Histórico: el Estado argentino le pidió disculpas a una sobreviviente

En un acto público, el Estado asumió su responsabilidad internacional y le pidió disculpas a Olga del Rosario Díaz, víctima de una tentativa de femicidio, que realizó reiteradas denuncias que fueron ignoradas. “Agradezco sus palabras y agradezco a Dios estar viva”, dijo la sobreviviente.

Por @FloStraso

En un acontecimiento sin precedentes, el jueves 15 de abril a las 11 horas, se realizó un acto público que se transmitió por Youtube. Fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y contó con la participación de variadas referencias, como la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El Estado argentino había sido denunciado ante el Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra Olga, por la tentativa de femicidio que sufrió el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. 

El 23 de octubre de 2019, se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la CEDAW. El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género.

EL CASO

En el año 2002, Olga denunció a su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, por violencia de género… pero la causa prescribió. A inicios del 2017, tras continuas y severas agresiones a ella y a una de sus hijas, Olga denunció nuevamente. Como pasa tantas veces, las víctimas son revictimizadas por la desidia del sistema judicial. En este caso, Olga solicitó botón antipático que nunca recibió, incluso fue citada a una audiencia junto a su agresor. Cualca. El juez, finalmente, solicitó que el agresor abandone el hogar, pero no controló el cumplimiento. Tras quince años de formular sus denuncias, Olga fue víctima de tentativa de femicidio, el 24 de marzo del 2017. Al momento del ataque, no contaba con ninguna medida de protección.

Fotos: Secretaria de Derechos Humanos de la Nación (Facebook oficial).

El Estado es responsable

Hace treinta años que Argentina adhirió a los tratados internacionales más importantes que se encargan de promover estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. La CEDAW fue adoptada en el 79 y aprobada en Argentina en el 85, adquiriendo jerarquía institucional en el 94. En ese año, en Brasil, se aprobó la Belém Do Pará, convención a la que Argentina adhirió dos años después. 

Estos tratados son fundamentales en la historia legal de la lucha por la igualdad de género, una lucha histórica y vigente, que ocupa uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la mismísima ONU. Cualquiera que ahonde en el tema, se encuentra con esas convenciones como punto de partida para reconocer el flagelo de la violencia hacia las mujeres, por un lado, y para instar a los Estados miembro a actuar para lograr esos objetivos.

Todo esto para decir que el Estado tiene la obligación de implementar políticas y tomar acciones al respecto. De hecho, la ley nacional pertinente (n° 26.485), incluye a CEDAW y Belém Do Pará como parte e incluye una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir:

• Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;
• Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;
• Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
• Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales

Claro está que la realidad y la ley no coexisten. La ley no se cumple, pero evidencia que es obligación del Estado realizar esas acciones. Y este acto fue clave para reivindicar eso.

Un palo al sistema judicial

Días atrás, la reconocida periodista Mariana Carbajal, brindó un curso virtual para profesionales de la comunicación que se desempeñan en la justicia. Compartió una interesante reflexión sobre “juzgar con perspectiva de género”. Dijo al respecto:

• El desafío de los tribunales es poder identificar, analizar y problematizar las discriminaciones por cuestiones de género, que impidan cumplir con los estándares internacionales fijados por los tratados de derechos humanos, en especial la CEDAW y Belém do Pará.

• Es importante entender que la perspectiva de género cuestiona el paradigma del único “ser humano neutral y universal, basado en el hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad, no indígena, y en los roles que se le atribuyen a ese paradigma” y en función de esto se requiere reconocer y problematizar los aspectos sociales y culturales que promueven las desigualdades entre hombres y mujeres.

Mientras tanto, en el acto para Olga, la Ministra Elizabeth Gomez Alcorta leyó un documento que dejó a las claras la ineficacia del accionar de la justicia ante casos de violencia de género. Afirmó que el sistema judicial ha funcionado “como un engranaje del sistema patriarcal”, que se caracteriza por (1) ser incapaz de garantizar protección y (2) ignorar los indicadores de riesgo.

Por su parte, Dora Barrancos -que estuvo presente en el acto-, le dirigió unas palabras a Olga: “No te quepa la menor duda de que has hecho ingresar a este país a un ciclo fundamental de cambio y de transformación, una cambio de época, porque efectivamente la dignidad y consecuencia de tu lucha es una circunstancia que conmueve y conmueve de tal modo que este acto de reparación se constituye como histórico”.

Olga aceptó las disculpas y lo hizo en nombre de “todas las mujeres que no fueron escuchadas y que de manera trágica sus vidas fueron silenciadas”. Ella, que habló al final del acto, reiteró el pedido de Ni Una Menos y agradeció a sus hijas e hijo que estuvieron presentes en el acto. “Muchas gracias a todos y a todas, pero en primer lugar doy gracias a dios por mi vida y por estar viva”, dijo. Mirá el acto completo:

¿Un cambio de época?

Este pedido de disculpas es altamente significativo para todas las personas que son víctimas del maltrato de sus parejas o ex parejas y de la violencia institucional perpetrada por agentes del Estado (en sus tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo) que pecan de desidia e ineficacia. 

Deseantes estamos de que estas disculpas desemboquen en un compromiso asumido que ponga a disposición los recursos necesarios. Este acontecimiento nos deja algunas conclusiones importantes que permiten preguntarnos si estamos ante un efectivo cambio de época, a saber:

• El Estado reconoce la responsabilidad que tiene en la lucha contra los femicidios y la violencia de género; y lo hace en carácter de obligación. 
• La violencia de género se reivindica como un asunto de Derechos Humanos, por lo tanto su existencia representa un flagelo a los mismos. 
• El sistema judicial está en el centro de la crítica y su cambio es urgente, de lo contrario seguirá siendo funcional al patriarcado como sistema histórico y estructural de las relaciones humanas. 
• La federalización de ciertos procedimientos centralizados en Capital Federal es urgente, sobretodo el registro público de denuncias contra magistrados/as.
• Las capacitaciones al Ejecutivo, Legislativo y Judicial enmarcadas en la Ley Micaela deben continuar y sostenerse establemente.

La vida de las mujeres no puede depender de la voluntad de Dios; depende del cumplimiento de los sistemas de protección que existen hace más de 30 años. Los femicidios son crímenes que se pueden evitar y el Estado es un aliado fundamental que tiene que dejar de ser funcional al patriarcado, o al menos, intentarlo.