FMI recargado

Por Lea Ross

El Fondo Monetario Internacional espera que el actual gobierno gane las elecciones legislativas de octubre, para que pueda tener más jugadores en el Congreso y así aprobar un paquete de medidas, que incluye una nueva reforma jubilatoria y un nuevo esquema de impuestos. Mientras tanto, en Córdoba, fueron absueltos seis dirigentes por participar de un piquete en 2023, luego de que el gobierno anterior avalara negociaciones con el mismo organismo internacional.

El broche

En la autodenominada Fase 3, se mantiene por ahora un esquema cambiaro lo suficientemente estable como para que los precios no se disparen de acá hasta las elecciones de octubre. Que no se pierda de vista el “por ahora” en la oración.

Eso se logró, principalmente, por la llegada de 12.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional a la gestión del Lord Jamón, después que se acabaron los billetes que llegaron del blanqueo de capitales fugados. La semana pasada, durante una conferencia de prensa en Washington, la directora general del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que Argentina “irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio” y pidió “mantener el rumbo”. Previo a eso, la titular del organismo compartió un panel con el ministro argentino de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le regaló un pin con la forma de una motosierra.

Todo esto funciona como un déjà vu de aquel crédito que otorgó Christine Lagarde, cabeza del FMI en 2018, a la gestión de Mauricio Macri de unos 45.000 millones de dólares. También se sospechó en ese entonces que era para ayudarlo a ganar las elecciones. En lugar de eso, la población argentina sigue sintiendo lo que es un verdadero descarrilamiento a cuenta gotas. O a cuenta vagones.

Reportados

Las palabras de la mandamás generó un reproche tanto institucional como legal. A los pocos días, tuvo que aclarar ante cámaras que su mensaje no era para el electorado argentino, sino para el propio gobierno. En realidad, lo que ella dijo es un reflejo de lo que publicó el último documento del organismo sobre la Argentina (staff report), compuesta por 138 páginas.

Entre las carillas 31 y 32, se reconoce que la “falta de éxito del programa” puede llegar a ocurrir por el “complejo panorama económico, social y político, con desafíos adicionales derivados de las próximas elecciones”. Si eso ocurre, el FMI tendría “riesgos reputacionales, especialmente si el programa se desvía con mayores niveles de exposición del Fondo, lo que complicaría su futura participación en Argentina”. Y sigue: “Cabe destacar que podrían surgir preocupaciones sobre la imparcialidad si se percibiera que el Fondo trata a Argentina de manera diferente a otros miembros”. La sinceridad ante la desesperación.

Las expectativas de este programa están expuestas en lo que dice, por ejemplo, la página 19, donde señala que el objetivo general es “controlar el gasto público con el fin de llevarlo al porcentaje del PBI a los niveles anteriores a 2005”. Para eso, se “buscará sustituir el complejo esquema de segmentación tarifaria por un único subsidio energético para los hogares de bajos ingresos. Además, para aliviar la presión sobre la cadena de pagos del mercado energético, se adoptará una reforma destinada a mejorar la competencia en el mercado mayorista de electricidad”. El texto señala que esto se va a proponer para finales de noviembre, un mes después de que las urnas se llenen.

Además, advierte que “las autoridades nacionales están preparando una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad” para finales de diciembre de 2026. Es decir: un nuevo cálculo para computar las jubilaciones y pensiones, aún con las protestas que se hacen cada miércoles frente al Congreso. ¿Qué tanto más se podrá achicar? ¿Cambiando la edad para jubilarse?

Acerca del rol de las provincias, se asevera que también debe existir “una reforma del sistema de coparticipación de ingresos y de los marcos de responsabilidad fiscal. Esto es necesario para equilibrar mejor los incentivos para la eficiencia y la disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno”, dice el FMI, donde también pone entre paréntesis que esto va “en consonancia con el Pacto de Mayo de 2024 firmado por la mayoría de los gobernadores”.

A pique

Ante ese panorama, el 22 de abril reciente, la Cámara de Acusaciones de Córdoba firmó la absolución de seis dirigentes cordobeses, denunciados por participar de una marcha piquetera en el año 2023, en pleno contexto de un segundo acuerdo con el Fondo que había firmado el gobierno del Frente de Todos. En este caso: de facilidades extendidas para patalear los vencimientos de pagos del stad-by firmado por Macri.

Las organizaciones protestantes, congregadas en la llamada Unidad Piquetera, habían definido que el día 5 de abril se ejercían cortes de calles, de manera simultánea, en un centenar de lugares del país por la situación económica. La dichosa marcha se realizó en un fuerte contexto inflacionario. La siguiente gráfica compara el índice de precios al consumidor mensual de la provincia de Córdoba, en base a los números del Ministerio de Finanzas, y también a nivel nacional, según el INDEC.

Vemos que cuando se hicieron los cortes en el marco de una actividad nacional llamada “Piquetazo”, tanto el país como la provincia ya habían superado el pico del 8% mensual de inflación en los productos, siendo los más altos que se vivieron desde que comenzó la recesión económica en 2017. Eso sí: todo eso fue previo a la fuerte subida que hubo en septiembre, como efecto de la fuerte devaluación posterior a los resultados electorales de las PASO. Las movilizaciones también habían repudiado la baja de 90 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, el medio salario que otorgaba el Estado para mantener en marcha proyectos autogestivos y barriales. En las revisiones trimestrales del FMI de ese entonces, el organismo le demandaba al Estado nacional quitar a 400.000 personas que accedían a ese beneficio.

Por esa actividad, el fiscal de instrucción Ernesto de Aragón ordenó la imputación a seis activistas, recurriendo al polémico artículo 194 del Código Penal, que penaliza a quien entorpecierra “el normal funcionamiento de los transportes”. El funcionario había pedido la elevación a juicio, implicando un duro antecedente para el ejercicio de las protestas sociales, en un ámbito económico desolador.

Absueltos

La mencionada sentencia puso un freno a ese garrote. Se señala que “no se encuentran reunidas las exigencias típicas para que se verifique el ilícito en cuestión”. Desde la fiscalía, se aseveró que las organizaciones no habían respondio la orden policial de levantar la marcha. Los camaristas le respondieron que, en realidad, “no se trató de una orden strictu sensu, sino de un mandamiento informal”. Esto se debe a que “la existencia de la orden que el fiscal estima que no fue acatada solo surge del testimonio de los policías Rey y Ceballos, mas no encuentra sustento en prueba objetiva independiente”. Desde La Luna con Gatillo, se había advertido, en distintas publicaciones, que el pedido de elevación a juicio, por parte del fiscal De Aragón, se basó solamente en el testimonio de los policías de Córdoba.

Los camaristas sostienen que “la movilización no produjo afectación al bien jurídico protegido, dado que solo provocó molestias, inconvenientes, o demoras que resultaron tolerables por el resto de la ciudadanía. En tal sentido, la afectación fue por un tiempo acotado y concentrada en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad, pero con una extensión no mayor a las 7 cuadras según los policías intervinientes”. A su vez, agregan que, en base al testimonio de un comisario, a los quince minutos de la desconcentración, la circulación se normalizó.

También señalan que “había otras arterias por las cuales podían circular los colectivos, al punto que las tres empresas de colectivos especificaron los desvíos que habían implementado durante el tiempo que duró la movilización, a los fines de garantizar el servicio. Es dable señalar aquí que, atento tratarse de un enclave muy transitado de la ciudad, se produjo un lógico congestionamiento vehicular, pero -se insiste- que estas molestias son restricciones tolerables que surgen del propio desarrollo del derecho de reunión y de peticionar ante las autoridades en el espacio público”.

“En tal sentido, es dable destacar que las dificultades en cuanto a la provisión del servicio de colectivos también resultan una consecuencia del diseño radial del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba, por cuanto la gran mayoría de las líneas de colectivo recorren –invariablemente- el centro de la ciudad. De esta forma, cualquier interrupción de tránsito por el motivo que sea, va a afectar al servicio público de transporte y provocar desvíos o atrasos”, aclaran.

También se subraya que “se trató de una concentración pacífica, donde no se produjeron daños a personas o cosas ni hubo disturbios de ninguna índole, lo que fue resaltado por personal policial actuante y por comerciantes o trabajadores de la zona”, entrevistados por la propia policía. Finalmente: “No surge de las constancias de autos la presencia de colectivos o medios de transporte masivos en inmediaciones de la zona de concentración, que pudieran haber llevado a los asistentes a la protesta, con lo cual, no puede predicarse la falta de voluntad de quienes habrían llegado por sus propios medios”.

Esta sentencia resulta relevante, ya que se convierte en una suerte de muro protector jurídico para amortiguar los golpes del garrote penalizante a la protesta social.

Las pastillas de la grieta

Las respuestas empezaron a surgir en los ambos lados esta grieta. Empezando por las personas absueltas:

• En un comunicado del Partido Obrero, Emanuel Berardo, señaló que “este fallo confirma nuestra denuncia con relación a una causa armada y sin pruebas, cuyo único objetivo fue el de atacar la creciente movilización popular mediante la criminalización de la protesta social”. Mientras que para la abogada Soledad Díaz García, también del PO y ex-imputada, la resolución “ratifica el derecho básico constitucional a la protesta social y a peticionar ante las autoridades es un triunfo de la movilización popular”.
• Para Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, también absuelto, considera que el fiscal es el “brazo ejecutor del cordobesismo”, ya que se trató “de un intento por disciplinar la protesta social”.
• Finalmente, el partido Libres del Sur también se expresó sobre la resolución, que benefició a su dirigenta Marisa Cariddi: “La protesta es un derecho y lo seguiremos sosteniendo, nos ampara la constitución y los tratados internacionales. Las políticas de ajustes son las que generan la crisis social y económica. Las organizaciones emprendemos la lucha colectiva para defendernos del avasallamiento de nuestros derechos a una vida de dignidad”.

Por su parte, el Grupo de Entidades Empresarias (G6), que congrega a las principales entidades representativas del establishment patronal cordobés, condenó el fallo, aseverando que otorga “una señal equívoca a la sociedad, al privilegiar el derecho a la protesta por encima de otros derechos igualmente consagrados por la Constitución, como el derecho a trabajar, a circular libremente y a comerciar sin restricciones”. Estas empresas consideran que los principales perjudicados son quienes “todos los días abren sus negocios, producen, generan empleo o simplemente intentan llegar a sus trabajos”.

“Que algo sea legal no lo vuelve legítimo, especialmente cuando su único objetivo es condicionar, extorsionar o complicar la vida de quienes trabajan, producen y comercian”, insisten. Y cierran: “No se trata de criminalizar la protesta, sino de evitar que bajo su amparo se vulneren otros derechos fundamentales”.

La Cnetral de Trabajadores de la Argentina – Autónoma de Córdoba respondió ese último comunicado de los empresarios: “El G6 habla de defender la libertad, pero sólo se refiere a la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores, sembrando pobreza y miseria a su paso. ¿Qué pasa con la libertad de los trabajadores para hacer valer su fuerza de trabajo en condiciones justas y dignas?”.

Tal como lo publicó recientemente el presidente Milei en su cuenta de X, son tiempos que hay que elegir. La diferencia que no siempre las elecciones abarcan suficientes opciones.