¡Es alimento señores!

La máxima expresión del dinero como prioridad de nuestro modelo económico se ha hecho cuerpo en la especulación con los alimentos. Un somera descripción de la coyuntura nacional y sus proyección anarcoliberal.

En 2008 durante la crisis de los bonos suprime (ligados al mercado inmobiliario), el economista chileno Manfred Max Neef aclaró que el monto total del rescate implementado por los gobiernos del mundo al sistema financiero multinacional equivalía a 600 veces el costo anual que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) había estimado para solucionar el hambre del mundo. Todo ese dinero destinado por los estados al poder económico concentrado equivalía a 600 años de pueblos sin hambre. Además de las miles de miles de familias que quedaron en la calle como consecuencia de la crisis, o más bien, la irresponsabilidad, el negocio, la especulación, la falta de humanidad, de esos mismos grupos financieros que los estados del mundo apoyaron de manera más que generosa.

Un año después, en 2009, mientras Goldman Sachs ganaba más de 5.000 millones de dólares (un tercio de sus beneficios netos) a través de inversiones bursátiles ligadas al alimento, el economista jefe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Heiner Flassbeck, anunció que, luego de las puntocom y los suprime, la burbuja financiera que se avecinaba era la de este tipo de bonos. El informe publicado por el equipo de Flassbeck advertía que las actividades de los actores financieros “empujan los precios de las materias primas mucho más allá de los niveles que justificarían los datos fundamentales del mercado”.

Según la FAO, solo el 2% de los contratos de futuros sobre materias primas acaban en un suministro real de las mercancías. El 98% restante se vende de antemano por especuladores que solo están interesados en la ganancia rápida. En 2021, en medio de la pandemia del Covid, David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas y ganador del Premio Nobel de la Paz, estimó en 45 millones las personas en el mundo al borde la inanición. Eran 42 millones a principios de año y 27 millones en 2019. El coste de evitar esa hambruna era de 7.000 millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios el año.

Según este organismo internacional, esta cifra equivale al 0,3% de la fortuna de los 400 empresarios más ricos del mundo. O el 3% de la fortuna del megamillonario Elon Musk (de 219 mil millones de dólares al inicio de 2022). Mientas ganaba 432 millones de dólares por día, el actual dueño de la red social X (ex pajarito de twiter) pergeñaba un golpe de estado en Bolivia ante la negativa del gobierno del MAS de entregarle en bandeja el Litio. Estrategia que podría resultarle mejor, sin golpe de estado, en Argentina, ante el triunfo democrático de su admirado Javier Milei. Todo para producir autos dizque ecológicos y viajar a Marte.

La pregunta es: ¿Será que cuando habla de favorecer a las empresas y no cobrarle impuestos el liberal Milei usará la lapicera del Estado para devolver los favores a Musk, o Paolo Rocca (que ya recibió la administración de YPF) o Mauricio Macri (a quién parece ayudará en obtener el poder fulbolero en Boca, la AFA y la FIFA? ¿Es acaso eso una postura anarcoliberal? ¿O una nueva y sofisticada estrategia de la casta empresarial, judicial, mediática, y por último, política, para concentrar aún más la economía y poder especular mejor con el alimento y los recursos naturales (ya que el cambio climático no existe)?

Por estas pampas

La magia de Milei y Toto Caputo (y sus recientes anuncio de política económica) consiste en ignorar no sólo el poder de la “casta” económica. Sino también el hecho de que esa casta económica ha vivido históricamente del Estado, concentrando la economía a fin de evitar la famosa “mano invisible del Mercado” de Adam Smith a través de al creación de oligopolios destinados a imponer precios, ante la imposibilidad de la población argentina de elegir otros productos de mejor precio o calidad (salvo microexperiencias de economía popular o agricultura familiar históricamente, y hoy más que nunca, amenazadas por ausencia del Estado y el Mercado).

No vamos a retrotraernos a la nacionalización de la deuda de las grandes empresas que llevó a cabo un joven Mingo Cavallo al final del “proceso de reorganización nacional” favoreciendo a la familia Macri, Rocca o incluso al mismísimo Eduardo Eurnekian, que se quedó con buena parte del gabinete de Javier Milei y ostenta una fortuna de 1.900 millones de dólares (más de un tercio del hambre en el mundo). Conseguida gracias a jugosos contratos con el Estado en la Corporación América (de donde Javier Milei sacó su minifortuna de empleado que le permitió la “libertad” de gastar 50 mil dólares en clonar a su perro Conan).

Como parte de la llamada “patria contratista”, gracias a las históricas prebendas del Estado (que lo hicieron aparecer al igual que Rocca en la “causa cuadernos”), la familia Eurnekian ha diversificado sus negocios que parten (al igual que Rocca) de una fundación (Southern Cone Fundation) ubicada en el Principado de Liechtenstein con participación en una inversora radicada en Islas Vírgenes Británica (Liska Investment Corporation).

El sobrino de Eduardo, Martín (director ejecutivo de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000) estuvo presente en el escándalo de los Panamá Papers (al igual que Mauricio Macri y buena parte de su entorno, ahora el de Javier Milei). En una entrevista en el diario La Nación en diciembre del año pasado opinó: “Nosotros manejamos una concesión del Estado y somos los primeros en querer planes de largo plazo que permitan desarrollar el sector y hacer crecer el turismo y la conectividad. Necesitamos que haya una discusión abierta de un plan y que el arco político diga hay que ir por ahí y que todos estemos de acuerdo”, agregó.

Parece que la discusión no fue tan abierta, que la “casta” o “arco” político está de acuerdo con el dichoso plan y que los recortes del Estado son solo pa la gilada,

En total, Aeropuertos Argentina 2000 controla 37 terminales en la Argentina y tiene operaciones en Armenia, Ecuador, Brasil, Italia, Uruguay y Perú y próximamente podría hacer pie en África. Pero además, el conglomerado de la familia Eurnekian controla un 70% de la Compañía General de Combustibles (CGC) que se beneficiaría de la suba de combustibles, ahora que se ha dado “libertad de mercado” e YPF (en manos del representante del Mercado Paolo Rocca) no será útil para establecer un precio de referencia. CGC controla el 100% de la Compañía General de Combustibles International Corp. (radicada en Panamá), el 15,8% de Transportadora del Gas del Mercosur SA, el 40% de Gasoducto Gasandes Argentina SA y el 50% de Gasinvest (una sociedad anónima, constituida especialmente para ser titular de las acciones de Transportadora de Gas del Norte). TGN es una de las empresas que se beneficiará con el aumento de tarifas dispuesta por el nuevo gobierno amante del “libre mercado”.

También la familia Eurnekian es dueña de Paoletti América SA (sociedad que realiza obras, trabajos y tareas medioambientales, como así también al estudio de diagnósticos de contaminación, preparación de proyectos de descontaminación y mitigación de riesgos ambientales). O el 98,42% de tenencia accionaria de Villalonga Furlong SA (del famoso y dizque difunto Alfredo Yabrán). O la empresa de biocombustibles Unitec Bio (que habrá visto engrosada sus ganancias por el espectacular aumento del dólar oficial que anunció el mago Caputo). Una actividad que se expandió enormemente gracias a los beneficios que otorgó la Ley de Biocombustibles, votada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Financiando vagos

Como para muestra solo hace falta un botón, en paralelo a la denuncia de Max Neef sobre como los Estados del mundo en 2008 pusieron en marcha la maquinita de hacer billetes para salvar y financiar al capital financiero concentrado, está bueno revisar la reciente política del Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como “dólar soja”.

Dicha política consistió en pagarle al complejo de exportadores agroindustriales un diferencial en el precio del dólar que el Estado compraba al dólar oficial a los importadores. Para tal fin se tuvo que emitir dinero. Asunto que esta vez, no molestó a los teóricos de la economía neoliberal. Ni en las empresas, ni en las consultoras, ni en los canales de televisión.

Según un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), las tres ediciones de este programa significaron un gasto del Estado y un beneficio adicional de 590 mil millones de pesos para los oligopolios agroexportadores. Equivalente a más de cinco años de salarios más aguinaldo para los trabajadores registrados que se desempeñan en el sector agroindustrial sojero. O más del doble de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia (más vulgarmente conocido como impuesto a las grande fortunas). Impuesto que sirvió para financiar el gasoducto Nestor Kirchner (que construyó Paolo Rocca), la compra de vacunas, el plan de regularización de barrios populares de la UTEP , el programa Progresar (de apoyo a estudiantes de bajos recursos) y el Repro II (que pagó la mitad de los sueldos de empresas en crisis).

O 18 años de la pauta oficial que el mago Caputo anunció va a cancelar debido a que “no hay plata”. Pauta que, entre otras cosas, a falta de publicidades de grandes empresas, financia este medio de comunicación popular: La Luna con Gatillo.

Claro que el benefició no alcanzó a todos los exportadores de soja, sino apenas a aquellos que, gracias a sus capitales acumulados o inversiones en otros sectores (en particular el financiero) pudieron bancar la parada de la sequía aguantando los granos debajo de los silobolsas o en grandes silos.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, con operaciones por 13,3 millones de toneladas, los negocios registrados en el mes de septiembre de 2022 (cuando se implementó el dólar soja 1) más que triplicaron el promedio histórico mensual de exportaciones de granos y se ubicaron un 315% por encima del mes anterior. Este volumen, además, superó en un 47% el récord anterior de 9,4 millones de toneladas (alcanzado en mayo de 2019). La segmentación de está política para los grandes ganadores del negocio del alimento (cuyos dólares eran vitales para pagarle al FMI y que no se disparara el dólar, valga la redundancia), no es que solo indignó a los pequeños y medianos productores nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) afectados por la sequía y el aumento de concentración de tierras, sino también a la mismísima Federación Agraria Argentina (FAA), parte de la Mesa de Enlace.

Es que las exportaciones de granos y subproductos de Argentina muestran desde hace décadas una alta concentración con apenas cinco empresas que explican más del 60% de los envíos, según los datos de la Secretaría de Agricultura en 2022. Perdón, serían cuatro. Ya que pal año que viene dos de ellas (Bunge y Viterra) anunciaron su fusión.

Esto dejaría el podio de las cuatro grandes a todas empresas extranjeras (ADM, Cargill, Dreyfus y la propia Bunge), desplazando a la quinta, la china Cofco. La empresa incluye a Renova, eje de oscuras transferencias de la empresa Vicentin, poco antes de la quiebra que dejó de pagadios un multimillonario préstamo del Banco Nación.

La libertad de los supermercados

En medio de la crisis inflacionaria y alimentaria del 2022 y con un salario real en franco descenso, en Argentina, las empresas oligopólicas del alimento vieron incrementar sus ganancias. Arcor tuvo ganancias netas por $35.380 millones (un 78 % más que en 2021) y Molinos Río de la Plata $ 8.197 millones (50 % más que en 2021).

Valla uno a saber a cuantas manos llegan esas ganancias, pero la suma de las dos equivale a un mes y medio del presupuesto de la Tarjeta Alimentar que llega a 2.4 millones de hogares y cubre las necesidades alimentarias de casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Que por lo general consumen esos mismos productos que venden estas empresas.

Es que en el mismo 2002 el 74% de la facturación de los productos de los supermercados se la quedaron solo 20 empresas, entre las que destacan Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, Pepsico, Mondelez, Nestle y Bagley. Una oscura telaraña de relaciones de empresas offshore en Luxemburgo, el principado de Liechtenstein, Panamá, las Islas Vírgenes Británica o Delaware, seguramente relaciona estas empresas con las cuatro dueñas del mercado agroexportador, los negocios de Elon Musk, la familia Eurnekian, Macri o Rocca (eso que los zurdos conspiranóicos llamamos el 1% de dueños del mundo).

A 40 años del restablecimiento de la democracia, aquella histórica frase del presidente Raúl Alfonsín de que con la democracia “se come, se cura y se educa”, parece haber entrado en cuestión en una coyuntura donde se extiende inexorablemente la línea de pobreza e indigencia, aún en sectores con empleo formal. Según un reciente informe del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, la inflación de la Argentina en el rubro alimentos, ubica a nuestro país como el único latinoamericano entre los diez más golpeados por el hambre.

La posibilidad de recortes en los aportes del Estado a la educación pública (ya bastante cascoteadita) puso en aviso a muchos colegios privados, que advirtieron que ellos (al igual que los grandes empresarios) tampoco pueden vivir sin la teta del Estado (cuya mayor fuente de recaudación siempre ha sido el Impuesto al Valor Agregado, IVA, que pagamos todes).

Después de la extraordinaria transferencia de recursos del Estado a los grandes grupos financieros en su sector Farmacéuticas durante la pandemia del Covid. Ante el evidente recorte fruto de que “no hay plata” y la evidente falta de solidaridad del sector privado de salud, habrá que ver si al final las clases medias y populares suburbanas terminan como les jipis tomando yuyitos y haciendo reiki (que pa las doñas es una simple imposición de manos, curada de mal de ojos o tirada de cuerito).

O incluso, en caso de otra pandemia, terminen como Viviana Canosa, ingiriendo el tan criminalizado CBD. Que salvó a las clases populares bolivianas ante la desatención de un Estado demasiado neoliberal (que llegó al gobierno, entre otros, gracias a Elon Musk). En toda caso la Democracia que dará salud no será la del Estado sino la de la comunidad organizada (o no).

Hambre y mala alimentación

En el cierre del año, a pocos días del cambio de gobierno, la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer su informe anual, en el que observó que la Argentina tiene un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia. Es decir que en la actualidad, más de 20 millones de argentinos no cumplen con las necesidades básicas de salarios, salud, educación y alimentación. Y dicen Javier, el Toto y las huestes anarcoliberales que la cosa va a venir peor. No para las grandes empresas prebendarias del Estado, como ya ha sido demostrado en este artículo.

Desmitificando la solución, tanto progresista como liberal, de transformar “los planes en empleo”, la calidad del empleo cayó a los niveles más bajos de la serie que mide la UCA desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%). En 2023, el 33,1% de las personas ocupadas (que son menos de la mitad de la población que trabaja) tuvieron ingresos por debajo de la línea de pobreza. El 32,5% viven en hogares pobres. Y la cosa, dicen Javi, Toto y la huestes anarcoliberales, va a venir peor.

La Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) realizada en 2018 por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (ahora parte del Misterio de Capital Humano con presupuesto recortado y a licuarse en 2024) encontró que el bajo peso afecta al 2,2% de niñes entre 13 y 17 años. El sobrepeso al 30,3% y la obesidad al 7,4%. A lo largo de las tres ediciones de la EMSE, se observó que, entre 2007 y 2018, la obesidad aumentó un 77% en este grupo etario. Esta mal nutrición está relacionada directamente con la ingesta de alimentos ultaprocesados. Más allá de la ley de etiquetado frontal que se implementó sobre los productos de la industria alimentaria concentrada y especulativa. La libertad de los supermercados.

En un informe de Mayo de este año, la UCA estimó en 4,2 millones los niños y adolescentes del país que no llegan a completar una alimentación saludable. Por más que el 59,3% recibe “alimentación gratuita”. Es decir: acuden a comedores, copas de leche y escuelas para poder comer. Comedores, copas de leche y escuelas que, cuando llega, reciben alimentos que el Estado compra, mayoritariamente, a las grandes empresas de alimentos ultrapocesados.

Durante el gobierno de Alberto Férnandez, desde las organizaciones sociales ligadas a la provisión de alimentos en comedores populares se denunció que el sistema de la Tarjeta Alimentar, por sus características, era un gran negocio tanto para los bancos como para las grandes cadenas de supermercados. En paralelo denunciaban la suspensión de las provisiones de alimento de mala calidad por parte del Estado a estos comedores populares, como los inexplicables y denigrantes recortes del Plan Potenciar que cubre el salario social complementario de las mujeres que trabajan en estos comedores. Recortes para los cuales se levantó el secreto fiscal de las beneficiarias. Medida que aún esperamos en los sectores financieros cómplices de la fuga de capitales producto del préstamo con el FMI de Mauricio Macri.

Son las mismas organizaciones que, viendo desde hace décadas el problema del alimento y el desamparo de la población civil (contra la que atenta la cuarta guerra mundial contra las pueblas, dicen las cumpas zapatistas), han desarrollado tanto para la producción, como comercialización o valor agregado, aunque escasas, novedosas experiencias donde, como dicen: “el alimento es un derecho y no una mercancía”.

Otra economía posible

En medio de la última corrida cambiaria e inflacionaria post PASO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CEPA), mostró que en agosto la inflación de la canasta básica en los locales de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP) fue 9% frente a un 20% en las grandes cadenas de supermercados.

“Nuestro proceso de comercio justo tiene que ver con la fijación de precios de manera colectiva, contemplando los costos, pero evitando toda especulación. Tratamos de invertir la lógica tradicional, donde el 70% suele quedar en el proceso de logística y comercialización. Nosotros garantizamos un 60% para el productor, 20% para el transporte y 20% el almacén”, explica Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT), que núclea 25 mil familias productoras de todo el país y que es parte del Mesa Agroalimentaria Argentina (cuyo lema es “el campo que alimenta”). Buceando en La Luna con Gatillo podes ver tanto el alcance de estas propuestas como el débil apoyo que reciben del Estado, más allá de contar con cientos de “funcionaries que funcionan”, además de decenas de proyectos de ley para mejorar la seguridad alimentaria de les argentines.

Además de mejorar los precios tanto para los productores como para los consumidores, además de fomentar el trabajo cooperativo y las economías regionales, los productos de las organizaciones de la ESSP son, en su mayoría, agroecológicos. Y por ende más sanos. Según el informe del CESO, mientras un kilo de pollo casero sin conservantes se puede conseguir a $1.083 en los locales de la UTT y otros emprendimientos similares, un kilo de pollo de feedloot ultraprocesado sale $1.773 en los supermercados.

Lo mismo con los huevos que salen $111 por unidad en estos locales y $194 en los supermercados. O las bananas agroecológicas, producidas por cooperativas del NOA a $827 el kilo, frente a bananas congeladas importadas de Ecuador sin trabajo argentino por $1.647 el kilo.

“Lo primero que podemos ver es que se mantiene la tendencia que notamos hace casi ya dos años: de que siempre los espacios de ESSyP tienen los mismos o menores precios que los supermercados en los productos analizados. Además, debemos tener en cuenta las ventajas que presentan este tipo de experiencias, ya que fortalecen a los productores por su acompañamiento, mejores condiciones de pago y precio, fomentando el desarrollo local y los mercados de cercanía”, aclara el informe del CESO, según el cual, una familia argentina que compró su canasta básica en este tipo de ferias o locales en vez de supermercados durante los últimos 3 meses (de agosto a octubre) se ahorró $21.991.

“Las organizaciones nos hemos fortalecido, pero si eso queda solo a merced de lo que las organizaciones puedan generar el techo es muy bajo. Se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras, habilitar líneas de compra estatal, etc. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límite propios de la economía popular en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva y comercial tan grandes”, nos aclaraba a La Luna con Gatillo, el año pasado, Pablo Blank, parte de la comercializadora Monte Adentro, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).

“Creo que en Argentina tenemos un desafío enorme (que es ante todo cultural) que tiene que ver con asumir integralmente (y con todo lo que eso implique) la situación de dependencia y desigualdad que atraviesa nuestra historia y presente con respecto al alimento que consumimos. Solo desde ahí podremos pensar en respuestas no solo más de fondo sino también más reales, mas sinceradas con nuestra realidad. Y en ese sinceramiento va el reconocer a la producción popular como una parte de la solución. Pero eso requiere cambiar nuestros esquema mentales y también muchos de los marcos legales que ponen a la producción empresarial de gran escala como el parámetro desde donde medir al resto”, agregaba.

¿Será esto parte del sinceramiento de la economía Argentina que proponen los magos Javi y Toto? ¿O será una vez más ir de Guatemala a Guatepor?

Historia de Guatemala

Después del fracaso del plan de Hambre 0 de Mauricio Macri el gobierno del Frente de Todos llegó prometiendo enfocarse en los más necesitados y solucionar de una vez por todas el bendito problema del hambre. Implementó la Tarjeta Alimentar y promocionó con bombos y platillos la Mesa del Hambre (con rutilantes invitaciones que fueron de Marcelo Tinelli o Narda Lepes a Martín Caparros, autor del libro El Hambre).

En la última reunión de la Mesa del Hambre, en mayo de 2021, el secretario general de la UTEP, Estebán “Gringo” Castro, aclaró: “Nosotros vemos que nos vamos a encontrar saliendo de la pandemia con un proceso de mayor concentración económica. Entonces, cada vez que el gobierno toma una medida para mejorar las condiciones de vida de los mas humildes, se la come el aumento de los alimentos. Eso es como un perro que se quiere morder la cola, es muy desgastante, es una pelea inconmensurable. Le exigimos, si quieren le pedimos, a los sectores que más concentran la economía, que definen el precio de los alimentos que consumen los sectores más pobres de la Argentina, que tengan un poco de sensibilidad”.

Con la marcha atrás de la expropiación de Vicentín y la posibilidad de la creación de una Empresa Pública de Alimentos (que además hubiera servido de control para la evasión fiscal en el sector agroexportador) comenzó el declive final de las esperanzas en el gobierno de Alberto Fernández. Declive que culminó con la contratación como asesor presidencial de Antonio Aracre, representante del agronegocio y con quien el líder de la UTT, Nahuel Levaggi, había tenido un intenso debate televisivo acerca de si el alimento era un derecho o un negocio.

Luego de implementar exitosas micropolíticas de reciclaje, compostaje, provisión de alimento sano para los comedores populares y hasta una cooperativa de dulces, Levaggi renunció al Mercado Central ante la insólita noticia de que la Argentina iba a importar tomates (ver Que culpa tiene el Tomate).

Las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños y medianos productores de alimento nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), ya le habían presentado en 2019 a Alberto Fernández un plan Agrario, Soberano y Popular, elaborado en un foro conjunto en mayo de ese mismo año. Poco antes de las PASO insistieron con unPrograma Agrario para el Alimento. Podes ver en la luna algunas experiencias que participaron del encuentro Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria en Humana Club Social de Traslasierra.

También desde el programa Mercados de Cercanía del ministerio de Desarrollo Social, junto a distintas organizaciones de la economía popular se presentó una “Propuesta de Políticas Públicas para el Abastecimiento Popular de Alimentos Sanos, Seguros, Soberanos y a Precios Justos”. Fue en el Mercado Central, en la nave de Alta Red, un federación de cooperativas que comercializa más de 50 toneladas de alimentos por mes y llega a más de 10.000 familias del AMBA.

El Programa Mercado de Cercanías, implementado por el gobierno de Alberto Fernández ante la sugerencia de las organizaciones de la economía popular, núclea más de 200 experiencias de comercialización popular con 900 puntos de venta y 7.000 trabajadoras. “Podría ser la competencia de cualquier supermercado”, comentaba Eva Verde, directora del programa y que ya se encuentra recogiendo sus petates de funcionaria pública que funciona para volver al llano de su organización de base, el Frente Popular Darío Santillán. Organización que forma parte de Patria Grande, que a principios de este año presentó una evaluación de su Programa de Buen Gobierno, implementado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Es misma tarde, el precandidato Juan Grabois preguntó a las cumpas de Alta Red cuanto pagaban de alquiler por la nave del Mercado Central. Y si sabían del enorme galpón de 70 mil metros cuadrados donde funciona Mercado Libre (la empresa del también fan de Milei y el anarcocapitalismo, Marcos Galperín) a través de Plaza Logística (empresa controlada por los fondos norteamericanos Bule Water y Point State Capital, está última dueña de la constructora Caputo SA). Empresa que recibió enormes beneficios del Estado incluyendo un alquiler irrisorio (entre otras consesiones que el gobierno de su amigo Mauricio Macri le dio a Galperín)

Cuestiones de presupuesto

Ponele que borrón y cuenta nueva con la nacionalización del Mingo Cavallo, la repartija de las joyas de la abuela del Turco Menem y el dólar soja. Primero Juan Grabois, después Cristina, y finalmente el ministro y candidato Sergio Massa en su proyecto de presupuesto nacional, aclararon que mientras las ayudas sociales y a cooperativas a la economía popular se llevan un 1,5% del presupuesto nacional, las exenciones a grandes empresas se llevan el 4,5% (incluyendo el no pago de ganancias de los jueces cómplices de la dictadura y el1%, la tenencia de propiedades en el exterior y otras excentricidades).

Muchas de las ayudas a estas iniciativas verán recortadas o licuadas las hasta ahora escasas partidas por parte del Estado. La mayoría de áreas que queden en pie para el apoyo a pequeños productores de la agricultura familiar, cooperativas o comercializadoras de la economía popular y otras experiencias exitosas a la hora de brindad alimento bueno, bonito y barato a la población argentina, quedarán dentro del Ministerio de Capital Humano, conducido por la ex-productora de Luis Majul y “experta en familia” de la elitista Universidad Austral, Sandra Viviana Pettovello. Al menos el mago Caputo anunció que seguirán en pie (aunque licuadas) las políticas asistencialistas de la AUH y la Tarjeta Alimentar, además del Salario Social Complementario (ahora Potenciar). Eso si. Sin intermediarios. Algo que ya sucedes, ya que todas estas políticas son de carácter personal y tiene tarjeta bancaria a nombre del beneficiario.

La otra vez acá en Traslasierra encaré a un par de buenos vecinos que organizaron la fiscalización de Javier Milei en el territorio y con onda les pregunté: “¿Che a vos que te re gusta el laburo social y cultural que hacemos desde Humana Club Social, tenés algún teléfono del nuevo gobierno, o de alguna ong internacional o quizás quieras poner unos pesitos? Porque este gobierno que pasó era un desastre, pero hasta las migajas que nos tiraron van de dejar de llegar. Y nosotres laburamos gratis”.

¿Será el nuevo presidente anarcoliberal Javier Milei capaz de cumplir con su ideología y doctrina y observar estas contradicciones en el presupuesto nacional? ¿Será capaz de además de quitarnos las migajas a nosotres parar con la Patria Contratista de su ex jefe Eurnekian? ¿Podrá darse vuelta y decirle a sus amigues del capital económico concentrado prebendario argentino: ¡Es alimento señores!?