Relaciones agrotóxicas en la justicia

Dos jueces federales de Córdoba están imputados por haber favorecido a la empresa Bunge, la más antigua del sector agropecuario. Es el mayor escándalo del aparato judicial, a 30 años de la llegada de la soja transgénica a nuestro país.

Por Lea Ross

La imputación de dos jueces-novios de Córdoba va tirando de un hilo hacia quiénes fueron los beneficiarios de sus propias sentencias. Hablamos del mayor escándalo intrajudicial que está viviendo la provincia. Incluso, se puede plantear que esto es un efecto de un modelo económico que rige en nuestro país. Hablamos de la que se inició hace treinta años con la llegada de la soja transgénica en nuestro país. Entre sus consecuencias, está la concentración económica. Suficientemente corporativa como para fumigar sobre los estamentos judiciales y garantizar su impunidad.

El epicentro del maremoto

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba cumple la función de revisar sentencias de primera instancia. Ese tribunal es tan importante que sus miembros tienen posibilidad de ascender a ser jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuenta con dos salas: “A” y “B”. La Sala A está conformada por los siguientes jueces: Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. Tienen vacante la tercera vocalía, debido a la jubilación del juez Ignacio Vélez Funes, aceptada en 2023. Mientras que en la Sala B, se encuentran los jueces Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, cuyo tercer asiento también está vacía por el fallecimiento del juez Luis Rueda, ocurrida en 2021. Todavía hoy, el Consejo de la Magistratura debe ponerse de acuerdo para definir quiénes pueden ocupar esas bancas.

En el mientras tanto, en octubre de 2023, se emitió el Acuerdo N° 316, un reglamento de la Cámara que pauta quiénes son los jueces que van a ir subrogando (es decir: momentáneamente, ser la tercera voz) los casos de cada sala. Se realiza mediante una rotación de roles: para noviembre de 2023, el juez Ávalos, que integra la Sala A, pasaría a emitir la tercera firma de una causa en la Sala B. Paralelamente, Navarro, que integra la Sala B, pasaría a trabajar en una de las causas de la Sala A. En diciembre de 2023, la jueza Montesi haría lo mismo, pasando de B a A y Sánchez Torres de A y B, y así sucesivamente.

Pues bien, resulta que dos jueces que integran salas distintas, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, mantienen una relación amorosa. Lo cual, genera una inestabilidad dentro del rol de los jueces para emitir sus decisiones de manera imparcial. Ya desde el año 2019 que se tenía conocimiento de este amorío, que se expuso por una denuncia presentada por parte de sus pares de la Cámara: el fallecido Rueda, el jubilado Vélez Funes y la actual Navarro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal lo desestimó por “cuestiones de forma”.

Desde finales de 2023, mediante la rotación de roles explicado, se ha dado la posibilidad que la pareja magistrada haya firmado sentencias con sus nombres compartidos y violando así la independencia de sus decisiones. Al año y medio siguiente, el representante de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal Maximiliano Hairabedián ordenaron la imputación contra Montesi y Sánchez Torres por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionarios público, falsedad ideológica y coacción.

Lo hicieron a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por parte de quien era en ese entonces la secretaria de la Cámara, de nombre Celina Laje Anaya. Ella detalló las vivencias que tuvo en su tiempo laboral, que empezó por una orden impartida por Sánchez Torres, apenas iniciada el Acuerdo 316, para que ella firmara un certificado para integrar como subrogante a Montesi en la Sala B para tratar una causa contra un exdirectivo de la multinacional Bunge. Como ella se negó, recibió improperios por parte del juez que incluyeron gritos, malos tratos, descalificaciones, amenazas y sobrecarga de trabajo, generando complicaciones en su estado clínico.

Según la denuncia, los amorosos magistrados “habrían acordado manipular la integración del Tribunal en violación a lo establecido en la ley (…), con el fin de integrar las Salas de manera conjunta en el caso denominado “BUNGE” de evasión tributaria (compuesto por los expedientes: “Padilla” -FCB 53771/2014- de la Sala A y “Humanes” -FCB 8749/2019- de la Sala B), privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.

La causa “Padilla” se refiere a Raúl Padilla, uno de los presidentes generales que tuvo Bunge. Su expediente había caído en la Sala A, conformada por Montesi y Ávalos. Según la denuncia, Montesi había cajoneado la causa, a la espera que le tocara el turno de subrogar a su pareja: Sánchez Torres, con el objetivo de “garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla con fecha 18 de diciembre del 2023”, resaltan la presentación de los fiscales Hairabedian y Turano.

Esta seguridad que tienen los investigadores se debe a un detalle que detectaron y que resaltaron colegas como Gregorio Tatián, que trabaja en los medios universitarios, y Guillermo Posada en la última edición de la revista El Sur: que Sánchez Torres recibió el caso en su oficina a las 11:48 hs. y remitió el expediente a la secretaria penal a las 11:49 hs. Es decir: “demoró un minuto en analizar y resolver una apelación”. El brazo de la ley se estira según qué tan fuerte es la mano invisible para tironearlo.

En cambio, la causa “Humanes” se refiere a otro empresario de Bunge, llamado Plácido Humanes, cuya acusación estaba en la Sala B. El 21 de diciembre de 2023, Sánchez Torres decidió integrar a Montesi, vocal de la otra Sala de ese mismo tribunal, a pesar de que ella no le tocaba según el reglamento del Acuerdo 316/2023. La secretaria Celina Laje se había negado a firmar ese aval. Eso generó la frustración de parte de los intereses de Sánchez Torres para, aparentemente, absolver a Humanes, el “otro Bunge”, lo que desencadenó el procesamiento contra Humanes por 2 votos contra 1.

Desde entonces, hasta septiembre de 2025, “Abel Guillermo Sánchez Torres, habría abusado de la autoridad que investía desplegando sobre la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala, señalada en el hecho anterior”, según señalan los abogados de la denunciante, cuyas consecuencias fueron “afectaciones psicológicas y psíquicas tales como sentimiento de angustia, pánico, episodios de llanto constante y prolongado, ansiedad, depresión y también expresiones físicas como pérdida de cabello, taquicardia, trastorno de sueño, pulso acelerado, sensación de asfixia, temblores en el cuerpo, incluso un episodio de desvanecimiento sin explicación”.

Intercambiando granos

El caso “Humanes” fue detallado a mediados de 2024 por La Luna con Gatillo. El delito de este CEO del agronegocio es por evasión agravada por el uso de facturas apócrifas. Enrique Humanes fue director general del Cono Sur de Bunge entre los años 2000 y 2018. También fue miembro del Comité Ejecutivo de Bunge Limited, desde un año antes que ocurrieran los delitos apuntados. Antes de eso, en los años ochenta, fue gerente de operaciones de la química Dow Chemical, y en los noventa trabajó en un cargo parecido para Unilever, otra multinacional. En la actualidad, sigue manteniendo sus inversiones en el agro, distribuidas en distintas firmas, mientras organiza simposios empresariales en la ciudad portuaria de Rosario.

La denuncia contra Plácido fue presentada en 2019 por parte de la AFIP (hoy ARCA). El organismo estatal detectó irregularidades referidas a salidas no documentadas del año 2011, donde la firma habría utilizado facturas truchas de empresas que no tenían suficiente solvencia, ni tenían actividad comprobada vinculada al rubro. Meses después, se formuló una nueva denuncia, esta vez por operaciones similares, realizadas en 2012 y 2013. Se supone que Bunge realizó las transferencias a dos firmas contratadas: Lemos, Lobestein y Asociados SA y Porte SRL. En 2011, Bunge lanzó 18 transferencias bancarias a Lemos y 47 a Porte SRL por un monto total de $ 6 millones.142.702,68. Humanes habría provocado un “perjuicio fiscal” de $ 2.149.945,94, que correspondían a las salidas no documentadas de ese año. En 2012, el CEO de Bunge utilizó facturas truchas para simular operaciones comerciales con las dos empresas, basados en montos que se retiraban de las cuentas, quedando las mismas “prácticamente sin saldo”. El perjuicio: unos $ 2.981.512,06. Finalmente, el tercer fue reiterado, dando una pérdida al fisco de $ 3.137.711,91, de los cuales no se pudo identificar a los verdaderos destinararios.

Para los fiscales María Marta Schianni y Carlos Gonella, “no es esperable de quien dirige empresas de la envergadura que posee Bunge Argentina S.A., pues se trata de operaciones comerciales de entidad, que implican una suma importante de dinero, que se están confiando a firmas que no poseían, trayectoria, inmuebles, cartelería o publicidad; que tampoco contaban con automóviles o camiones; que los rodados consignados en las cartas de porte responden a vehículos no aptos para el transporte de mercaderías o se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”.

La gran evasión

Las investigaciones sobre facturas apócrifas son un chiquitaje a la hora de dimensionar la evasión a escala internacional.

En agosto de 2023, se publicó un informe de investigación titulado Cruzar fronteras para cosechar ganancias: El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio, elaborado por los investigadores del CONICET Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, sociólogo y economista respectivamente.

Según este trabajo, relevando los balances de ciertas compañías, hay por lo menos 14 empresas argentinas del agro que crearon filiales en Uruguay, que facturaron en 2021 unos U$S 42 mil millones, distribuidos en la tabla de abajo. Equivale dos o treces más de lo que exporta el país charrúa. Esto se debe a que “las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable (sic) y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”. Son “cáscaras” que computan la producción de sus pares en otros países para venderlas. Bunge es la única que alcanza cinco dígitos anuales. Semejante cantidad de dinero podría solventar no solo la luna de miel de una pareja de jueces, sino también hasta el sol entero.

Bunge arribó en Argentina en 1884, en el floreciente estado argentino moderno. Los mastodontes del negocio agro de la Argentina contemporánea son tres multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y dos locales: Vicentín y Aceitera General Deheza (AGD). Lo enmarañoso es que Bunge y AGD tienen negocios en común en Córdoba. Plácido, el procesado, ha sido la cara de Bunge en el directorio de la firma Promaíz SA, una de las principales fábricas productoras de bioetanol en el país. Está ubicada en la localidad de Alejandro Roca, en la pampa gringa cordobesa, y es administrada junto con Aceitera General Deheza, de la mano de la acaudalada familia Urquía. En la última campaña que tuvo Juan Schiaretti para asumir la gobernación de Córdoba, en el 2019, el tándem Promaíz-AGD le otorgó el mayor aporte para financiar sus acto proselitistas, según la declaración del oficialismo presentada en la Cámara Electoral. Fueron unos $ 5,5 millones de ese entonces para el inicio de la gestión de Hacemos Por Córdoba.

Roberto Urquía, uno de los mayores multimillonarios de la Argentina, bancó de sus bolsillos distintas expresiones peronistas, sean kirchneristas como cordobesistas. En las elecciones legislativas de 2025, AGD decidió apostar por La Libertad Avanza otorgando un aporte para su campaña por un monto de $ 30 millones. El año anterior, el presidente Javier Milei dijo que “el que fuga es un héroe”.

La línea que divide entre la casta y los héroes se dibuja con la misma tinta que usan los jueces para firmar sus sentencias.