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Relaciones casi carnales

Llaryora y el equipo de Milei acordaron armar un nuevo cordobesismo. Una ayuda financiera y la ausencia de La Libertad Avanza para disputar la intendencia más sojera de la provincia lo reflejan. Ambas expresiones coinciden en culpar a la clase trabajadora por la crisis económica.

Por Lea Ross

El gobernador Martín Llaryora y el equipo de La Libertad Avanza empezaron a armar el Nuevo Partido Cordobés. Se trata de un concepto aplicado sobre cómo se manejaron el PJ y la UCR en la provincia de Córdoba como modo de distribución de poder. A nivel geográfico, implicaba que el peronismo aceptara que el radicalismo ocupara, electoralmente, territorios más urbanos como la ciudad de Córdoba y el resto del Gran Córdoba, mientras que el resto provincial se lo quedaría el aparato justicialista vernácula. Todo esto implicaba una cierta armonización en el espectro de la dirigencia local, donde las disputas por los cargos se reducían en cuanto a la capacidad de gestión o en las irregularidades de la misma, pero manteniendo un consenso basado en el impulso del modelo agroindustrial, de las políticas públicas que apunten al cuidado del capital y de una relación fluída con la prensa concentrada, basada en comentar sobre el “rosqueo” entre las figuritas de la política.

Eso empezó a tambalearse en el año 2019, cuando el peronismo por primera vez ocupó la intendencia capitalina, a partir de la llegada de un dirigente del interior como es Llaryora, oriundo de San Francisco, a más de 220 kilómetros de distancia para el este. Sin embargo, su proyecto se limitó a ocupar gran parte de la zona céntrica-norteña, principalmente en la gran ciudad y el departamento San Francisco. El resto, donde la actividad rural tiene mayores rindes, quedó en manos de expresiones más del liberalismo honestista como es Luis Juez, como ocurrió en el 2023, pero que ahora los pronósticos indican que será capitalizado por Gabriel Bornoroni para el próximo año, en la contienda por la gobernación.

Distribución de votos, luego de las elecciones a gobernador de junio de 2023, entre Llaryora y Juez, en la provicnia (izq.) y en la capital (der.). Gentileza: Página/12.

En el año anterior, su humilde servidor publicó el libro Culiadaz#s: Una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. En ella, se señala que los dos campos bipolares de la dirigencia política cordobesa, donde uno están los actuales opositores-no peronistas y en el otro los que conforman los oficialistas-peronistas, encajan dentro de un mismo paradigma liberal, cuyas lecturas programáticas son parecidas y, en consecuencia, sus diferencia se mueven por cuestiones de distribución de cargos, es decir, por casta: “Si el primero trata de reforzar el ‘honestismo’, el otro trata de subrayar la eficiencia. De ahí que ambos se nutren de los reclamos de los productores agropecuarios, leen los informes del establishment empresarial autóctono y mantienen sus influencias en un ámbito mediático con escasa crítica al poder político local. Llaryora aparece en el medio: tenía ínfulas de ser candidato a presidente para 2027, pero lo ha tenido que postergar ante la escasez de recursos, fruto del ejercicio de la motosierra y licuadora de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo”. Para quienes quieran adquirir a mano una edición, a solo $ 25.000, lo pueden pedir por mensaje privado en las redes de La Luna con Gatillo (click acá).

El ejemplo más palpable y reciente son los debates surgidos por parte de los dirigentes por el femicidio de Agostina Vega, el amparo político que tenía su asesino Claudio Barrelier adentro de la Municipalidad de Córdoba y el rol que tendrían los boliches y otros centros bailables capitalinos, como Wachitas Bar, donde se desenvolvía una de las imputadas de la causa. Tanto un polo como el otro reducen ese detonante caso como una cuestión ligada a un problema administrativo. De parte de los opositores, se saben que sacan provecho por su impacto mediático, sin generar una claridad sobre cómo podría el Estado apaciguar realmente la violencia de género, como así exponer qué modelos urbanos céntricos se proponen desde sus plataformas, ya que la expansión de negocios irregulares tienen su correlato con las transacciones financieras ocultos, que incluyen el lavado y el desborde inmobiliario que padece la gran ciudad.

Mientras que dentro del oficialismo, se opta por plantear que ese problema surgió de la época de Luis Juez como intendente, que ocurrió entre 2003 y 2007, cuando pasó a planta permanente a gran parte del sector de los trabajadores municipales, generando una protección laboral que les otorgaba una supuesta impunidad a quienes cobraban las coimas a los llamados “dueños de la noche” y permitir que se perpetúe de generación tras generación. Sin embargo, la denominada “Causa Bomberos”, revela que esos sobornos generó un circuito donde se volvió tan sofisticado que envolvió en el negocio a policías y bomberos. Esto no facilita comprender que la política implica consensuar en el modo de producción y distribución de riquezas de la economía de un pueblo, que excede a la mera decisión de un burócrata en su escritorio. Ese paradigma liberal pone un freno a la democratización de la política.

Lo que está ocurriendo ahora es que ese cordobesismo (oficialistas + opositores) está volviendo a equilibrarse de la mano de Llaryora y Bornorori.

Esto quedó patentado con el anuncio de las listas que disputarán la elección municipal de Marcos Juárez, que se realizará el 6 de septiembre de este año. Las únicas alianzas que se registraron son dos que llevan nombres desprendidos de la coyuntura nacional. Ergo: La Libertad Avanza no se presentó de manera oficial. Marcos Juárez fue el “kilómetro cero” donde empezó aquel experimento llamado Cambiemos (la unión entre UCR, PRO y el Frente Cívico de Luis Juez) que fue exitoso. Es la ciudad donde se encuentran los mayores rindes de soja y maíz de toda la provincia. La soja transgénica, que llegó a nuestros campos en los años noventa, garantizaron un crecimiento y expansión del cultivo que hizo germinar la meritocracia, basado en el emprendedurismo con rechazo a la intervención estatal vía impuestos y retenciones. Ese paradigma se expandió sobre el cemento, a partir de que el derrame sojero catapultó el boom inmobiliario, donde los sofisticados departamentos conviven con bares de mala muerte como Wachitas Bar.

Que La Libertad Avanza esté ausente en la primera elección municipal, y con mucho peso en lo económico, implicó un fuerte activo para el llaryorismo, que sabe que su contrincante no podrá capitalizar ese triunfo. La ganancia que le queda el mileísmo es en afianzar acuerdos con los cordobesistas que integran el Congreso de la Nación para avalar algunos de sus polémicos proyectos. No queda claro si eso incluiría el polémico proyecto de inviolabilidad de propiedad privada. De hecho, quedó patentado el propósito de su contenido cuando los legisladores se negaron a votarla en pleno jolgorio mundialista contra Inglaterra, donde la causa Malvinas se volvió una síntesis de la defensa del territorio. A esto se suma la filtración de mensajes de WhatsApp donde la propia vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel reconoce que es una iniciativa “para vender el país”. O sea, para una relación carnal con intereses extranjeros.

La otra buena noticia para Llaryora es que recibirá, de parte del gobierno nacional, un anticipo financiero de hasta $400.000 millones, el primero de este tipo durante la era Milei. Según estimaciones del Observatorio de Economía, Trabajo y Sociedad, equivalen al 41% de la recaudación mensual total de Córdoba en el mes de junio y al 67% del total de recursos que recibió Córdoba por parte de Nación en el mismo mes. Sin embargo, ese monto se tendrá que “devolver en el mismo año 2026, a una tasa nominal anual del 15%. La devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación y otros fondos coparticipables que le corresponden a la provincia”.

Este ayudín ocurre en un contexto de falta de ingresos vía impuestos por parte del estado provincial: “Entre enero y junio de 2026, la recaudación de Córdoba cayó un 2,8% en términos reales respecto al mismo período del año anterior, explicada tanto por una caída de los recursos provenientes de Nación (-2,5%) como especialmente por una disminución en la recaudación por impuestos propios (-3,3%)”. Eso “se produce en un contexto donde la actividad económica, que afecta directamente los impuestos vinculados al nivel de producción y consumo, no se recupera”.

Fuente: Ministerio de Economía de Córdoba.

Se cree que ese dinero será utilizado por la Provincia para el pago de su deuda externa, ya que para OTES “Córdoba debe afrontar vencimientos de capital e intereses por aproximadamente $634.650 millones, equivalentes al 65% de la recaudación total provincial de junio” en el resto de este año. El anticipo equivale al 63% de estos vencimientos.

Por último, el Observatorio cuestiona el contenido del decreto, como así también la palabra que pueda tener cualquier funcionario de El Panal, acerca de que se trata de un mero paliativo para que resolver un problema transitorio. Porque “para que el anticipo efectivamente funcione como una solución, los ingresos de Córdoba deberían recuperarse durante los próximos meses o la Provincia debería reducir sus gastos y necesidades de financiamiento. Si una de las causas detrás de la necesidad de estos fondos es la caída de la recaudación asociada al freno de la actividad económica, resulta difícil asumir que el problema desaparecerá automáticamente antes de fin de año. El anticipo de Nación puede funcionar como un alivio inmediato para las cuentas provinciales. Pero deja una pregunta todavía sin respuesta: ¿qué va a cambiar de acá a diciembre para que una provincia que hoy necesita hasta $400.000 millones para atender compromisos urgentes pueda, pocos meses después, devolver esos mismos recursos con intereses?”.

Por esa razón, se puede contemplar que algunos medios de comunicación han iniciado una suerte de campaña informativa contra las protestas sindicales, cuya mayor presencia son las empleadas judiciales, donde han realizado inéditas protestas por los pasillos judiciales. Antes de eso, Córdoba tuvo uno de los conflictos docentes más extensos en años, donde venían rechazando una propuesta tras otra por parte de la Provincia. De ahí que no sorprende que el chivo expiatorio de la recesión económica, sea el sector trabajador, como parte de ese equilibrio que consensúa el Nuevo Partido Cordobés.