INFORMES

SSC is dead (primera parte)

La curiosa trayectoria de una política surgida desde los movimientos de la economía popular pero que acabó naufragando entre errores propios y ajenos.

Por Tomás Astelarra

Yo todavía permanecía aferrado a una ideología anarcoautonomista de no recibir dinero del Estado. Pero justo en ese momento un cumpa me llamó para ofrecerme un pago al trabajo en un medio comunitario para el que venía trabajando gratis. También justo en ese momento un intendente me había expulsado de mi puesto de libros autogestivos en una feria popular. El intendente había amenazado de muerte a dos de los delegados de la feria. “Vas a ser el próximo Santiago Maldonado”, le dijo a uno, a meses del asesinato del joven militante anarquista en el sur. Yo cometí la imprudencia, junto a otres comunicadores populares que participábamos de la feria, de denunciarlo. Fuimos expulsades. Más allá de las complejidades del hecho político, perdí una de mis principales fuentes de ingresos autogestivos (ponele). Decidí meterme en el tujes (diría Tato Bores) mi ideología anti Estado para recibir algo que se llamaba Salario Social Complementario (SSC).

Dicho subsidio (vulgarmente llamado “plan”, ya que era para pobres y no para grandes empresas), había sido aprobado tras grandes movilizaciones en el día de San Cayetano, donde participaban la Confederación de Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie (las tres conformarían más adelante la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP). Desde estas organizaciones se había redactado y fomentado el proyecto de Ley de Emergencia Social, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado y apenas con 4 abstenciones (del FIT) y un voto en contra (el inefable Alfredo Olmedo) en Diputados.

Políticas con consenso y desde abajo

La ley decía que el proyecto tenía como objeto “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. Disponía, además, la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) y un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, que estaría integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estuvieran inscriptas en el registro respectivo.

Creaba el Salario Social Complementario (SSC) que fortalecería experiencias cooperativas de la economía popular surgidas en el barrio o el campo, es decir, desde abajo y las periferias, tras la debacle del Consenso de Washington y el modelo menemista. Un paso, dicen las cumpas, de la “protesta a la propuesta”. Del piquete a la olla popular, a una pequeña cooperativa textil de cuatro doñas con dos máquinas de coser o la cooperativa de bloques de cemento que creó Darío Santillán en Roca Negra (un predio recuperado) con una máquina vieja que le donó un empresario del surconurbano bonaerense. La bloquera hoy todavía existe y ahí trabaja el hermano de Darío, Leo, además de otres cumpas que también llevan adelante una herrería y otros proyectos.

Pueden leer acerca de la experiencia de Roca Negra, llevada a cabo por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTD), luego Frente Popular Darío Santillán (FPDS), en esta crónica hecha para Rolling Stone a los diez años del 2001. O pueden observar a dónde derivó la cooperativa textil de esas tres doñas de barrio de La Matanza en este videodocumental de La Luna con Gatillo.

http://astelarra.blogspot.com/2012/07/frente-popular-dario-santillan.html

En aquel 2017, en pleno gobierno de Macri, las organizaciones de la economía popular habían podido generar un consenso (masiva movilización mediante) para aprobar una ley que fortaleciera estas iniciativas. El proyecto beneficiará a 3,5 millones de trabajadoras, con un presupuesto de $30.000 millones, a ser redireccionados por el Jefe de Gabinete. Como una Ley Bases pero al revés.

Un espiral de batalla cultural y territorial que profundizaremos en otras entregas.

Ese año también se aprobaría la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios (27453), que crearía, con el tiempo (durante el gobierno de Alberto Fernández, ley 27.453), el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), que terminaría siendo dirigido por la militante villera Fernanda Miño, apoyado por el impuesto a las grandes fortunas y alabado por el Banco Mundial. Recientemente descartado por el actual gobierno.

El derrame industrial tampoco funciona

En el debate de la Ley de Emergencia Social, la radical Carla Carrizo señaló que con esa ley “no estamos creando una nueva herramienta sino que seguimos administrando la capacidad de supervivencia de la pobreza estructural”. La jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, reconoció que “el proyecto es el mea culpa más vergonzoso de la política porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante”. “El salir de la emergencia social depende del impacto de las políticas de gobierno. Estamos hablando de emergencia social porque han cerrado más de 2500 empresas y hubo 140 mil despidos”, sostuvo el diputado del bloque justicialista, Pablo Kosiner.

La pobreza según el INDEC era del 32% y el 34,2% de las trabajadoras argentinas se declaraban informales. Hoy esos guarismo están rondando el 50% y en suba. Aquel mea culpa de Camaño nunca terminó de redondearse en sectores progresistas (las famosas cacerolas clase media que se distanciaron del piquete y siguieron protestando online promoviendo una Argentina industrial de pleno empleo, algo que hoy suena a “efecto derrame”).

Los sectores marginales, periféricos, informales, votaron, en muchas casos, a Javier Milei. Incluso, sabemos, compañeras de la economía popular. Nunca le perdonaron a Cristina aquel discurso de junio del 2022 donde, en una acto en Avellaneda, en la sede de la CTA para el día de la bandera, por pegarle al Movimiento Evita (en ese entonces todavía alineado con Alberto Fernández), la Jefa denunció el papel de los famosos “intermediarios” o “gerentes de la pobreza”, despreciando ese enorme esfuerzo de las mujeres de los barrios y campos periféricos, las poetizas populares del Papa Francisco de, como dicen, “inventarse su propio trabajo”.

En aquel debate de 2017, el diputado y referente del Movimiento Evita (impulsor del proyecto a través de la CTEP), Leonardo Grosso, aclaró: “Nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga. Esta ley viene a plantear el reclamo de los sectores sociales y de la economía popular de darle poder a los pobres”. Por su parte el macrista Luciano Laspina sostuvo que la ley: “viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles”. En tanto Facundo Moyano dijo que era “un pasaje a la formalidad laboral y el trabajo registrado”.

La socialista Alicia Ciciliani, sostuvo que el proyecto era “un reconocimiento de ese porcentaje de la población, que son excluidos, que quieren un trabajo digno, y dejamos estigmatizar. Tímidamente empezamos a cambiar el enfoque y empezamos a hablar de salario social”.

Vagos y planeros

El polémico y solitario Alfredo Olmedo criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales “hacen cola para cobrar por no hacer nada. Prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia”. Néstor Pitrola, representante del FIT, manifestó su rechazo al acuerdo político entre movimientos sociales y el macrismo y dijo que la ley nacía “bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001” y convalidaba “una red de precarización laboral”.

Es paradójico que la pata social del FIT, el Polo Obrero, terminaría capitalizando gracias a su poder de movilización la entrega de los SSC (luego Potenciar Trabajo, hoy Volver al Trabajo), repartiéndolo clientelarmente en los barrios, sin generar demasiadas cooperativas, y hoy siendo los principales acusados de cohersionar militantes para ir a las marchas en busca de un “plan” (entre otras cosas). Como es paradójico que muchos sectores de la economía popular ligadas a corrientes anarcoautonomistas siguen sosteniendo su rechazo al Estado a pesar de haber recibido numerosos SSC.

“En Argentina hay 9 millones de personas en la informalidad, sea organizada desde la economía popular o una camarera que no está registrada. De ellas hay cinco millones de compañeras anotadas en el Renatrep. Pero solo 1,6 millones cobran el SSC, que es un complemento de lo que la compañera gana en la informalidad. Y hay dos millones y pico que son calificadas, peor que vagas, como inactivas, que son las que se dedican a las tareas de cuidado. Evita ya decía en los cuarentas que toda ama de casa tenía que recibir un ingreso equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil. Ya estaba pensando en el Salario Básico Universal. Es decir que estamos pidiendo la mitad de lo que pedía Evita”, aclaraba Juan Grabois, al principio de su campaña presidencial, en mayo del año pasado, en la presentación de su libro “Los Peores” en Córdoba.

“Hay una competencia en la política para ver quien descalifica más a los que reciben el SSC. En una sociedad que descarta a un tercio de sus hijas, de ahí no va salir un jardín de flores para nadie. Y estas palabras de vagos, chorros, okupas, violentos, son adjetivos con los que nos han calificado durante mucho tiempo y nos siguen calificando. Y tienen un transfondo ideológico y ético, cuando se desprecia a esas casi 600.000 familias que viven en los 5.500 barrios populares que hay en Argentina. Y sabemos eso porque desde los movimientos populares hicimos un relevamiento que nunca se había hecho y con la cual desarrollamos una política pública (refiriéndose al FISU)”, aseguró, aclarando que lo que hoy se denomina “economía de la crueldad”, no es un invento anarcoliberal, sino que ya estaba en el discurso progresista del peronismo. Por ejemplo, cuando en pleno recorte fiscal ordenado por el FMI, la ministra “popular” Victoria Tolosa Paz fue a un juez (Ariel Lijo) para levantarle el secreto fiscal a las poetizas populares. Algo que nunca se había hecho con los grandes evasores o fugadores de la Argentina. Gracias a eso la ministra “popular” pudo dar de baja una buena cantidad de Potenciar Trabajo (ex SSC) por “compra de dólares” o “viajes al exterior”. En los barrios se supo que se trataba de une hije que había pagado el Candy Crush o aquella vez que alguna compañera boliviana decidió ir a su país a despedir a su madre o abuela muerta. Algunes dirigentes ya extrañaban a la ministra de Desarollo Social de Macri, Carolina Stanley. Igual de rubia, igual de cheta, pero con un poco más de diálogo y comprensión. En alguna entrevista el referente del Movimiento Evita y secretario de Desarrollo Social de Tolosa Paz, dijo que muchos empresarios entendían más la economía popular que más de un cumpa progresista.

Autocrítica

“Igual hicimos cagadas”, reconoció, como en otras ocasiones, Juan Grabois, en aquella presentación de Los Peores en Córdoba. “Hay un problema de esta política de complementos de ingresos para la economía popular. Si hay dos compañeras que tienen el mismo derecho, alguien decide quien cobra y quien no. Hay una enorme arbitrariedad en quien recibe el SSC. Eso genera una bronca al interior de la clase trabajadora y si encima hay un compañero que coordina que decide a quien le da el alta o la baja, ese compañero es un gran hijo de puta”, reconoció. Y se preguntó: “¿Es nuestra culpa que en vez de 5 millones se den 1,6 millones de SSC? No ¿Hay compañeros que en base a eso realizan actos de abuso de poder? Sí ¿Son Todos? No”. Por eso reflexionó: “Si se genera una política universal se acaba la discusión. Pero no luchamos lo suficiente por ese derecho universal y nos pusimos corporativos, peleamos por nuestros compañeros y no por el de al lado. Además de obligar a gente a pagar lo que no quiere pagar o cobrar multas si uno no va a una actividad. Eso esta prohibido por reglamento en mi organización. Sin embargo se hace. Hay que eliminar esas lógicas punteriles que heredamos de la anterior forma de hacer política. Construir poder popular y no poder personal o corporativo”.

En una reciente entrevista en Radio con Vos, Emilio Pérsico también hizo una autocrítica a su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. “No estoy orgulloso de haber estado en un gobierno que terminó con un 40% de pobres. Fue una oportunidad desaprovechada, no se hicieron ninguno de los cambios estructurales que había que hacer”, dijo. Y explicó: “El modelo progresista de América Latina fue un modelo que nosotros llamamos de derrame inducido. Ir por los nichos de ganancias exageradas y transferirlos a los humildes. Eso se comió muchos recursos naturales a través del extractivismo y no dejaste un desarrollo. Estamos ante un capitalismo financiero, no productivista. Vos le des plata a los sectores populares y eso va a un consumo donde el empresario se la guarda y se la lleva. Y sus hijos no solo no van a trabajar sino que ni siquiera van a tener que lidiar con trabajadores. Habría que haberse metido en qué se produce, dónde se produce y quién lo produce. Crecer desde las periferias. No desde Puerto Madero. En un proceso de reforma agraria, de volver al campo en un país que tiene la mayor concentración de gente en las ciudades”.

“Le dimos transferencias o subsidios a los compañeros y eso desorganiza la sociedad. Y esto viene desde Patricia Bulrich y el Plan Trabajar. Y de ahí siempre vino alguien que inventó un subsidio diferente. ¿Bajó el hambre con la Tarjeta Alimentar? No. Hay un estudio de Fundar que muestra que Argentina es el país de América Latina donde más se invierte en políticas sociales y donde más crece la pobreza. Se ordena desde la necesidad y no desde el trabajo. Utilizar los subsidios para solucionar un conflicto social. Eso genera una lógica punteril, de protestar por dinero y ahora con la intención de Patricia Bullrich de despejar la calle a como de lugar”, continua Pérsico.

Concluye María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y actual directora de Fundar, donde acaba de publicar el informe Por qué seguir apostando a la política de integración sociourbana. “Hay que empezar a pensar la política de una manera distinta. Sobre todo en este contexto, tratando de mirar los problemas de la realidad con equipos que puedan aportar a la solución no importa de que sector político vengan. El FISU se empezó a construir con Macri presidente, con un montón de gente de diversos sectores. Se puede mejorar, pero no descontinuarlo”. “Si nosotros no reconocemos que el punto de partida es desigual es no reconocer la Argentina. Mis hijas se fueron al colegio preguntando que íbamos a comer esta noche. No si íbamos a comer a la noche. Hay muches niñes en Argentina que no tienen esa situación. Si el punto de partida no es igualitario es imposible pensar en términos de libertad. El Estado tiene un rol para generar una sociedad más equitativa si bien hay que poner en crisis la forma en que se están implementando las políticas”, sostuvo Migliore en una entrevista en Futurock.

Ni el Mercado ni el Estado

Mi carrera periodística arrancó, luego de participar en algunos proyectos barriales o independientes, en un diario de economía. Me pagaban muy bien, pero renuncié arto de hacer notas donde decía que la soja transgénica de Monsanto era la esperanza de la Argentina. Para cuando recibí el SSC ya escribía lo que opinaba y reivindicaba y difundía la gesta de Malvinas Argentinas contra Monsanto o el juicio de la Madres de Ituzaingó. No digo que una visión sea mejor que la otra. Pero dentro de mi visión, ya estaba acostumbrado a no cobrar o cobrar muy poco y rebuscármelas con otras changas (como vender libros autogestivos).

El SSC fue, además de un aliciente económico, un hermoso reconocimiento a mi trabajo. Pa frutilla del postre, un amigo abogado de CTEP vino a defendernos frente al abusivo intendente, lo cual, si bien no impidió que nos quedáramos sin trabajo (informal), evitó mayores consecuencias (como ser el próximo Santiago Maldonado).

La actual situación del periodismo, como bien relató Alejandro Bercovich en la entrega de los Martín Fierro, es decadente, no solo por la malversación ideológica de los periodistas bien pagos, sino por el salario de pobreza que reciben los periodistas de medios privados y dizque formales. A principio de año, el periodista Tomás Munaretto, perdió su trabajo en Crónica Tv por denunciar que estaba en negro y recibía una miseria de sueldo. Además de los recortes y posible privatización de Télam, la TV Pública o Radio Nacional, el fin de la pauta publicitaria del Estado dejó desfinanciados a miles de medios de comunicación popular de todo el país.

Un desfinanciamiento que también viene de la falta de responsabilidad de mucho consumidores de estos medios que, en tiempos de crisis, ven aumentar de manera sideral sus abonos de telefonía celular o plataformas virtuales, pero es muy raro que aporten solidariamente a través de suscripciones o publicidad a estos medios de comunicación popular. Las grandes empresas, que dominan entre el 70% y 80% del mercado en casi todos los rubros, jamás invertirían en estos medios ni a través de una ONG. Los grandes medios, se sabe, tampoco son rentables, salvo por la externalidad de los negocios o lobbys que pueden tejer (entre ellos la telefonía celular).

Sin el apoyo del Estado, con el recorte y ajuste ilegal de los SSC (ex Potenciar Trabajo ahora Volver al Trabajo), los medios comunitarios sobreviven solo gracias a la voluntad de sus integrantes y alguna fiesta o venta de churros. Mientras buscan en medio de esta crisis económica y política, alguna changa pa poder parar la olla. Con variantes, el razonamiento es aplicable a cualquier otro sector de la economía popular. Ni el Mercado ni el Estado, y hasta a veces la propia comunidad, nos quiere ayudar a sostener nuestros trabajos autogestivos. Encima los liberales nos dicen que agarremos la pala.