La batalla verde
Por Lea Ross
El comunicado lleva de título “Exclusión, silencio y cobardía”. Con cierto uso lírico de bajas calorías, el texto dice que esas son “las tres palabras que identifican claramente el accionar de una de las áreas de gobierno que más tuvo que ver en estos últimas dos décadas en torno al riesgo visto en evidencia en los incendios rurales que azotan sin piedad toda la provincia y en especial al norte de la misma”. Así de corrido y sin comas.
La exclusión “es la jugada de no darnos un espacio permanente, de calidad y el reconocimiento válido en cada discusión como un actor social clave en el tema”. El silencio “es una costumbre” y “es cómplice de las determinaciones que han tomado funcionarios por décadas”. La cobardía estaría “expresada en la violencia de las palabras en el fervor de las discusiones o la costumbre de inasistencia a las reuniones pactadas o el recurrente hecho de retirarse antes del tratamiento de los temas que los vincularía a tremenda estafa social y ambiental”.
El panegírico lleva la firma de la entidad de Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba: “Reclamamos de inmediato un informe del Ministerio de Ambiente provincial y la creación de un mapa de ordenamiento territorial real en congruencia con la vida de sus habitantes, la comunidad y su subsistencia; en definitiva, el desarrollo que pregonan y del que somos todos partícipes si nos sentamos a una misma mesa”.
Gustavo Laudin es el presidente de la Sociedad Rural de Cruz del Eje. En Radio Noticias de Jesús María dio precisiones sobre a quienes apuntaron: “La señora [Victoria] Flores [ministra de Ambiente] no tiene ningún antecedente de haber trabajado en la política ambiental. Solamente fue titular en la Municipalidad de Córdoba de Obras y Servicios, Economía Circular y Reciclado”. Y también los dardos fueron para Pablo Riveros, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, al que consideró que solo se destacó por “desarrollar el cannabis medicinal”. “Los productores ganaderos necesitamos de una política ambiental coherente y con herramientas técnico-legales, nos ponen a estas dos autoridades que no tienen antecedentes en lo que necesita el norte de Córdoba”, sentenció el dirigente.
La entidad “Arco Noroeste” nuclea a sectores ganaderos y agrícolas que se han excluído de CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), considerada años atrás como principal lobby local a los intereses chacareros. Pero por disconformidad burocrática, algunos sectores del norte se han autonomizado. Parte de la crisis de representatividad que vive el país (política, social, empresarial, sindical, etc.) también ocurren en los ámbitos rurales.
Una de las firmantes de ese comunicado es la Sociedad Rural de Arroyito. En junio pasado, contaron con la visita del ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, eterno funcionario ligado al agro en el poder político cordobés, en la inauguración de la remodelación de su sede. Se comenta que dicha figura, con cara de Bulldog, ladró mucho a la hora de pensar que Ambiente se convertiría en ministerio, lo que lo llevaría a morder para otro lado.
El choque de intereses emerge entre las cenizas ocurridas en los incendios consumado hace un mes, con 70 mil hectáreas forestales arrasadas, y la previa del comienzo de año. Para 2025 se cumplirán diez años de que la provincia de Córdoba no actualiza su mapa de ordenamiento territorial de la Ley de Bosques (N.º 9.814), es decir, del mapeo que distribuye los colores rojo, amarillo y verde, donde los dos primeros conforman la presencia de bosque nativo y que prohíben toda actividad ganadera, agrícola, inmobiliaria, entre otras. Al ser un número impar, será un año electoral, donde las fuerzas políticas optarían por evitar el conflicto y, en términos contemporáneos, reperfilar la discusión para más adelante
Esto se vuelve notorio cuando en el encuentro en Arroyito, también contaron con la presencia de la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (Acipro), las Sociedades Rurales del Oeste, de Pampa de Pocho, de Ganadera del Norte (Deán Funes), de Cruz del Eje y de Jesús María. La mayor parte de ellos fueron quienes firmaron el poético comunicado. Incluso, improvisaron una foto compartida, como se muestra en este registro del programa Agroverdad. Quien aparece en círculo rojo es Eduardo Riera, titular de la gremial jesusmariense.
Riera sostuvo que “la ley de ordenamiento territorial no sirve”. Previo a eso, la Rural de Jesús María había presentado un informe donde aseguraron que se había trabajado “con ciencia”. Con el título de “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste”, el trabajo trata de relevamientos satelitales sobre incendios ocurridos entre 2010 y 2022 en el arco norte y oeste provincial. Allí se sostiene que hubo 1,1 millones de hectáreas arrasadas y que afectó principalmente a las zonas rojas y amarillas de conservación de bosque nativo. La conclusión que sacaron es que eso demostraría que no sirve protegerlos y que debería habilitar a los productores agropecuarios a que trabajen allí.
Ese trabajo fue cuestionado, mediante un “análisis técnico”, elaborado por científicos que participan del CONICET, el INTA y el Foro Ambiental Córdoba, además de otras asociaciones. Se le cuestiona por el uso de datos que brinda el sensor MODIS, que detecta focos de calor con resolución moderada, cuando lo más recomendable es el Sentinel y el Landstat, que ofrecen mejor precisión. También se polemizó con el modo de precisar el tipo de vegetación quemada, ya que solamente se utilizó un mapa del período 2017-2018. Con eso, se “carece de rigurosidad metodológica”, dado que para un período de siete años de superficies quemadas solo utilizaron mapas de vegetación posteriores a los eventos catastróficos.
Alerta roja
La discusión sobre la paleta cromática del territorio cordobés se enturbia más todavía, en este caso desde las entrañas de los Tribunales II. El fiscal en lo penal económico, conocido como de “anti-corrupción”, Matías Bornancini, pidió la elevación a juicio contra un ex-funcionario del poder político cordobés. Se trata del abogado Raúl Costa, ex-secretario de ambiente en el primer mandato de Juan Schiaretti como gobernador (2007-2011). La razón de esto es por haber habilitado la construcción de un country en la zona centro norte de las Sierras Chicas, sobre una zona roja de bosque nativo. El proyecto inmobiliario llamado Candonga Tierra Serrana, impulsado por la empresa Ticupil SA, se mantiene paralizado, por orden de otra resolución judicial, y tuvo que borrar sus cuentas de redes sociales donde difundía la venta de sus lotes.
Según el escrito del funcionario judicial Bornancini, y que accedió La Luna con Gatillo, “el emprendimiento inmobiliario propuesto por Ticupil, emplazado sobre la cuenca alta del río Chavascate, implica no solo desmonte, sino el reemplazo del estrato arbóreo y vegetación autóctona, por construcciones antrópicas que impermeabilizarán el suelo”. Allí se especifica 380 lotes, “en los cuales se prevé el emplazamiento de unidades para vivienda habitual o vacacional, calles internas, etc.”.
Desde su rol como autoridad ambiental en el año 2010, Costa le otorgó el aval, a pesar de que sabía que estaba dentro de un área prohibida por la Ley de Bosques. El año pasado, ya fue condenado por abuso de autoridad por un caso parecido: habilitar a la empresa GAMA SA a que construya un barrio privado sobre una zona boscosa no permitida en el sur del Valle de Punilla.
“El conocimiento de tales circunstancias por parte de Raúl Omar Costa se encuentra fuera toda duda”, sentencia la resolución. El fiscal insiste en que el acusado “autorizó el proyecto que implicaba desmontar, en desmedro de la prohibición legal vigente; habiendo omitido, además, la aplicación de las normas que ordenan la participación ciudadana en proyectos que implican desmonte, pudieron causar daño al medioambiente”.
Consultado para el presente portal, Juan Smith, letrado de la Asamblea de Vecinos de Chavascate, considera que en la resolución hay un “correcto análisis” sobre la ley de proyección boscosa: “En primer lugar, parte de una cuestión que Raúl Costa era el Secretario de Ambiente de la Provincia, por lo tanto, era quien tenía a su cargo el sistema normativo ambiental de la Provincia. Luego, con claridad meridiana, establece que su rol como tal no era interpretar, mejorar, empeorar, desarrollar criterios, modificar o cambiar la ley sino aplicarla. Era la autoridad de aplicación de este conjunto de normas. En ese sentido, no tenía, entre las herramientas disponibles, la posibilidad de establecer el cambio de uso de suelo en una zona que había ya sido determinada como zona roja”.
“Creo también, dentro de aquellas implicancias de la Resolución que analizamos, que esto es un teléfono directo para quienes están encargados de ser directores y secretarios de Ambiente de municipios y comunas. Debe quedar claro que están puestos allí para la aplicación de la normativa ambiental vigente en el país y la república. No interpretan ni deben rehuir o declinar en su obligación de aplicarla en sus territorios, bajo la clara advertencia que de hacerlo, es decir de exceder en sus facultades, puedan ser pasibles de caer en la figura del Abuso de Autoridad del 248 del Código Penal”, insiste el abogado.
La batalla verde se avecina.
