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El garrote cordobesista

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Por primera vez, Córdoba consideraría el piquete como un delito. Así lo pidió un fiscal que pidió la elevación a juicio contra seis dirigentes, por protestar contra el FMI. Un panorama donde la agenda por derecha se corre por un rugido o por un “massazo”.

Por Lea Ross

Córdoba tendría su primer juicio penal contra quienes organizaron un piquete. Quizás sea el primero en el país donde dicha protesta apuntaba contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo pide la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, de la ciudad de Córdoba, a cargo de Ernesto de Aragón. El pedido de elevación a juicio es contra seis militantes sociales, de distintas organizaciones, por participar de cortes de calle realizadas en la zona céntrica de la capital cordobesa el día 5 de mayo saliente. Se trata de dos militantes del Parido Obrero, Emanuel Berardo y Soledad Díaz García, una del MST, otra Libres del Sur, y otra del Movimiento Teresa Rodríguez. El sexto es el secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani.

Para la Fiscalía, “existió un plan” para “producir cortes de manera deliberada e ilegal”, en contraposición con el planteo que la marcha se desbordó ante la convocatoria de más de diez mil personas. En ese marco, “se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular”.

La dichosa marcha se realizó en un fuerte contexto inflacionario. La siguiente gráfica compara el índice de precios al consumidor mensual de la provincia de Córdoba, en base a los números del Ministerio de Finanzas, y también a nivel nacional, según el INDEC. Vemos que cuando se hicieron los cortes en el marco de una actividad nacional llamada “Piquetazo”, tanto el país como la provincia ya habían superado el pico del 8% mensual de inflación en los productos, siendo los más altos que se vivieron desde que comenzó la recesión económica en 2017 e, incluso, en todo el presente siglo. Eso sí: todo eso fue previo a la fuerte subida que hubo en septiembre, como efecto de la fuerte devaluación posterior a los resultados electorales de las PASO.

Pero también fue por la baja de 90 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, el medio salario que otorga al Estado para mantener en marcha los proyectos autogestivos y barriales. Justo esa misma semana que se hicieron esas movilizaciones, en el marco de una protesta federal, el FMI habia publicado su revisión trimestral, donde incluyó las exigencias al Estado nacional para ejecutar el ajuste. En ese entonces, ordenó que 400.000 personas que accedan a ese beneficio pasen al mercado laboral formal.

Y justo esta misma semana que se pidió hacer el juicio para este garrote cordobesista, el ministro Sergio Massa anunció que iba a ser obligatorio la capacitación formal de estos beneficiarios, poniendo en vilo la existencia de esos proyectos comunitarios.

Además: el viernes anterior al piquete del 5 de abril, se emitió una resolución civil para pedir a la Policía de Córdoba que ponga un cese a las protestas callejeras. Fue como respuesta ante un amparo presentado por comerciantes, guiados por Eduardo Vittar, vicepresidente del Colegio de Abogados. Ese ámbito está sindicado de poder formar parte del Ministerio de Justicia, durante la gobernación de Martín Llaryora.

Como prueba, muestra un botón

Cuando La Luna con Gatillo estuvo en la oficina de De Aragón durante la etapa de instrucción, el fiscal sostuvo que se focalizó en esas seis personas porque se los consideran como organizadores de aquella jornada de protesta y porque “tienen cierta exposición”. También ratificó que una parte importante de las pruebas se logró a partir de lo aportado por la Policía de Córdoba, del cual mantiene una “relación fluida”.

Precisamente, los únicos testimonios aportados en la causa tenían puesto sus uniformes con placa. Estos fueron:

  • Comisario Waldo Marcos Fernández Feddy;
  • Comisario Mayor Iván Alejandro Rey, subdirector del departamento de Unidades especiales;
  • Comisario Mayor Gustavo Ramón Ceballos;
  • Osvaldo Alejandro Moyano;
  • Cabo Primero Néstor Daniel Amin;
  • Sargento Pablo Roberto Torres;
  • Cabo Ezequiel Oliva;
  • Sargento Hugo Flores;
  • y Comisario Javier Adolfo Ercoli.

Por otra parte, se señala que se incorporó “un informe” de lo que ellos llaman “Fuentes Abiertas”, confeccionado por la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones. ¿En qué consistió? En un relevamiento de las redes sociales de los “movimientos sociales involucrados”. También se adjuntó un “extenso informe” hecho por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO), donde se incluyó “imágenes de los domos céntricos, imágenes de medios de comunicación y las propias redes sociales de los imputados y las agrupaciones”.

Acompañar antes de evitar

Un extraño pasaje de la resolución del fiscal hace mención a una pequeña manifestación de solidaridad a las personas imputadas. Se trata del dia 20 de abril, cuando las personas imputadas se presentaron a declarar y sus organizaciones hicieron una muestra de apoyo en la entrada de Tribunales II. Lo menciona como “un evento adicional acontecido con posterioridad”, que “resulta importante para demostrar de la influencia y predomino que los imputados ejercían y ejercen sobre grupos de personas que integran las agrupaciones sociales y que bajo sus órdenes actúan sirviéndoles para concretar diversos fines”.

Las manifestaciones realizadas frente a Tribunales II contra las imputaciones exponen, según De Aragón, “su poder de convocatoria y presión, en esta oportunidad para un fin personal” (?). Aún cuando el poder de convocatoria de esos apoyos en la entrada de tribunales fueron remotamente inferiores a los diez mil que participaron de los cortes de calle, eso abre una puerta para incluso “penalizar” esos apoyos.

Foto de archivo del apoyo del 20 abril frente a tribunales.

Otra cuestión llamativa del fiscal es que no cita jurisprudencia ni acotaciones de juristas para justificar la aplicación del delito penal, sobre todo cuando no se cuenta con antecedentes a mano. Según le comentó el abogado de CTA, Eugenio Biafore, al presente cronista, la postura del fiscal se contenta con la descripción del hecho, “sin poder esbozar cómo esos hechos pueden encuadrarse en una figura penal y en su dolo directo exigible”. Y continúa: “Es así que, luego, se construye el encuadramiento del tipo penal a la protesta social como construcción social muy poderosa en Argentina y en el mundo, pero sobretodo en Argentina”. Así se puede remontar, por ejemplo, a la Ley de Residencia del presidente Julio Roca contra las protestas obreras, encabezadas por anarquistas entre otros. Solo que aquí no es por decisión directa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino del Judicial.

De hecho, en algunos pasajes, se señala que la Policía trató de impedir las movilizaciones. Por lo tanto, se entiende a las movilizaciones como delito, “siendo el agregado de la media calzada o no un recurso meramente de color”, señalan desde la asesoría judicial de algunas de las organizaciones.

Schiaretti y Milei: tuve, tuve veneno

El viernes pasado, tanto CTA Autónoma como el Polo Obrero realizaron una nueva concentración en esos tribunales, en repudio a ese enjuiciamiento, y para presentar un pedido de nulidad. Mediante una radio abierta, Giuliani dijo que “el fiscal De Aragón atrasa con estas imputaciones. Nos lleva a la época de la Dictadura”. Denunció que “abrieron” sus celulares sin participación de peritos de su parte. Consideró que detrás está el poder político cordobés para “acallar y domesticar” a la protesta social, en particular a trabajadores públicos del Estado, nucleados en ATE.

Finalmente, señaló: “Estamos a poco días del balotaje. Uno de los candidatos, la de la ultraderecha fascista, que es Javier Milei, dice que si llega a ser presidente va a meter palo y cárcel a quienes pelean. Schiaretti es igual a Milei. Está jugando para Milei. En ese combo, todo es venenoso”.

El Partido Obrero también se hizo presente. La abogada Soledad Díaz Garcia, una de las imputadas, consideró que “toda la causa es una aberración jurídica armada por cuenta y orden del poder político. Trasciende el carácter absurdo y carente de prueba cuando aduce que hubo un plan operado por las direcciones piqueteras. En un país con el 42% de pobreza, la jornada de lucha fue el resultado de una asamblea nacional con delegados de todo el país”. Mientras que Emanuel Berardo, del Polo Obrero, brazo territorial del PO, sostuvo que hay “que defender a fondo el derecho a la protesta porque es un derecho fundamental que si no se garantiza ningún otro derecho será garantizado”.

Órganos y embarazos

Hablando de Javier Milei y sus conexiones con el Cordobesismo: ante esa incertidumbre de restringir la protesta social desde abajo, por arriba no parece haber mucha protesta al respecto. Y es que desde Córdoba, también se ha dado su aporte para mantener un cúmulo de propuestas e iniciativas que recolectaron el frente La Libertad Avanza, ahora amontonado con el ala halcón de Juntos Por El Cambio.

Y esto es lo que se vio a partir de las repercusiones que generó la economista Diana Mondino, la diputada electa por la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad es cordobesa. Mondino ratificó lo que Milei había negado: del interés de parte de su equipo de impulsar la comercialización de órganos.

También dijo en otro medio que se podía eliminar la obra pública, porque consideraba que cada barrio podía bancar la instalación de un sistema de cloacas, con la plata que les queda en el bolsillo al no pagar los impuestos que ellos sacarían. Es decir: en lugar de tributar y recibir las ayudas sociales o crediticias que otorga el Estado, directamente dejar de tributar para poder invertir. Un cambio de ecuación interesante, pero que si no se clarifica en detalle, puede ser peligrosísimo. Más teniendo una propuesta de dolarización que para alcanzarlo se pretende poner todos los pesos argentinos como garantía al extranjero.

Y por último: defendió los vouchers y comparó el matrimonio igualitario con tener piojos en la cabeza.

Como decíamos: Diana Mondino es cordobesa. Es vicepresidenta de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Quien tiene un peldaño arriba de ella es el presidente Manuel Tagle, que en un programa de televisión de este año pregonó que para achicar el gasto social había que “sacar los subsidios que estimulan los embarazos”.

Así como algunos periodistas de Buenos Aires sienten con Milei el mal de Frankenstein -sentirse deborados por el monstruo que ellos mismos crearon-, algo de eso le pasa a la prensa cordobesa de la mano de Mondino. Y es que antes de que fuera candidata, fue presentada de manera jocosa como alguien que explicaba de economía, desde las redes sociales, mediante el uso de memes. Quienes la fogonearon por su picantez, deben tener ganas de venderse un riñon.

De izquierda a derecha

Una de las claves de la victoria de Unión Por la Patria el 22 de octubre fue la perseverancia de la militancia, más empoderada y segura de sí misma que lo que fue la campaña de las PASO.

Esto se debe a que Sergio Massa optó, en gran parte, por no haber cedido a los cantos de sirena de los discursos derechistas. Por ejemplo: Bullrich, Larreta, Milei y Schiaretti coincidieron en proponer una reforma laboral, basada en los seguros de desempleo que se aplica en el rubro de la construcción. El tigrense nunca cedió a esa iniciativa. E incluso lanzó medidas tributarias más cercanos a lo progresivo, y le arrebató al liberchongaje el monopolio de la discusión sobre los impuestos.

Ahora: cambia todo cambia.

Parece que ya no es convencer a los millones que no votaron, sino quienes sí votaron por Bullrich. Un par de días después de los resultados electorales de las generales, desde el traje de ministro, Massa lanzó un nuevo “dólar agro”, con la necesidad de que se liquiden dólares, pero con la cuesta técnica de advertir que la emisión para solventarlo, implicaba un aumento en los precios de los productos básicos.

En la semana saliente, estuvo presente en la sede de la DAIA en reclamo por la liberación de las personas secuestraas por Hamas, pero que a la vez se interpretó como una fuerte cercanía al estado de Israel. Dos días después, la Cancillería al mano de Santiago Cafiero expuso el rechazo a los ataques ordenados por Benjamin Netanhayu a la Franja de Gaza, recibiendo los dardos de parte de la mencionada institución local judía.

Finalmente: como dijimos, se firmó un decreto apuntado a quienes cobran el Potenciar Trabajo, pero anunciado previamente por Massa desde las redes sociales. Allí se ordena que todo aquel recibe el medio-salario mínimo otorgado por el Estado, para mantener en pié emprendimientos autogestivos y barriales, sean sometidos a una capacitación laboral, para ejercer sus labores en empresas privadas.

Según la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Dina Sanchez, militante del Frente Popular Dario Santillán, considera en parte positiva que la administración de aportes se pasa del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Pero genera “incertidumbre” sobre hasta qué punto permitirá la participación de trabajadores y del sector organizado en este nuevo esquema.

Por lo que se interpreta en la normativa, el subsidio se transferiría en manos de los dueños de esas empresas para solventar esa mano de obra. Una iniciativa a la “cordobesista”, parecido al Plan Primer Paso. “Nosotros subsidiamos el trabajo, no el desempleo”, declaraba reiteramente Schiaretti, como gobernador o como candidato a algo, cuyo cúmulo de votos también son disputados por Massa.

Son avisos de un corrimiento por derecha de quien anunció que iba a destruir la grieta.

La pregunta será cuál de todos los Massa sería quien se ubique en la Casa Rosada. Quizás no dependa tanto del palacio, sino de las calles.