A sacar la basura
La Voz del Interior instaló una cobertura contra los cartoneros. Ocurre en un contexto donde la motosierra de Milei generó escasez de fondos, incluso para financiar a medios. Mientras se acusa a los pobres de ser personas con “dinero y poder”, no se menciona el ascenso de un camarista federal también ligado a la basura, pero también al lavado de dinero y a conexiones con el PJ, la UCR y La Libertad Avanza.
Por Lea Ross
La economía de hoy solo está siendo empujado por las exportaciones de materia prima (agro, minerales y energía). El resto está en caída: consumo interno (por los salarios bajos y la poca generación de empleo), crédito e inversión (no hay garantía que mejore la economía real y conviene más apostar por los dólares). Ante ese panorama, se agudiza un contexto donde las gestiones públicas agravan más las tensiones entre clases sociales como un modo de regular la escasez de billetes, como así también generar cierta táctica electoralista.
En Córdoba, por ejemplo, en los últimos días, el diario cordobés La Voz del Interior publicó una serie de artículos, todas con la firma de la periodista Laura González, donde señala que el presidente del Ente de Servicios y Obras Públicas de la Municipalidad de Córdoba (Coys) denunció penalmente a 18 de las 21 cooperativas de recicladoras por presunta defraudación.
El Coys se encarga de que cada cooperativa contratada reciba fondos para la beca a sus socios y de saldarles los gastos administrativos. Además, las personas recicladoras cuentan con la tarjeta Activa, para gastos en comercios adheridos y depositado en la cuenta de cada beneficiario. Santiago Pinsiroli, quien preside ese ente desde mayo del año pasado, habría detectado que varios socios cobraban menos de lo que correspondía y otros que cobraban sin trabajar. Para él, existió una “presunta matriz de delincuencia organizada orientada al apoderamiento sistemático de caudales”. Su presentación de más de 300 páginas habría caído en la fiscalía de delitos complejos a cargo de Enrique Gaiver, pero que luego se remitió a la de delitos económicos o “anti-corrupción” del fiscal Matías Bornancini. En los titulares de La Voz, se señala la sospecha de una asociación ilícita conformada por personas con poder y dinero.
Las cooperativas comenzaron a organizarse como tal desde hace una década y media aproximadamente, cuando recogían cartones mediante el arrastre de carros a tracción a sangre. Casi todos viven en barrios humildes y todavía realizan capacitaciones de alfabetización. Algunos de ellos, están congregados en la Federación de Trabajadores del Ambiente en Córdoba. Desde un comunicado sostuvieron que la denuncia está “plagada de falsedades y que difunde información sesgada, inexacta y malintencionada”. Reconocen que las irregularidades existen, pero que se trata de “una consecuencia directa de la impericia del propio Estado en la implementación de sus políticas. La tarjeta Alimentar fue una imposición unilateral de la gestión con el único fin de otorgar un aumento salarial de los trabajadores sin afrontar costos administrativos”.
Las cooperativas aseveran que lo habían advertido “de manera unánime” antes del lanzamiento, ya que “un plástico bancarizado era un instrumento totalmente rígido e inviable para un programa socio-laboral que, por su naturaleza, es absolutamente dinámico”.
Con lo cual, las “deserciones, altas y bajas de trabajadores chocaron contra la lentitud de los tiempos bancarios y estatales. Esto generó un desborde del sistema donde, por pura ineficiencia del CoyS, algunas personas ya no prestaban servicio seguían percibiendo el saldo, mientras que los nuevos trabajadores que sí cumplían tareas quedaban desamparadas”.
Finalmente: aseveran que Pinsiroli tendría intereses con el gremio de recolectores del SURRBAC, para reemplazar los puestos vacantes, y así perpetuar “un sistema ambientalmente desastroso, económicamente concentrado y socialmente excluyente”.
Circularidad de lo propio
Según la periodista Laura González, la “denuncia viene a pegar de lleno a un caballito de batalla que tanto Martín Llaryora como [Daniel] Passerini hicieron en torno a la economía circular, que integra asociaciones de la llamada ‘economía popular’ que, a la luz de estos hechos denunciados, tendrían las mismas prácticas que las agrupaciones sociales denunciadas a nivel nacional por extorsión y defraudación a sus afiliados”. Es decir: no solo hace un paralelismo sobre las presentaciones judiciales que realizó el Ministerio de Capital Humano de la Nación contra la situación de algunos comedores, sino que incluso la pata “popular” de la economía circular habría manchado el emprendedurismo bienintencionado de la circularidad de los propios.
González es una comunciadora que ocupa los principales medios de Clarín en Córdoba: La Voz, Radio Mitre y Canal 12. Según un procesamiento de datos que realiza su humilde servidor, en lo que va del año 2026, esos medios recibieron pauta oficial por parte del estado provincial de, hasta el momento, $1.047 millones, $283 millones y $2.630 millones respectivamente. El pago salarial de la colega provendría principalmente de esos ingresos, además de la pauta municipal capitalina. Ella también ganó otros honorarios por ser moderadora de las charlas anuales de la Cumbre de Economía Circular, una actividad anual impulsada por Llaryora cuando era intendente de la capital. En ese entonces, se presentaban a funcionarios provinciales y capitalinos para que hablaran sobre las bondades de sus gestiones ecológicas.
Desde este portal, se han hecho coberturas críticas a aquellas cumbres que firmaban contratos con González y La Voz del Interior. Eso se debía a que la narrativa estatal quedaba subsumida a los intereses empresariales, sobretodo aquellas involucradas en casos de contaminación como Coca Cola. El foco estaba puesto en el “consumidor responsable”. Al aplicar la responsabilidad al ciudadano individual sobre los desechos que genera, se esquiva la computación del pasivo ambiental a los balances financieros. La retroalimentación del capital se mantiene evitando no solo el costo del residuo, sino también de la aplicación de una estrategia de marketing, intentando bloquear la noticia que la mencionada empresa de gasesosas es la mayor responsable del vertido de plásticos en los oceános.
La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, y la escasez de recursos que generó la motosierra, implicó que el municipio capitalino no pudiera seguir sosteniendo la cumbre mundial, y mucho menos seguir pagando a medios y periodistas. Eso quedó sellado en mayo de 2025, cuando el intendente Passerini aplicó un duro ajuste en su gabinete, donde el área de ambiente fue una de las más perjudicadas. Eso implicó el ascenso del desconocido Piscolini.
Sobre el presidente denunciador del Coys, se sabe muy poco. Según el periodista Juan Bernaus para Perfil, Pinsiroli sería yerno de uno de los dueños del Hotel Windsor, ubicada en la zona céntrica capitalina. Además, el funcionario debe pagarle demás a su pequeño equipo que le maneja sus redes sociales, no solo porque cometen la torpeza de subir videos con vehemencia por día, algo no recomendado si se quiere impactar en los algoritmos. Sino porque además se apuraron en exponer su sueño húmedo lixiviado de ser presidente de la Nación.
Pinsiroli Presidente 2030 y pico.
Desde la Municipalidad, se hacen los desentidos sobre la denuncia de Pinsiroli, quienes aseveran que se cortó solo. Como publicidad, le resulta conveniente para tener exposición mediática. Pero también es oportuno para los intereses electorales tanto de Provincia como de Capital.
Llaryora agudizó su confrontación con los empleados municipales, iniciado por un resentimiento de tareas por parte de los inspectores de tránsito, para intervenir la ciudad mediante el personal de la Policía ante la llegada del Papa a la Argentina. Esto le permitió publicitar el lema “El orden no se negocia”, un concepto belicoso muy reciclado en gestiones que prometen mano dura. A nivel local, Passerini tildó de “delincuentes” a las mujeres y diversidades que realizaron graffitis en las paredes durante el Encuentro Plurinacional. A medida que se acercan las elecciones locales, aunque sin fecha a confirmar, buscar chivos expiatorios es lo más barato que hay para manejar la escasez.
Amontonar las bolsas
A mediados de este año, el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, confirmó el procesamiento penal contra un enigmático empresario llamado Federico Máscolo, quien porta una de las causas de lavado de dinero más interesantes del fuero federal cordobés. Por la investigación de la fiscalía de instrucción, a cargo de Enrique Senestrari, se le encontró a Máscolo un frondoso patrimonio plagado de casas en countries, autos de lujo y edificios en Miami. Todo a tracción a sangre.
Es amigo personal de Ramón Mestre, único intendente reelecto en la ciudad de Córdoba y dirigente de la Unión Cívica Radical, aunque hace una década atrás, el procesado manejaba firmas que hacía refacciones en los colegios del departamento San Justo, donde es oriundo el actual gobernador Martín Llaryora.
En los registros empresariales del estado de Florida, se detectó una gran cantidad de empresas a nombre de Máscolo. Una de ellas, creada en 2017, se llama Berfransan 402 LLC, cuyo directorio ingresó al año siguiente su cuñado: Juan Cruz Ferrero. En 2019, nace la firma local ARG Clean, dedicada a la limpieza y recolección de residuos, y dirigida por el propio Ferrero. Esta sociedad anónima simplificada (SAS) trató de transformarse en sociedad anónima (SA) en 2023, pero la Inspección de Personas Jurídicas rechazó su balance por inconsistencias contables. Ese frustrado intento fue diligenciado por sus dos síndicos titulares: Facundo Cortés Olmedo, militante radical y ex-secretario de Gobierno de Mestre, y Romina Stempels, esposa de Marcos Cignetti, ex-vocal del ente COyS, durante la gestión capitalina del peronista Llaryora. Y el síndico suplente fue Enrique Medeot. La investigación judicial no obtuvo pruebas contra Cortés Olmedo o Stempels, pero sí con Medeot.
La familia de la esposa de Máscolo, de apellido Avendaño, manejan la constructora Raven Construcciones SA. Los archivos de la Junta Electoral, establecen que en 2015, Raven SA fue aportante de la campaña de Unión Por Córdoba. Esto es porque tienen amistad con Horacio Busso, primo hermano de Sergio Busso, eterno ministro de agricultura provincial, ahora de Bioagroindustria.
Horacio Busso, quien además fue presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, se quedó con la concesión de la recolección de la basura en la mitad de la ciudad de Córdoba, gracias a la gestión tercerizada de Mestre, entregando la flota de la estatal Crese a su firma Cotreco, que hoy se llama Urbacor, y que es uno de los clientes de ARG Clean. Busso tiene un expediente judidical en su contra, también en el fuero federal, por lavado de dinero. El fiscal Senestrari sostiene que puede haber alguna conexión con ambas causas, debido al hallazgo de documentación secuestrada, donde se encontró una “hoja con anotaciones manuscritas” por parte de Máscolo, donde se menciona a esta empresa. Para el juez Sánchez Freytes, “las maniobras investigadas presentan las características propias de la criminalidad económica compleja, en las cuales el ocultamiento deliberado de operaciones torna excepcional la existencia de prueba directa”.
El expediente como antecedente el caso Lázaro Báez, aunque no se ha probado que Máscolo trabajaba como testaferro. Mucho menos de parte de quién: si de algún peronista o algún radical. Por lo pronto, la cuestión de Cotreco puede abrir una puerta sobre la magnitud de fondos que se manejan en los negocios de la política, y que no logran ser alcanzados por aquellos que creen que los pobres son los responsables de esta crisis.
Hoy, Facundo Cortés Olmedo ha asumido como juez de la Cámara Federal de Apelaciones. Ocurrió luego de varios años en que quedaban vacante dos puestos en las dos salas de los tribunales. Para colmo, ocurre en el peor contexto para la justicia federal local, debido a las investigaciones contra dos de sus miembros: Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Ambos, que encima se confirmó que mantienen una relación amorosa, habían aprovechado las subrogaciones para que ambos participen de las mismas causas para sentenciar a favor de poderosos empresarios a cambio de vaya uno a saber qué. Hablamos de empresas como Bunge, Porta Hnos. y Astori. Como para mencionar otra basurita metida en el montón, Cortés Olmedo, el socio de Máscolo en Miami y de los negocios de la basura, es también primo hermano de otro funcionario público: el diputado nacional Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, quien derrotó a Juan Schiaretti en las elecciones del año pasado. Ojo con amontonar las bolsas en la vereda.
