INFORMES

Agronegocio, corrupción, represión y balotaje

Comparte!

El 70% de Córdoba votaría por Javier Milei. Los mismos que votaron a Schiaretti como gobernador. Por eso: su afán de acusar a Massa de ser K. En Córdoba, se han inaugurando pasos viales, para beneficiar al agronegocio, con sobrecostos superiores al 50%. Como contracara: se acumulan casos causas penales contra protestas sociales. Ante ellos, una pregunta: ¿son lo mismo Massa y Milei?

Por Lea Ross

Se estima que el 70% del electorado cordobés votará a Javier Milei para presidente en el balotaje del 19 de noviembre. Algunos analistas creen que si Sergio Massa quiebra el techo del 30% puede marcar una diferencia ante la supuesta paridad que se avecinaría. Por eso, el actual ministro estuvo haciendo campaña en las dos principales ciudades de la provincia, a dos semanas de las elecciones.

Una parte importante de quienes votan a La Libertad Avanza han votado a Juan Schiaretti para la actual gobernación. Por eso, el Gringo se la pasó bombardeando con actos y publicaciones en X-Twitter contra su ex-contrincante en las Generales, al que lo tilda de “kirchnerista”, a pesar de mostrarse como alguien que pretende superar la grieta.

Las bases electorales que tiene Schiaretti son anti-K. Él lo sabe. Tanto como lo tenía el marxista Agustín Tosco, al ser consciente que sus bases sindicales eran peronistas. Por eso no confrontaba con Perón: para no dividir a las masas organizadas. Ambos coinciden con eso. Lo que los diferencia es a dónde pararse frente a la línea que separa el borde del abismo.

Encuadernado

Sin embargo, una de los puntos flojos que ha tenido la administración kirchnerista de 2003 y 2015 son las denuncias por casos de corrupción. En particular: las irregularidades en el manejo de fondos para la obra pública.

Curiosamente, la propia administración schiarettista no es ajena a esa problemática. E incluso quedando expuesto en uno de sus recientes actos de la semana saliente.

Se trata de la conclusión de casi la mitad del asfalto de la entrada a Capilla de los Remedios, mediante la ruta 19, ubicado en el departamento de Río Primero. “Esto se hace realidad porque hay un trabajo mancomunado entre la provincia y los productores agropecuarios. No podríamos haber hecho esta obra si no fuera por el apoyo, y también por los recursos, que ponen los productores beneficiados por la pavimentación de esta obra”, sostuvo el gobernador, en referencia al llamado consorcio de camineros, donde se impulsan las licitaciones viales a beneficio de las zonas rurales, en particular, quienes tienen campos de altos rindes.

La prensa del gobierno no mencionó que esos trabajos los hizo la empresa Cavicor, manejado por el hermano del primer empresario arrepentido en el mega escándalo judicial de los llamados “cuadernos de la corrupción”. Se trata de Juan Carlos y César de Goycoechea, donde el primero fue quien se presentó a Comodoro Py. Sus nombres son mencionados en las páginas del chofer Omar Centeno, quien transportaba a funcionarios públicos para luego recibir los sugestivos bolsos por parte de los empresarios de la construcción. Además, César es mencionado en los Panamá Papers, al estar conectado con dos sociedades offshore.

A principios de año, La Luna con Gatillo había realizado el informe “Los dueños del Cordobesismo”, donde computó las ofertas iniciales que ofrecía el Estado cordobés en distintas obras, y cómo los empresarios competidores se ponían de acuerdo para sobredimensionar ofertas por arriba de lo propuesto por la propia administración pública.

Según esos registros, la obra de Capilla de los Remedios fue propuesta inicialmente con $ 695 millones de ese entonces. Pero la ganadora, Cavicor, lo ofreció a casi $ 868 millones. Una sobreestimación de 24,8%.

Para tomar una dimensión: en la sentencia de la Causa Vialidad, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, se investigó 51 obras que realizó el empresario Lázaro Baéz en Santa Cruz, solventado con fondos nacionales. En la lista, se detectó que solo 3 obras superaron la cifra “cordobesa” del 24,8%. Los propios jueces consideraron que ya de por sí era grave que haya niveles superiores al 20%.

Pero incluso, siguiendo con el trabajo de La Luna, si en Córdoba nos enfocamos solo en las licitaciones llevadas a cabo por el consorcio de camineros, vemos que hay un magnánimo promedio de sobrefacturación del 53%. Muy superior a lo investigado contra CFK.

Medio agrio

En el primer fin de semana de noviembre, en el valle de Calamuchita, su humilde servidor fue invitado al Tercer Encuentro por el Ambiente y el Arte Popular, realizado en la comuna de Dique Chico. Un escenario musical, puestos para vender y un espacio cultural para dar talleres y charlas fue lo suficiente como para congregar a habitantes de distintas geografías de la provincia.

Toda la organización fue a cuenta de la Asamblea Salvemos al Cerro. Desde allá denuncian que la empresa desarrollista GNI Propietarian ha alterado la región montañosa para construir mansiones a la vera del lago. Para el arranque de semana, recibí la noticia que el pueblo fue declarado en emergencia hídrica por la baja del nivel del agua. “Justo cuando se termina el Encuentro”, me comenta quien pasó la información.

GNI fue creado por dos arquitectos de la localidad agropecuaria de General Deheza. Supieron sacar provecho para convencer a productores sojeros que invirtieran su renta en el rubro de ladrillos. Uno de ellos, Roque Lenti, es el actual presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba.

Pasado la charlas sobre avistaje de aves y talleres de preparación de dulces, le tocó el turno a la presentación de libros. Uno de ellos llevó de título Córdoba: Estado, política y agronegocios (1996-2016), escrito por Vanesa Villarreal, politóloga y docente de la Universidad Nacional de Villa María. La obra realiza una trayectoria de las políticas públicas y decisiones administrativas cordobeses, sea designaciones de cargos o reformas ministeriales, “que han beneficiado a los empresarios ligados al modelo agrario dominante a través del accionar estatal y la toma de decisión cotidiana. De tal manera, podremos comprender las desigualdades en la distribución de recursos favorecidos por el gobierno provincial cordobés en los últimos veinte años”.

Un dato de color encontrado entre sus páginas: Carlos Gutiérrez es un personaje ultraschiarettista central. Tiene más cara de malo que la del pirata cojo de Joaquín Sabina. Hace rato que es diputado nacional. Durante el primer gobierno de Schiaretti (2007-2011), el área de Ambiente dejó de ser una agencia y pasa a ser una secretaría, donde fue ejercida por María Amelia Chiofalo, hasta octubre de 2008. Para cuando quedó vacante, fue ocupado por meses quien era en ese entonces el ministro de Agricultura: el mismísimo Gutiérrez, siendo el responsable, por meses, de ocupar Ambiente y Agricultura al mismo tiempo.

Como si no fuera suficiente la trayectoria de análisis que hace Vanesa desde la asunción de José Manuel de la Sota en su primer gobierno en 1998, a mediados de la semana saliente, ingresó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que propone crear la Agencia Agro Córdoba. Su función es administrar el Fondo de Fideicomiso Agropecuario, que apunta a invertir en infraestructura rural, con participación de los mismos consorcios generosos en los números de licitación más la Mesa de Enlace. Según sus fundamentos, tiene como objeto “simplificar la gestión en virtud de que se reúne en un único ente la ejecución de todas las acciones que resultan necesarias para el cumplimiento” de dicho fondo, además de “la función de gestionar el financiamiento”. Cuenta con la firma del mismísimo Schiaretti más ministros de Agricultura, de Obras Públicas y de Finanzas.

Las agencias se crearon a principios del siglo, con la Reforma del Estado impulsado por José Manuel de la Sota. Figuran como “Sociedad de Economía Mixta”, que en los hechos se asemejan jurídicamente a ONGs. Es decir: no rinden cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ni publican sus resoluciones y balances.

A esto se suma la polémica que propone el oficialismo de reformar ese tribunal, donde se denuncia que no controlará contrataciones del Estado ni sus administraciones satélites, y se aceptan emitir gastos sin comprobantes.

Los abismos

Es jueves 9 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.

La inmensa marcha contra la criminalización de la protesta dificulta poder recorrerla en su totalidad. En sintonía con la convocatoria en Buenos Aires, la capital cordobesa realiza sus pasos en la zona céntrica. “Che Lea, ¿viste la película de César González?”, me pregunta un conocido del Partido Obrero. Se refiere a la proyección de Al borde, un documental sobre el balotaje, realizada en distintos puntos del país el miércoles pasado. Me comenta que le pareció que tenía una mirada parcializada, debido a que no exponía la mirada del Polo Obrero, la rama barrial del PO y que más personas trajo a la presente convocatoria, además del hecho que solo muestra los proyectos cooperativos ligados al peronismo. De cualquier manera, aquí comparto una crónica sobre el filme, realizada en Alta Gracia.

En el documento de cierre, se menciona la causa de los seis dirigentes imputados por realizar un piquete en la capital contra el FMI el 5 de abril con pedido a elevación a juicio. También, se repudió la condena a cuatro ex-trabajadores de la fábrica Minetti, durante una jornada de toma laboral, y al procesamiento de estudiantes universitarios por la toma de la Universidad de Córdoba realizada en 2018. Además: se mencionó el repudio a 16 militantes socioambientales con causas judiciales por resistir a las autovías serranas de la provincia de Córdoba.

Sobre el panorama electoral, el extenso texto no es esquivo. Consideran que las ayudas sociales son el blanco elegido por las dos alternativas: Milei los quiere eliminar y Massa pretende cederlos a “los intendentes, el PJ y la burocracia sindical para debilitar a las organizaciones sociales”. En un pasaje anterior, subrayan el negacionismo de La Libertad de Avanza, cuya libertad, en realidad “retrocede”. Y cierran: “Sea Massa o Milei, van a gobernar para las corporaciones, las bancas y el agronegocio”.

La concentración cierra, no sin antes de seguir intercambiando opiniones sobre películas y libros. Además de insistir en que compre la Prensa Obrera. En su título de esta jornada: “La farsa del balotaje”.

Son lo mismo

Ante la incertidumbre del 19 de noviembre, resulta oportuno remontar una exposición que realizó Claudio Katz, académico e integrante del colectivo Economistas de Izquierda, en el marco de una charla realizada en la UBA y organizada por el Partido Obrero. La actividad llevaba de título “La izquierda frente a la crisis y las elecciones”, que se realizó a pocos días de las elecciones generales de octubre, pero con el pronóstico que se venía una segunda contienda entre Massa y Milei. Según la “tesis Katz”, en ese entonces, había tres propuestas mayoritarias que proponían que la crisis económica actual la tenían que pagar la mayoría de la sociedad, donde cada uno tenía una fuerte sintonía con determinados sectores de la burguesía:

  • Sergio Massa, con la “nacional” industrialista;
  • Patricia Bullrich, con los terratenientes agrícolas;
  • y Javier Milei, con los fondos de inversión o cualquier otra entidad financiera.

“Son lo mismo desde lo económico”, asevera. Sin embargo, advierte que el balotaje no es un problema económico, sino democrático. Expondremos sus puntos más relevantes, incluso desde una mirada latinoamericana, en la siguiente compaginación.