Los límites del poder arrasar con nuestra tierra
El triunfo de Bolsonaro expone los límites del progresismo, pero también de los oficialismos. El papelón de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras habilitó una reacción popular efectiva. Y el intento por acallar una científica involucraría a dos cordobesistas.
Por Lea Ross
Según el libro Brasil autófagico, publicado en 2022 por editorial Tinta Limón y escrito por Daniel Feldmann y Fábio Luís Barbosa dos Santos, lo que nosotros llamamos “lulismo” y “bolsonarismo”, que sería el equivalente a progresismo y ultraderechismo, son opuestos pero no contradictorios. El primero aplica políticas públicas para contener la escasez, mientras que el segundo opta por acelerar el avance capitalismo, hasta que el pueblo no aguanta y proclama un retorno a la contención. Y cuando no alcanza, el pueblo reelige el aceleracionismo y se repite el proceso. No es solo una crisis de progresismos, sino también de oficialismos.
Esto ocurre porque la etapa actual del capitalismo financiero, agravada por la crisis financiera del 2007 y 2008, lleva a que los países emergentes, como Brasil y Argentina, tengan desventajas en recibir inversiones reales y se ven forzadas a incentivar la llegada de capitales especulativos subiendo las tasas de interés. Lejos de asemejarse al dilema del péndulo argentino, aquí lo que se contempla es una espiral corrosiva, que empeora la base material.
Desde Argentina, se menciona otro libro: Con exportar más no alcanza, de los economistas Francisco Cantamutto, Andrés Wainer y Martín Schorr. Ellos advierten que nuestra economía es un balde con agujeros, donde insistimos en incrementar las exportaciones para obtener los dólares necesarios, pero no resolvemos las filtraciones que tiene el sistema que hace que esas añoradas divisas se fuguen. Esto se debe al corrosivo endeudamiento, como así también la fuga de capitales que se pretenden compesarlo con más deuda. Contención o aceleracionismo. Ser opuestos no significa ser contradictorios.
Corte y confección
Hoy Argentina está teniendo muchas divisas principalmente por la buena cosecha y por la venta inédita de energía sacada de Vaca Muerta. Pero los commoditis se mantienen en alza más que por el volumen vendido. Profundizar la matriz extractivista no solo apabulla al poder político, sino también al poder judicial. El tan comentado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, contra la Ley de Tierras, generó una situación incómoda para los sectores de arriba, como así también una respuesta rápida para los sectores de abajo, que acodarían unificar la defensa de los territorios con el financiamiento universitario para la marcha del 15 de octubre.
El máximo tribunal, compuesta por tres cortesanos, tuvo que decidir sobre el destino de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata en rechazo a los artículos del famoso megaDNU 70/2023, lanzado apenas asumió La Libertad Avanza en Casa Rosada, y que incluyó la derogación de la Ley 26.737, que frenaba la extranjerización de las tierras rurales. A partir de distintas instancias, el expediente fue receptada por la Corte el 14 de junio de 2025. La tabla de abajo expone el recorrido de esos papeles en las oficinas de los jueces supremos.
El primero que pidió revisarlo fue Carlos Rosenkratz, quien ocupa la vocalía número 4 (color rojo) gracias al presidente Mauricio Macri y alguien con trayectoria en la defensa de grandes empresas del país. Por eso no sorprende que solo le llevó un día para leerlo: 25 de junio de 2025. El 8 de agosto fue recibida por el actual presidente del tribunal, el santafecino Horacio Rosatti (amarillo), también designado por Cambiemos pero por el lado de Elisa Carrió. Tanto Rosenkratz como Rosatti son los que habían firmado la frustrada aplicación del 2×1 para reducir las penas a los genocidas, del cual tuvieron que irse atrás luego de una movilización inédita en la historia argentina. Ahora parece que están nerviosos que esto genere algo parecido.
Rosatti ordenó devolverlo a la secretaría a los tres días: el 11 de agosto de 2025. Casi dos semanas después, el tercer cortesano, Ricardo Lorenzetti (verde), recibió por primera vez el expediente el 27 de agosto. Pero al poco tiempo, lo volvió a pedir el 4 se septiembre. Lorenzetti mantiene su cargo desde 2004. En los últimos años, trató de mostrarse como un hombre interesado en el derecho ambiental. A partir de ahora, le será difícil poder organizar eventos públicos sin recibir un mínimo escrache público.
Para el 3 de septiembre de 2025, el presidente Rosatti volvió a pedir el expediente donde lo revisó solo un día. Después de eso, ocurrieron las elecciones legislativas que forjó un triunfo sorpresivo para La Libertad Avanza, realizada en octubre. Pasada la época veraniega más vacacional, el 3 de febrero de 2026, Rosatti volvió a pedir los papeles del caso e hizo un último punteo. La Corte en sí tardaría hasta el 29 de septiembre de 2026 para publicar la sentencia.
A partir de la reacción masiva contra esa sentencia, los cortesanos violaron lo que se enseña en las carreras de leyes: los jueces solo hablan por sus fallos. En lugar de eso, lanzaron una aclaratoria, donde aseveran que “sólo se decidió un aspecto procesal” y que “no afecta a otras medidas cautelares”. Además, se victimizaron con los “discursos de odio y descalificación en las redes sociales” (!) y que “la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia” (!). Qué lástima para ellos que no exista el INADI.
Ahora: están por definir un nuevo amparo en defensa de las tierras, pero esta vez con la participación por sorteo de dos jueces federales para amplificar los votos en cinco. No hay tres sin cinco.
Cordobesistas detrás de una exoneración
Antes que la próxima cosecha agrícola pueda ser afectada por los eventos climáticos de El Niño, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) está intentando exonerar a una de sus integrantes, la ingenieria agrónoma Virginia Aparicio, siendo la amonestación más grave, ya que implica que nunca más podrá ejercer trabajos para la administración pública. El objeto de su amonestación tiene que ver con sus investigaciones sobre la presencia de agroquímicos en los cuerpos y en los ambientes. Incluso lo hizo en el marco del proyecto SPRINT, cuyas siglas en inglés significa “Transición Sostenible de Protección Vegetal”, que es financiado por la Unión Europea y que parte del personal del organismo argentino trabaja allí. Su caso fue expuesto incluso en la prensa simpatizante al agronegocio, ya que a pesar de que no comulgan con la denuncia contra sobre el impacto en la salud por parte de estos químicos utilizados para la siembra directa, sí consideran extraño que se pretenda aplicar una sanción tan grave como persecutoria.
En base a un artículo del periodista Darío Aranda, director del portal Agencia Tierra Viva, el inicio de este sumario empezó en 2023, por parte de los anteriores directivos del INTA. A esto le suma su ex-presidente Juan Cruz Molina Hafford, como así también el actual consejo directivo, ocupado entre otros por Jorge Dutto, en representación de las facultades de agronomía, y en un lugar incómodo a la hora de posicionarse sobre el financiamiento educativo.
Molina trabajó en la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba entre los años 2011 y 2018, donde trató de poner un freno a las denuncias por la aplicación con agroquímicos, entre ellos en pueblos que estaban más cerca de la zona núcleo. Mientras que Dutto, más cercano a la Unión Cívica Radical, fue quien recibió la propuesta en 2012 de la multinacional Monsanto para confeccionarle su estudio de impacto ambiental para instalar una planta procesadora de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Alert Spoiler: no se logró por el rechazo vecinal. Para algunos peronistas y radicales, la discusión entre contención y aceleracionismo ya está tomada.
