Una mesa, muchas voces: consensos y demandas por el bosque nativo

Una mesa de diálogo convocada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia reunió voces expertas y territoriales que exigieron la conformación de una comisión interdisciplinaria para actualizar el ordenamiento territorial.

Por Soledad Sgarella para La Tinta

La semana pasada, la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a cargo de la ministra Victoria Flores, convocó a referentes de organizaciones campesinas, científicos y técnicos a dialogar y debatir sobre el estado actual del ordenamiento territorial, y con el fin de robustecer la implementación de la Ley provincial 9814, en un marco de amplia participación. “El objetivo es avanzar en acciones concretas sobre el cuidado de nuestro bosque, la señalización de zonas de alta conservación y el desarrollo de las comunidades que habitan y producen en estos territorios”, dijo Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial.

Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas y especialista del CONICET, sostuvo que la reunión, encabezada por Flores y Riveros, buscó “un primer abordaje para explorar la conformación de una comisión participativa e interdisciplinaria, con todos los actores involucrados, para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo que Córdoba aún no ha concretado”.

Barri remarcó que “aunque la pérdida de bosque hoy no alcanza los niveles de los grandes desmontes previos a 2010, Una de las principales preocupaciones está puesta en el rol municipal y en la ausencia de mecanismos provinciales eficaces para frenar el avance ilegal de urbanizaciones y desmontes sobre áreas protegidas.

La ley como herramienta para el equilibrio

Alicia Barchuk, doctora en Ciencias Agropecuarias y referente en defensa del monte nativo, subrayó que “la Ley 9814 prevé una Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (CAHOTBN), que debería operar con participación institucional y territorial efectiva”. Planteó que esta mesa debe articular ministerios y sectores diversos para formular decisiones integrales, tomando como eje la vulnerabilidad ambiental de los territorios.

Barchuk también advirtió que, si bien la creación de una «Mesa de Bosque Nativo» puede ser un paso, no es la solución principal a la amenaza constante de incendios y desmontes. “La fiscalización, sanción y aplicación plena de la ley recaen en la Autoridad de Aplicación. Es fundamental gestionar de forma transparente y oportuna los fondos, promover activamente los planes de manejo y conservación, implementar un monitoreo satelital eficaz y aplicar sin demoras el régimen de infracciones”, sostuvo.

Criterios técnicos y compromiso real

Federico Kopta, biólogo, docente y presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que cualquier actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) debe incluir las capas de infracciones, que no debe existir una amnistía de hecho sobre los desmontes ilegales y que se debe incluir la capa de Reservas Forestales Intangibles creadas por los «Términos de Referencia para las intervenciones del Bosque Nativo», Res. 010/05 de la Agencia Córdoba Ambiente, que son 251.914 hectáreas que deben ser monte en categoría «rojo». “Estas no tienen nada que ver con las áreas naturales protegidas, son otra cosa. Corresponde a un 30% o 40% de la superficie total de los campos que se permitió desmontar a cambio de que queden núcleos, corredores biológicos y áreas de recuperación”, aclaró.

Con relación a este tema, la ministra fue clara en la postura sobre la implantación de la ley: “No estamos para interpretarla, sino para aplicarla. Donde es rojo, es rojo”.

Diagnóstico integral y ciencia aplicada

El doctor Dardo R. López es ingeniero agrónomo, investigador de la Estación Forestal INTA-Villa Dolores (anexo EEA Manfredi). Como parte de los especialistas convocados, señala que, desde su equipo, creen que “hay dos grandes problemáticas que atraviesan transversalmente a todos los sectores: los incendios y la disponibilidad de agua que, en un contexto de cambio climático y cambios en el uso del suelo, son problemáticas que se van a profundizar”.

Durante el encuentro, su equipo ofreció aplicar herramientas científico-técnicas para mapear los diez criterios establecidos por la Ley de Bosques y, así, monitorear su cumplimiento. “Este enfoque ya lo implementamos en Traslasierra, promoviendo ordenamientos consensuados entre municipios, comunas y actores sociales. El objetivo es propiciar un ordenamiento ambiental y territorial, en el cual puedan coexistir la producción agropecuaria con el turismo, pero conservando los ecosistemas y los servicios ecosistémicos fundamentales que nos brindan y dan sustento a nuestras vidas y producciones”.

Emergencia ambiental y acción concreta

Melina Dassano, con amplia trayectoria en la defensa ambiental, aportó una visión que combina conocimiento técnico y arraigo territorial. Afirmó que la crisis actual es tanto ambiental como política y social. “La participación institucional y territorial es fundamental para salir de la emergencia”, expresó, recordando que, cuando se intentó recortar la participación social, la Justicia les dio la razón.

Para la integrante de Córdoba Comunidad, un diagnóstico territorial integral debe permitir “trabajar en equilibrio, posibilitando producción y empleo, pero sin violar la ley ni sacrificar derechos”. Y agrega: “Necesitamos que un diagnóstico territorial integral nos permita funcionar y nos saque de esta situación de conflicto, de emergencia, de estancamiento económico”.

Con cifras durísimas, la especialista recordó que “más de 500.000 hectáreas se quemaron en la última pandemia y nadie habla realmente de los desmontes, que son el cambio definitivo de uso de suelo y pérdida de biodiversidad”.

La voz del movimiento campesino: conservación y desafíos en el territorio

Desde la perspectiva del Movimiento Campesino de Córdoba, la Ley de Bosques no solo es una norma para proteger el ambiente, sino un instrumento que ha permitido la conservación efectiva en las comunidades rurales y campesinas. Según relataron en la reunión, “la ley ha colaborado para que muchos hijos de campesinos no tengan que migrar al campo de la ciudad” y que “los planes de conservación han servido para evitar incendios”.

Sin embargo, este sector advierte sobre dificultades prácticas para la implementación efectiva de la ley, especialmente, tras la eliminación del fondo de compensación y los retrasos en la llegada de recursos, fundamentales para “invertir y seguir cuidando el monte”. Por ello, demandan “la conformación y revisión urgente de los fondos de compensación y el reconocimiento de promotores territoriales de bosque,” campesinos capacitados en la detección temprana de incendios y desmontes, y en la elaboración de planes de conservación.

La conversación entre actores institucionales, científicos y territoriales confirma que el bosque nativo de Córdoba debe ser entendido como una reserva estratégica de agua y biodiversidad. La Ley 9814 sigue siendo una herramienta valiosa, pero requiere actualización, financiamiento y aplicación rigurosa. La conservación del monte cordobés exige algo más que buenas intenciones: voluntad política, ciencia aplicada y presencia territorial.