SSC is Dead
Con la decisión del gobierno de suspender definitivamente el plan Volver al Trabajo, se cierran diez años de una política pública nacida de las organizaciones sociales. Breve historia del Salario Social Complementario.
Por Tomás Astelarra (ex beneficiario del SSC)
Corría el fin de año del 2016 cuando empezó a circular entre las compañeras la posibilidad de acceder a un nuevo “plan social” llamado Salario Social Complementario (SSC). La novedad era que esta vez no se trataba de una política meramente asistencialista, sino de un “subsidio al trabajo” que formaba parte del la Ley de Emergencia Social (27.345) aprobada por unanimidad en el Senado y con apenas 4 abstenciones (del FIT) y un voto en contra en Diputados (el inefable prócer de la nueva derecha argentina Alfredo Olmedo). Si, calcularon bien: en pleno gobierno de Cambiemos.
El SSC había sido elaborado y militado por la Confederación de Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), cuyos principales referentes eran, por ese entonces, Emilio Pérsico, por el Movimiento Evita, y Juan Grabois, por el Movimiento de Trabajadoras Excluidas (MTE).
La ley decía que el proyecto tenía como objeto: “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
Disponía, además de la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, que estaría integrado por un representante del ministerio de Desarrollo Social, otro del ministerio de Trabajo, uno del ministerio de Hacienda, y tres representantes de las organizaciones sociales que estuvieran inscritas en el registro.
Si bien un término ya ampliamente utilizado para otras realidades de la Patria Grande, en Argentina, el concepto de “economía popular” había nacido como una forma de empoderar a las ex “desocupadas” o “excluidas” del modelo neoliberal o Consenso de Washington de los noventas. Que en este país había tenido su expresión (y explosión) con el peronismo menemista.
El concepto se ajustaba a la novedad para nuestro país de que no todos los empleos eran formales. Que no todas las trabajadoras tenían aguinaldo, obra social y vacaciones pagas. Y que no todas las personas que no aparecían en las estadísticas de empleo eran necesariamente unas “vagas planeras”.
“Pasamos de la protesta a la propuesta” o “nos inventamos nuestro propio trabajo”, decían las compañeras de los barrios de todo el país, que en el piquete habían compartido ollas comunitarias que luego serían el germen de un comedor popular en alguna casa de familia o ex local de unidad básica y hasta alguna fábrica abandonada. Donde también vendrían jóvenes universitarias a sembrar un “bachillerato popular”. O algún joven militante barrial, como Darío Santillán, lograría manguearle a un empresario de Lanús una bloquera de cemento para inventar una cooperativa de ladrillos para las nuevas casas del barrio okupa de La Fe en Monte Chingolo.
De ahí surgieron también incipientes cooperativas de cartoneras, tejedoras, huerteras, productoras de mermelada, cuidadoras de niñeces y adultos mayores. O incluso radios comunitarias, editoriales independientes o comercializadoras de productos de otras cooperativas u organizaciones indígenas y campesinas.
Aquella época en donde todavía piquete y cacerola eran una sola, y diversos sectores de la clase media, por solidaridad o necesidad, se juntaban a buscar soluciones y oportunidades para la crisis o explosión del modelo neoliberal menemista. Proceso que, de alguna manera, junto con las privatizaciones, la apertura comercial, los celulares, la pizza con champagne, las relaciones carnales y el monopolio de Clarín, entre otras circunstancias, también había traído al país la novedad de la informalidad laboral. Junto con un nuevo aluvión zoológico conurbano consecuencia del desprecio y derrumbe de las economías regionales y una mayor concentración económica y urbana producto del nuevo modelo agrosojero y la reconstrucción de los señores de la patria contratista en elegantes empresarios monopólicos (como Clarín, Techint, la familia Macri, o incluso la corporación América de Eduardo Eurnekian, donde comenzaba a trabajar un tal Javier Milei).
En 2016, la “década ganada” no había podido revertir esta situación, y Mauricio Macri (hijo bostero de la patria contratista) se presentaba como paradigma de un nuevo modelo neoliberal que prometía eficiencia en la gestión sin despreciar las conquistas sociales que el peronismo, en su expresión “kirchnerista”, había conseguido. Además de Clarín y el llamado “círculo rojo”, las organizaciones sociales y de la economía popular se mostraban como las garantes de esa paz social.
En toda la Patria Grande había tufillo a nuevo ciclo. El fin del llamado “ciclo progresista”. Dicen que en 2015 en Bolivia, específicamente en Santa Cruz de la Sierra, con motivo del II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, gestado por las organizaciones sociales junto al Papa Francisco (aquella vez en que el máximo pontífice mandó a los jóvenes a “hacer lío”), Pérsico contó como una gran novedad el concepto de economía popular en una mesa de intelectuales y dirigentes sindicales y sociales bolivianos. Se le cagaron de risa. “Acá hace décadas, sino siglos, que todo es economía popular. Y están todos sindicalizados”, le explicaron. Hasta contaron aquella vez que en el proceso de la nueva constitución plurinacional boliviana (2009), el sindicato de payasos callejeros se acercó a presentar sus propuestas. El Evo Morales arrancaba su tercer mandato sin siquiera imaginar que pocos años después un golpe de Estado daría fin a su “proceso de cambio”.
Informalidad en el país más europeo de Sudamérica
En aquel 2016, en pleno gobierno de Cambiemos, las organizaciones de la economía popular habían podido generar el consenso (masiva movilización mediante) para aprobar una ley que fortaleciera, no solo sus derechos básicos, sino también sus iniciativas productivas. Aquel año, según el INDEC, el 33,6% de las trabajadoras argentinas se declaraban informales. Hoy, diez años después, ese guarismo está rondando el 44,2 % y en suba. Un aumento del 1% anual. En 1986, la tasa de informalidad en Argentina era del 27%. En 1976, del 10%.
Con el gran capital nacional en manos de empresas extranjeras (incluyendo a Techint, con sede en Luxemburgo), la reconstrucción del empleo formal a través del fomento de la “industria nacional” comenzaba a sonar a más chamuyo que el “efecto derrame” neoliberal. Según aclaraba Pérsico una y otra vez en las entrevistas, el empleo privado no había logrado superar los 6 millones de personas desde antes del “proceso de reorganización nacional”. Incluso durante la mejor época de la “década ganada”. Generar empleo estatal para solucionar el problema se parecía más a una estafa piramidal que una solución de largo plazo. Muchas provincias ya evidenciaban ese problema.
En el debate por la Ley de Emergencia Social, la jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, aclaró que el proyecto era “el mea culpa más vergonzoso de la política argentina. Porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante”. Leo Grosso, diputado y referente del Movimiento Evita, aclaró: “Nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga. Esta ley viene a plantear el reclamo de los sectores sociales y de la economía popular de darle poder a los pobres”. Por su parte el dirigente del PRO Luciano Laspina reconoció que la ley: “viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles”.
La socialista Alicia Ciciliani sostuvo que el proyecto era: “un reconocimiento de ese porcentaje de la población que son excluidos, que quieren un trabajo digno, y dejamos estigmatizar”. Por su parte Olmedo criticó el proyecto, estigmatizando a los excluidos, con un argumento que cada vez se haría más popular, al sostener que los titulares de los planes sociales: “hacen cola para cobrar por no hacer nada. Prueben trabajando. Porque ningún país se levanta fomentando la vagancia”. Era el anticipo del “agarra la pala” con el que la Libertad Avanza lograría ganar las elecciones en 2023.
Por su parte Néstor Pitrola, representante del FIT, manifestó su rechazo al acuerdo político entre movimientos sociales y el macrismo y denunció “una red de precarización laboral”. Una posición parecida a la de un gran sector del peronismo kirchnerista que, fuera del gobierno, también acusaba a los movimientos de la economía popular de “traidores” por negociar con el macrismo mejores condiciones de vida para los sectores populares. El tema pasó a mayores cuando el Movimiento Evita decidió apoyar la candidatura de Florencio Randazzo.
De todas maneras, el trabajo de los movimientos de la economía popular en los barrios y otras zonas marginales del país, lentamente, desde abajo y la periferia, a través de la famosa “comunidad organizada”, se traducía en opciones de institucionalidad política.
Una organización social como el MTE, empezó a tener su contraparte en un partido político como Patria Grande. Que incluso forzó una interna en 2023. Cada movimiento de la economía popular comenzó a tener su contraparte en algún partido político, también funcionarios públicos, a nivel nacional, provincial o municipal.
Así la organización Giros de Rosario se transformó en Ciudad Futura con varios representantes en el consejo deliberante. O la Mariel Fernández del Movimiento Evita llegaba a intendente de Moreno. Hasta el “intendente jipi” Pablo Riveros era elegido jefe comunal en Villa Ciudad Parque (Córdoba) desde una unión vecinal, pero como integrante de la Corriente Nacional Martín Fierro, el brazo político del Frente Barrial 19 de diciembre, nacido a fines de los noventas en el Bajo Flores.
Junto a otras organizaciones o expresiones de la economía popular de las serranías cordobesas (lo que Juan Grabois denominaría La Liga de las Sierras), crearía más adelante el Movimiento Verde Cordobés. Riveros y muchos miembros de su organización vecinal, Semillas del Sur, se habían sumado a la CNMF luego de asistir a la presentación del libro de Quito Aragon, fundador del Frente Barrial 19 de diciembre, y el “primer legislador villero” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En las elecciones del 2023, desde La luna con Gatillo intentamos reflejar esta realidad en nuestra sección Candidates desde Abajo. Donde también cubrimos la campaña presidencial de Juan Grabois como parte de la Junta Promotora Comunidad Organizada (integrada por el MVC y otros frentes políticos nacidos de organizaciones de la economía popular).
Empresarias negras, villeras y ecofeministas
Con la novedad del SSC y otros subsidios para pequeñas cooperativas, medios de comunicación comunitarios (Fomeca) y centros culturales (Puntos de Cultura), a pesar de las políticas macroeconómicas de Cambiemos y la crisis en los bolsillos, muchas militantes de base en diversos territorios empezaron a ver la economía popular como un concepto de encuentro y empoderamiento, limando asperezas entre diversos sectores políticos, identidades de género, procedencias étnicas, creencias religiosas, generaciones o clases sociales. Incluso incorporando organizaciones que todavía se declaraban “autónomas” en base a ideas anarquistas (libertarias) o zapatistas (por el movimiento indígena mexicano que había pegado fuerte en la militancia e intelectualidad de fines de los noventas).
El SSC y otros financiamientos surgidos del modelo de la economía popular se veían menos “sucios”, menos “tranzas”, que otros programas de la “vieja política”. Llegaban de parte de compañeros y compañeras de otras organizaciones y eran destinados para trabajar o comprar máquinas. Incluso dentro de cierta “bienversación de fondos”, los SSC se colectivizaban para la compra de maquinaria y otras inversiones colectivas.
“¿Cuál es la contraparte entonces que tenemos que darles por estos planes?”, le preguntó un militante de una casa okupa anarquista del oeste cordobés a un importante dirigente de una importante organización de la economía popular que venía a tomar unos mates desde la capital. “Seguir haciendo lo que están haciendo. Organizar la comunidad, hacer formaciones, generar empleos dignos. Si quieren participar de las actividades de la CTEP para poder articular con otras cooperativas o emprendimientos y generar redes de apoyo mutuo, bienvenidos”, le respondió el dirigente.
Entre otras cosas, la economía popular, también, era un movimiento evidentemente ecofeminista. No hubo corriente del feminismo que demostrara de manera más práctica el concepto de Economía del Cuidado. Y se mostraba como una buena carta de presentación para articular con movimientos ambientalistas, campesinos o indígenas. Además fomentaba las ferias y economías regionales, las monedas alternativas, el alimento sano y el trabajo en equipo, incluso haciendo cordones cuneta o pequeñas obras municipales.
Además, como dijo alguna vez un referentes de la economía popular de un municipio lejano del oeste cordobés: “parece una boludez, pero yo estoy a dos teléfonos de la mesa nacional de CTEP o de alguna secretaría de Estado nacional. En cambio a mi intendente de pedo le atiende la secretaria de un ministro provincial”. Hasta hubo un jefe comunal kirchnerista de un pueblo de Córdoba que pudo resistir la extorsión del gobierno provincial (que le habían cortado el chorro de la coparticipación) manteniendo el empleo público, entre otras cosas, con Salarios Sociales Complementarios (SSC).
En esa disputa de territorios, de la periferia y el centro, del abajo y el arriba, curiosamente, seis años después del lanzamiento del SSC, coincidiendo tanto con Olmedo como Pitrola, Cristina Kirchner denunció el papel de los “intermediarios” o “gerentes de la pobreza” en un discurso de junio del 2022, en una acto de la CTA en Avellaneda. Era el día de la bandera y el Frente de Todos ya era un Titanic rumbo al iceberg. Fernández pretendía pegarle al Movimiento Evita, que en ese entonces todavía se alineaba con el otro Fernández (Alberto).
Lo que Cristina no se dio cuenta (ni calculó), es que millones de lo que el Papa Francisco llamó “poetizas populares” la estaban mirando por la televisión (o las redes). La Jefa estaba despreciando su enorme esfuerzo para “inventarse su propio trabajo”, insistiendo con el “efecto derrame industrial”, y demostrando su falta de calle y desconocimiento total de aquel concepto de “economía popular” que tanto había esperanzado a las doñas (y otros sectores zurdogorilas de la militancia del campo popular).
El tiempo pasado no es casual. Para ese entonces, la economía popular ya habitaba más el ministerio de Desarrollo que el de Hacienda o Trabajo.
El fin de una política pública popular
“Si Evita los viera”, dijo Cristina en aquel discurso. “Si Evita viviera sería piquetera”, decía alguna pintada gastada en los comedores populares que estoicos habían aguantado la pandemia para finalmente caer en los recortes impuestos por el FMI al gobierno del Frente de Todos.
Si bien, en un principio, el proyecto del SSC beneficiará a 3,5 millones de trabajadoras, en su punto de máximo esplendor apenas alcanzó los 1,2 millones. Cuando en pandemia al gobierno del Frente de Todos se les ocurrió inventar el IFE, el número de informales pobres llegó a 12 millones (que no incluía el millón que cobraba el entonces Potenciar Trabajo, ex SSC).
A pesar de muchas excepciones y reductos de resistencia donde se consideraba el SSC una retribución al trabajo (más parecida al ATP que al IFE), para es entonces el Potenciar Trabajo (ex SSC) cubría más lo urgente (el hambre) que lo importante (el trabajo). Muestra cabal de ello era la importante cantidad de planes (Potenciar Trabajo) con los que contaba el Polo Obrero (la organización piquetera del FIT), que a pesar de no haber votado la Ley de Emergencia Social y de no contar con proyectos productivos, ni pertenecer a la UTEP, era una de las mayores beneficiarias del programa.
Descartada la opción de impugnar o investigar la deuda con el FMI, nacionalizar Vicentín, perseguir a los evasores y fugadores de capitales que se habían llevado los 45 mil palos que había pedido Macri, o preguntarse porque el gran empresariado argentino de los Macri o Rocca al Grupo Clarín nunca habían compensado la nacionalización de deuda privada del mingo Cavallo a principios de los ochentas, la ministra de Desarrollo Social del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, consiguió que el juez Ariel Lijo levantase el secreto fiscal de las beneficiarias del entonces Potenciar Trabajo (ex SSC) para darlos de baja por “comprar de dólares” o “viajar al exterior”.
En los barrios populares se supo que no se trataba más que de algún hijo que había pagado el Candy Crush o alguna apuesta online. O de aquella vez que alguna compañera boliviana nacionalizada decidió ir a su país de origen a al funeral de su abuela. Estaba bien que no hubiera dinero para los pobres, decían las doñas o poetizas populares, pero no hay necesidad de que encima nos anden forreando.
Algunas militantes comenzamos a entender porque los sectores populares iban a terminar votando a Milei. Ni por boludos ni por garcas. Un voto bronca que se había cocinado a fuego lento. Un sálvese quien pueda.
Algunas dirigentes de la economía popular ya extrañaban a la ministra de Desarrollo Social de Cambiemos, Carolina Stanley (con quien se había tejido la ley de 2016). Igual de rubia, igual de cheta, pero con un poco más de diálogo y comprensión. Hasta cierta experiencia en el sector de las oeneges.
Por esos tiempos, en las entrevistas radiales, Pérsico aclaraba que muchos empresarios (o ex funcionarios de Cambiemos) entendían más el concepto de economía popular que más de un compañero peronista o progresista. En Córdoba los troskos y ambientalistas denunciaban a Grabois por su “complicidad” con Gustavo Grobocopatel (que hace poco lanzó una aplicación para el cuidado de adultos mayores junto a la UTEP).
Organizaciones no gubernamentales
Así como las poetizas populares se habían inventado su propio trabajo, también se habían inventado sus propias ONGS. Ya que, legalmente, lo comedores populares y “unidades de gestión” del SSC estaban constituidas como asociaciones civiles. Es decir: Organizaciones No Gubernamentales (ONGS). Que era la maravillosa expresión que había encontrado el consenso neoliberal de los ochentas (el fin de la historia de Francis Fukuyama) para bautizar esa nueva “tercera vía”. La del sector privado colaborando con los sectores todavía excluidos del dichoso efecto derrame.
Casi cuarenta años después, cansados de esperar que la Fundación Clarín o Techint se acercara a sus territorios, los sectores marginales colaboraban consigo mismo. Y extorsionaban al Estado a través de piquetes y movilizaciones para que les tirara una moneda o migaja. El peronismo kirchnerista, que tardó más de veinte años en reconocer que accedió al poder gracias a las movilizaciones populares piqueteras de los noventas (que desembocaron en el 2001), tampoco modificó esa lógica asistencialista y evidentemente clasemediera o alta. Más cerca de Susanita que de Evita.
Es que, en algún momento, el SSC comenzó a seguir la misma lógica o secuencia de los planes sociales inaugurados por el menemismo y perfeccionados por el duhaldismo: marchar o hacer piquete, aguantar la represión, negociar con el gobierno, recibir los planes. La lógica según la cual la organización que más gente llevaba a las movilizaciones era la que más subsidios (o planes) recibía, terminó de liquidar el proyecto.
En primer lugar las compañeras que trabajaban tenían más dificultades para ir a las marchas. En segundo lugar, las vecinas del barrio empezaron a ver que, efectivamente, el Potenciar Trabajo (ex SSC, luego Volver al Trabajo) era un “plan social” asistencialista. Y no era para todas.
El SSC era, por ley, un subsidio al trabajo. No solo había que ser pobre, también había que trabajar en una cooperativa o asociación civil, en algún proyecto o colectivo de la economía popular, medio jornal (20 horas semanales), por una retribución igual a medio salario mínimo vital y móvil.
Incluso con el fin de sostener esa ética del trabajo, las organizaciones sociales pidieron la posibilidad de que las unidades de gestión (que administraban el subsidio) pudieran darlos de baja si se demostraba que no era utilizado para ese fin. Incluso las destinatarias podían cambiar de unidad de gestión en caso de no sentirse cómodas en su trabajo o cooperativa.
Si bien hubo numerosos casos de compañeras denunciando a otras compañeras que recibían el subsidio pero no asistían a su puesto de trabajo, o cambiando de organización para acceder a un trabajo mejor, lo cierto es que también hubo otra cantidad de casos de personas que se cambiaban de organización para no trabajar y recibir el importe del SSC en mano, muchas veces dejando una comisión para la nueva organización y con el único compromiso de ir a alguna marcha cada tanto.
Un plan para no trabajar
Si bien en un principio se intentó organizar la CTEP por ramas de actividad, finalmente la UTEP se organizó, valga la redundancia, por representantes de las diferentes organizaciones. En un efecto piramidal que se concentraba en CABA y en las organizaciones más populosas (que no necesariamente era las más eficientes, tanto en términos productivos, como sociales o ambientales, de cuidado…) Estas organizaciones más grandes aglutinaban a su antojo “bloques de poder”.
De hecho, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) había nacido cuando a las organizaciones creadoras de la CTEP se les unieron dos organizaciones de gran envergadura, como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Lo único que cambió con respecto a la dinámica de la CTEP, es que había más gente marchando.
A pesar de que la comisión directiva de la UTEP estaba conformada en su mitad por mujeres y numerosas compañeras empezaron a aparecer en la tele, pero sobre todo en los diversos medios comunitarios del país, al final de cuentas, cuatro gordos en una mesa de CABA repartían los SSC de acuerdo a la cantidad de personas que la organización había llevado a la marcha en capital.
Estos SSC se repartían a otros gordos en las capitales provinciales. Que a su vez la repartían entre sus referentes o punteros políticos. Que, por lo general, en menos de 24 horas, tenían que entregar una lista con 10 o 20 dnis (dependiendo de la suerte y la organización).
Era algo así como la lotería. Las vecinas se anotaban en una planilla de excell y cuando veían que había quilombo en la capital, le preguntaban al referente: ¿Llegó algo?
¿A que cooperativa o rama de actividad pertenecían esos SSC? ¿Cual era el modelo general de desarrollo para la economía popular en el país? ¿De que manera se cumplía con la ley que pretendía “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”? Nadie sabía bien.
Incluso esta lógica de reparto y construcción de poder por organización hizo que muchas veces en muchos territorios algún puntero de la organización A recibiera diez planes Potenciar Trabajo (ex SSC) y cinco máquinas de coser para hacer una cooperativa textil a dos cuadras de donde la organización B ¡tenía una cooperativa textil!
No solo hubo bronca entre las vecinas que no recibían el plan. También entre las organizaciones que luego de años de construcción de cooperativas de la economía popular, veían como un puntero sin territorio ni organización de base repartía planes en el barrio para, definitivamente, “no trabajar”.
Por otra parte, las organizaciones sociales y sus referentes desde abajo, empezaron a chocar con la burocracia clase media desde arriba de sectores progresistas o kirchneristas como La Cámpora, que al igual que Cristina, comenzaron a boicotear espacios políticos ligados a la economía popular sin darse cuenta que mientras más bardeaban o ninguneaban a sus dirigentes (sobre todo mujeres) más votos perdían. El caso de Córdoba es paradigmático. En las PASO, Juan Grabois sacó más votos (51.041) que el candidato a gobernador de Unión por la Patria, Federico Alesandri (43.186 votos).
“Igual hicimos cagadas”, reconocía, de todas maneras, Grabois, casi al final de esta historia, al principio de su campaña presidencial, en mayo de 2023, en la presentación de su libro “Los Peores” en Córdoba. “Hay un problema de esta política de complementos de ingresos para la economía popular. Si hay dos compañeras que tienen el mismo derecho, alguien decide quien cobra y quien no. Hay una enorme arbitrariedad en quien recibe el SSC. Eso genera una bronca al interior de la clase trabajadora y si encima hay un compañero que coordina que decide a quien se le da el alta o la baja, ese compañero es un gran hijo de puta”, aclaró. “¿Es nuestra culpa que en vez de 5 millones se den 1,6 millones de SSC? No ¿Hay compañeros que en base a eso realizan actos de abuso de poder? Sí ¿Son Todos? No”, concluyó.
Una política grande que quedó chica.
“En Argentina hay 9 millones de personas en la informalidad, sea organizada desde la economía popular o una camarera que no está registrada. De ellas hay cinco millones de compañeras anotadas en el Renatrep. Pero solo 1,6 millones cobran el SSC, que es un complemento de lo que la compañera gana en la informalidad. Y hay dos millones y pico que son calificadas, peor que vagas, como inactivas, que son las que se dedican a las tareas de cuidado”, se quejaba Grabois en ese acto de campaña o presentación de libro. “Evita ya decía en los cuarentas que toda ama de casa tenía que recibir un ingreso equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil. Ya estaba pensando en el Salario Básico Universal. Es decir que estamos pidiendo la mitad de lo que pedía Evita”, aclaraba.
“El SSC fue una política que quedó muy grande para ser focalizada en el trabajo y muy chica para focalizarse en los derechos”, confesaba para esas épocas un dirigente de los recicladores urbanos (ex cartoneros) de Córdoba. La parábola de este sector de la economía popular es una buena metáfora de las virtudes del modelo de la “economía popular” (organizada) en Argentina.
De una situación de indigencia individual en la llamada crisis del 2001, las recicladoras urbanas lograron colectivizarse y cooperativizarse, alquilar galpones, incorporar maquinarias, espacios de cuidado para sus niñeces, acuerdos con gobiernos municipales o provinciales, y hasta un subsidio de de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil (el SSC).
Incluso generando estructuras federales que permitieron, frente a los monopolios del alimento (que usan el cartón para sus embalajes) crear un entramado que logró imponer mejores precios para su producto (el cartón). Como dice Don Ata, puede parecer un grano de arena. Pero hay granos de arena que forman montañas. Miles de trabajadoras informales precarizadas unidas cooperativamente en redes de redes neosindicales imponiendo precios de mercado a los monopolios del alimento.
Eso sin tener en cuenta la economía del cuidado (comedores populares, cuidado de ancianidades y niñeces, o contención de la violencia contra la mujeres). O la labor social y ecológica que al reciclar la basura se hace cargo de las “externalidades” (consecuencias) de las grandes industrias monopólicas. A las que jamás se les ocurrió preocuparse o pagar un impuesto por sus desechos. Más allá de sus campañas publicitarias o alguna ong fantasma.
Incluso esas empresarias negras, villeras y ecofeministas, lograron la fuerza política para ubicar en el gobierno funcionarias como la María Castillo, directora nacional de Economía Popular y responsable del Programa Argentina Recicla del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hasta ¡una diputada cartonera! (Natalia Zaracho).
Háblame de meritocracia.
Cuando visité en 2022 la nueva planta de reciclado de la Federación Argentina de Cartoneras, Carreros y Recicladoras (FACCyR) en Alta Gracia me sorprendí gratamente del salario de las compañeras. No solo era mejor que el mío, sino que era unas cuatro veces el SSC. Además de otros beneficios (entre los cuales se encontraba el de tomar sus propias decisiones, trabajar sin patrón, o con un patrón colectivo, un empleo comprometido con otras cuestiones que no fueran el dinero o la falta de oportunidades). También, cuando pregunté, me aclararon que no todos habían sido aportes del Estado sino que había mucho de construcción colectiva, en red.
Además de la Ley de Emergencia Social, en 2016, la CTEP había hecho aprobar la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios (27.453), que crearía, con el tiempo (durante el gobierno de Alberto Fernández, ley 27.453), el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), apoyado por el impuesto a las grandes fortunas y alabado por el Banco Mundial. Dicha ley contó con un amplio trabajo de planificación y geolocalización de los barrios populares en manos de las poetizas populares. Una de ellas, la catequista villera de San Isidro, Fernanda Miño, se encargó de llevar adelante el proyecto de urbanización más ambicioso que halla visto la democracia.
El partido político de Grabois, Patria Grande, también había presentado un Plan de Desarrollo Humano Integral realizado por intelectuales universitarios y experiencias territoriales de soberanía alimentaria con el objetivo de descentralizar los barrios populares de uno de los países con la mayor concentración urbana del mundo. Todavía en televisión o las redes los grandes intelectuales argentinos no hablaban del “problema del conurbano”.
Al finalizar el gobierno del Frente de Todos, Patria Grande había realizado una presentación pública en la UBA donde sus funcionarias rindieron cuentas ante la militancia de sus desempeño. En el encuentro “Rendición de cuentas del Programa de Buen Gobierno 2019-2023”, además de Castillo, Zaracho, Fernández (Mariel) y Miño, estaban, por ejemplo, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales; Jackie Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Buenos Aires; el diputado villero okupa Fede Fagioli o Sebastián Morreale, subsecretario de Atención y Acompañamiento en materia de Drogas del Sedronar.
Ni el Estado ni el Mercado
Durante el gobierno de La Libertad Avanza, a pesar del congelamiento del SSC (luego Potenciar Trabajo, luego Volver al Trabajo), la cancelación de todo tipo de subsidios al capital (máquinas), la malversación de los alimentos para los comedores populares y el abandono del FISU, las cooperativas de reciclado continuaron trabajando. Y cuando se les pregunta cual fue la política libertaria que más les afecto, responden: la importación de cartón. Una política que ya habían denunciado durante el gobierno del Frente de Todos y que favorecía a Arcor y otros monopolio del alimento.
No solo con la intención de maximizar las ganancias (que en si no tiene nada de malo), sino con el fin de poder hacerlo más allá del beneficio de la comunidad y la naturaleza, las grandes industrias monopólicas de alimento convencieron al gobierno libertario de abrir la importación de cartón y de esta manera destrozar el precio de mercado que habían impuesto las federaciones de reciclado.
Una situación que también viven millones de cooperativas textiles o de producción de alimentos, radios comunitarias, comercializadoras de la economía popular y varios etcéteras. El problema no solo es la retirada del Estado, sino también las condiciones de Mercado, con precios relativos, que tras la devaluación de diciembre del 2023, hacen la rentabilidad de los sectores cooperativos de la economía popular casi imposible. Igual que las grandes industrias o pymes. Solo que las cooperativas de la economía popular que todavía sobreviven, no aparecen en las estadísticas ni los informes de los canales progresistas de you tube.
Luego de que el gobierno de La Libertad Avanza congelara la retribución del Volver al Trabajo (ex Potenciar, ex SSC), condenando a sus beneficiarias a ver como volaba el Salario Mínimo Vital y Movil, al menos los 78 mil pesos del plan cubrían unas 3 garrafas para las 900.000 personas que todavía recibían el ex-subsidio al trabajo.
Los 70.200 millones de pesos mensuales que le cuestan al Estado este programa son una bicoca al lado de los 270 mil millones de pesos mensuales que dejó de recaudar el gobierno por la reducción del impuesto a los bienes personales. O los 11.400 millones de pesos mensuales de impuestos que se ahorra Mercado Pago por la Ley de Economía del Conocimiento. Sobre todo si se compara la cantidad de beneficiarios de esto último (uno, Marcos Galperín) con lo del primero (900.000 beneficiarios del Volver al Trabajo).
Más allá de los números, diez años después, no solo se cayó el SSC. También se cayó el concepto de economía popular, invisibilizadas las poetizas populares y las ongs, u organizaciones sociales o de la economía popular, en un mar de empleos informales, organizados o no. “Cuando no organiza el Estado”, dice el dirigente del Movimiento Verde Cordobés y la Corriente Nacional Martín Fierro, Pablo Riveros, “organiza el Mercado”.
Lejos están los tiempos en un referente intelectual del Movimiento Evita y la economía popular (Alex Roig) ocupaba la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). O cuando le preguntaban sobre la alianza entre la UTEP y la CGT a un dirigente cordobés de la UTEP y aclaraba: “Es simple, ellos tienen los edificios. Nosotros la gente”.
En las marchas en el día de San Cayetano la UTEP movilizaba más de 50 mil personas en capital, y cientos de miles participaban de actividades en todo el país. Su alianza con el Papa Francisco situaba a los movimientos de la economía popular en la geopolítica internacional. En cualquier pueblo perdido del país alguien ponía el logo de la UTEP en alguna charla sobre soberanía alimentaria, con la visita de Eva Verde, la directora del programa Mercados de Cercanía, que nucleaba a miles de aquellas incipientes comercializadoras de la economía popular de principios de siglo, que luego de veinte años de trabajo, tenían una representante en el Estado y hasta habían contratado al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) para hacer una estadística de inflación para ese tipo de comercializadoras.
Una estadística que demostraba lo obvio para cualquier militante o trabajadora de la economía popular: que en la inflación había mucho de monopolio y especulación.
Mientras Fernández (Alberto) disuadía al Movimiento Evita para que no saliera a fiscalizar los precios de los grandes supermercados y el dueño de la anónima Federico Braun sostenía en el Hotel Sheraton que la mejor estrategia frente a la inflación era “remarcar”, durante dos años el Índice de Precios de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP), elaborado por el CESO, mostró una inflación inferior a la de los grandes supermercados y monopolios del alimento. Y eso que, como aclaraba una de sus diseñadoras, la economista del CESO Lorena Putero, se estaban comparando productos diferentes. Del lado de la economía popular: alimentos sanos, producidos colectivamente, y en principio, sin grande impactos ecológicos, de explotación laboral o violencia de género.
“Es que para nosotras el alimento no solo es una mercancía, sino también un derecho”, decían las compañeras. En algunas comercializadoras de la economía popular, gracias a décadas de trabajo y organización, logísticas colectivas y un aumento considerable del consumo de “alimentos sanos” ante la evidente consecuencia en la salud pública de los agroalimentos, la yerba agroecológica de alguna pequeña cooperativa de trabajo de Misiones estaba más barata que cualquier yerba industrial monopólica.
Igual hicimos cagadas
“Si se genera una política universal se acaba la discusión. Pero no luchamos lo suficiente por ese derecho universal y nos pusimos corporativos, peleamos por nuestros compañeros y no por el de al lado. Además de obligar a gente a pagar lo que no quiere pagar o cobrar multas si uno no va a una actividad. Eso esta prohibido por reglamento en mi organización. Sin embargo se hace. Hay que eliminar esas lógicas punteriles que heredamos de la anterior forma de hacer política. Construir poder popular y no poder personal o corporativo”, reconoció.
Si bien traía como novedad el hecho de que para recibirlo había que “trabajar”, el Salario Social Complementario (SSC) limitaba su asignación a dos condiciones que, a posteriori, fueron ciertamente limitantes para el movimiento. En primer lugar había que ser pobre. No contar con empleo formal, ni más de una propiedad, o un auto de menos de diez años, o pretender viajar al exterior… La economía popular argentina nacía como una economía para pobres. A diferencia de la economía popular boliviana, que muchas veces incluye cholets en El Alto o shopings de alta tecnología china en la calle Uyustus.
En segundo término, había que reconocerse como “trabajadora de la economía popular” (estar anotada en el Rentratrep) y pertenecer a alguna organización social ligada a la CTEP (luego UTEP). Las organizaciones, como visagra del pueblo sublevado y la comunidad organizada en las periferias, quizás, lentamente, se ubicarían más cerca del arriba (el Estado) que de los barrios (el Abajo).
El hecho de limitar el SSC a las pobres (personas de bajos recursos) integrantes de las organizaciones de la economía popular (inscritas en el Renatrep) excluía, por un lado, a sectores cooperativos y de clase media muchas veces intrínsecamente vinculados a la economía popular.
Como podían ser comunicadores o intelectuales populares (salvo que fueron pobres), cooperativistas tecnológicos, ciertos colectivos de la soberanía alimentaria o comercializadoras de comercio justo, cuyas compañeras contaban con otro trabajo formal (como ser maestra) o quizás un auto nuevo, o una casita de fin de semana en el Tigre, heredada de sus viejos. Sectores de clase media que comenzaban a encarnar aquello que luego se denominaría el “pluriempleo”.
De otro lado del mostrador, también, se excluía a trabajadores informales por cuenta propia que no estuvieran organizados (como luego sería el caso de los trabajadores de aplicaciones) o estuvieran organizados por fuera de la UTEP.
Si bien la economía popular logró organizar a vendedores ambulantes (incluso inmigrantes africanos) o maquilladoras de uñas, no sería correcto decir que las trabajadoras de La Salada, ciertas empresas barriales de construcción o las familias huerteras bolivianas, no estaban organizadas por no pertenecer al FPDS, el FOL, la FOB, el EO, la UTT o cientos de siglas que comenzaron a formar parte de la UTEP.
El universo del SSC se restringía entonces a compañeras pobres militantes de las organizaciones sociales que llevaran adelante un trabajo productivo. Teniendo que explicar que las tareas de cuidado, eran también un trabajo productivo.
Ya ingresado el gobierno de la Libertad Avanza, Emilio Pérsico también hizo una autocrítica a su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández: “No estoy orgulloso de haber estado en un gobierno que terminó con un 40% de pobres. Fue una oportunidad desaprovechada, no se hicieron ninguno de los cambios estructurales que había que hacer”.
Y explicó: “El modelo progresista de América Latina fue un modelo que nosotros llamamos de derrame inducido. Ir por los nichos de ganancias exageradas y transferirlos a los humildes. Eso se comió muchos recursos naturales a través del extractivismo y no dejaste un desarrollo. Estamos ante un capitalismo financiero, no productivista. Vos le das plata a los sectores populares y eso va a un consumo donde el empresario se la guarda y se la lleva. Y sus hijos no solo no van a trabajar sino que ni siquiera van a tener que lidiar con trabajadores. Habría que haber pensado y planificado qué se produce, dónde se produce y quién lo produce. Crecer desde las periferias. No desde Puerto Madero. En un proceso de reforma agraria, de volver al campo en un país que tiene la mayor concentración de gente en las ciudades”.
“Le dimos transferencias o subsidios a los compañeros y eso desorganiza la sociedad. Y esto viene desde Patricia Bulrich y el Plan Trabajar. Y de ahí siempre vino alguien que inventó un subsidio diferente. ¿Bajó el hambre con la Tarjeta Alimentar? No. Hay un estudio de Fundar que muestra que Argentina es el país de América Latina donde más se invierte en políticas sociales y donde más crece la pobreza. Se ordena desde la necesidad y no desde el trabajo”, concluyó.
PD: La mayoría de los materiales anexados a este ensayo fueron posibles gracias al SSC. En paz descanse. Gracias.
Justo publicado en el día en que las recicladoras urbanas de CABA marcha por defender su trabajo y derechos frente al avance privatizador de Jorge Macri.
