Aportantes VIP del Cordobesismo

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¿Quiénes financian las campañas de Hacemos Por Córdoba? Soja, edificios glamorosos, countries, golf ¡y hasta megaminería! Una radiografía sobre cómo el círculo rojo incide en las políticas públicas y en nuestras vidas.

Por Lea Ross

Hacer política requiere dinero. Hacer política es disputar poder, y eso requiere dinero. No solo para aplicar políticas públicas desde una gestión gubernamental. También para organizar una plenaria, pagando el alquiler de un espacio o el pasaje de un transporte, o una manifestación, comprando afiches y resaltadores. Todo requiere un mínimo sustento financiero. Pero dentro de la república representativa, hacer política se lo reduce a hacer campaña. Como el capital determina las relaciones de producción en el mundo, todo aporte patronal a una campaña electoralista demanda una contraprestación desde la administración para preservar ese capital, que regenera a la vez esos aportes a futuro. Ergo, en el uso estricto de la economía, no serían aportes sino una “inversión”.

Conocer el nombre de las empresas que “aportaron” las campañas del frente electoral Hacemos Por Córdoba en 2019, que le permitió el tercer triunfo a Juan Schiaretti para la gobernación pero el primero bajo ese sello, luego de veinte años de ampararse en la hoy extinta Unión Por Córdoba, podemos conocer las raíces mismas de determinadas decisiones políticas-administrativas que conforman lo que hoy vagamente llamamos “modelo cordobesista”, que desencadena una mayor expansión de negocios como retribución y, a la vez, como base para la regeneración de nuevos “aportes”.

Los aportantes VIP

La tabla que sigue a continuación despliega la lista completa de las empresas o entidades con fines de lucro que enviaron sus pesos para que Hacemos Por Córdoba solvente sus campañas de 2019. Se incluye las correspondientes cifras y ordenados según los negocios que ejercen. Es importante aclarar que la división entre esos grupos se rige bajo un criterio arbitrario, ya que hay firmas que se dedican a una amalgama de actividades. Pero sirve para tener una aproximación sobre qué roles juegan algunos pesos pesados del denominado círculo rojo.

Así vemos que las empresas que ejercen sus actividades principales dentro del ámbito rural, incluyendo la agroindustrial, conforman la cuarta parte (25,9%) del monto total entregado por sectores empresariales a favor de la actual gestión. En un segundo lugar, se agrupan firmas que ofrecen insumos y/o servicios de distinta índole para las industrias (13,4%). Pero en un tercer lugar, aparecen nombres empresariales que se dedican a poner en funcionamientos distintos emprendimientos inmobiliarios (9,1%). Se sabe que el excedente agrario, por derrame, se canaliza en el negocio de los ladrillos.

De la soja al bioetanol

En la tabla anterior, vemos que hay 18 empresas agropecuarias y rurales. La Luna con Gatillo revisó sus registros en la AFIP para determinar sus actividades habilitadas. Así vemos que el cultivo de soja es la de mayor presencia, al decir presente en 12 de las 18 empresas enlistadas. El segundo cultivo en importancia es el maíz, que figura en el puesto 4 por aparecer en 7 empresas. En el medio, tenemos la cría de ganado bovino por fuera del circuito cabañero y lechero, y el cultivo de cereales (no destinados para el forraje).

“El modelo cordobés no lo inventó el Estado. Es el modelo que tiene nuestros productores agropecuarios: cuidan el peso, son austeros para manejarlo, pero cuando les va bien, lo reinvierte en el campo y lo más lejos que pueden llegar es comprar un departamento para que sus chicos estudien en la ciudad de Córdoba, Río Cuarto o Villa María, donde haya una universidad, o una casita en las sierras. Éste es el modelo de gestión de Córdoba”, dijo Schiaretti el miércoles pasado en una reunión con empresarios de la Fundación Mediterránea.

Según un reciente informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, en base al Presupuesto 2021, el rubo de la Producción tendrá un aumento del 86% en comparación al 2020. Tres veces más que el aumento del presupuesto general (29%). Sin embargo, “se observa una clara tendencia a favor del Agro en detrimento de la Industriay las PyMES”. Porque la categoría “Aportes al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario” recibirá un extra de casi $ 2.000 millones en relación al año pasado, mientras que el programa “Industrias” tendrá un recorte de $ 219 millones y $ 30,5 millones para el programa “PYME y Desarrollo Emprendedor”. Acá sí que se cuida el peso.

A continuación, exponemos la totalidad de las actividades económicas que aparecen en por lo menos dos empresas del mencionado grupo empresarial y a cada una le otorgamos un número de referencia. El orden del mismo es de mayor a menor presencia en las 18 empresas.

De esta manera, para la siguiente tabla, desplegamos las 18 firmas en la primera columna, de manera descendente según el tamaño del aporte que realizaron a la campaña de Schiaretti. Mientras que en la primera fila, desplegamos las 29 actividades compartidas mediante su número de referencia. Toda empresa que ejerza una determinada actividad queda marcada con un color amarillo que incluye una equis.

A simple vista, vemos que los principales aportantes de arriba despliegan una variedad de actividades, sobre todo las ubicadas a la izquierda. Es razonable y lineal pensar que a mayor aporte económico, mayor será su patrimonio y, por ende, mayores negocios invierten.

Sin embargo, si uno ve la primera fila, que es de la empresa agraria que más aportó a la campaña oficialista, que es Promaíz SA, vemos que solamente tiene tres actividades compatibles con sus pares: fabricación de alcohol (número de referencia 15), de otros químicos (19) y elaboración de alimentos para animales (27). Pero no ejerce ninguna de las actividades principales, ni siquiera de la soja.

Lo que aparenta ser una excepción a la regla, vemos que esos tres casilleros aislados y amarillentos, encajan perfectamente, como si fuera un tetris, en algunos espacios en blanco que tiene la segunda fila de abajo, que es la Aceitera General Deheza o AGD.

No es casualidad. Porque en realidad Promaíz SA es un emprendimiento que pertenece a AGD, junto con la multinacional estadounidense Bunge. Lo que no hace AGD, lo hace Promaíz. Entonces, AGD y Promaíz son lo mismo, y por ende su aporte total para Hacemos Por Córdoba fue de $ 5,5 millones, convirtiéndola en la principal corporación que financió las campañas del actual gobernador.

Tanto Promaíz como Aceitera General Deheza pertenecen a la familia Urquía, una de las más acaudalas familias del país, cuyo patrimonio los lleva a otorgar otro aporte solidario: el del “impuesto a las grandes fortunas”. Los Urquía manejan el negocio del comercio exterior de granos, como así también la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino, donde se trasladan las principales materias primas del país para venderlos al extranjero, desde granos hasta minerales extraídos de la minería a cielo abierto. Allí, son embarcados en los puertos donde lo maneja la misma familia adinerada.

En febrero pasado, AGD fue una de las once empresas imputadas por la Secretaría de Comercio de la Nación por violar la ley de abastecimiento, ya que se “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”, que llevó a la falta de aceites marca Natura en las góndolas de los supermercados. También fue imputado Bunge, socia de AGD en Promaíz SA. El gobierno nacional sospecha que estas empresas desaceleran su capacidad productiva para reducir la oferta y así, por incremento de demanda, subir los precios de sus productos. Un mecanismo especulativo tan elemental como salvaje, ante una inflación galopante que preocupa a las familias que temen no llegar a la canasta alimentaria.

Del campo al countrie y golf

AGD compite con otras empresas que también aportaron 2,5 palos verdes. Se trata de Dos Ríos SA Agropecuaria y Bioetanol Río Cuarto SA. El primero es una famosa empresa sojera con sede en Alta Gracia, donde sus activos lo invierten en el coqueto Alta Gracia Country Golf, cuyas 66 hectáreas incluyen una cancha de golf de 18 hoyos.

De un desierto verde a otro.

Mientras que mucho más al sur en la provincia, Bioetanol Río Cuarto SA, conocida también como Bio4, está formada por 28 socios dedicados a la “transformación del grano de maíz en alimento, insumos para otros procesos industriales y energía renovable”. Pero entre sus accionistas, se destaca la empresa Porta Hnos., de la reconocida familia empresaria cordobesa, acusada de contaminar los barrios de la zona sur de la ciudad capital por una fábrica que emana olorosos gases y con sospechas de estar flojo en papeles ambientales. “Para nosotros, Porta es sinónimo de Córdoba”, sentenció el gobernador Schiaretti a mediados del año pasado, cuando se realizó un acto en la fábrica por la ampliación de gas natural.

Al igual que Dos Ríos, Porta también invirtió en el rubro inmobiliario, de la mano de otra sociedad anónima, llamada Trium SA, que también figura en la lista de aportantes de la campaña de Hacemos Por Córdoba. Si lo sumamos con los $ 2,5 millones de Bio4, podemos suponer que Porta Hnos. logró bancarle $ 4 millones a Schiaretti.

No es casual que Trium se creó en el 2006, cuando se llamó a licitación para la compra del predio de la ex Villa El Pocito, en el barrio Güemes. Porta se lo quedó por $ 11 millones de ese entonces, equivalente a 300 dólares/m2, la cuarta parte del valor promedio de la zona. Hoy en El Pocito, el Grupo PROACO está construyendo tres torres residenciales de alta gama. Muchos otros edificios en construcción que vemos en barrios céntricos de la capital, como Nueva Córdoba o Alberdi, también son levantados por financistas de las campañas de la actual gestión, como Elyon SA y Altos del Colón SA.

PROACO se adjudica de ser “la desarrollista con más operaciones inmobiliarias de Argentina”. Su CEO es Lucas Salim, quien además es el presidente de Trium SA, de la familia Porta. Fue imputado el año pasado por el Ministerio Público Fiscal por defraudación, pero una semana después fue sobreseído por quien era el fiscal anti-corrupción Gustavo Hidalgo.

Ésta semana, fue muy comentada la elección que tuvo Schiaretti de proponer como nuevo fiscal general encargado de manejar ese Ministerio –donde se decide qué casos se pueden investigar y qué no- al especialista en derecho comercial Juan Manuel “el Negro” Delgado. Si le preguntan a su humilde servidor el por qué se eligió a alguien que no se formó en el derecho penal, quizás el hecho de que Delgado haya sido el asesor legal y financiero de Edisur nos daría un ladrillazo de epifanía.

Mucha arena

La inmobiliaria Edisur también ha aportado su granito de arena no solo para las obras de construcción, sino también para las campañas de Schiaretti. Se trata de una empresa que, al igual que Los Dos Ríos SA, tiene sus countries con cancha de golf en Alta Gracia. Como aportante político, lo hizo mediante dos de sus filiales: “Emprendimientos Urbanos S.R.L.” y “Urbanizaciones Residenciales SA”. Ambos sumaron un aporte millonario redondo.

El primero es una unión transitoria con el Grupo Betania, cuya principal obra es la “Torre Duomo”, quizás el edifico más alto de toda la provincia, con 28 pisos y ubicado al frente de la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. El terreno fue adquirido el mismo día en que se remató El Pocito a manos de Porta.

La segunda firma administra el proyecto Manantiales, que engloba una treintena de barrios y que instaló en la capital los llamados “muros de la vergüenza”, para separarlos de los barrios con menores recursos. Semejante proyecto se inició con la compra de tierras de la Villa de las 7 cascadas, cuyas familias fueron trasladas a los barrios ciudad.

Foto de archivo de ECOS Córdoba sobre una intervención al muro de Manantiales (2016).

Según el arquitecto Pablo Senmartín, Edisur había firmado un convenio con el Banco de Córdoba, que permitió lanzar una línea hipotecaria sin contar con una escritura para sus clientes, ya que la propia empresa ponía la garantía durante la construcción, mediante “préstamos de hasta 50 y 70 mil dólares a 30 años de plazo y a tasa fija en pesos, condiciones mucho más favorables a las que en general ofrece el mercado actual, asegurando de esta manera el éxito comercial del emprendimiento”.

¿La triangulación con la megaminería?

En Córdoba, está prohibida la megaminería a cielo abierto. Por eso, resulta llamativa que la empresa Minerar SA le haya aportado en 2019 a Hacemos Por Córdoba $ 4 millones, sabiendo que entre sus principales trabajos es la construcción de diques de cola para polémicos emprendimientos megamineros. Entre ellas, la mina Bajo La Alumbrera, la primera de su tipo en el país. Los minerales extraídos del mismo, a cargo de la corporación La Alumbrera, son transportados por el tren NCA, a cargo de Roberto Urquía de Aceitera General Deheza.

Según la ex diputada Alcira Argumedo, a partir de un análisis de barro de exportación llevada a cabo por geólogos de la Universidad de Tucumán, La Alumbrera declara solo tres metales a la aduana, pero contrabandea otras 22, lo cual se exime de tributar un valor superior a 8,2 millones de dólares. Como AGD también controla parte de los puertos, los Urquía podrían encontrar la diferencia entre lo que transporta en sus vagones y lo que presentan en la aduana. En lugar de eso, se conforman con los dólares que le reparte la minera y le manda sus pesos a las campañas políticas.

Pero para entender el rol de Minerar SA como financiadora de Schiaretti, simplemente se aclara que la firma pertenece a la familia Paolini, dueños de la constructora Paolini Hnos. SA, que se quedaron con distintas obras viales en Córdoba. Entre ellas, la variante Elena, casi el último tramo de la Ruta 36 que conecta Río Cuarto con Córdoba, la misma que recorrió el ex gobernador José Manuel de la Sota y lo llevó a su muerte. Los Paolini también eran aportantes de las campañas de Unión Por Córdoba, a pesar de tener residencia en Buenos Aires. Pero uno de los cambios que generó Hacemos Por Córdoba es reusarse a recibir aportes de constructoras contratadas por el Estado, en plena polémica nacional sobre las relaciones entre obra pública y financiamiento político. Si de algo se aprenden de las grandes mineras, es hacer triangulaciones.

Foto de archivo de 2017, de la inauguración de la variante Elena, de la ruta 36.

Hasta acá llegamos

Para terminar, en la base de la primera tabla, aparece Pampa Energía SA con otro aporte millonario. Pero en su último reporte anual, de casi 400 páginas, la única mención que hace de Córdoba es referida a que Montecristo es el lugar donde termina un extenso poliducto de su propiedad que proviene desde Salta. Pampa Energía es la nave insignia del multimillonario Marcelo Mindlin, calificado por la prensa porteña como el zar de la energía o el “empresario favorito” del ex presidente Mauricio Macri. Recientemente, Mindlin vendió la distribuidora de energía eléctrica de la Capital Federal, Edenor, para dedicarse de lleno al negocio hidrocarburífero.

Sin embargo, desde hace años, el sindicato de Luz y Fuerza viene sospechando sobre intentos de privatización a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC). La sintonía carnal entre el ex jefe porteño y el actual dirigente del Cordobesismo, acostumbrados a sacarse chispas entre sí, quizá nos otorga una idea hacia dónde se cuelgan de los cables. Bueno, hasta acá llegamos gratis.