El choreo del Súper RIGI nace en Córdoba
La mega-inversión de una central nuclear en Argentina estaría floja de papeles. La proponente no tiene sede propia y recibió ayuda de abogados porteños y cordobeses. Algunos: involucrados en el mayor escándalo judicial de Córdoba, con sospechas de sobornos a jueces federales. Los enormes costos que esconden este negocio y sus posibles casos de corrupción.
Por Lea Ross
“Solo tres gobiernos anteriores construyeron centrales nucleares en Argentina: Perón, Onganía y Kirchner. Esta central será la cuarta que se construya en el país y, a diferencia de las anteriores, será la primera financiada exclusivamente con capitales privados. Este hito histórico ocurrirá bajo el gobierno de Milei y significará más seguridad energética con costo nulo para el Estado”. Fue lo que leyó en voz alta el flamante vocero presidencial Adrián Ravier, reemplazando al cascado Manuel Adorni, bajo una lectura de corrida y sin tener cuidado en las redundancias y la repetición de palabras.
La propuesta es impulsada por una empresa extranjera llamada Meiner Energy. Según el vocero, la multinacional invertiría U$S 1.200 millones “para la construcción de un reactor modular nuclear de 300 mW en el predio de Atucha. Se trata de la primera versión comercial de este reactor, financiado 100% con capitales privados y la inversión más grande del sector nuclear argentino. Prevee la creación de 2.000 puestos de trabajo directo durante la etapa de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación, por lo que generará una expansión en el sector nuclear como nunca antes”.
Desde el gobierno, reconocen que esto se lograría con la aprobación de la llamada Súper RIGI, que ofrece una catarata de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, y que, a diferencia del RIGI tradicional, apunta a negocios que superen los mil millones de dólares y a las llamadas “Nuevas Industrias”. Según el artículo tercero de dicho proyecto de ley, son aquellos que “actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.
Como ya lo dijo Ravier, Argentina sí cuenta con desarrollo de energía nuclear. La única diferencia es que el Estado le sería ajena a su planificación a escala nacional, como lo verifica los 61 despidos realizados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mediante el uso de las fuerzas de Gendarmería. Según un repaso del portal ANRed, los despidos fueron efectuados sin consultar a los gerentes de área, representó el 20% del personal contratado y que suma a los 71.000 despidos en la administración pública, incluyendo los recortes en Télam, CONICET, INTI, INTA y el Servicio Meteorológico Nacional.
De NewTrust a Meitner
Sin embargo, para llevar a cabo esa inversión, se recurrió a un cascarón vacío, cuyo nombre original era NewTrust SAS. Fue creada por otra empresa llamada Fideicomisos y Mandatos SA, con sede en la Capital Federal, y que se presenta como una “sociedad especializada en servicios fiduciarios integrales con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional e internacional”. Sus clientes son exclusivamente bancos privados del país.
Pero NewTrust no está en Buenos Aires, sino en la ciudad de Córdoba. Allí aparece como representante un abogado cordobés llamado Nicolás Fernández Alsina, quien es docente de derecho penal y del derecho internacional privado en la Universidad Católica de Córdoba. Mientras se encargaba de manejar esa compañía, estuvo haciendo una maestría en la Universidad Austral en derecho empresarial. Se supone que Alsina se encargó que NewTrust realizara trabajos de albañilería, transportar cargamento, arrendar bienes, explotar actividades rurales, producir alimentos, organizar agencias de viaje, etc. Abajo está el anuncio de su conformación en el Boletín Oficial, como así también el establecimiento de su sede, en la calle Obispo Oro al 324.
A su vez, los accionistas de NewTrust estaban en manos de respetados letrados que amparan los intereses de las grandes compañías como son Agustín Fiorito y Facundo Luquez. Tres meses después de la creación de NewTrust, Luquez pasó a trabajar para el Ministerio Público Fiscal de Córdoba como auxiliar. Su ascenso a ese puesto público fue gracias al cuestionado fiscal general de ese entocnes Juan Manuel Delgado, de nula experiencia en el derecho penal y más abocado en el autodenominado “derecho empresarial”. Delgado también tiene un magíster en la Austral, como Alsina, lo que le permitió entrar a la Bolsa de Comercio de Córdoba como uno de sus vocales titulares. Hizo buenas migas con Horacio Parga, magnate de la poderosa desarrollista Edisur, manejando una sociedad de préstamos llamada Avales del Centro. Previo a ser el capataz de los fiscales de la provinca, Delgado fue procurador del Tesoro en una de las gestiones de Juan Schiaretti.
Cuatro meses después de crearse NewTrust, y un mes previo al ascenso de Luquez al ámbito de investigaciones fiscales, los abogados cordobeses tuvieron que renunciar a su cargo como administradores y le cedieron sus puestos a los verdaderos dueños de Fideicomisos y Mandatos: Horacio Beccar Varela y Ramón Moyano, del Estudio Jurídico Beccar Varela, que existe desde el siglo 19 y que, según su página web, “asesora a empresas nacionales e internacionales de diversas industrias en todas las áreas del derecho corporativo”.
Para abril de 2025, NewTrust cambió su nombre y pasó a llamarse Meitner Energy Argentina SAS, la filial de la multinacional que anunció la inversión nuclear en nuestro país. E incluso, modificó las actividades que estaban habilitadas y fueron reemplazadas por todo lo relacionado a investigación y desarrollo del campo energético que generan los átomos. A la vez, los integrantes de Beccar Varela renunciaron a sus puestos y fueron reemplazados por Pablo Franzetti y Mutsumi Viviana Ishida Fukami. El primero, es el encargado de las facturas que emite una organización sin fines de lucro que realiza campañas contra las enfermedades neurológicas de la infancia. Mientras que Mutsumi trabaja en una agrupación para la promoción de becas a Japón. Si bien fue allá donde ocurrió el desastre nuclear de Fukushima en 2011, donde una peor eventualidad podría generar alteraciones neuronales a infantes expuestos, no parecen ser credenciales suficientes como para que ambos manejen una empresa que invertiría mil millones de dólares.
Por otra parte: el capital inicial de NewTrust, en febrero de 2023, era de $135.486. Pero con la creación de Meinter Energy en abril de 2025, se acrecentó a $2.957.915.486. Es decir: creció 20.000 veces en solo dos años.
En la actualidad, la sede cordobesa de Obispo Oro al 324 está ocupada por el buffet Gattica, Chasseing y Monferran, cuya cartelera de clientes incluyen a Aguas Cordobesas, Bioceres, el banco BBVA, la Bolsa de Comercio de Rosario, la multinacional Bunge, Cargill, Ecogas, Frávega, Holcim, Molinos Río de la Plata, Los Grobo, Porta Hnos., Arcor y otras empresas conocidas por extraer los recursos naturales y exportarlos para fuera.
De hecho, el mencionado Nicolás Fernández Alsina ha sido uno de los abogados de Enrique Humanes, ex-CEO de la empresa agro Bunge, que al igual que Beccar Varela también se instaló en nuestro país hace siglo y medio. Humanes está procesado por evasión tributaria. Casi iba quedar absuelto, al igual que otro de sus socios, por parte de los jueces federales que integran la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Sin embargo, fue frustrado por una ex-empleada que se negó a firmar los trámites. Esta misma persona, tuvo que renunciar por violencia laboral por parte del magistrado Abel Sánchez Torres. Junto a su par Graciela Montesi, están siendo imputados por sospechas de haber pretendido desprocesar a los empresarios de Bunge de manera irregular.
De hecho, la pareja también está sospechada de una mansión escondida en el country El Terrón, en la ciudad de Mendiolaza, donde se cree que el valor patrimonial no sería acorde a los aún abultados ingresos que tienen como jueces del poder federal.
Del RIGI al Súper RIGI
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, elaborado lxs economistas Claudio Lozano y Ana Rameri, la ley del Super RIGI “no ofrece una política industrial que condicione beneficios a transferencias tecnológicas, integración nacional, empleo calificado, investigación y desarrollo, abastecimiento del mercado interno, protección ambiental o soberanía sobre los datos. Ofrece, en cambio, un paquete de privilegios fiscales, aduaneros, cambiarios, laborales y regulatorios blindados por treinta años, reconocidos como derechos adquiridos y protegidos mediante mecanismos de arbitraje internacional”.
En base a esto, sería falso que el costo sea nulo para el Estado, como dijo Ravier. El Súper RIGI permite reducir la alícuota de Ganancias al 15%, adelanta la rebaja sobre dividendos, exime de derechos de exportación (o sea, retenciones), permite la libre disponibilidad progresiva de divisas, fija una alícuota reducida del 10% para nuevas contribuciones patronales y estabiliza ese beneficio durante tres décadas. A la vez, provincias y municipios que adhieran no podran cobrar Ingresos Brutos que superen el 0,5%, ni aplicar Impuesto de Sellos, como así tampoco nuevas regalías, cánones, y tendrán limitada su capacidad de ejecutar deudas, exigir pagos previos o trabar medidas cautelares contra los inversores.
Finalmente: “el riesgo es que Argentina aporte territorio, energía, agua, recursos fiscales y protección jurídica mientras las decisiones estratégicas, el conocimiento y la renta tecnológica permanecen en manos externas”.
Y si bien el Súper RIGI no sale de un repollo, sino que viene de la experiencia previa al RIGI, uno de los títulos más cuestionados de la Ley Bases o Ley Bondi Zombie, sí tiene mayores agravamientos, donde el citado informe lo explaya en esta extensa tabla comparativa, por si quieren conocer los detalles:
Hay otro punto a tener presente. La ley ni siquiera clarifica la estructura que permite analizar cada propuesta para entrar al Súper RIGI. Por lo tanto, queda bajo la discrecionalidad de un burócrata del Ministerio Economía, quien estaría en conversación, en un cuarto cerrado, con los abogados de las empresas que dicen tener una cartera de mil millones de dólares, sea un Alsina como un Beccar Varela. Con el prontuario que tienen estos buenos muchachos, ¿ustedes cómo creen que lo convencerán para que acepte la propuesta de su cliente?
