabajó con Jorge Scala, un reconocido jurista ultra-católico, que junto con el ex legislador Aurelio García Elorrio, pusieron un freno a la comercialización de la píldora del día después en el año 2002. Dicho sea de paso, a pesar que algunos integrantes de Encuentro Vecinal, el partido de García Elorrio, participaron de la audiencia pública del jueves pasado, para manifestarse en contra de la designación de Delgado, otros que se atan el pañuelo celeste con doble nudo dicen estar a favor.

Según el posible jefe de los fiscales, su prioridad será la violencia de género. Mmm… mirá cómo te mirá Conan.

Ahora bien, nadie hasta ahora contestó una pregunta elemental: ¿por qué Schiaretti propuso a alguien que se formó en el derecho empresarial para hacerse cargo de las investigaciones ligadas a los crímenes más complicados de la Provincia? Aquí, una posible respuesta.

Meta palo y a la Bolsa

Luego de su paso por la Universidad del Opus Dei, el Negro Delgado estuvo casi toda la década pasada en la Bolsa de Comercio de Córdoba, siendo vocal directivo en representación de un estudio jurídico. En esos tiempos, quien ejerció la presidencia de la entidad empresarial era Horacio Parga, presidente de la mayor inmobiliaria de la provincia: Edisur.

Tal como lo expuso La Luna con Gatillo la semana pasada, Edisur otorgó aportes encubierto a la campaña de 2019 de Hacemos Por Córdoba, donde Schiaretti ganó por tercera vez la gobernación, mediante dos de sus filiales: “Urbanizaciones Residenciales SA” y “Emprendimientos Urbanos SRL”.

La buena sintonía de Delgado con Parga le permitió también tener su trabajo en una de las firmas de Edisur, como único síndico suplente dentro de su nave insignia, por lo menos en el año 2014. En la lista de las empresas del Grupo Edisur, también figuran las dos empresas mencionadas que dieron su aporte a Schiaretti.

No solo eso, sino también que el futuro procurador del tesoro cordobés se hizo cargo de una empresa, impulsada por la gremial empresarial, llamada Avales del Centro, una sociedad de garantía recíproca, que ayuda en la conformación de “condiciones de acceso al financiamiento por parte de las PYMES y canalizar el ahorro local a través del mercado de capitales”.

La firma fue creada en el año 2016 y, según el Boletín Oficial, tuvo como presidente al Negro Delgado y que además participó de las reuniones asamblearias, Horacio Parga, de Edisur.

La constitución de Avales del Centro tiene como fecha el 18 de octubre de 2016. Dos días después, según los balances de Edisur, la desarrollista emitió una serie de Obligaciones Negociables -títulos de deuda para el negocio privado-, de cinco millones de dólares, de 7,5% de interés anual, cuyo destino fueron para “integrar capital de trabajo”, en particular para “gastos de estructura y pago a proveedores y contratistas”, y también para “refinanciar pasivos”.

Cabe destacar que en 2003 fuimos la primera empresa del sector desarrollista en Córdoba en utilizar esta herramienta que nos permite financiarnos a mediano plazo, y al mismo tiempo exige profesionalizarnos cada vez más, mantener ordenada la administración y mejorar nuestra información”, señala con orgullo la compañía de Parga.

A pesar que la empresa no lo menciona, quien trabajó como intermediaria para el manejo de éstos préstamos, entre Parga-Delgado y sus acreedores, fue la empresa SyC Inversiones SA, que promueve a las pequeñas y medianas empresas insertarse en el mercado de capitales. Dicho sea de paso, SyC también figura como única empresa financiera que aportó a la campaña electoral de Hacemos Por Córdoba en 2019, tal como figura la tabla que expuso La Luna con Gatillo el domingo pasado.

Finalmente, en los últimos años, se han abierto un sin número de causas judiciales contra empresas del rubro inmobiliario, involucradas en estafas reiteradas, mediante complejos ardides, y con centenares de clientes damnificados sin poder acceder a la vivienda pactada. El último caso conocido, el de Euromayor, brinda la sospecha que el destino de esos fondos fueron a parar a la timba financiera.

Algunos ejemplos: en 2017, la Cámara de Acusación confirmó el juicio contra Esteban Brouwer de Koning, sobrino del papa Francisco, por vender departamentos de pozo que nunca fueron entregados. Un año antes, fueron detenidos los directivos de la firma Derante SA por hechos muy parecidos, donde algunos de sus edificios quedaron abandonados, sin terminar, y fueron vendidos en remate el año pasado.

En 2018, fueron imputados Jorge Ribeiro y su familia, de la empresa Ribeiro Construcciones, por no haber entregado los inmuebles a sus clientes.

En 2019, fue condenado el empresario Marcelo Fleurquin por haber estafado a decenas de familias en donde nunca se les entregó sus lotes. Un año después, apareció en la televisión local aseverando que recibía presiones de la Municipalidad de Córdoba, a cargo del radical Ramón Mestre, para pagar coimas.

A la vez, la fiscal Valeria Rissi es quien lleva a cabo las investigaciones por irregularidades en la urbanización Campo de Vuelo, al noroeste de la ciudad de Córdoba, y de los negocios ocultos de los directivos de Euromayor, que en 2019 fueron detenidos de manera sorpresiva.

La casa está en orden

Por último, en septiembre de 2020, el CEO del Grupo PROACO, Lucas Salim, fue imputado por el Ministerio Público Fiscal, sin tener su propio fiscal general. Pero una semana después, fue absuelto por el fiscal anti-corrupción Gustavo Hidalgo. Salim figura como titular de Trium SA, la inmobiliaria de la familia Porta, y que también está en la lista de aportantes de Hacemos Por Córdoba.

Tanto Porta Hnos., como las vecinas que denuncian su destilería por contaminación ambiental, en el sur de la ciudad de Córdoba, acaban de recibir el aval de la Cámara Federal de Córdoba para que cada unx continúe su disputa judicial en la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, las mismas vecinas recibieron el premio “Berta Cáceres” para mujeres que luchan por el ambiente en América Latina. La ceremonia se hizo en el Congreso de la Nación, a tan solo diez minutos donde el máximo tribunal decidirá si avala o no el fallo del juez Hugo Vaca Narvaja, en donde solo le exigió a la empresa que demuestre que tenga los papeles en regla, en lugar de ordenar la erradicación de la planta.

De esta manera, luego de la veloz absolución de Salim, socio de los Porta, el “Negro” Delgado tratará de “ordenar la casa”, manejando las delgadas líneas de la negra justicia cordobesista.

La soja según Ramona

El boom inmobiliario se nutre del boom sojero. Y como lo ha expuesto La Luna con Gatillo en el informe pasado, la cuarta parte de los fondos de entidades de lucro que financiaron la última campaña de Schiaretti, provienen de la actividad rural y agropecuaria, que a su vez, el 60% ejerce el cultivo de soja. La expansión del negocio agrícola desencadenó conflictos sociales sobre la disputa de las tierras. En particular, contra habitantes que ejercen la actividad campesina como subsistencia de vida.

Ramona Bustamente ha sido el caso más conocido, y nuevamente renombrada en los últimos días, por un fallo judicial que ordena nuevamente el retiro de sus tierras. Habitante del paraje Las Maravillas, cerca de Sebastián Elcano, es recordada en el año 2003 por la expulsión de su vivienda por parte de los hermanos empresarios sojeros Scaramuzza. En aquel entonces, la policía procedió a la destrucción de su vivienda y el ahuyento de los animales en crianza. Al año siguiente, en 2004, se procedió a un segundo desalojo, destrozando nuevamente la choza que Ramona, familiares y allegadxs habían construido luego del siniestro anterior, e incluso contaminando sus pozos con agua.

Actualmente, Juan Carlos Scaramuzza está a cargo de la revisión de cuentas del Consorcio Caminero Nº 53 de Oncativo, que centraliza toda presión al Estado Provincial para que los caminos viales queden en buen estado, muchas veces arruinadas por el peso de las llantas de los camiones que transportan los porotos de soja. Mientras que Egdardo Scaramuzza es un reconocido dirigente de la Federación Agraria de Oncativo. Entre las tantas empresas que figuran como socios, está una que se llama Sojacor SA. Ante tamaña elegancia de nombre, el humilde servidor supone que también tocan el bajo y la bateria para la siguiente banda musical:

Cuando Micky Vainilla absolvió a los Soja Stereo

Luego del doble desalojo de 2003-2004, Ramona y su familia decidieron realizar una denuncia contra los Soja Stereo por estafa. La acusación se basa en haberle hecho “subscribir maliciosamente” a la actual campesina nonagenaria una firma de convenio de desocupación, aprovechándose de su falta de comprensión de cuestiones legalistas. Herramienta de base para, luego, justificara sus posteriores represiones.

La denuncia fue elevada a juicio y en el año 2009, se realizó el proceso judicial contra los hermanos Juan Carlos y Edgardo, socios de Sojacor, no por el mal gusto marketinero de su firma, sino por el abuso contra Ramona. Las audiencia se realizaron en la Cámara Criminal y Correccional de Dean Funes.

Foto de archivo de La Voz del juicio de Ramona vs. Los Scaramuzza.

No solo los cultivadores de soja quedaron absueltos, sino que además, en los fundamentos de la sentencia, los jueces Juan Abraham Elías, Horacio Enrique Ruiz y María Cristina Rodríguez de Pozzoli, como un “adelanto de concepto”, culpabilizaron a la propia Ramona por no haber hecho los trámites de herencia a tiempo para demostrar que esas tierras pertenecían a su padre. Semejante apreciación de los magistrados le permite darle incluso un pié para que en una próxima causa, algún que otro tribunal, amante de aquella música rock pop chacarero -pop para divertirse- pudiera recurrir con ese argumento para denostar a Doña Ramona.

Fragmento de la sentencia que absolvió a los Scaramuzza por estafas a Ramona en 2009.

Una jueza lucrativa

Y ahora, una nueva resolución judicial otorga una via libre para una continuada serie de desalojos contra Ramona. En éste caso, bajo la firma de la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial de Dean Funes, Eva del Valle Mercado, cuyo último trabajo hace más honor a la segunda palabra de su apellido que a la primera.

El Artículo 156 de la Constitución Provincial de Córdoba establece que “Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones”.

Es solo un ejemplo de otras tantas normativas, provinciales y nacionales, que les recuerdan a jueces y juezas la imposibilidad de ejercer actividades económicas por afanes lucrativos.

Lo que dictan las leyes, difieren de lo que puedan resolver los registros de la AFIP.

Ya que según el fisco, al igual que las constancia en Rentas de la Provincia, la jueza Eva del Valle Mercado tiene habilitada el ejercicio de servicios jurídicos desde el año 2013, época que todavía ejercía su cargo de magistrada.

Pero a la vez, más recientemente, en septiembre de 2017, asistió a la AFIP para que se anote como servidora de negocios inmobiliarios realizadas por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Una actividad muy parecida a lo que ejercen los hermanos Scaramuzza, como modo de invertir los excedentes que les brinda la soja.

De no ser aclarada ésta situación, la jueza Mercado estaría violando la Constitución y, por ende, pone en vilo todas las resoluciones que ella ha firmado, incluyendo la expulsión a Ramona.

Mientras tanto, ya se presentó una apelación contra esa resolución, donde se espera su admisibilidad y esperar una resolución de la Cámara de Deán Funes.

¿Son lo mismo?

La preocupante noticia de un posbile nuevo desalojo contra la campesina disparó una variedad de notas periodísticas. Una de ellas, publicado en un portal de Buenos Aires, hizo cita a una “referente ambientalista cordobesa” que la comparó con el caso Dolores Etchevehere, “que si bien pertenece a una familia de muchísimo poder, con un apellido de renombre en el país; no deja de ser una persona que lucha por algo que le corresponde; en eso Ramona y Dolores luchan por lo mismo”.

Si bien puede entenderse que esa comparativa está simplificada para captar a un cierto público de poca comprensión sobre lo que concierne a disputas territoriales, no deja de exponer una problemática dentro del progresismo a la hora de afinar una lectura que exceda nuestra comodidad burguesa.

Aunque Dolores no lograra acceder a la posesión de aquellas tierras en disputa, donde pretende que casi una mitad se destine para un notable emprendimiento agroecológico (la otra mitad, con destino incierto), eso no le genera un límite a su desarrollo de vida. En el caso de Ramona, su casi centenaria existencia estuvo habitada en esas mismas tierras. No es lo mismo vivir de la tierra que vivir en la tierra. Su relación con ella se desenvuelve de una manera más intrínseca e incomprensible dentro de una cierta afinidad urbana.

El valor de cambio de la soja se derrama en el valor de cambio de la tierra. Y eso le nutre a la administración pública en el ejercicio del poder no solo ejecutivo, sino también judicial.