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La Córdoba piromaníaca

Por primera vez, Córdoba discute si avala o no una inversión inmobiliaria sobre una zona quemada por incendios. La sorpresiva participación de un empresario-abogado, involucrado en negocios del menemismo y de la expansión vial sobre bosques nativos. La oscura trama que involucra a abogados, desarrollistas y famosas constructoras que estarían detrás de las llamaradas.

Por Lea Ross

Jueves 14 de septiembre.

¿Qué hacía un directivo del Grupo Roggio defendiendo una inversión de edificios sobre un terreno de bosque nativo quemado por un incendio?

Sergio Muzi levanta la mano en la reunión de Zoom para exponer públicamente su postura sobre el emprendimiento privado “Club Vacacional Veneto 360”, que propone construir cuatro torres de más de 280 departamentos, con centros comerciales y una pileta con cascadas artificiales. Pero con un condimento extra: se realizaría sobre terrenos donde pasaron parte de los magnánimos incendios que padeció la provincia de Córdoba en el año 2020, las más descomunales de los últimos cuarenta años: más de 300 mil hectáreas arrasadas. En ese caso, hablamos de dos zonas ubicadas en la comuna de Santa Cruz del Lago, pegado a Villa Carlos Paz, donde a finales de septiembre se desencadenaron puntos ígneos que provocaron incertidumbre y descomunales imágenes, teniendo a la famosa torre de El Pato como principal eje de atracción.

Fotografía del periodista Daniel Díaz Romero, del portal Sala de Prensa Ambiental, sobre el incendio del 2020 en Santa Cruz del Lago. Allí se pretende levantar cuatro edificios.

La audiencia pública virtual fue organizada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, donde distintos exponentes expresan sus posturas sobre ésta inversión, en base al estudio de impacto ambiental realizado por una bióloga, contratada por el proponente, el Grupo Veneto, y un arquitecto que trabaja para la compañía. Las instancias de participación ciudadana continuarán en los próximos cuatro jueves. Hasta ahora, han participado vecinas de la región, especialistas y letradas denunciado las irregularidades del proyecto.

Su humilde servidor fue el exponente número 8. Previo a él, el número 7, el mencionado Muzi, donde tomamos el supuesto que él habló desde la oficina de su estudio jurídico. “Debemos analizar esto desde lo técnico”, insistió en respuesta a otras exposiciones contrarias, que manifestaron su rechazo por los impactos vegetales e hídricos, a metros del embalse San Roque.

A continuación, escucharán las palabras del abogado Muzi y luego la exposición de su humilde servidor:

Una segunda oportunidad

Muzi fue, durante años, el abogado de la empresa GAMA SA, del condenado empresario Jorge Petrone, quien permaneció años encerrado en la cárcel por robo de tierras. Su asesoramiento legal apuntó a evitar que se haga una audiencia pública, como la que acaba de participar, para debatir el armado de un country en San Antonio Arredondo, que se iba a llamarse El Gran Dorado, y que implicaba desmontar un bosque nativo serrano. Los argumentos que vertió en ese entonces eran muy parecidos: que la idea de esa inversión era previo a que sea obligatoria la participación ciudadana. No logró convencer a la justicia, la audiencia se realizó y, ante el enorme técnico y social, se frenó el emprendimiento.

Desde hace décadas, Muzi ocupa directorios de distintas compañías del emporio Benito Roggio e Hijos SA, también conocido como Grupo Roggio. Esas empresas han levantado con pala más que suelos en movimiento. Han cimentado gran parte de las redes viales de la provincia, y que lo continúan haciendo. Es la única que trabaja en el avance de dos cuestionadas autovías: Punilla y Paravachasca. También, se hizo cargo de parte del cierre de Circunvalación. Los Roggio manejan la concesión del agua potable en la ciudad de Córdoba, y hasta la planta de tratamiento de residuos industriales Taym, donde en 2017 volcaron sus desechos en la planta de Bajo Grande. La denuncia contra la empresa fue prescripta.

Según informe de La luna con gatillo, la constructora de los Roggio fue la tercera firma que más fondos recibió de parte del Estado provincial mediante licitaciones en las dos últimas gestiones de Juan Schiaretti, llegando a casi 90 millones de dólares.

Décadas atrás, en los años noventa, Muzi fue al mismo tiempo asesor legal de la secretaría nacional de Obras Públicas y, también, de la Cámara Argentina de la Construcción, presidida por Aldo Roggio. Todo al mismo tiempo que trabajaba en el holding. Eso le permitió que la gran firma cordobesa ganara distintas licitaciones menemistas, al estar en todos los lados del mostrador.

Desde hace un par de años que Aldo renunció a la compañía, al confesar ante un juez federal que pagó coimas para obtener concesiones del área de transporte.

Para quien quiera ver la primera jornada de la audiencia completa, he lo aquí:

Gracias al incendio, que me ha dado tanto

Curiosamente, al inicio de la actividad, a la hora de dar detalles sobre el informe que elaboraron para el público presente, ni el arquitecto ni la bióloga ratificaron o rectificaron si eran zonas incendiadas. Nunca pronunciaron la palabra “incendios”.

El propio estudio ambiental lo da a entender que sí. Señala que las especies arbóreas se perdieron por el fuego y, por ende, consideran que “no puede observarse la típica estructura de un bosque nativo”.

Los autores del estudio de impacto ambiental no adjuntaron un informe que hizo la Secretaría de Ambiente, por pedido de la propia empresa, para inspeccionar los terrenos y verificar la situación de la cobertura vegetal. La conclusión que sacó el departamento de Estado es que los dos predios se encuentran en zona roja, de alta conservación, es decir, que debería estar prohibido hacer desmontes.

Sin embargo, el trabajo de Ambiente sostiene que no cumple con los principios de sustentabilidad, por la aparición de casas y otras intervenciones que habrían alterado el ecosistema. Por ende, lo declaran como cambio de uso de suelo. Pero ese relevamiento nunca menciona sobre los incendios del 2020, del cual el propio estudio ambiental sostiene que permitió la pérdida de chañares y molles, que quedaron como “esqueletos”. Esto lleva a que el estudio de la empresa “no pueda observarse la típica estructura de bosque nativo”. En otras palabras: gracias incendio, has hecho un buen trabajo.

Caminito al costado del rumbo

Pero insistimos: ¿por qué el Grupo Roggio estaría interesado en que se hagan edificios cerca del lago San Roque? En su exposición, Muzi mencionó que “esa zona forma parte del Plan Metropolitano de Uso de Suelo. Este plan fue elaborado por una acción coordinada entre la Provincia y las municipalidades, a los fines de lograr una planificación regional”. Un pequeño entreparéntesis: la Municipalidad de Villa Carlos Paz se expresó con preocupación este emprendimiento; incluso, por lo que se enteró su humilde servidor, el área ambiental de ese municipio están furibundos contra ese negocio.

Ese Plan incluye un mapa. En ella, los dos terrenos de la discordia, bien resaltados en la siguiente imagen, están dentro de un fondo turquesa. Ese espacio es descripta como predios diferentes entre sí, pero que “permiten el desarrollo de planes estratégicos para un mayor beneficio de la comunidad”.

Pero se aclara que “no se incluye la normativa general al ser tratados como áreas especiales con planes y programas de usos mixtos”. Es decir: recalca que no se engloba todo en la misma bolsa, porque puede tocar ciertas leyes (como la de Bosques) y que tampoco debe pensarse que todo ese turquesa pueda ser destinado para un mismo fin. Dicho sea de paso: el color verde que está bien pegado en la parte del norte es bosque nativo de zona roja.

Como dijo un expositor-vecino de Santa Cruz del Lago, suponiendo que los cuatro edificios estén instalados, en los días de verano y con los departamentos totalmente llenos, se multiplicaría por cinco la población del pueblo. Eso demandaría la necesidad que haya mayor cantidad de pasos viales para garantizar el tráfico, aún cuando el estudio ambiental de la empresa advierte que el tránsito genera impactos negativos en todos los factores.

Ahí aparece la saciedad vial de parte de las constructoras dicen: “Hola, acá estamos”. Y nadie mejor que recurrir a un directivo empresarial y, al mismos tiempo, un abogado que patrocina tanto a empresas como a la mismísima Cámara Argentina de la Construcción, sede donde se sospecha que se llevan a cabo los acuerdos para repartirse las licitaciones. Basta con ver la lista de clientes que aparece en la página web de su estudio jurídico: Grupo Roggio, sino también a sus supuestos competidores: Boetto y Buttigliengo, Basaa, Pilay SA, Proaco SRL, etc.

Piedra libre para Sergio Muzi.

Edificios en discordia

Sábado 9 de septiembre (cinco días antes de la audiencia pública). Ciudad de Córdoba.

“Todo un tema el activismo en Córdoba”, me comenta, con un ligero hartazgo, un brigadista que se vino desde Bialet Massé. Estamos dentro del Museo de Antropología, en el centro de la capital. A la entrada, con sus típicos trajes amarillentos, distintas organizaciones brigadistas, provenientes de distintas regiones serranas, le explican a los peatones cómo trabajan y cómo lidian el combate con el fuego. Sus palabras se complementan con mesas repleta de fotografías, stickers y folletos.

La actividad es organizada en conjunto con el colectivo Arde Córdoba, conformada por comunicadores y activistas culturales donde discuten estrategias de intervención artística callejera sobre la implicancias de los incendios forestales, interpelando al habitante de la gran ciudad. “La idea es traer las llamadas, que queman nuestros momentos y traen el padecimiento a las comunidades, a la ciudad”, señala la socióloga Natalia Cosacov. “Recuerdo cuando Página/12, mientras el país se incendiaba, publicaron como tapa un problema ambiental en un barrio de Caballito. En ese porteño-centrismo, decíamos que el arte servía para conseguir visibilidad”.

En la jornada, se incluye la presentación del libro Argentina en llamas: Voces urgentes para una ecología política del fuego. Soledad Fernández Bouzo es una de sus co-editoras. Investigadora del CONICET y del Instituto de Investigación Gino Germani, sostiene que el incendio “es una tensión muy fuerte entre el capital y la vida, en el sentido que la recuperación de las tasas de ganancias están yendo contra nuestras condiciones de vida. Eso implica pensar en las pérdidas, pero también pensar qué podemos ganar”. Uno de los capítulos, redactados por la antropóloga transerrana Julieta Quirós, polemiza no solo el discurso hegemónico que apunta a que el fuego se origina por negligencia, sino también con ciertos discursos progres o de activismo que lo reducen a intereses “ecocidas”. Para la autora: “la denuncia de ecocidio necesita ser ampliada para incluir y tornar visibles los etnocidios que los incendios producen, de modo tan estructural como invisibilizado”.

Fernández Bouzo explica que el libro busca “una mirada ecofeminista que nos ayude a pensar los impactos diferenciados que provoca el fuego, sea de género, de clase y hasta étnica. Lo que perdemos del fuego son nuestros saberes ancestrales. También, la división sexual del trabajo y del espacio hace que las mujeres utilicen el fuego en ámbitos doméstico y controlada; y ya en éste contexto de crisis climática, es difícil ejercer ese control. Y son las mujeres las que más activan las fuerzas protectoras para combatirlo, para garantizar un mínimo de supervivencia, que tiene que ver con los cuidados colectivos. Y no solo en la atención humana, sino también en la remediación de los bosques, que en gran medida son ejercidas por mujeres. Incluso, cuestionan las tradiciones patriarcales en las que se controlan el fuego”.

Desde aquella jornada incendiada del 2020, aparecen más grupos de brigadistas dispuestos a combatir las llamaradas en la cobertura vegetal, en contraposición a los bomberos que optan por preservar la propiedad privada. Sea eso o conformar colectivos de invervencionismo artístico urbano, son formas de organización que canalizan cierto desencanto a formas tradicionales del ejercicio militante, tendientes a quedar estancos al no obtener resultado instantáneos. Es todo un tema el activismo en Córdoba. “Quizás sea un problema nacional o continental”, le respondo.

Faltan cinco días para la audiencia pública. Se pide participar de esa instancia, ya que sería la primera vez que la administración pública someta a su ciudadanía a discutir una inversión sobre una zona incendiada. “Les pedimos que participen”, comenta con micrófono en mano otra combatiente del fuego, que vive cerca del lago San Roque.

Pegado al Museo, se encuentra la coqueta torre de oficinas llamada “Córdoba Business Tower”. Será en el sexto piso, donde el esbirro Muzi preparará su exposición.