Sin pan y con FMI

En Córdoba, la dirigencia local banca el nuevo acuerdo con el Fondo, pero no quiere que haya más retenciones. Una discusión que pone en vilo al pan nuestro de cada día.

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

La razón de por qué en el Senado se aprobó el nuevo acuerdo con el FMI de manera más express y con menos thriller que en Diputadxs fue porque la Cámara Alta está integrada por los representantes de las provincias. Y las provincias no querían caer en el default con el Fondo.

(Algunos analistas sostienen que es incorrecto el uso del término default, porque solo se aplica cuando el acreedor proviene del mercado. El FMI es una entidad que no cumple con esa función. Por lo tanto, la palabra más correcta sería estar en mora).

Cuando el ministro Martín Guzmán asistió a las comisiones en el Congreso, explicó que la pesada herencia macrista en materia de deuda estaba compuesta por tres pilares: 1) El crédito del Fondo, propiamente dicho; 2) El carry trade; es decir, la bicicleta financiera que habilitó la fuga de capitales; 3) Las deudas externas que emitieron ciertas provincias que empapelaron sus distritos con títulos dolarizados, con riesgos de caer en default (acá sí es correcto). Al Estado nacional le preocupa eso, porque los mercados interpretarían que la gestión nacional tomaría fondos frescos para salvaguardar a esas provincias en cesación de pagos, antes que honrar sus propias deudas.

Por esa razón, quien jugó un papel clave para dialogar con distintos sectores para la aprobación de las Facilidades Extendidas con el Fondo, propuesta por el oficialismo, fue el gobernador Gerardo Morales, porque Jujuy tendría una deuda equivalente al 80% de sus ingresos. En ese ranking aparecían también Chubut, provincia de Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y Córdoba. De hecho, Córdoba tuvo a principios del año pasado un fugaz default, que duró un fin de semana, por no lograr pagar determinados intereses y que pudo reestructurarla a tiempo.

Desde la versión “cordobesista”, se sostiene que sería injusto que una provincia de gran potencia agropecuaria, que aporta divisas mediante sus cosechas, no pueda pedir créditos a mansalva. Es comprensible. Pero hay un triple problema. La primera es que ninguna provincia interviene en la regulación del mercado de cambio, como sí lo hace el Banco Central.

La segunda, es que la estabilidad financiera de Córdoba es muy empedrada cuando se destina créditos a moneda extranjera para el levantamiento de obra pública que no garantiza reintegros de inversión. Es decir, no genera ganancias para recuperar lo invertido.

De hecho, uno de los requisitos para que los mercados acepten invertir en una provincia es la seguridad jurídica de que no se detone ningún conflicto que ponga freno a los negocios pautados. El fin de semana pasado, un acampe a la vera de la Ruta Provincial 5 puso en vilo al inicio de las obras de la Autovía de Paravachasca, uno de los proyectos viales más importantes, junto con la de Punilla. Hoy en día, se pronostica que la polémica que desatan ambas trazas concentren las energías del sector más movilizado en la provincia en cuanto a problemáticas ambientales, en especial por los desmontes que implican estos trabajos y que están teniendo exposición.

Y tercero y último: no ayuda mucho exigirle cierto “libertarismo” a que las provincias pidan créditos al extranjero y que, al mismo tiempo, reclamen la quita de retenciones a la Nación, que en materia de ingresos es el principal sostén para el pago de las deudas más voluminosas.

Para Juan, no llegamos a fin de mes, porque las retenciones nos mete la mano en los bolsillos.

Es mentira lo que dice Schiaretti que Argentina es el único país del mundo que aplica retenciones. Pero sí es cierto que es el único que se los aplica a casi todo lo que exporta y, en algunos casos, con dos dígitos. La raíz de ello se remonta en los comienzos del siglo: para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que generó el mayor ahogo financiero vivido en nuestro país y que detonó en la mayor protesta popular de su reciente historia. Para conseguir esos dólares, se retornó a esas alicuotas, ausentes durante el menemismo, y aceptadas por los distintos sectores del agro, porque no querían volver a ver aquellas revueltas callejeras en 2001 y 2002, y porque creían que iban a ser pasajeras. Todo se quebró a partir del conflicto agropecuario del 2008, en el frustrado intento por aplicar retenciones móviles, y que dio inicio a “la grieta” a nivel nacional. Y el delasotismo y el schiarettismo han tratado de meterse en esa disputa, a pesar de que digan que están fuera de ella.

Cordobesista, ¿pero no tanto?

Horas antes del anuncio de cómo librar “la guerra contra la inflación” por parte del presidente Alberto Fernández, Schiaretti encabezó un acto para repartir programas de Buenos Prácticas Agrícolas y propuso eliminar, de manera progresiva, las retenciones y que deberían ser reemplazadas por el impuesto a las Ganancias. Estuvieron presentes Gabriel de Raedemaeker de CRA, Javier Rotondo de CARTEZ, Alejandro Buttiero de CONINAGRO, Agustín Pizzichinni de Federación Agraria, y Alejadro Ferrero de la Sociedad Rural. Casi todas esas organizaciones planean llevar a cabo, en los próximos días, una serie de “tractorazos” en las rutas y pueblos para manifestarse en contra de la suba de las retenciones.

Como quien dice: una cosa es ver la foto, y otra cosa es ver la película entera. Ph: Prensa Córdoba.

En los discursos de Schiaretti, se pronuncian las palabras “Córdoba”, “cordobeses” y sus equivalentes en un promedio que va entre 15 y 30 segundos. Normalmente, los de mayor tasa ocurren cuando se trata de anuncios que estén muy ligados a los que él denomina el progreso. En particular, que tenga que ver con la productividad agropecuaria. En el caso de su última exposición, duró aproximadamente 910 segundos y solo pronunció palabras referidas a Córdoba 26 veces: una tasa de 35 segundos.

Una lejanía a ese promedio puede deberse en ese vaivén que tiene el dirigente entre los intereses electorales provinciales y nacionales. El gobernador necesita convencer al sector agropecuario que apoye a su candidato para 2023, que muy probablemente sea Martín Llaryora, ya que se pronosticaría una dura pelea de votos con Luis Juez, que fue arrasador en cuanto a los resultados del año pasado. Pero, al mismo tiempo, necesita forjar un discurso por fuera de la provincia, donde intente tener un rol estratégico en el armado de una propuesta presidencial para ese mismo año, que no resulta ser suficiente si pretende abroquelarse en un discurso cordobesista autorreferencial. Después de todo, quienes habitan en el Conurbano, se sienten más identificados con Juez que alguien que se la pase hablando todo el tiempo de Córdoba.

Al final, no se pudo

La propuesta de quitar retenciones, para ser reemplazado por el pago de impuestos a las Ganancias, apunta a que el excedente no tributado pase a financiar el valor agregado a los productos y avanzar en la industrialización. El problema de ese esquema es que es mucho más fácil evadir subfacturando una declaración ante la AFIP que tener que ocultar toneladas de granos en camiones. Schiaretti insiste en que los cordobeses no fugan ni evaden, sino que invierten todo en su provincia.

Sin embargo, el riesgo de evasión fue advertido por el mismísimo Mauricio Macri apenas asumió como presidente, que sin duda alguna es alguien que tiene conocimiento de causa. Fue en la localidad de San Nicolás, cuando anunció que llevaría por decreto a las retenciones a cero, salvo a la soja, que se iba a quitar 0,5 puntos por mes; es decir, de manera gradual, como le gusta Schiaretti. Pero inmediatamente después, Macri le advirtió a los productores de que no se hagan los pícaros y no pretendan esquivar ese pago de ganancias.

Al final, el macrismo fue el único mandato de la Argentina del presente siglo que generó la mayor quita de retenciones y, con ello, una merma en las reservas, que lo llevó a pedir el préstamo con el Fondo y que padezcamos la mayor devaluación de nuestra moneda: un 500%.

Son de fierro

El sábado pasado, poquitas horas después de la emisión del mensaje grabado de Alberto Fernández donde anunciaba poco y nada las medidas contra la inflación, se publicó en el Boletín Oficial el aumento de retenciones a la harina y aceite de soja, que pasan de un 31 al 33%, más la creación del Fondo Estabilizador del Trigo, que se nutre con lo primero. El plan es captar un monto de 400 millones de dólares de retenciones sojeras, para depositarlos en un fideicomiso para financiar y evitar la suba del precio del pan, la harina y los fideos, que conforman la base de la pirámide alimentaria de las familias del país.

Habrá que ver ésta semana si se logra concretar este esquema, ya que en febrero pasado, ni lerdos ni perezosos, los integrantes de la Sociedad Rural Argentina habían presentado un recurso de amparo para que “cese el cobro de retenciones”, bajo el argumento legal de que el país no cuenta con Presupuesto propio, porque fue desaprobado por el Congreso. El pedido quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de la provincia de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro. Como era de esperarse, tampoco ni lento ni perezoso, Bustos Fierro aceptó esa medida diez días atrás, cuando ya se empezaba a discutir los efectos económicos de la guerra en Eurasia.

Casualmente, como quien aprende de las lecciones pasadas, 14 años atrás, también en un mes de marzo, Bustos Fierro inició un trámite de una demanda contra la aplicación de las retenciones móviles, en el contexto de 2008, que llevó a que la resolución 125, en vigencia, no fuese aplicada a la provincia de Córdoba.

Al juez Bustos Fierro tampoco le gusta que las retenciones le toquen sus bolsillos. Archivo: La Voz.

Quien hizo esa denuncia fue la sojera Adriana Remonda, parte de la familia Remonda, que durante un siglo manejaron el diario La Voz del Interior, hasta que se lo vendieron a medios de comunicación porteños, en particular, al Grupo Clarín. Curiosamente, Remonda figura como accionista de una empresa offshore de las islas Vírgenes Británicas, según expusieron los Panamá Papers en 2016, y que la firma se creó en los momentos en que estaba en trámite la venta del matutino cordobés. De hecho, según pudo recolectar el humilde servidor, sería el caso más antiguo que se tiene a mano de un caso cordobés de ocultamiento de patrimonios en guaridas fiscales, expuesta por los principales documentos revelados en la década pasada a nivel internacional.

Aclaramos que Adriana Remonda es cordobesa. Quizás sea una excepción a la regla schiarettista. Quién sabe.

¿Qué democracia?

Sobre lo publicado en el Boletín Oficial, el ministro de agricultura Julián Domínguez aclaró que al productor ya le descontaron el 33% por parte de las cerealeras, cuando le compraron sus productos. Con lo cual, la aplicación de ese decreto solo se realizaría sobre las exportadoras, que serían un total de 11 firmas. Y 8 de ellas, concentran el 92% de las ventas de productos sojeros procesados al extranjero. Domínguez no lo dijo, pero esas empresas son: Glencore (dueña del proyecto de megaminería en Agua Rica), Molinos Río de la Plata (de la familia Pérez Companc), Aceitera General Deheza, la asociación de cooperativas ACA y las otras multinacionales Cargill, Bunge, COFCO y LDC. “Yo apelo a la solidaridad y al sentido común de estas empresas”, se expresó de manera optimista el funcionario. Sonamos.

La gran pregunta que queda es cómo se van a distribuir esos 400 millones de dólares para garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también la buena alimentación en los platos o que no se convierta en otro negocio para unos pocos. Ya que esas ocho empresas que mencionamos son también las mismas que exportan el trigo al extranjero, y que también en algunos casos intervienen en el negocio de la molienda y la panificación. Por ejemplo, Pérez Companc tiene más de la quinta parte de la harina que se vende en los comercios, mediante su marca Blancaflor y casi el 40% de los fideos, por abarcar numerosas marcas que no parecen pertenecer a la misma empresa, pero que lo son: Matarazzo, Don Vicente, Lucchetti, Favorita y La Salteña. Si no me creen, fíjense que todos esos paquetes tienen el mismo logo de Molinos.

¿Es lo más correcto que los 400 millones en dólares terminen en las mismas manos de siempre? ¿O no sería mejor que esa inversión pase a beneficiar emprendimientos gastronómicos que se enfoquen en una alimentación que sea más saludable y no a costa del abaratamiento de sus productos?

Esto me recuerda el comentario anecdótico de un referente de las denuncias contra la aplicación de los agrotóxicos, cuando asistió como exponente a un conversatorio con la participación de productores sojeros. Había pasado poco tiempo después de la discusión sobre la resolución 125. Ese referente le preguntó a los presentes: “Escuchen: ustedes se quejan de las retenciones. Pero ustedes no deberían pagar retenciones. Las retenciones son un derecho de exportación. Ustedes no exportan, producen. Quienes exportan son las cerealeras. Entonces, en lugar de quejarse con el gobierno, ¿por qué no se quejan con las cerealeras, que son ellas quienes les cobran demás?”. Y uno de los productores le responde: “¿Sabe por qué? Porque a la Cristina sabemos que le va a durar cuatro u ocho años. En cambio, con Cargill no hay manera de discutir, porque no se va a ir nunca. Va a estar siempre”.

Democracia divino tesoro.