¿Asesin0s por naturaleza?
La política se llenó de homicidas y pedófilos. ¿Qué hacer?
Por Lea Ross
El jueves pasado, en el Council de las Américas, el Lord Jamón, Javier Milei, dijo que “estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”. Se refería al aborto legal, al que lo calificó como “la pasión por asesinar niños en el viente de la madre”. Casi al mismo tiempo, su ex-asesor de campaña digital, Fernando Cerimedo, se largó a llorar a espaldas de la prensa, cuando fue sometido a declarar ante una de las fiscalías de Bolivia. Está acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato a su ex-pareja Nadia Beller, quien sobrevivió de un tiroteo ejecutado por dos sicarios de poca monta. Ella está embarazada de cuatro meses.
La imputación formal es tentativa de feminicidio (equivalente a femicidio en nuestro país). Para los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, el móvil del crimen fue que Cerimedo, “al tomar conocimiento del estado de embarazo de la víctima, habría exteriorizado una actitud de rechazo, oposición y resistencia frente a la gestación, así como frente a las consecuencias personales, familiares y sociales que ésta implicaba, particularmente la eventual asunción de la paternidad y la continuidad del vínculo con la víctima y el hijo por nacer”. El precio de la locura.
Fernando Gabriel Cerimedo ha asesorado a por lo menos cuatro presidentes latinoamericanos: Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras. Su prestigio se debió a brindar servicios para crear propagandas políticas en redes sociales y su correspondiente viralización, mediante el uso de cuentas truchas en las redes sociales, administradas por granja de bots. A pesar de su elemental conocimiento técnico sobre administración de datos y manejo de aplicaciones, no tuvo la suficiente formación de autocuidados y dejó varias huellas en su celular ya peritado. Por eso se ordenó su alojamiento por 180 días a la cárcel de Palmasola, un régimen penitenciario en Santa Cruz de la Sierra con una insoportable tasa de hacinamiento, explicado por la saturación de delincuentes menores esperando su condena. Es probable que festeje año nuevo allá.
Sus lágrimas de zurdo son la plena conciencia que su poderío a comenzado a derrumbarse como el poema de Ozymandias.
Golpeado
En septiembre del año pasado, Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por cinco delitos, entre ellos la de liderar una organización criminal que intentó perpetrar un golpe de Estado en enero de 2023. En ese entonces, una muchedumbre no reconoció los resultados electorales, que le permitió el triunfo a “Lula” da Silva por tercera vez, y ocuparon el Palacio presidencial, el Congreso y los pasillos del máximo tribunal. Al iniciarse una investigación, se presentó como arrepentido el teniente Mauro Cid, secretario privado de Bolsonaro, donde además de su confesión entregó sus dispositivos móviles para ser peritados. El material indagado confirmaba que se orquestó una operación destituyente, convocada por los altos mandos del gobierno saliente.
Cerimedo fue mencionado en los fundamentos de la sentencia por haber sido aportante de materiales de análisis, poco rigurosos, sobre un supuesto fraude electoral perpetrado por el equipo de Lula y que generó el supuesto enojo de esa pueblada.
Entre las fojas 280 y 281, se señala que “el grupo criminal organizó la difusión de material falso por parte del influencer argentino Fernando Cerimedo en una transmisión en vivo en la plataforma YouTube el 4 de noviembre de 2022, en la cual el influencer presentó —en su canal llamado La Derecha Diario— un dossier con contenido falso sobre el sistema electoral brasileño”.
La Derecha Diario fue creada por Cerimedo y actualmente el portal afirma que el imputado ya no tiene nada que ver con el portal. Sin embargo, desde Argentina, el imputado contará con el apoyo legal de Sarubbi Benítez, abogado y conductor de uno de los programas del canal de stream Carajo, siendo además colaborador de La Derecha Diario. “Lo de Cerimedo me destruyó”, dijo Benítez al terminar la semana. Con abogados así, es probable que Cerimedo esté alojado hasta la navidad del próximo año.
De dónde viene la plata
Cerimedo contaba con un puñado de empresas. Entre ellas: Madero Media Group, cuyos fundadores fueron su anterior pareja Natalia Basil y Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, y quien se hizo cargo de la Dirección Nacional de Comunicación Digital del gobierno de Milei. Madero Media Group SRL se hizo cargo, entre otras cosas, de suministrar el dominio de la página web de La Derecha Diario, según los análisis de Whois, una herramienta online para detectar el IP de los portales.
En el 2025, Madero Media Group recibió 12 millones de pesos por parte del Estado provincial de Córdoba, por funciones que se desconocen. Se sospecha que la repartición de fondos públicos provinciales podrían haber suministrado distintos bots para expandir los discursos del cordobesismo, como lo había certificado un informe de las redes federales de comunicadores como Ruido y la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. En aquel entonces, Bolsonaro estaba siendo juzgado y se tenía conocimiento del rol de Cerimedo, a partir de las investigaciones de la Policía Federal del país vecino.
Abusos y menores
Pero el gobierno de Martín Llaryora tiene otros aprietos más que haberle entregado 12 millones de pesos a empresarios que se involucran en golpes de Estado, fake news y que resuelven sus problemas a los tiros. La detención de un empleado legislativo, de nombre Jorge Villarreal, acusado de abuso sexual a menores, junto con otros diez adultos del norte cordobés, exponen una crisis de un poder avejentado.
Villarreal trabajaba como supuesto asesor del legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores, quien fue intendente en la mitad del presente siglo de Villa de María, capital del departamento Rio Seco. Flores es empresario ganadero y hotelero, dueño del coqueto Hotel Sayr, mateniendo un patriomio totalmente distinto al que vive gran parte de la humilde comunidad de su zona. Ademas del acusado Villarreal, logró poner a por lo menos cuatro ex-jefes comunales de su departamento. Fue en compensación por el freno que impuso Juan Schiaretti, en su afán de verse como un candidato presidencial republicano, para evitar un proyecto de ley que habilite las re-elecciones reiteradas de los municipios y comunas. En la siguiente foto de archivo de finales de 2022, se puede observar a dos de esos capataces que después consiguieron un cargo en la Legislatura.
A fines de abril de 2026, se realizaron allanamientos en San José de la Dormida y en el barrio Yofre Norte, de la ciudad de Córdoba. Dos personas quedaron detenidas y se secuestraron 105 dosis de cocaína y 38 de marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital y un automóvil Chevrolet Corsa. Parte de la sustancia y la balanza se encontraban ocultas en el cielo raso del vehículo. Además, los detenidos tenían como punto de venta en la capital y, a su vez, realizaron delivery durante los fines de semana en Villa de María, utilizando el auto secuestrado. Dos semanas y media después, otros operativos se realizaron nuevamente en Yofre Norte, pero también en el barrio Norte de Villa de María. Detuvieron a tres personas más el cierre de dos puntos de venta. Se incautaron cocaína y marihuana, dinero de más de $200 mil y dos armas de fuego. Ya en noviembre de 2024, el Ministerio Público Fiscal había desbaratado una organización narco mediante siete allanamientos en Villa de María, dejando cinco puntos de venta cerrados, más otros dos en los barrios Primero de Mayo y Villa Bustos de la capital provincial. El modus operandi era comprar la droga en Córdoba y llevarla a la capital de Río Seco para fraccionar y, posteriormente, comercializar.
El departamento Río Seco está pegado a Santiago del Estero, provincia donde fueron encontradas las menores de edad víctimas de los horrores sexuales que detectó la fiscal Analía Cepede contra Villarreal y otras diez personas. Río Seco tiene casi 7.000 kilómetros cuadrados, sólo dos localidades están cerca de ser ciudades y el resto de la docena no llegan a los 1.000 habitantes cada una. Ante esa baja densidad, a medida que las instituciones permanecen alejadas de esas realidades, y ante una expansión rural despoblada, se habilita la expansión de intereses criminales. No solo las más recónditas como es el grooming, sino incluso más sofisticados como son los negocios trasnacionales que caracteriza al narcotráfico, frente a la vista del señoraje político-económico local.
¿Qué hacemos?
Justo en esa semana convulsionada, se publicó un libro digital denominado Capitalismo, subjetividad y democracia: Reflexiones en torno a la economía popular y los territorios de resistencia en Córdoba, Argentina. Fue editado por la Universidad Católica de Córdoba. Son una serie de artículos compilados por el politólogo del CONICET Gerardo Avalle. Se enfoca en el panorama laboral, en tiempos de la economía de las plataformas, como salida individual, y de las experiencias autogestivas barriales, que son más colectivas.
Según Avalle, la “reducción de la democracia a su dimensión procedimental –elecciones periódicas, competencia partidaria limitada, gestión tecnocrática-” ( es decir… o sea, digamos, la democracia como cristalización de castas) conlleva a “una creciente desconexión entre decisión política y vida social. Este vaciamiento no supone la desaparición formal de la democracia, sino su reconfiguración restrictiva: se preservan los mecanismos electorales mientras se erosionan sus contenidos igualitarios, redistributivos y participativos. La ampliación de poderes a los ejecutivos, la judicialización selectiva, la tecnificación de la política pública y la securitización del conflicto social contribuyen a una democracia cada vez más compatible con la desigualdad estructural”.
Un dato que suministra el artículo de la investigadora Mercedes Ferrero especifica que tener una PC con internet alcanza al 72,7 % para quienes tienen título universitario, baja al 56,6 % solo para quienes completaron la educación secundaria y cae al 27,9 % cuando no lo hicieron: “La falta de acceso a computadoras genera una fuerte dependencia del celular para conectarse a internet, lo que favorece entornos de uso más simplificados, acelerados y sobreestimulantes: interfaces diseñadas para rapidez y eficiencia, predominio de aplicaciones sobre navegación web, notificaciones constantes y exposición permanente a publicidad y contenidos breves”.
Por ende, “mientras la política está cada vez más capturada por la aceleración y la instantaneidad características de la disrupción digital, las formas comunitarias y territoriales de interdependencia suponen ritmos lentos y de larga duración, que conectan las memorias colectivas con los proyectos de futuro, amasados con paciencia, planificación y conexión con ciclos naturales y sociales”.
Un ejemplo concreto lo aporta una entrevistada de nombre Lucía, que tuve incidencia en los proyectos laborales de las cooperativas de construcción en los barrios: “Con cooperativas se compran mejores materiales porque la plata vuelve al barrio; hay cuidado de la estética y una apropiación real”. Se refiere a decisiones que incluyen discutir cuántos enchufes se instalan por cada casa a refaccionar o definir accesos para personas con discapacidad. Son definiciones que van por fuera de las empresas constructoras tradicionales, cuyos empresarios le son ajenos a esas inquietudes del hogar.
En otro texto, Mariano Nicolás Fuentes plantea que quienes trabajan en Uber o Rappi impulsan una “solidaridad meritocratizada”: no se cuestiona el orden algorítmico, sino que el uso de herramientas del celular, como los grupos de WhatsApp, permiten intercambiar información que funcionen para la ayuda mutua (como por ejemplo, qué calles conviene no transitar por razones de seguridad). En el caso de la economía popular, Pedro Armesto lo emparenta con un “emprendedurismo asistido”. Aquí, “el Estado delega la responsabilidad de la reproducción social en las organizaciones, sosteniéndolas con recursos mínimos mientras mantiene mecanismos de control sin garantizar derechos plenamente (…). Tomados en conjunto, el fondo común y la relación con el Estado muestran que la autonomía organizativa no se construye en exterioridad a las lógicas que pretende superar, sino en tensión permanente con ellas, dentro de los márgenes –siempre disputados– que esas mismas lógicas habilitan”.
Este interesante material, que se puede descargar haciendo clik aquí, tiene sus límites al no exponer ciertos debates internos sobre la cuestión de la relación monetaria con el Estado, encarnado en el ya extinto Potenciar Trabajo. Si las organizaciones nucleadas en la UTEP afirmaban que debía funcionar como un “medio salario”, por retribución a las labores ejercidas en los barrios, otras entidades como el Polo Obrero insistían en que debió funcionar como un “seguro de desempleo”. Estos textos también reducen el plano de la discusión económica a la puja de la distribución y no de la raíz productiva, que aparentemente ese sería el aprieto que tiene el país al tener una economía bimonetaria. Finalmente, se citan a lxs mismxs autores avalados por los progresismos, cuando precisamente la clave del éxito de los intelectuales de las nuevas derechas, con Agustín Laje a la cabeza, fue leer al enemigo, al interpelar a autores que no se comulgan. Un ejemplo sería el mismísimo Miguel Ángel Pichetto, quien antes de ser el salvavidas de CFK, fue quien impuso el concepto de “pobrismo”, acusando a los curas villeros y a los “economistas populares” de romantizar la pobreza y, con ello, quitar el espíritu emprendedor-inversor que caracteriza todo capitalismo nacional. Esa hipótesis fue que inspiró uno de los sketchs de la película Homo Argentum, donde Guillermo Francella interpreta a un remedo de Padre Paco hablando sobre las bonanzas de la pobreza frente a vecinxs de una villa desesperados por comer un guiso.
Esa “batalla cultural” de las nuevas derechas (y de las más tradicionales) pueden suministrarse con el caso de grooming de los asesores del legislador de Llaryora, Ernesto Flores, al emparentar la pedofilia con todo aquello que tenga olor a zurdo o peroncho, al ser acusados de ideologías inmorales. El problema es que ese planteo tiene un alcance paranóico, que trajo como consecuencia el triple asesinato de Pablo Laurta, ejercida el año pasado. Este mismo, asesinó a un remisero, a la madre de su hijo y a su ex-suegra, porque sospechaba que las dos últimas formaban parte de una conspiración de pederastía, acorde a los textos de Laje, que él mismo leía con vehemencia. En ellas, sostenía que las izquierdas del mundo instalaban, mediante productos culturales, la deslegitimación de las familias como núcleo de contención y, con ello, el colapso paulatino del capitalismo. Laurta tendrá su primer juicio en Córdoba el 8 de marzo de 2027.
A la vez, el doble discurso sobre el aborto, expuesto en paralelo a las palabras de Milei con las lágrimas de Cerimedo, ratifican que esa batalla que emprende Agustín Laje está colapsando.
Tanto una polítca como la otra, la vieja y la nueva, terminan pretendiendo ser compatibles a la desigualdad social, como dice Avalle, que es preexistente y susceptible de agravarse. He aquí la discusión sobre qué hacer.
