Agro-censura en la era RIGI
Se inauguró el primer proyecto RIGI en el país. Los gobernadores piden flexibilidad para que el régimen económico de Milei se sostenga. La censura a Virginia Aparicio, por sus investigaciones sobre agroquímicos, involucra a figuras políticas y académicas.
Por Lea Ross
Se realizó en la ciudad de Rosario una actividad con el pomposo nombre de “Primera Ronda de Negocios del Régimen Incentivo para las Grandes Inversiones”. Esto es en alusión al RIGI, es decir, la batería de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos primarios y extractivistas, con libre importaciones y sin obligación de contratar proveedores locales. La provincia de Santa Fe, donde se realizaron estas reuniones entre funcionarios públicos y empresarios-inversores, tiene como único RIGI la construcción de una terminal en el Río Paraná o Hidrovía. Es la única política nacional actual que incentiva el riesgo a invertir, en detrimento de quienes quienes quieren apostar por la economía local no exportadora.
Evidentemente no fue esa la razón, sabiendo que las mayores apuestas se realizan en la región cordillerana y patagónica. Y es que el RIGI expone los límites del régimen económico. El sujeto político del proyecto mileísta es el joven varonil, precarizado y con multiempleo, que no puede acceder a los puestos laborales que ofrecen estas iniciativas. Por eso los gobernadores no privilegiados presionan para que quienes pongan el gran capital, principalmente YPF y multinacionales, contraten a pequeñas y medianas empresas de las localidades del interior. Allí estuvieron los tres gobernadores de la Región Centro: Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio.
Todo esto ocurrió en paralelo a la intriga internacional de la fuga de Flávio Bolsonaro, que cruzó la frontera argentina y logró con su familia partir a Estados Unidos, esquivando las causas judiciales por delitos económicos en su contra. La prensa le preguntó al gobernador santafecino qué opinaba del triunfo de Lula da Silva. La torpe respuesta ofrece lo onírico que es esperar que un tigre de las pampas se enfrente al león palermitano.
El primero
Casi en paralelo, en otra región de la Argentina, el presidente Javier Milei inauguró el primer proyecto RIGI. Se trata de dos plantas de litio, donde una es la ampliación del proyecto Fénix 1B y el otro es en el Salar del Hombre Muerto, ambas en la provincia de Catamarca. “El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina”, aseveró en su discurso. Ambos proyectos pertenecen a una multinacional llamada Río Tinto, de capitales londinenses, y es la queen del litio argentino.
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el presidente Milei mantuvo cuatro reuniones con los principales directivos extranjeros de Río Tinto, siendo quizás la única empresa que mantuvo la mayor cantidad de encuentros con el mandatario argentino, según se puede contemplar en los archivos de la red social X de la Oficina del Presidente, que fue armada previo a su asunción.
Quién habría tenido un importante rol fue Shunko Rojas, ex-subsecretario de Comercio Internacional y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior durante gran parte de la presidencia de Mauricio Macri. Tras su paso por la función pública, fundó Grupo Quipu SRL, su propia consultora. Para armarlo, convocó a otras figuras macristas que trabajaron en ese mismo ámbito donde tejió relaciones con gerentes y directivos de compañías extranjeras. También aparece Luis Nicolás Caputo, el hijo de mayor de Luis “Toto” Caputo, el Mago sin Dientes de las Finanzas.
La cuestión es que el 6 de febrero de 2024, a dos meses de la asunción de Milei, Shunko Rojas mantuvo una reunión con directivos de la compañía minera Río Tinto. Allí se presentó como asesor de la Unidad Transitoria en lo que posteriormente se transformaría en Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. Esa unidad se encargó de redactar los proyectos de leyes más polémicos al comienzo de la gestión como el mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, donde quedó tipificado el RIGI. En la ficha técnica, Rojas no solo fue anotado como parte de la mencionada unidad estatal, sino que además fue apuntado como representante de Rio Tinto. Es decir, que también estaba del lado empresarial. Esta irregularidad, permite deducir que se hallaba en los dos lados del mostrador al mismo tiempo.
Cinco meses después, en julio de 2024, luego de un pedido de información pública, el portal Chequeado.com expuso un relevamiento de las visitas que recibió Javier Milei en la Residencia de Olivos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024. Allí, se confirmó que Rojas realizó un total de ocho visitas, la misma cantidad que Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, pese a que el enigmático personaje era totalmente desconocido y continúa siéndolo. La publicación no brinda las fechas exactas, pero afirma que todas las asistencias de Rojas se hicieron junto con Sturzenegger.
El 27 de marzo de 2025, Shunko Rojas se juntó con dos directivos de Río Tinto, Santiago Cicchetti y Diego Calonje, en la sede del Ministerio de Economía, junto con María Baias, directora nacional de Inversiones Mineras. Allí la minera conoció anticipadamente los alcances normativos del RIGI. La cita la gestionó Rojas, revelando así que operó como lobista de Río Tinto. En la actualidad, se afirma que trabaja en el equipo especial para las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, como si tuviera méritos a la hora de ejercer sus inocentes trabajos de relaciones públicas.
Agro-censores cordobesistas
Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio. Es la amonestación más grave que puede recibir una científica desde la administración pública nacional, restringiendole su participación en esa área. La sanción apunta a sus investigaciones sobre la presencia de agroquímicos en los cuerpos y en los ambientes, dentro del marco del proyecto SPRINT, cuyas siglas en inglés significa “Transición Sostenible de Protección Vegetal”, financiado por la Unión Europea, la entidad que ahora también lidia con el lobista autóctono de Río Tinto.
El informe SPRINT fue realizado por una docena de investigadores, la mayoría europeos, donde tomaron muestras de sangre, orina y material fecal de habitantes que viven a cierta distancia de campos agrícolas, sea que manejen fertilizantes químicos o no. También, se tomaron muestras en el interior de viviendas y otros ambientes.
Según la Resolución 366/2026 del INTA, la sanción a Aparicio se debió a los cambios de criterio operativos que se hicieron sin el aval correspondiente, que el número de participantes para las muestras tenía contradicciones y que su marido, un jubilado que trabajó en el INTA, colaboró de manera ad hominem sin aviso previo. Finalmente: el Consejo Directivo aseveró que enviarán el expediente a la Oficina Anticorrupción para revisar el manejo de fondos, a pesar de que no encontraron irregularidades patrimoniales ni pérdida fiscal.
El reconocido periodista de temas agrícolas Matías Longoni, director del portal Bichos de Campo, si bien no acuerda con las denuncias sobre los impactos en la salud por parte del agronegocio, sí percibe que hay un tufillo persecutorio detrás de esta trama. Según él, las indagaciones contra la científica tardaron tres años “como si se tratase de un complejo homicidio”, que la sanción se hace justo “cuando la gestión del gobierno de Javier Milei hace aguas de modo visible por sus manejos en el INTA”, donde ya expulsó a 1.800 trabajadores, y que “nombró a varios funcionarios sin el debido concurso público (incluso a un contador que el día anterior habría cobrado 110 millones de pesos de indemnización en otro organismo público)”.
El inicio de este sumario empezó en 2023, en la gestión del Frente de Todos, y que continuó con los siguientes directivos del organismo agrícola. Incluyendo al primer presidente del INTA en la era Milei: Juan Cruz Molina Hafford, como así también los actuales integrantes del Consejo Directivo, ocupado entre otros por Jorge Dutto, en representación de las facultades de agronomía, y en un lugar incómodo a la hora de posicionarse sobre el financiamiento educativo.
Molina ejerció la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba entre los años 2011 y 2018, donde trató de poner un freno a las denuncias por la aplicación con agroquímicos, entre ellos en pueblos que estaban más cerca de la zona núcleo. Ya como presidente del INTA, bajo La Libertad Avanza, fue señalado de haber intentado prohibir palabras en comunicados internos y redes digitales como “agroecología”, “cambio climático”, “género” y “biodiversidad”. Mientras que Dutto es actual decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Más cercano a la Unión Cívica Radical, fue quien recibió la propuesta en 2012 de la multinacional Monsanto para confeccionarle su estudio de impacto ambiental para instalar una planta procesadora de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Alert Spoiler: no se logró por el rechazo vecinal.
Sea del peronismo o del radicalismo, tanto Molina como Dutto, al igual que los gobernadores, tienen lo suyo para tratar de salvar al proyecto libertario cosplay.
