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Del crack a Blas

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¿Qué tiene en común las grandes financieras y los casos de gatillo fácil? Los límites de investigar a los chorros de cuello blanco y los azules de dedos salpicados. La justicia por Blas Correas y la doble vara de las almas inquebrantables.

Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual

“La crisis bancaria, que empezó con las quiebras del Silicon Valley Bank y de otro banco de los Estados Unudos (el Signature Bank), y luego el más reciente caso del Credit Suisse en Suiza, no terminó. Es claro que los bancos centrales están muy inquietos. Los mercados están dispuestos a utilizar armas masivas para proteger a los bancos. Pero hay un sentimiento de pánico en varios segmentos del sector bancario. Por ejemplo: la venta del Credit Suisse a la Unión de Bancos Suizos (UBS) anularon U$S 17.000 millones de bonos convertibles. Hablamos de un mercado de bonos bancarios de U$S 280.000 millones. Así que los demás tenedores de este tipo de bonos en otros bancos, como el Deustche Bank, se están preguntando qué va a pasar, que si el Deutsche Bank entra en una situación en el que debe ser rescatado; entonces, buscan la vuelta para ver cómo vender sus bonos. Por ende, hay un elemento de desestabilización del mercado. No digo que esto llevará a otras quiebras. Pero para nada se puede considerar que la situación está bajo control”. Las palabras le pertencen al historiador belga Éric Toussaint, integrante del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas, en el programa radial de la revista Crisis en Radio Nacional Rock.

Esos bonos llevaban de nombre AT1, eran de muy alto riesgo a tasas alta de interés y que fueron creados luego de la anterior crisis financiera, la del 2008, para tener garantizado una absorción de pérdidas por parte de los bancos para no utilizar los depósitos de sus clientes. El problema es que como ahora esos bonos tienen un valor a cero, quienes recibieron una mínima compensación fueron los accionistas del banco suizo y no sus bonistas, lo cual es una rareza en el reglamento bancario, no así en su habilidad codiciosa.

En concreto, lo que agarra a todo el mundo de los pelos de la cabeza es el hecho de que el crack de dos bancos yanquis terminan poniendo en jaque a las finanzas de dos países europeos, como son Suiza y Alemania.

Un párrafo aparte merece recalcar las disputas geopolíticas que puede haber detrás de lo ocurrido en la región helvática. El UBS, el que compró al Credit Suisse, tiene como principales accionistas a fondos de inversión estadounidenses, como BlackRock. Mientras que el rematado, tenía a la cabeza inversionistas provenientes del Golfo Pérsico, dispuestos a utilizar los petrodólares para “lavar” fondos de negocios espurios, como el negocio de contrabando de armas. De hecho, tuvo que renunciar el presidente del Banco Nacional Saudí, al reconocer públicamente que no enviaría más fondos al Credit Suisse por la situación bancaria norteamericana.

Como si fuera poco, el miércoles pasado, la Comisión de Finanzas del Congreso de los Estados Unidos denunció la semana pasada al Credit Suisse por ayudar a multimillonarios estadounidenses de ocultar 2.600 millones de dólares. Su presidente, el senador Ron Wyden, dijo que en “el centro de esta investigación están los banqueros suizos codiciosos y los reguladores gubernamentales secuestradores. Y el resultado parece ser una conspiración masiva y en curso para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ultrarricos a evadir impuestos y estafar de sus compatriotas”.

En el interior de la voz de las finanzas

A pesar de la distinta vara chauvnista, en el mundo de las finanzas, los torrentes sanguíneos son una amalgama plurinacional, cuyas venas van recorriendo distintas partes del cuerpo terráqueo. Incluyendo: el corazón de nuestro país. Aquí va un ejemplo.

Según los documentos recolectados en los Panamá Papers, el 29 de septiembre de 1997 se crea una sociedad offshore llamada Eldorado Ventures Inc., en las islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Mar Caribe. Sus accionistas, que aparecen el 23 de abril de 1998, son filiales del banco norteamericano JP Morgan, bajo los nombres de Chase Bank (C.I.) Nominees Limited y Chase Bank & Trust Company (C.I.) Limited. Ambas tienen sus oficinas en otra isla, llamada Jersey, también de la corona británica pero más cerca del canal de la Mancha. Dos años después, el 28 de abril del año 2000, las acciones de los Chase Bank del JP Morgan fueron transferidas al Tenby Nominees Limited y al Brock Nominees Limited, ubicadas en la isla británica de Guersney, cuyo único agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse. Finalmente, el 13 de enero de 2004, todas las acciones fueron entregadas a seis integrantes de la renombrada familia cordobesa Remonda, ex dueños del diario La Voz del Interior, el matutino con más tirada del interior de la Argentina.

Dicho sea de paso, en ese mismo año 2004, los Remonda también crearon una sociedad que también es caratulada como guarida fiscal, pero esta vez en suelo estadounidense. Hablamos de una firma llamada Pantoja Trading Corp., ubicada en la avenida Brickell al 1300 en Miami, distrito de Florida.

De hecho, un mes después de crearse ElDorado Ventures Inc, el 20 de noviembre de 1997 se inscribió en la AFIP la empresa llamada CIMECO SA, que fue creada por el Grupo Clarín y La Nación como entidad para adquirir los diarios de La Voz de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Cuando el dueño del multimedio de la trompeta, Héctor Magnetto, se sentó con los Remonda para calibrar la compra del medio gráfico, ya tenía alojada cuentas secretas a su nombre en el JP Morgan, que sería destapados por el ex empleado bancario Hernán Arbizu, de la mano de Jorge Lanata para el extinto diario Crítica.

La novedad de hoy es que las cuentas secretas de los Remonda serían transferidos al UBS.

En compañía del diablo

Se sospecha que la entrada de los Remonda al negocio offshore, teniendo como contraprestación la venta del diario que fundaron sus abuelos hace un siglo atrás al Grupo Clarín, solo podía llevarse a cabo con el pleno contacto de figuras que tenían mejor experiencia y soltura en esos ámbitos.

Esto termina revitalizando un artículo publicado recientemente en La tinta, por parte del abogado Lucas Crisafulli, que rememora la figura del criminólogo Edwin Sutherland, autor del libro El delito de cuello blanco, que tiene reservado un capítulo dedicado a “Manipulaciones financieras”, aunque en aquella época de 1920 todavía no se había profundizado el concepto de tax haven, guarida fiscal o “paraíso fiscal”.

En base a ese artículo, para “que exista delito, es necesario que se tenga asociaciones con personas que no solo enseñan a delinquir, sino que transmiten pautas favorables a infringir la ley. Las agencias no íntimas como la televisión, el cine o los diarios no ejercen ningún tipo de influencia en el sujeto, sino que la familia y las amistades son los grupos íntimos por excelencia”.

Los medios no ejercerán influencia, pero sí resulta curioso que cada vez que en Argentina se destapa un escándalo financiero, por la filtración interna de algún arrepentido, siempre aparecen a la cabeza los dueños de los principales productores mediáticos del país.

Tres cualidades de la policía

“No va a decir [Edwin Sutherland] que el mero contacto con grupos delictivos pueda llevar a la conducta criminal, sino más bien la sobreabundancia de esas asociaciones con una determinada intensidad en relación a las asociaciones con pautas de comportamiento no delictivo. Y establece qué se enseña y se aprende: técnicas, algunas sencillas y otras más complejas”, insiste Crisafulli en La tinta.

En esa sobreabundancia, se explicaría los distintos casos de delitos que comete las fuerzas policiales. En la provincia de Córdoba, se pueden detectar tres cualidades, que no se diferencia mucho al resto de las fuerzas provinciales:

  • la primera es que es una institución, que mantiene una organización vertical para cumplir objetivos generales y que cada uno cumple una determinada función;
  • la segunda es que es regimental; cada quien acata las ordenes de alguien que tiene un puesto de mayor jerarquía;
  • y la tercera, es que es un aparato, proclive no solo a trabajar como una comunidad, sino también generar disfuncionalidades, donde se ejerzan divisiones internas.

En las dos primeras cualidades -institución y regimentación- se permite entender cómo reacciona la Policía ante un abuso que cometió uno de los suyos, donde a partir de un homicidio por gatillo fácil se desencadena, automáticamente, el encubrimiento por parte de quienes lo acompañan, sea adulterar la escena, implantar un arma ajena o atemorizar potenciales testigos.

Todo puede llegar a ser efectivo, en cuanto los policías tienen su propio piso territorial en un barrio, donde ejercen el abuso y la autoridad. Sin embargo, no ocurre de manera tan sencilla si se ubicara en una zona más cercana en el centro que en la periferia, como ocurrió con Valentino Blas Correas (17), el 6 de agosto de 2020.

El otoño de los bienintencionados

Es el último día de marzo, y mientras se oscurece el cielo otoñal, en la Sala 8va. del Crímen del Palacio de Justicia se amontona de personas, a la espera de la sentencia por el asesinato y encubrimiento por Blas Correas. “Vayan entrando, pero de a diez personas”, dicen los custodios de la entrada, frente a una fila de personas. La sala se va llenando, midiendo la magnitud de las expectativas. La mamá de Blas, Soledad Laciar, les habla con una voz casi entrecortada: “Sea el fallo que sea, vamos a seguir luchando. Porque no tenemos el gusto de decir que somos unos locos. Porque somos un montón. Sé que es difícil. No sé cómo seguir. Pero seguiremos”.

Una sala más cómoda queda reservada para periodistas, quienes podemos presenciar el veredicto mediante la transmisión de una pantalla grande. “Afuera está más lleno que la cancha de Belgrano”, comenta un colega.

Mientras tanto, su humilde servidor recibe en su Whatsapp los fundamentos de la sentencia de otro juicio de gatillo fácil. Es el de Isaías Luna (22), asesinado por la espalda durante el asalto a una vivienda. Lo curioso de ese caso es que sus compañeros, que perpetraron un robo, recibieron peores condenas (alrededor de 3 años con prisión efectiva) que los policías involucrados en el doble crímen por encubrimiento (entre 2 y 3 años sin cárcel efectiva) y por asesinato, perpetrado en este caso por Esteban Adavid (1 año y medio sin cárcel efectiva).

“Fijate si es verdad que llegó Sonia Torres”, le pide un periodista a otro, en referencia a la Abuela de Plaza de Mayo filial Córdoba. La información es correcta y varixs tratan de sacarle una foto. En mi caso, reviso lo que puedo a las 406 páginas que me pasaron en el celular. Encuentro el comentario de uno de los jueces del caso de Isaías: “No veo, no encuentro razonable ni justo atribuir al Sargento de Policía Adavir (sic) el error a que fue inducido por la sucesión de acciones delictivas que Ismaél (sic) Daniel Luna, inicialmente con el concurso de sus consortes de causa en ese atraco domiciliario violento (…), mediante las cuáles creo una situación de riesgo eminente, tensionante y extremo que mantuvo con su actitud posterior; con lo cual -penosamente- terminó propicionando su propio infortunio. Ello no implica dejar de lamentar la muerte de ese joven, de apenas veintidós años de edad, que deja huérfano a un pequeño de muy corta edad”.

La acotación del magistrado no se limita solo a victimizar al victimario, o cargando de culpas a la víctima. Sino que además es una línea que traza a un amplio espectro de la sociedad cordobesa de buenos modales, que quedó conmovida con el caso Blas y no tanto con el caso de Isaías. Juristas, periodistas, dirigentes y otros paladines se resguardan, de manera seleccionada, ante un fallecido que les permita lavar sus buenas intenciones y evitar así que otros casos ensucien sus relucientes dobles varas.

Soledad, mamá de Blas, acompañando a Silvana, mamá de Isaías. Foto de archvio. Gentileza: Diciembre.

La abogada de la familia de Isaías, Victoria Siloff, explica que la clave jurídica detrás de esto es el uso arbitrario del Artículo 80 inciso 9 del Código Penal, que es la que aplica la perpetua a todo policía o penitenciario que mata por abuso de su función o cargo, como ocurrió con Blas. Pero en otros casos, los funcionarios judiciales lo “esquivan” para aplicar el homicidio simple o calificado: “Lo que tiene que ver con la justicia es la conducta del acusado -sea del homicida como del encubridor- al igual que su calidad institucional, para determinar si se agrava o no la pena. Pero no lo que estaba haciendo la víctima, salvo que atentara contra la vida de alguien, o de la clase social a la que pertenecía. De lo contrario, lo único que demuestra las diferentes condenas es un racismo y un clasicismo enquistado. Y eso hay que cambiarlo”.

La premonición maternal

Con media hora de atraso, se procede a leer el fallo resolutivo. Va a llevar casi una hora entera. No se limitó solo a imponer la prisión perpetua contra los dos policías que efectuaron los disparos contra el auto que viajaba Valentino Blas Correas y sus amigxs. Tampoco a las condenas que giraban alrededor de cuatro años de prisión quiénes activaron el frustrado plan de encubrimiento, también mediante la implantación de un arma. Ni siquiera que se libre una investigación contra importantes funcionarios, que son:

-los integrantes de ese entonces del Tribunal de Conducta Policial, por posible “omisión a actos pertinentes en su función, que podrían haber evitado los primarios hechos”;

-la actual deja de la Policía de Córdoba, Liliana Zarate Belletti, en este caso en su calidad de directora General de Recursos Humanos, por la “supervisión de la eficiente formación y de la posterior evaluación de aptitud para continuar en el desempeño funcional del personal actuante”;

-Víctor Di Stefano, actual subdirector General de Seguridad de la zona norte del capital, por “ilegal presunta autorización dada a personal policial para que ingresen en el día del hecho al centro de control de videovigilancia”;

-el ex comisario Gonzalo Cumplido, a cargo en ese entonces de las fuerzas policiales de la capital, por el “conocimiento que pudo haber tenido del plantado del arma”;

-el ex-ministro de seguridad y actual legislador, Alfonso Mosquera, y quien era su subsecretario de Coordinación y Estrategia Planificada, Lucas Mezzano, “con relación a la entrega de un vehículo Toyota Corolla, supuestamente perteneciente a un particular que se encontraba en la Casa de Gobierno de esta Provincia a Gonzalo Cumplido, con posible abono de tickets de combustibles y seguros de automotor con fondos provenientes, posiblemente, del erario público”. Evidentemente, las tres cualidades de la policía no se detenían solo de la cúpula para adentro.

Sino que además, el tribunal le expidió -“una vez más”, ya que es la cuarta vez que estos mismos señores hacen esta exigencia en distintos fallos- al gobierno de Córdoba que tome medidas al respecto en cuanto a la formación policial, “para que nunca más se repita lo acreditado”. El “nunca más” se enlaza con las declaraciones recientemente pasadas ante la prensa de Soledad Laciar al sentirse identificada con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sus palabras se volvieron premonitorias.