La política tiene hambre
Por Lea Ross
Tener hambre es sentirse incompleto. Limitado en cuanto a las capacidades de lo que uno puede ejercer. No se puede pensar en otra cosa que el ruido de la panza. Y pensar cuesta cuando no se nutre con lo suficiente. Son tiempos de bajas calorías. De no recibir los nutrientes y minerales necesarios. Más que nunca: hay alguien que se queda con la torta.
Un reciente informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), y Fundar (realizado por María Anauati, Lara Forlino y Andrés Schipani) sostiene que “el gobierno del presidente Javier Milei llevó adelante el mayor ajuste del gasto social” desde el año 2002. La motosierra que apuntó a “políticas sociales destinadas a jóvenes y adultos” representó el 66% del achique en 2024. El resto del 33% “se concentró en jubilaciones y pensiones no contributivas para adultos mayores”, lo que implicó la caída de los ingresos jubilatorios en un 14,9% respecto a 2023. Sin embargo, hubo una contracara: la inversión en las niñeces creció un 13,8%, explicado por el incremento de la Asignación Universal por Hijo en un 47,48%. Algo de eso también ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, pero con menor intensidad.

Si nos enfocamos en ese primer año de Milei, todo lo que ha sido el gasto de inversión social para ayudar a personas de la tercera edad cayó un 9,3%; para los adultos y jóvenes, también se redujo en casi un 40%. Y como decíamos, para las niñeces fue todo lo contrario: aumentó 13,8%.

Entre sus conclusiones, el informe señala como auspicioso tanto el aumento de la AUH, como la expansión de la cobertura de la Tarjeta Alimentar para adolescentes de hasta 17 años. Pero a ese segundo beneficio se le “licuó” también sus fondos. El cambio más radical del ajuste sería la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales, comunitarias y cooperativas, con el Potenciar Trabajo a la cabeza y ahora transformado en ayudas transitorias que esperan ser eliminados el próximo año. Por último, “un desarrollo preocupante es el de la caída abrupta en la inversión en jóvenes”, como el PROGRESAR, que eran aportes para mantener sus estudios escolares o universitarios. Eso conlleva a una “creciente exposición a la problemática cada vez más acuciante del mundo de las drogas ilícitas en los barrios populares”. Más todavía si se tiene presente que algunos de esos Potenciar Trabajo se destinaron en esos barrios para mantener en pié emprendimientos autogestivos, donde estaban incluídos comedores y merenderos, que ofrecen sus platos antes que cualquier bolsita con paco.
Los vagones del tren
El ajuste nacional implica también una tercerización en las provincias, lo que lleva a los gobernadores quedar atrapados en un círculo vicioso, fruto de la escasez de recursos que se envían desde Nación. Tal es así que, a mediados de mayo, fue noticia en los medios de Córdoba el anuncio por aplicar el Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor), por primera vez al Colegio Carbó, la centenaria escuela ubicada en la zona céntrica de la ciudad y donde asiste principalmente juventudes de clase media. “Hubo chicos que se desmayaban adentro de las aulas”, replicaron las autoridades del colegio, generando asombro a los televidentes.
Por otra parte, a partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones, donde puso un freno al intento de un juicio penal contra seis dirigentes sociales por haber ejercido un piquete en el centro de la capital, el bloque oficialista en la Legislatura de Hacemos Unidos por Córdoba tiene interés de aprobar un proyecto de ley para regular la protesta social, por la vía de una modificación al Código de Convivencia, presentado por el ex-legislador Juan Manuel Cid. Ajuste y represión a veces van como vagones de un tren.

Golosos con lactosa
Al cierre de mayo, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), publicó otro informe elaborado por Claudio Lozano, Ana Rameri y Javier Rameri. En este caso, calcularon cuánto creció la rentabilidad de un selecto grupo de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El promedio: elevaron sus ganancias en un 300% en un año. Pero una de sus conclusiones inquietantes es que el rubro específico de los alimentos, aún cuando fueron afectados por la caída de sus ventas fruto del bajo consumo popular, “lograron apropiarse de rentas extraordinarias a través de la vía financiera”. Tal es así que entre 2023 y 2024, sus operaciones crecieron solo un 35,7% en promedio, pero si computamos las apuestas en la compra y venta de activos financieros, o títulos de deuda, y descontamos el pago de impuestos a las ganancias, el saldo neto no solo fue positivo, sino que además tuvo un crecimiento de ganancias exponencial: ¡797%, en comparación al 2023!
Eso se explica por las maniobras que realizó un solo grupo empresarial, Arcor y Mastellone, ambos del mismo dueño: el multimillonario cordobés Luis Pagani. Además de tener la ventaja de funcionar como una multinacional, se sospecha que estos golosos con lactosa apostaron a determinadas herramientas financieras que ofreció el Banco Central para la bicicleta financiera, lo que permitió cobrar intereses abultados para compensar las pérdidas de ventas en las despensas y los supermercados, pero a costa a un mayor crecimiento de deuda para el país.

En estos momentos, Pagani está presionando a los dueños de Mastellone, dueña de la marca La Serenísima, para quedarse con el 100% de sus acciones. Pero la junta directiva de la misma ve con malos ojos la oferta que ofrece el zar de las golosinas.
No todo es hambre
Es sábado, último día de mayo. La jornada arranca previo al mediodía. En el espacio verde pegado al Museo de la Antigua Cervecería, en barrio Alberdi, unas cien o doscientas personas se congregan en una plenaria. La actividad es organizada por la Mesa por la Emergencia Alimentaria. “Somos organizaciones sociales de la ciudad, los pueblos y la ruralidad, fundaciones, instituciones académicas y de la sociedad civil que trabajamos con comedores y merenderos del territorio provincial, productores familiares y comunitarios, que venimos alertando sobre la emergencia alimentaria que vive la Provincia”, señalan desde la parte de prensa.
Liz milita en el Movimiento de los Trabajadores Excluídos. Se vino desde el barrio Los Artesanos para debatir sobre la problemática que atraviesan los espacios que preparan sus ollas y meriendas para sus vecinos: “Nos juntamos con compañeros que vienen atravesando esto, no solo con las organizaciones sociales, sino también con la Iglesia, ONGs y la Universidad. Lo hacemos frente al abandono del Estado nacional y la falta de respuesta del estado provincial. Venimos atravesando una situación crítica con los alimentos. No damos abasto”.
Desde la Mesa, vienen preparando la propuesta de que la provincia declare la “emergencia alimentaria”. El objetivo es “aumentar el presupuesto destinado al abastecimiento alimentario”. El truco jurídico es evitar la espera a que esto se discuta para el cierre del año, cuando se debata el presupuesto provincial del próximo año. Por un lado, la provincia cuenta con el Programa de Asistencia, que ofrece un aporte de 250 mil pesos. Las organizaciones advierten de una “dificultad administrativa/burocrática para acceder al beneficio”, que se basa en una declaración jurada por parte de una asociación simple, certificados con escribanos y gestiones presenciales en los respectivos departamentos: “Son trámites que quienes gestionan los espacios alimentarios tienen grandes dificultades para realizar”. Por el otro, a nivel municipal capitalino, está la “Tarjeta Activa”, que deposita 200 mil pesos mensuales a quienes figuran en el Registro Municipal de Espacios Comunitarios. Hay testimonios que aseveran que no siempre los depósitos están garantizados. Por eso la llaman “Tarjeta Inactiva”.

Se estima que en la capital hay una base de 2.000 comedores, teniendo más cantidad por fuera de ese radar. “Antes, los vecinos nos acusaban que hacíamos esto para cobrar un salario. Hoy, con un ingreso de 78 mil pesos, tenemos que usar esa plata para comprar la comida que no alcanza”, comenta otra de las presentes, en referencia a lo que quedó del residual Potenciar Trabajo. Se calcula que algunos comedores pueden llegar a destinar entre 250 y 300 raciones por día. Con una ayuda de 200 mil pesos, incluyendo los fines de semana, eso solventaría menos de 30 pesos diarios. No alcanza ni para agarrar el arroz con la mano completa: “Yo quisiera saber si ellos, en sus casas, pueden cocinar con 200 mil pesos todo el mes. Porque yo estoy segura que usan esa plata para dar propina”, señalan las presentes, en referencia a lo que hoy se denomina como casta.
La propuesta de la Mesa también demanda a que haya una unificación de los registros de todos los espacios comunitarios, que se priorice la compra de alimentos a cooperativas y productores organizados, y que se reconozca el trabajo que se ejercen allí. Sobre esto último se lo señala como “sociocomunitario”, porque “son espacios de acompañamiento a la trayectoria escolar, de situaciones de salud, abordajes de situaciones de violencias de género”. Eso se explica por el hecho en que las doñas no se limitan solo a remover la olla o amasar el pan, sino que incluso en paralelo ejercen la escucha, la crianza y la atención de quienes no solo traen sus panzas vacías, sino también las heridas provocadas por problemas familiares o domésticos. Entre ellos: los adultos mayores, los que vienen padeciendo el ajuste mayor.
La plenaria divide a las centenares de personas en comisiones para comentar sus problemáticas. Entre los testimonios que abundan, plantean casos de que las ollas se vacían a los quince minutos por la alta demanda, pasando por colas de vecinos que se congregan una hora y media antes de que se abran las puertas. “Los brazos nos duelen” son otros de los comentarios, como así también casos de quemaduras en las cocinas, con ausencia de cobertura médica.

Desde el barrio Yapeyú, Bea, de la organización La Poderosa, sostiene que “hoy en Córdoba tenemos una pandemia, que es el hambre. Y los responsables son los políticos, porque sus políticas nunca nos incluyen a nosotras: no ponemos ministro de economía, ni votamos leyes. Lo único que hacemos es sostener un trabajo que deberían hacer ellos. Este plenario fue para juntar distintas voces, porque nos atraviesa y porque venimos teniendo mucha preocupación no solamente el hambre. Venimos viendo que el corrimiento del Estado ha traído a que los barrios estén cooptados por los narcos. Por eso es muy peligroso, tenemos mucho miedo y nos asusta. Cuando una mujer tiene un niño que se enferma y no tiene plata para los remedios, va a recurrir a los narcos. Sabemos de casos donde los narcos han hecho fiestas por el día de la infancia y que colaboran comida para los comedores. Y no lo hacen porque sean solidarios. Lo hacen para garantizar impunidad. Nadie va a denunciar al que le da de comer”.
La cuestión narco, o cualquier otra organización criminal de contrabando o redes de trata, como reemplazo de quienes ejercen trabajos sociocomunitarios, es una advertencia que se pone latente. Es en cierta manera el mercado en cuerpo presente al retirarse el Estado y el intento por desmembrar experiencias más comunitarias. Pero también es ese mercado en expansión que ha estado atemorizando desde hace varios años, bajo la distracción de los gobiernos y la ineficacia judicial de descongestionar las rutas del dinero que lo sostiene. Como quien dice, Milei no es causa ni consecuencia de una crisis, sino la extensión de la misma. Se puede elocubrar una novedad: así como el gobierno busca cómo convencer a la clase media a que saque sus dólares guardado en sus colchones, para dinamizar la economía mediante la compra y venta de autos y departamentos, lo mismo podría trasladarse a los capos mafiosos para que “derramen” sus dividendos en inversiones para los barrios populares y no tanto para que queden escondidos en los countries o en guaridas fiscales. Así de truculenta es esta rosca económica que tiene por detrás este tubo de ensayo llamado anarcocapitalismo.

Elena Cahuana coordina el comedor Sin Fronteras, en barrio Hogar III. Asevera que “muchos comedores se han cerrado. Y muchos se han abierto porque se han juntado vecinos, pero solamente para la merienda. Nunca se habla de comida”. Cuando el reloj marca cerca de las dos de la tarde, varias militantes se retiran de la plenaria, porque tienen que ir a preparar el pan antes que abran sus respectivos espacios; el hambre no descansa los fines de semana. Sigue Elena: “El martes hacemos comida y el jueves hacemos merienda. Hemos achicado las raciones y los días. Hay casos que la provincia otorga, pero solo para las meriendas, y es para que sean aliados a ellos. Al estado no le entra en sus cabezas de todo lo que nos está faltando, que es el alimento básico. Porque ya se nota la desnutrición acá en Córdoba”.
Desde las organizaciones, retomando la propuesta de declarar la emergencia alimentaria, sostienen: “Somos lo que queremos que está ley sea para mantener a todos los comedores existentes. Somos nosotras que venimos dando la respuesta a un estado ausente, quienes venimos dando la respuesta de ese hambre, que se declare que en Córdoba hay hambre”.
En un intercambio entre referentas, con micrófono en mano, una de las presentes declama:
-¡Hagamos lío, como dijo el papa Francisco!
Una compañera suya, a su lado, le corrige: “Y hagamos historia”.