La sombra azul cordobesa y el golpe contra Bolivia
Quien debió habilitar el vuelo que transportó las armas para complementar la destitución de Evo Morales fue el ministro Oscar Aguad. Sus antecedentes en Córdoba lo ratifican como un “milico” fracasado. Con la herida de la patria militar, solo queda la patria chacarera. Carnes, biocombustibles e Hidrovía se dan cita en las protestas contra el intervencionismo estatal. Para el tercer caso, un ejemplo de cómo el Estado siempre defendió a la propiedad privada.
Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca
Quien estaba a cargo de enviar el material bélico de agentes químicos a Bolivia fue el ministro nacional de Defensa de ese entonces, el cordobés Oscar Aguad. Por esa razón, el diario La Nación se comunicó con él para que dé alguna explicación. Su respuesta: realmente, merecía aparecer como título.
Que el destituido presidente haya tenido que viajar hasta México para conseguir asilo es un ejemplo donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados.
Si bien tanto el personal como el cargamento de los cuarenta mil cartuchos AT 12/70, los dieciocho gases lacrimógenos en spray MK19, los cinco gases lacrimógenos en spray MK4, los cincuenta granadas CN, los diecinueve CS, y los cincuenta y dos HC pertenecían al área de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, debieron contar con el aval de Defensa para poder volar todo eso adentro de un avión Hércules C-130 a destino internacional. Se trata de un vehículo militar, de notable versatilidad, donde el transporte carga y personal es de lo que más se destaca, aunque le permite cumplir otras funciones como la vigilancia y el control aéreo. Incluso, en la actualidad, es utilizado para trasladar suministros sanitarios en la lucha contra la pandemia.
Ph: Fernando Calzada.
Según publicó el actual ministro nacional de defensa, Agustín Rossi, el Hércules despegó el 12 de noviembre a las 23:40hs., con personal de Gendarmería. Aterrizó en la ciudad de La Paz el día posterior, a las 4:40hs, sobre una plataforma de la fuerza área boliviana. Se descargó el material y hubo un “embarque de familiares del personal destinado en la Embajada Argentina”. Para las 6 horas, despegó el avión y aterrizó a las ocho de la mañana en suelo argentino. “Para ese momento, el gobierno de Mauricio Macri ya había perdido las elecciones. Y había un gobierno electo, que era Alberto Fernández. En el marco de ese escenario, llevar a cabo una acción con estas características, muestran la impunidad con el que venían trabajando”, señaló Rossi en el canal C5N.
Fue en esa misma mañana que el comandante de dicha fuerza en Bolivia, el Gral. Jorge Terceros Lara, le escribió una carta de agradecimiento al embajador argentino Normando Álvarez García, cuya existencia fue expuesta recientemente por el actual ministro de relaciones exteriores de Bolivia Rogelio Mayta.
Pocos días después, ocurrieron las masacre de las localidades de Sacaba (15 de noviembre, dos días después del arribo) y de Senkata (19 de noviembre). Se trata de represiones perpetradas por policías y militares, durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez, quien a penas asumió su cargo el día posterior a la salida de Evo y su gabinete. En el panorama de manifestaciones en favor del mandatario del MAS, a la mañana del 13 de noviembre, antes de la masacre de Sacaba, Áñez emitió el decreto 4.078, que le eximia de “responsabilidad penal” al personal militar, que funcionó como una carta abierta para que la defensa abriera fuego contra las protestas, de la mano de la seguridad nacional.
En cada uno de los dos casos represivos, hubo una docena de asesinatos en manos de la policía y las fuerzas militares, además de decenas de personas heridas. Un mes después, el 10 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos. Distintos referentes y entidades lo consideran como crímenes de lesa humanidad. Desde marzo pasado que Áñez está detenida por “terrorismo, sedición y conspiración”.
El olvidao
¿Alguien notó que Oscar Aguad es una de las figuras más ausentes en las actuales discusiones sobre las candidaturas para las elecciones de este año? El olvidao de Cambiemos se torna más notable, cuando se contempla la última foto de índole política que se tiene a mano sobre él. Fue hace una semana en la última reunión que tuvo Juntos Por el Cambio Córdoba, con la presencia del expresidente Mauricio Macri. La enorme extensión de la mesa que los separa hace comprender la cara de piedra del referente del radicalismo cordobés.
Esa fotografía es una realidad muy alejada en el momento en que Macri se sentó en el sillón de Rivadavia en diciembre de 2015, cuando designó al “milico” Aguad, quizás el integrante de la Unión Cívica Radical que mayor peso tuvo en su gabinete, en el Ministerio de Comunicaciones. Allí se encargó de desguazar el articulado de la Ley de Medios Audiovisuales que ponían en jaque al multimedio Clarín; fueron una de las primeras medidas públicas de la presidencia. Luego de eso, en julio de 2017, pasó al Ministerio de Defensa, inmediatamente después de haber habilitado a Cablevisión-Clarín de comprar los activos de Telecom, considerado como la fusión empresarial más prominente que hubo en las últimas décadas de la historia empresarial argentina. Good job.
Hoy Aguad no aparece ni en figuritas de candidatos. Y no hacía falta esperar un escándalo internacional como el que acaba de ocurrir para justificarlo. Ya que en su mochila, el radical es el que debe dar la cara ante dos escándalo vernáculos que le ponen palos en la rueda a la principal oposición actual: el hundimiento del ARA San Juan, en su período de Defensa, y el caso Correo Argentino, donde se acaba de resolver la quiebra de la empresa, que pertenecía a la familia Macri.
Hay que recordar que sobre lo último, el gobierno macrista pretendía condonar prácticamente la totalidad de la deuda de la empresa que contraía con el Estado. Debido a que el Correo estaba en la órbita de la administración pública en materia de comunicaciones, quien había dado la firma para aceptar esas condiciones era el mismísimo Aguad.
Sumado a la sensibilidad que generó a una parte de la sociedad apegada a los valores militares, como fue el hallazgo del mencionado submarino y sus 44 tripulantes sin vida, y que tocó la sensibilidad de un núcleo duro electoral apegado a los intereses más conservadores, el macrismo optó por desprenderse de aquel referente mediterráneo, que bregaba altisonante los valores republicanos, y que ahora carga con la sangre boliviana en sus manos. Quizás ahora sí le tiemble, porque le agrava su crecimiento político.
Porque en otros tiempos, no le temblaba tanto cuando se ubicó al lado del represor Luciano Benjamin Menéndez durante un acto protocolar. Sin mencionar que en su etapa como ministro de gobierno del gobernador Ramón Bautista Mestre (quien también aparece en la foto) designó como jefe de Inteligencia de la Policía a Carlos “Tucán” Yanicelli, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad por su participación de la D2 durante la última dictadura.
Aguad, a la derecha del Cachorro, con la mirada no tan firme.
El pasado de Yanicelli fue destapado por el ex policía Luis Urquiza, que había sido torturado por la patota de la D2. A pesar de los intentos de Aguad para convencer a Urquiza que termine de seguir hablando en los medios, el “Tucán” fue finalmente expulsado del gobierno, no sin antes que el denunciante recibiera amenazas de muerte, y que por ende tuvo que recurrir al exilio por segunda vez, con la particularidad que lo hizo en plena democracia.
Su testimonio, considerado como “el primer exiliado en el período democrático” se explayó en el libro La sombra azul, de Mariano Saravia y que luego tuvo su adaptación fílmica, de manera libre y ficcional, por parte del cineasta Sergio Schmucler, de nombre homónimo, y que se puede ver en YouTube.
Sin partidismos, ni mugre
Frente a esa herida abierta que dejó Aguad en la patria militar, la principal fuerza opositora nacional no le queda otra que seguir disputando los votos de la patria chacarera. De ahí que fue oportuna la conmemoración de la Independencia del viernes pasado, previo al cierre de los frentes electorales para las elecciones de las PASO de septiembre. Así, el 9 de julio, productores agropecuarios se concentraron en el partido bonaerense de San Nicolás para expresar su repudio a las medidas del gobierno y de la situación económica en general. Eso impulsó también manifestaciones en distintos puntos del país.
Manifestación en la ciudad de Córdoba.
De las entidades que avalaron la medida de protesta, estuvo las Confederaciones Rurales Argentina (CRA), que tiene como vicepresidente al cordobés Gabriel de Raedemaeker, quien en una comunicación con Canal 10, resaltó insistentemente que se trataba de una “convocatoria absolutamente apartidaria”. Rápidamente el conductor televisivo Andrés Oliva le replicó que la serie de consignas que tenían esas protestas hacen comprender la impresión que se trataría de lo contrario, más sabiendo que un expresidente de la Sociedad Rural, como fue Luis Etchevehere, fue ministro del gobierno de Macri. “Justamente por eso se pone énfasis en no partidizar el reclamo, para no quitarle legitimidad”, repitió el entrevistado.
La patria apartidaria.
Quizás si el colega estiraba un poco más su intervención, se podía mencionar hasta la persona que tiene al lado del cordobés, el entrerriano presidente de CRA, Jorge Chemes, ex diputado nacional por la oposición, y quien durante el conflicto por las retenciones del 2008 dijo, ante el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace, que “como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después empezar a remar”.
Intervencionismo estatal
Carnes, biocombustibles e Hidrovía fueron los tres temas que más se ofuscaron en las manifestaciones del viernes pasado, englobados en un rechazo a lo que llaman el “intervencionismo estatal”.
Acerca de las carnes: hace tres domingos atrás, el periodista Horacio Verbitsky publicó en su portal El Cohete a la Luna la lista de los 19 frigoríficos que fueron denunciados y multados por el Estado Nacional, en el contexto de las investigaciones sobre los elevados incrementos en las carnicerías. La acusación es por evasión fiscal mediante distintas maniobras; principalmente, por declarar, falsamente, la exportación de comida no apta para el consumo humano, evitando así la mitad del pago del alicuota. Además, se señalan subfacturaciones en la compra de animales, operaciones no registradas con productores, facturación de servicios que nunca existieron, e informalidad y precarización laboral en las distintas etapas de la cadena productiva.
De esa lista, hay solo una cordobesa. Y para sorpresa de nadie, se trata de Logros SA., perteneciente a la familia Grimaldi, quienes fueron beneficiadas durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando fue una de las pocas habilitadas para exportar carne de vaca a Estados Unidos, algo inédito en casi dos décadas. Y eso le permitió un año después, el 23 de abril de 2019, transferir unos dos millones de pesos al frente electoral Hacemos Por Córdoba para su campaña, de cara al tercer triunfo de Juan Schiaretti para la gobernación.
Sobre los biocombustibles, el proyecto que redactó el oficialismo nacional está siendo discutido en comisión por el Senado, luego del aval en Diputadxs. La iniciativa es rechazada por reducir a la mitad (del 10 al 5%) el corte obligatorio de líquidos de origen vegetal en el gasoil y disel. Incluso casi otra mitad (al 3%), si llegara haber una disparada de precios internacionales, que empujen un mayor precio en la venta a las petroleras y que, luego, se traslade al precio del suministro en los automóviles. Finalmente, otorga beneficios de subvención para esas empresas que pretenden dar valor agregado a esos cultivos. Un negocio que abarca a enormes firmas como Aceitera General Deheza, Bunge, Vincentin, entre otros, que ya cuentan con un patrimonio abultado como para quedarse con esos fondos, o que cuentan con antecedentes de mal manejo de esos fondos.
Sin mencionar que son las mismas empresas que tienen sus puertos a la vera del canal del río Paraná. Ahí nomás, de la mano de la Hidrovía, vamos a hacer una historización sintética, a partir de un extensísimo informe que realizó el investigador e historiador Alejandro Olmos Gaona.
Todo empezó con el Decreto 863/1993, donde se llamó a licitación para adjudicar la concesión de los trabajos de dragado de apertura, mantenimiento y balizamiento del Canal Mitre, que estaba calificada en los pliegos como de “a riesgo empresario y sin avales del Estado”. Como sabe, la ganadora fue el consorcio Hidrovía SA, conformado por la sociedad belga Jan de Nul y la firma local Emepa SA, aprobada en 1995.
A los dos años, se renegoció el contrato para aumentar el peaje en un 26%, superior al valor ofrecido por el consorcio oferente que quedó en segundo lugar. Además, se le prorrogó el plazo de concesión en ocho años, equivalente a una ampliación del contrato en un 80%, sin tener en cuenta que las normas legales vigentes establecían un limite del 20%.
En el año 2002, a pesar que la Ley 25.561 dejaba sin efecto las clausulas de ajuste en dólares, el presidente Eduardo Duhalde lanzó el Decreto 576/2002, que estableció que los peajes fluviales de la Hidrovía se rigiera por dólares, violando la normativa aprobada en el Congreso.
En enero de 2003, se firmó un “Acta Acuerdo” para todo el año, que autorizaba un incremento tarifario del 45% y que el Estado se comprometía a proveer de todo el financiamiento necesario para la empresa. Para diciembre de ese año, el presidente Néstor Kirchner habilitó la prórroga de ese Acuerdo para 2004.
Desde el 2002, se llevaron a cabo una serie de informes de la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación sobre irregularidades con la concesión. Apuntaron a un mal diseño del pliego, cuya alteraciones de las cláusulas fueron “negociadas” cuando se encontraba en vigor el contrato, y que jamás fue sometida a una auditoría de costos. Dentro de lo que fue el proceso de licitación, hubo un incumplimiento de la ganadora en lo que respecta al Patrimonio Neto mínimo exigido en el Pliego y no realizó un relevamiento de la vía navegable, sin mencionar que en su presentación del Plan Económico Financiero estuvo fuera de plazo; y además, hubo demoras en la vista del expediente por parte del resto de los oferentes. Sobre las renegociaciones, se hicieron siete años antes de lo estipulado en el pliego y a poco de comenzada la obra. También se señalan la falta de inspecciones de dragado por parte del Estado, facturación de honorarios exorbitantes y una falta de regulación financiera que justifique los tarifazos.
En 2006, el ministro de planificación Julio de Vido suscribió la Resolución 1534 (o sea, sin intervención del presidente), que autorizó un aumento tarifario del 36% en dólares, totalizando un aumento en moneda extranjera del 81% desde que se declaró la emergencia económica. Según el Defensor del Pueblo de ese entonces, se consideró que Hidrovía SA había generado mayores ingresos que los previstos, generando una rentabilidad mayor al tope establecido contractualmente.
En 2010, se emitió el Decreto 113/2010, dando por término a las negociaciones y aprobando el Acta Acuerdo, donde se mantendría la tarifa dolarizada, una extensión de concesión por otros ocho años y otros beneficios. Curiosamente, suprimió la mención del “riesgo empresario y sin avales del Estado”, lo que implicó desde entonces que todos los trabajos que se realizaran será a riesgo y con el aval del Estado.
Pero sobretodo, permitió la extensión del objeto del contrato de concesión a la profundización y mantenimiento del tramo que va desde el puerto Santa Fe hasta Asunción, que significó la adhesión de más de 1.100 kilómetros, en lugar de realizar una nueva licitación. “De tal manera, se evitaron todos los controles administrativos, el análisis de costos, la tasa de retorno y la rentabilidad del consesionario que significó haciendo de las suyas con la permanente anuencia del gobierno nacional”, se explayó Olmos Gaona.
Como podemos observar, también hay “intervencionismo estatal”, presente en los distintos gobiernos, que le permitieron a Hidrovía SA hacer sus pingües por casi tres décadas. Una verdadera defensa a la propiedad privada.
