Agronegocio y el juego del calamar


El sujeto endeudado como motor del capitalismo posmoderno. La deuda con el FMI impulsó la Ley de Fomento Agroindustrial y la inédita foto de Alberto y CFK. Las “tres ecologías”. Mientras tanto, se acrecienta la pobreza y personas con hambre en las tierras de la soja y las vacas. Las propuestas de Hacemos Por Córdoba y la reforma laboral como deuda pendiente.

Por Lea Ross| Ilustración:@nico_mezca

Asia es un continente de vertiginoso crecimiento económico en escaso tiempo. Y ante la escasez de recursos, se lanzan los esquemas Ponzi. De ahí la crisis de la megainmobiliaria china Evergrande, una suerte de Lehman Brothers empapelada de yuanes, a partir de la sobresaturación de viviendas construídas por sobre la tendencia migratoria del campo a la ciudad. Ante ello, la fiebre especulativa ensancha la desigualdad prevalente, donde florece expresiones artísticas como la multipreamiada Parasite, de Bong Joon-ho, o el último suceso de Netflix, la sobrevalorada serie El juego del calamar, de Hwang Dong-hyuk. No es casual que ambas sean de Corea del Sur, cuyo PBI equivale a las ventas de cinco de sus máximas empresas, con Samsung a la cabeza. Estas corporaciones reciben el nombre de chaebols, que hasta la propia Wikipedia afirma que es una definición generosa de monopolios.

En el caso de la susodicha producción de la famosa plataforma de streaming, la trama consiste en centenares de personajes que aceptan someterse a una serie de juegos mortales para ganar el gran premio de un millonario botín para saldar sus deudas y dejar de padecer una vida aprisionada por sus acreedores.

El sujeto endeudado es el catalizador del capitalismo posmoderno, tanto para Oriente como para Occidente. Porque la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, le anunció a los congresistas de su país que el Estado se está quedando sin fondos para cumplir con los plazos de sus deudas y, por ende, se correría el riesgo de caer en default. Algo inédito a nivel histórico, siendo que es la nación que imprime la principal moneda del mundo. Una realidad que es a posteriori de lo que vienen padeciendo otros distritos por las sanguinarias presiones de acreedores internacionales, como Grecia y Portugal.

La deuda es carne y sangre. Como la obra El mercader de Venecia, cuando el comerciante Antonio no logra saldar su deuda con Shylock y éste le exige pagar como garantía un kilo de su carne, llevando a una situación desconcertante a nivel jurídico y social. William Shakespeare lo publicó hace más de 400 años. Y sigue intacto.

El protagonista de El juego del calamar y una ilustración de Shylock, de autor desconocido.

El día 100

Argentina es el país que tiene el mayor tamaño de crédito recibido por el Fondo Monetario Internacional. Y en esa patologización que genera la deuda, es lo que desencadenó aquella inédita imagen del jueves pasado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, luego de la detonante carta de la segunda, donde se presentaron unidas no solo entre sí, sino también a regañadientes con el agropower. Se dice que los primeros 99 días de ésta gestión fueron la previa al inicio de la cuarentena. Por eso, en el momento del anuncio del proyecto de ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, el mandatario principal lo consideró como el Día 100. Un cuadro distinto de hace ya 4.826 días atrás, cuando se lanzó el voto “no positivo” del vice de su compañera, cuando era presidenta, en el mismo puesto que ella se encuentra ahora y se enfrentaba a los “piquetes de la abundancia”.

“Esta es una ley que revindica la cultura del encuentro”, señaló Alberto, quien aseguró que en su elaboración, “participaron grandes productores y pequeños productores de la agricultura familiar. Todos han sido oídos”. También dijo que el proyecto respeta una “triple ecología”: ambiental (“garantiza alimentos de calidad”), económica (“necesitamos exportar para que las divisas ingresen en el país, máximo que cargamos con una deuda tan enorme”) y social (“garantiza más trabajo de calidad para un ámbito como es el campo”).

“Esta ley no es completa. Necesita atender otros sector de la agricultura. Necesita atender la agrobioeconomía, la agricultura familiar y la producción orgánica. Y eso reclama la inclusión de tierras fiscales, de incentivos para los pequeños agricultores y las familias que trabajan para la tierra. Y ya tenemos previsto cómo financiarlo, porque con el Banco Mundial tenemos destinado 500 millones de dólares para ese sector de la economía que queremos desarrollar, a la par de la agroindustria”, aclaró el mandatario, sin mencionar otros proyectos que se encaminan de la mano de la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Agricultura Familiar, la Ley de Humedales y la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia en los Alimentos.

El plancito

Por la efeméride de aquel día, el ministro Julián Domínguez casi lo compara con el Primer Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón y que llevaría al país a ser una potencia “agro-bio-industrial”.

Aquel proyecto de Perón se sintetizaba puntualmente como aquel que pretendía profundizar la industrialización para sustituir importaciones. Pero se trató de un combo de iniciativas que incluía la nacionalización del Banco Nación, la estatización de empresas, el avance de derechos laborales, incluyendo el peón rural, y el cambio de situación financiera de la Nación de pasar de ser deudor a acreedor. En cambio, la Promoción Agroindustrial, de tal solo 17 artículos, solo propone una batería de beneficios impositivos para aquellos que invierten en el valor agregado en distintos tramos de la cadena de valor agropecuario. Según la palabra de los funcionarios, de acá al año 2030, se generarían 700.000 puestos de trabajo, US$ 100.000 millones por exportación y el remate de 200 millones de toneladas en granos.

Al contemplar éstos números prometedores, no se visualiza con claridad quiénes son los que generarían todo ese crecimiento, sabiendo que la ley habilita anotarse en la “ventanilla” a más de 140 negocios agropecuarios habilitados para hacer fila. No se contempla el peso que tendrán los cultivos de altos rindes de siempre (soja y maíz) y qué tanto las economías más regionales. Finalmente, no se focaliza si para lograr esos objetivos se requerirá una mayor expansión agropecuaria, con todo lo que eso implica en materia ambiental.

Nada eso se contempla en el proyecto que solo tiene 26 páginas, pero solo las primeras 7 se compone del articulado y el resto son la lista completa de todas las actividades beneficiadas a anotarse.

¿Y el tractorcito?

La presentación de la Ley de Promoción Agroindustrial se dio en la misma fecha de publicación del último informe del INDEC, donde midió los niveles de pobreza (aquellos que no pueden comprar la canasta básica total) e indigencia (solo los que no pueden comprar la canasta básica de alimentos) del primer semestre del presente año; es decir, de la primera mitad o primeros seis meses del 2021. En los grandes centros urbanos del país, el nivel de pobreza fue del 40,6% y de indigencia 10,7%. Fue una leve mejora del segundo semestre del 2020, que era del 42% y 10,5% respectivamente.

Si contemplamos solo el interior nacional, la pobreza se elevó a 42,3% en comparación con todo el país, pero la indigencia bajó a 9,7%, lo cual se debe a que las personas que padecen hambre tienen su peso importante en el Gran Buenos Aires.

Sin embargo, en el caso de la Región Pampeana, la pobreza tiene una ligera baja del 42,1%, pero la indigencia es mucho mayor: 11,1%, superior incluso al promedio nacional. O sea, que en el interior del país, se concentran más personas desnutridas en las tierras donde habitan la soja, el maíz, los tambos lecheros y las vacas.

En el caso del Gran Córdoba, la pobreza fue de 46,6% (muy por arriba del promedio nacional total) y la indigencia también superó a la nacional: 10,8%. Una realidad muy distinta al segundo centro urbano cordobés, que es Río Cuarto, cuya pobreza fue del 38,8% y la indigencia 6,2%. El Gran Córdoba es una realidad alejada de su par del Gran Rosario (39,4%-10,6%), beneficiada por ser una región portuaria, y se acerca más a la al norte nacional como Formosa (47,4% de pobreza) o el Gran Catamarca (46,0%).

La Luna con Gatillo realizó la siguiente gráfica que muestra la diferencia entre el porcentaje de pobreza del primer semestre de 2021 con el segundo semestre de 2020 de los conglomerados urbanos que relevó el INDEC. Los que se extienden del lado derecho, son los que lograron en un año disminuir el nivel de pobreza y, por ende, mejorar su margen socioeconómica, mientras que por el lado izquierdo son los que lo empeoraron. El promedio nacional está resaltada en la única barrera roja. Las barreras verdes son las urbes que se encuentran en la mencionada región de las pampas, mientras que las celestes están por fuera de las mismas.

Nótese que el Gran Catamarca, ubicada al pié de la gráfica, es el que peor padeció el agravamiento de la pobreza, siendo el territorio donde está ubicado el succionado hoyo de Bajo La Alumbrera, donde se invirtió el primer emprendimiento de minería a cielo abierto en el país por parte de capitales extranjeros. De hecho, los centros urbanos de provincias mineras cordilleranas tuvieron saldo negativo en cuanto a la dramática situación que vive el país.

En el caso de los pampeanos, de base agrícola, vemos que no solo la mayoría empeoró su situación, sino que incluso el Gran Córdoba está claramente ubicado en el sector inferior.

El dato se torna más significativo cuando el diario Clarín, a finales del mes de mayo, en el tramo final de ese mismo semestre, felicitó a la provincia de Córdoba por convertirse, momentáneamente, en el “gran tractor agroindustrial”, debido a que encabezó, por arriba de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, la cosecha de soja y maíz, solo por estar favorecida por oportunas lluvias pasajeras. A esto se le sumó su protagonismo en la producción de maní, de la ganadería vacuna y la elaboración de bioetanol a base de maíz. Todo eso ocurría mientras centenares de miles de cordobeses caían por debajo de la línea de pobreza.

Clarín – 28 de mayo de 2021

La libretita de Ellas

Tampoco fue casual que en ese mismo jueves, Hacemos Por Córdoba convocó un acto con su militancia en el Espacio Quality de la ciudad de Córdoba, con la presencia nada menos que del gobernador Juan Schiraretti, el intendente Martín Llaryora y “Ellas”: Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.

Allí se lanzaron una batería de 20 propuestas que presentarían en sus respectivas bancas del Congreso de la Nación. Las mismas se han ordenado en la siguiente tabla según una distribución de categorías, definidas arbitrariamente por su humilde servidor:

Obra públicaAgropecuariasRepública / FederalProductividadSociales
Construir Autovía Ruta Nacional 158; Acueducto Interprovincial; Construir Autovía Ruta Nacional 7; Construir Autovía Ruta Nacional 9; Ampliar Estación Transformadora Malvinas; Recursos para pavimentar Ruta Provincial 10; Recursos para sanear Perilago Los Molinos; Recursos para tramo final del Camino Altas Cumbres; Construir Línea de Interconexión Río Diamante – Charlone y ampliar Estación Transformadora Laboulaye; Recursos para construir Variante Jesús María.Eliminar gradualmente retenciones; Eliminar inmediato retenciones a lácteos, maní y legumbres; Nueva Ley de Biocombustibles.Contra la reforma judicial del oficialismo; Contra cambio de Procurador General; Nueva distribución de subsidios a las tarifas.Ley Nacional de Parques Industriales.Programa Nacional de Inclusión Laboral de Mujeres; Creación de la Red Nacional de Salas Cuna.

Como podemos ver, Hacemos Por Córdoba ratificó su posicionamiento contra el gobierno nacional, en todo lo que tenga que ver con la reforma judicial o de seleccionar al próximo procurador general de la Nación. Pero en ningún lado aclara sobre cómo se posiciona con el primer proyecto candente, que es la propuesta de reemplazar la indemnización por despido a una “libreta de desempleo” en todos los ámbitos laborales, donde es el propio obrero quien solventa, mensualmente, el fondo común para mantenerlo en caso de ser expulsado de su trabajo. Se trata de un régimen que está siendo aplicado en el rubro de la construcción, cuyos contratos duran lo mismo que la obra a trabajar. Son los mismos proyectos de obra pública que pretende lanzar el gobierno provincial, exigiendo ser solventados con fondos nacionales, tal como lo refleja la tabla. No es menor mencionar que la construcción es el trabajo más precarizado que se tiene registro.

Según publicó el colega Alejandro Bercovich en BAE Negocios, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de aquella libreta en una suerte de experimento dentro del sector gasífero, donde empresas tercerizadas tienen empleados tanto bajo el amparo del gremio de la construcción UOCRA, como la del gremio de trabajadores de gas, STIGAS. Durante los momentos críticos de los contagios por Covid-19, la empresa Cosugas SA despidió a 200 operarios bajo el convenio de UOCRA y a ninguno de STIGAS, mientras que en Exgadet SA, fue de 55 a cero. Encima, los despedidos de la construcción ganaban la mitad que sus compañeros gasíferos, a pesar de realizar trabajos similares. Esto se explica por el hecho en que el empleador extorsiona al obrero con la amenaza del despido si pretendiera exigir un aumento salarial. Total, éste mismo ya tiene “asegurado” su propia expulsión.

Que una alternativa peronista no exponga su posicionamiento sobre esta situación no es más que un síntoma de una “desperonización” que se viene forjando en Córdoba desde hace un cuarto de siglo, pero aún así iniciado una década después del Consenso de Washington y previa a sus consecuencias, como fue la debacle de diciembre de 2001.

La cobertura sobre la cobertura

Ante tanta incertidumbre social, financiera y ambiental, es importante destacar el trabajo que acaba de realizar la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (Fatpren) y la Fundación Rosa Luxemburgo. Se trata de un pequeño dossier titulado “Contaminación informativa: Medios, extractivismo y soberania”, escrito por periodistas especializados en temas ambientales, donde profundizan la cobertura mediática sobre hechos que impactan en el ambiente, y que compartimos el link a continuación: https://cutt.ly/GEWLAjS

Para el caso de la provincia de Córdoba, hay dos notas separadas: “Agrotóxicos en los medios cordobeses. El silencio cómplice y la visibilización a cuentagotas”, de Consuelo Cabral, e “Incendios intencionales en Córdoba. Contaminación informativa: ‘Fuego amigo’”, de Daniel Díaz Romero, director del portal Sala de Prensa Ambiental.

En el artículo de Consuelo, se interpreta que hubo un punto nodal en el año 2012, cuando se realizó el juicio contra los que estuvieron en el negocio de los campos de soja que contaminaron al barrio Ituzaingó Anexo con químicos legales e ilegales. Pero también, fue la fecha que empezó la lucha de los habitantes de la localidad de Malvinas Argentinas contra la multinacional Monsanto. Si anteriormente, la cobertura de los medios principales cordobeses otorgaban la voz a las Madres de Ituzaingó para conocer sus desgarradores testimonios, eso cambió cuando se contemplaba que las distintas luchas tomaban un vuelo prominente desde lo judicial como desde lo internacional, poniendo en jaque a la base misma del modelo económico. De ahí que la colega valoró las crónicas de las audiencias que realizó su par de La Voz del Interior, pero que no le pareció menor la ausencia de la palabra “agrotóxicos” en sus artículos.

Por el lado de Daniel, subraya que no solo los medios le otorgan más legitimidad a las autoridades provinciales a la hora de informar sobre el devenir de los incendios serranos, obturando las lecturas que sospechan sobre las raíces especulativas y económicas de las mismas, sino que además forjan discursos contemplativos y de espectacularidad, que generan una “romantización” de los hechos. “Son relatos construidos a partir de la idealización de personajes y ponen a los ciudadanos, no ya a exigir soluciones y políticas eficaces sino a asumir que los incendios son inevitables y que el poblador de un territorio ha de gratificarse con ser invitado a presenciar un espectáculo dantesco, asumiendo un lugar de espectador pasivo”, señala el colega.

De ésta manera, 2012 y 2020 fueron fechas claves, tanto desde la cuestión de los agronegocios como desde los incendios; en el medio, aparece 2016, cuando se frenó la reforma de la ley de bosques provincial. Habrá que ver cuáles serán las próximas fechas que se avizoran. Pero sobretodo: si se emanan como emergente a partir de un agravamiento de la situación social y ambiental; o por el contrario, a partir de una capacidad de maduración política que pretenda ir por una vía programática desde las propias luchas, como los distintos proyectos que vienen impulsado el sector agroecológico. Esa es otra deuda pendiente, pero a contramano de lo patológico.