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Las Costas de una provincia sin mar

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Por primera vez, se juzga a un ex-secretario ambiental de Córdoba por corrupción. Se lo acusa por avalar inversiones, entre ellos un country, que implicó desmontes sobre bosque nativo. Una señal costera sobre el escenario ambiental y político para una provincia que promete un “modelo commodity”.

Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual

Para este jueves, se conocerá la sentencia del primer juicio contra una máxima autoridad ambiental de la provincia de Córdoba. Se trata del abogado Raúl Costa, el secretario de ambiente del primer mandato de Juan Schiaretti (2007 y 2011).

El juicio ha comenzado el martes 12 de abril, en la Sala Décima del Crimen. Frente al acusado, se encuentra el querellante, el octogenario Juan Carlos Ferrero, junto con su abogada Marcela Fernández, quien pergeñaron la denuncia hace ya una década atrás. Ambos integran la ONG ADARSA, Asociación De Amigos del Río San Antonio. Mientras Marcela repasa sus anotaciones, Ferrero cuelga su bastón. Contempla la mirada desentendida del funcionario. Por dentro, sienta rabia. “Ahora, siento mucha pena por él. Debe estar queriendo que le perdonemos y es porque le deben haber soltado la mano”, me comenta.

Marcela y Juan Carlos acusan a Raúl Costa de haber avalado inversiones en la comuna de San Antonio de Arredondo, que implicaron el desmonte de bosque nativo, sin completar los trámites ambientales requeridos como la participación ciudadana y llevarlo a cabo dentro de una reserva natural. “Los resultados no son gratuitos. Trae consecuencias”, remarca la abogada, rememorando las trágicas inundaciones del 15 de febrero de 2015 en Sierras Chicas, donde el “efecto esponja” de los bosques fueron reemplazados por el “efecto tobogan” de la expansión de las manchas urbanas.

Las partes decidieron que el juicio no recurra a testigos. Por ende, el tribunal anuncia un cuarto intermedio, para que los doce miembros del jurado popular pueda estudiar el expediente y determinar si el funcionario realizó abuso de autoridad al permitir un loteo y la construcción de una planta eléctrica, en violación a las leyes ambientales, de bosques y reservas.

Resulta curioso que a la administración judicial le llevó más de 10 años definir si se debía llevar a cabo o no este juicio, y ahora le pide a una docena de personas comunes que tomen ese veredicto en 7 días.

Partida doble

Raúl Omar Costa es oriundo de la ciudad de Villa María. Después de su paso por Ambiente, fue asesor del Ministerio de Gobierno, luego fue Director de Lotería de Córdoba, y actualmente es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

Y antes de Ambiente, su carrera empezó a escalar cargos públicos, en el momento en que el intendente de ese entonces, Eduardo Accastello, decidió abandonar la alianza de Unión Por Córdoba y adherirse al kirchnerismo. Desde entonces, empezó a tener un rol central por aquella zona, incluso en las elecciones nacionales legislativas, donde en las campañas acusaba a su lugarteniente de ser cómplice de la corrupción, por las denuncias de sobrefacturación en obras públicas.

Actualmente, Costa carga con un doble procesamiento en su contra desde las oficinas de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Una, por el mencionado caso de San Antonio de Arredondo. Y la otra, apunta a otra inversión inmobiliaria, a cargo de una empresa llamada Ticupil SA, en la región de Candonga, sobre el cordón montañoso de Sierras Chicas. Allí también se violó la Ley de Bosques. Pero a diferencia del juicio en proceso, donde se lo tiene como único acusado, acá se suman dos empleados del área, que firmaron dictámenes técnicos aseverando que el barrio privado a construir tenía todos los papeles en regla. Desde las entrañas del fuero anticorrupción, se sospecha que hubo un posible acuerdo previo entre el secretario Costa y estos dos sujetos para avalar este proyecto.

Cuando comenzó el primer juicio contra Costa, el fiscal a cargo del caso Candonga, Matías Bornancini, recibió la noticia por parte de una de sus empleadas, de que el veredicto se daría el próximo lunes. No descarta que si es declarado culpable, su expediente pueda tener buenos vientos.

Lo dorado sobre lo verde

“Lamentablemente, los desmontes todavía no son un delito penal. Pero sí podemos perseguir la conducta penal del funcionario que autoriza, en violación de la normativa vigente, este tipo de emprendimientos. Se razonó de ese modo”, señalaba Hugo Amayusco, el fiscal anticorrupción de ese entonces, cuando pidió la elevación a juicio contra Costa. En ese entonces, también se imputó a quien lo sucedió, Luis Federico Bocco, quien falleció hace un par de años atrás. Por eso la causa se llamaba “Bocco y otros”, hasta que tuvo que cambiar de nombre.

Fue el 27 de junio de 2006, cuando la famosísima empresa GAMA SA, al mando del empresario Jorge Petrone -quien en 2014 fue condenado a prisión por usurpación de tierras- presentó un aviso de proyecto a la Secretaría de Ambiente para construir el country “El Dorado II”, a la vera del Río San Antonio. Para ese entonces, GAMA ya contaba con la construcción del barrio privado “El Dorado” en la misma comuna.

“El Dorado II”, que también existe en la actualidad, está emplazada en una de las subcuencas que conforman la cuenca Alta del Río Suquía, con presencia de bosque chaqueño serrano, que es parte de la cobertura boscosa nativa cordobesa. Además, San Antonio de Arredondo está comprendida dentro de la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor, creada por la Ley Provincial 8.770/1999, a la que adhirió la comuna mediante resolución número 1011/2005.

Ejemplo de la vegetación en San Antonio de Arredondo. Ph: Lea Ross.

Ya en el 8 de julio de 2010, se aprobó la actual ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo número 9.814, o “Ley de Bosques”, donde el emprendimiento inmobiliario quedaba sujeto al nuevo régimen de protección y el terreno comprendido por el proyecto se encontraba en alta conservación, sea zona roja o amarilla. En ambos casos, están prohibidos desmontar. Aún así, un año después, el 20 de julio de 2011, Costa avaló el proyecto mediante resolución número 545.

Lo mismo hizo con la segunda inversión: la empresa estatal de energía, EPEC, había presentado el 26 de abril de 2009 un aviso para construir la actual estación transformadora “Carlos Paz Sur”, con equipamiento de alta tensión, de 132/13,2 kV – 1×25 MVA, en el mismo ejido municipal. Costa lo aprobó el 05 de agosto de 2010, por resolución N°1095; menos de un mes de aprobarse la Ley de Bosques.

En las fojas del expediente, se señala que el Valle de Punilla, donde se ubica la comuna en cuestión, se encuentra sometido “a un creciente proceso de degradación ambiental, caracterizado por la incesante pérdida de bosque nativo, tanto debido a los incendios forestales como al desmonte para urbanizaciones. La situación es grave por cuanto es en las Sierras Grandes de la Provincia de Córdoba donde nacen los ríos que proveen de agua al 80% de la provincia y a más de 3 millones de personas. Allí nace, en efecto el río San Antonio, originándose en la confluencia de los ríos Icho Cruz y Cajón, los que colectan, a su vez, el aporte de numerosos cursos de agua de la zona alta”. De allí que supone que estas inversiones generan “un cambio de uso de suelo que transforma áreas boscosas del parque chaqueño en superficies urbanizadas, encontrándose esto prohibido por la normativa de protección vigente, en tanto afecta la provisión de los servicios ambientales asociados a ese ecosistema, como la regulación hídrica”.

Incluso, la propia GAMA se encargó de realizar un Estudio Fotogeofísico para Alumbramiento de Aguas Subterráneas, donde confirma que “El Dorado II”, y sus otras inversiones inmobiliarias, se encuentran sobre “dos subcuencas hídricas que controlan el escurrimiento y absorción de las aguas pluviales y forma parte de una zona de recarga hidrológica importante que controla no solo el escurrimiento superficial general, sino también el drenaje subterráneo, favoreciendo la conformación de un importante reservorio de aguas”.

Con la diva de los teléfonos

Decíamos que la causa involucraba al ex secretario y actual fallecido Luis Bocco. A él se lo acusó de haber avalado una tercera inversión: el country “El Dorado III” o “El Gran Dorado”, también de GAMA. El plan era construir más de 480 departamentos sobre 56 hectáreas de bosque serrano, donde habitarían más de 1.200 personas: era casi el equivalente a la tercera parte de toda la población de San Antonio. Los lotes eran promocionados en publicidad gráfica y televisiva, teniendo como figura central a la diva Susana Giménez. Pero a diferencia de “El Dorado” y “El Dorado II”, no se logró concretar.

En “El Gran Dorado”, se presentó un Estudio de Impacto Ambiental, que fue aprobado por Bocco en diciembre de 2012. Pero en febrero de 2013, se aceptó una medida cautelar presentada por ADARSA y se ordenó al Estado provincial que realice una audiencia de participación pública. Tanto la Provincia como la empresa recurrieron a todas las instancias judiciales para evitarlo. Finalmente, la jornada de participación ciudadana se llevó a cabo a finales de enero de 2017, cuyas exposiciones fueron entregados a la justicia. Centenares de exposiciones declararon su temor por la pérdida de biodiversidad, el arrastre de las lluvias a sus casas, y los cortes de agua y luz por el crecimiento demográfico. Cuatro meses después, el juzgado de civil de segunda nominación de Carlos Paz falló a favor de les vecines.

Foto de archivo de 2017, sobre la audiencia pública de “El Dorado III”. Ph: Lea Ross y Ecos Córdoba.

Según ese fallo, “debieron llamar a audiencia pública tal cual lo preveía la Ley General de Ambiente, vigente desde el año 2002; de hecho, cuando por fin se realizó en enero del corriente año, por orden judicial, dada la tenacidad con la que los demandados se opusieron a su realización, no solo tuvo una masiva participación (400 inscriptos), sino que el resultado fue un contundente rechazo por parte de la comunidad de San Antonio a la concreción del proyecto”.

Una perlita que había encontrado la jueza Viviana Rodríguez fue que el autor del estudio ambiental de GAMA, Daniel Vanoli, reconocía que esa zona de bosque era amarilla, y que por ende, para poder desmontar, se debía “consensuar” con las autoridades (sic). “Es difícil de comprender como podría ‘consensuarse’ algo que está terminantemente prohibido por la ley, sin que se cruce la línea de lo legal hacia lo ilegal”, le recriminó la jueza.

Y el vivo del teléfono

Darío Vezzaro es el abogado de Raúl Costa. Su peinado es mucho más prolijo de lo que era en la época que ejercía la Fiscalía General de la Provincia, designado por el propio gobernador de ese entonces José Manuel De la Sota. Lo ejerció entre los años 2007 y 2012. O sea, cuando su actual cliente ocupaba la Secretaría de Ambiente.

Y da la casualidad que Vezzaro fue también abogado del propio Jorge Petrone, a partir de su imputación por el robo de tierras. Lo acompañó unos meses, hasta aceptar la oferta de De la Sota.

Previo a que Petrone recibiera su condena, con cárcel efectiva en Bouwer, el empresario realizó una declaración pública ante el tribunal, aseverando que al haber contratado, en un comienzo, a Vezzaro fue un “error”. Dijo que ese letrado le había notificado que lograría cerrar su causa, si se pagaba una suma millonaria de dólares al representante de la demandante. “Yo, con mi política de no extorsión, dije: no, no doctor, yo soy inocente, yo he sido estafado, yo tendría que estar de ese lado. Mi sentido común me indica que yo debí haber iniciado una demanda por estafa. No acepté”, declaró el dueño de GAMA, previo a escuchar su pena de cinco años y medio de cárcel.

En la actualidad, Vezzaro está siendo investigado como supuesto partícipe necesario de exacciones ilegales, por un caso parecido a lo comentado por Petrone. Según denunció la abogada Rosa Sabena, en declaraciones al periodista Hernán Vaca Narvaja para la Revista El Sur, ella recibió en su oficina a una “enviada” del fiscal de Río Cuarto, Daniel Miralles, sobre la situación de un cliente suyo, acusado de asesinar a su hijo de cuatro meses. Le aseguró que si dejara su patrocinarlo y se lo cediera a su colega Vezzaro, tenía garantizado una condena más tenue. No solo eso: el propio ex fiscal general se habría comunicado por teléfono con el padre del acusado. Todo el material probatorio, que incluyen los registros de comunicación y mensajes por Whatsapp, es analizado por el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, en una causa que pocos funcionarios judiciales de la provincia se atrevieron hacerlo.