De Muerte o Vida II
Por Rodrigo Zori Comba
En la nota anterior describía cómo las potencias del norte están reorganizando el mundo alrededor de una carrera armamentista sin precedentes. La vida se subordina a la lógica de la muerte, financiada con dinero público y legitimada por congresos y partidos políticos europeos y norteamericanos de casi todos los colores. La inversión de cifras astronómicas —como el billón de dólares (1 trillon en inglés) destinado a defensa por Estados Unidos— no es un hecho aislado ni coyuntural: es el corazón de un nuevo orden global en el que el complejo militar-industrial, la investigación aeroespacial, la inteligencia artificial, la biotecnología y el control de las cadenas de suministro se convierten en el verdadero motor económico del sistema. Ese motor necesita combustible constante, y ese combustible no es la vida, sino los territorios, los recursos y la dependencia de los países del sur.
En este contexto, la política exterior estadounidense —tal como lo explicita la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de la administración Trump— se organiza bajo el principio de America First (EE.UU Primero, bien sabemos que América es un continente pero…), no como consigna electoral sino como doctrina estructurante. La política exterior deja de pensarse en términos de cooperación o desarrollo compartido y pasa a ordenarse alrededor de la seguridad económica, industrial y militar de Estados Unidos. Las cadenas de suministro globales se redefinen como un asunto de seguridad nacional: “deben ser seguras, confiables, libres de control hostil” y alineadas a los intereses del norte global. El mundo no se desglobaliza; se reordena jerárquicamente.
En ese esquema, América Latina ocupa un lugar preciso. El documento lo dice sin rodeos: el hemisferio occidental debe permanecer estable, gobernable y bajo control estratégico. Se invoca explícitamente un “Trump Corollary” (Corolario Trump) a la Doctrina Monroe (América para los estadounidenses y sus elites…), una actualización del viejo principio colonial que hoy no se limita a excluir potencias extra continentales, sino que incorpora el control de migraciones, activos estratégicos, recursos naturales y cadenas de suministro críticas. América Latina no es pensada como un sujeto de desarrollo soberano, sino como un espacio funcional a la seguridad interna y al abastecimiento del centro. Estabilidad sin justicia, orden sin soberanía, producción sin pueblo, el “patio trasero” abasteciendo de lo que necesite Washington.
Desde esta perspectiva, la pregunta que deberíamos hacernos en Argentina es incómoda pero inevitable: ¿cómo pensar seriamente en “reindustrializar” el país cuando el orden global dominante necesita, activa y estructuralmente, que los países periféricos no lo hagan? La historia reciente ofrece ejemplos contundentes. Irak fue devastado en 2003 bajo la mentira de las armas de destrucción masiva: se destruyó su infraestructura, su industria petrolera, sus universidades. En 2022, Europa —y especialmente Alemania— vio volar el gasoducto Nord Stream 2, y con él la posibilidad de sostener un modelo industrial basado en energía barata, quedando subordinada al gas de esquisto estadounidense. En África, décadas de ajustes del FMI, conflictos armados inducidos y deudas eternas desmantelaron industrias enteras, condenando al continente a ser proveedor de materias primas. América Latina recorre el mismo camino desde su invasión, destrucción de estilos de vida y, desde hace decadas: plan condor, privatizaciones, endeudamiento, desindustrialización planificada y pérdida de soberanía.
En la Argentina actual, este proceso se acelera. El gobierno de Javier Milei profundiza la destrucción del Estado, de la industria existente y de los sistemas científicos y tecnológicos que podrían sostener un proyecto autónomo. Se venden tierras y edificios del INTA, se vacía el CONICET, se recortan programas sociales, educativos y de salud, mientras crecen sin límites los fondos destinados a inteligencia, defensa y alianzas con capitales extranjeros. Lo estratégico deja de ser alimentar, educar y cuidar a nuestro pueblo, para pasar a garantizar negocios militares, financieros y extractivistas. Falta que sigan comprando aviones de combate, etc y nos metan en una guerra, perderla, y así legalizar la entrega del territorio, la soberanía y la bandera.
Desde la asunción del actual gobierno, el país perdió más de 173.000 empleos asalariados registrados —115.000 del sector privado— y entre 50.000 y 58.000 del sector público. Más de 15.000 empresas cerraron en apenas un año y medio. La industria manufacturera se contrae, la obra pública se paraliza y miles de talleres y fábricas bajan la persiana. No son estadísticas: son familias expulsadas, barrios que crecen, vidas que se precarizan.
Las luchas obreras, científicas, universitarias, docentes, sindicales, de jubilados y de trabajadoras y trabajadores de todos los sectores no son conflictos aislados. Son una defensa colectiva de la vida frente a un proyecto de tierra arrasada que necesita sociedades fragmentadas, desmovilizadas y dependientes. En paralelo, el despoblamiento rural y la concentración de millones de personas en grandes ciudades sin trabajo, sin tierra y sin horizonte crean el caldo de cultivo perfecto para la violencia urbana y el narcotráfico. Cuando el Estado solo llega con policías y patrulleros, el narco, siempre entongado con la policía y la justicia a algún nivel, ocupa el lugar vacante: organiza la vida, impone reglas y ofrece una falsa salida donde no hay futuro. Los pibes y pibas muchas veces agarran.
Anécdota de color: En un encuentro global de lideres, caciques, liderezas y referentes de Pueblos Originarios de todo el mundo, organizado en Ibiza en 2016 por la organización Aniwa, escuchando a un referente de la comunidad Kaxinawá el decía: que una de las formas de perder a la juventud fue el ingreso de la mariguana a la comunidad, traida por “hippies” que llegaban para conocer, aprender, etc. En cuanto los jóvenes empezaban a manipularla llegaban redadas de policías y se los llevaban presos por poco tiempo, pero cuando volvían ya no eran los mismos, habían perdido el interés por el cuidado del territorio, y en muchos casos ya eran adictos a otras sustancias. Lucha contra el narcotráfico justificada.
En la Argentina, y en muchos paises del sur global, vemos como la colonización hasta nuestros días, empobreció comunidades a tal nivel que les dejó “solo” la opción de ser policías, militares, gendarmes o quedar pegados a alguna organización criminal, más allá de las de in-seguridad nombradas anteriormente. En los barrios populares pasa mucha veces lo mismo, y es el esfuerzo descomunal de organizaciones socio-comunitarias o de curas villeros los que ponen dignidad y amor al día a día, iluminando con algo de esperanza la vida.
Nada de esto sucede porque sí. Durante siglos, la Argentina —como gran parte del sur global— fue organizada para exportar riquezas y expulsar gente. El modelo agro-minero concentrado, el avance de la soja transgénica, los agrotóxicos, la extranjerización de la tierra, un país de espalda al mar y sus riquezas itícolas, y la falta de políticas de arraigo, expulsaron a millones hacia las periferias urbanas. Hoy producimos alimentos para cientos de millones de personas, pero importamos comida básica y tenemos a casi la mitad de nuestra población bajo la línea de pobreza.
Frente a este panorama, insistir en una reindustrialización clásica, urbana y dependiente del capital global no solo parece inviable: es una batalla perdida de antemano. Incluso si fuera posible, ¿qué tipo de industria podríamos desarrollar en un mundo dominado por complejos militares, patentes tecnológicas y cadenas de valor controladas desde el norte?
“Prefiero morir de pié que vivir de Rodillas” Emiliano Zapata
Pero, humildemente creo que la verdadera disputa estratégica para la Argentina no está en competir con ese modelo. Como dije anteriormente, y a raíz del incremento sostenido del gasto en inteligencia y defensa, que no solo responde a amenazas externas (algo difícil de creer, además de que esta gente es experta en crear “cucos” para autofinanciar sus negocios armamentísticos, ya lo vemos en Europa desde los tiempos de la Operación Gladio hasta nuestros días con la “amenaza Rusa o China), también puede convertirse en un dispositivo de control interno y territorial. En países dependientes, estos procesos suelen derivar en conflictos armados funcionales a la reorganización del territorio y a la entrega de recursos estratégicos. No me sorprendería que, en pos de seguir despoblando territorios, se fomente más de lo que ya se hace, el ingreso al ejército en zonas rurales solo para no estorbar en algún territorio a ser explotado.
La guerra de Malvinas es un antecedente doloroso: gran parte de quienes pusieron el cuerpo provenían de regiones históricamente postergadas pero estratégicas (acuífero guaraní, triple frontera y ríos navegables, madera, soja, etc), y no eran descendientes de alemanes del Volga que abundan por esos lares, eran originarios y mestizos. No fue una guerra del poder, sino del pueblo empujado al frente a defender una bandera que en muchos casos ni siquiera era la suya, por ser preexistentes al Estado Argentino. Ese patrón —poner a los de abajo a defender intereses ajenos— se repite una y otra vez en nuestra historia. Ya lo diría San Martín: “un día se sabrá que esta Patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos”. Territorio, Oxigeno, agua y alimentos nutritivos, todo guardianado de forma pacífica, nos hará libres de la esclavitud del capitalismo. Claro que, si el enemigo real toca a la puerta, cada quien o cada comunidad, verá como defenderse, o vivir de rodillas.
Fortalecer comunidades rurales desde el Ordenamiento Territorial y en un marco de Redistribución Poblacional para familias de barrios populares sigue siendo el clamor de algunas de nosotras. Producir alimentos sanos, cuidar el ambiente y sus ecosistemas, y avanzar en una redistribución poblacional planificada no son consignas románticas ni regresivas, son políticas de supervivencia.
La agricultura familiar, campesina e indígena vuelve a aparecer —una vez más— como una salida concreta y digna: produce alimentos diversos y nutritivos, cuida los territorios, genera arraigo y comunidad. Cada familia que puede quedarse en el campo es una familia menos hacinada en un barrio popular, una escuela menos colapsada, un hospital menos saturado, una ciudad menos violenta. Comunidades rurales fuertes son barreras vivas contra el despojo, la extranjerización, el extractivismo y el ecocidio desde una forma de vida pacifica, amigable con el ambiente y de impacto socio ambiental local, regional y global positivo.
El ordenamiento territorial, la redistribución poblacional, una reforma agraria integral —o como se la quiera llamar— no son una utopía ni significa expropiar tierra a mansalva como dice Feinmann cuando habla de el “cuco” Grabois, son una estrategia política, económica y humana para reconstruir la soberanía real. Repoblar la patria, fortalecer comunidades rurales con tecnologías limpias, producir desde los territorios para el país, la Patria Grande y el mundo, cuidar la Casa Común y devolver sentido a la vida colectiva es el verdadero desafío de nuestro tiempo.
La disyuntiva es clara: un modelo de muerte que concentra tierras, riquezas y poblaciones al servicio del capital global armado hasta los dientes para defender sus viajes al espacio y seguir bañando de oro autos, edificios e inodoros; o un modelo de vida que redistribuya población, tierra y trabajo para alimentar a nuestro pueblo y cuidar el futuro para las generaciones venideras.
En esa elección se juega no solo el destino de la Argentina y de la Patria grande hoy amenazada nuevamente por el Tío Sam sino la posibilidad misma de seguir existiendo.
