El dilema de la seguridad de los de abajo

En una semana donde los grandes medios discutían nuevamente acerca “la seguridad” una ola de allanamientos, desalojos y protestas por gatillo fácil volvía a dejar en las organizaciones sociales la inquietud de la violencia como patrimonio del estado más allá de su color político.




Por Tomás Astelarra


“Si un pobre roba algo hay que matarlo a tiros. Si un rico hace una estafa millonaria al estado y fuga el dinero al exterior organizan una marcha para defenderlo. El problema no es robar. El problema es ser pobre”

-Pintada popular por redes sociales.


Mientras los medios hegemónicos discutían acerca de la validez o no de que un jubilado asesine a un ladrón o las supuestas rencillas entre la ministra de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la agenda de los medios y organizaciones populares pasaba por otro lado.


Bajo el lema “Ser joven no es delito”, distintas organizaciones populares del país se manifestaron para visibilizar la represión policial en tiempos de pandemia. En especial, la desaparición de Facundo Castro (22 años) en el sur de la provincia de Buenos Aires, o el asesinato de Facundo Scalzo (20 años) por la gendarmería en el Bajo Flores y Lucas Verón (18 años) por la policía en La Matanza. Según la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), al menos 71 asesinatos estatales se han producido en los últimos 4 meses, a pesar de la disminución en los índices de robos producto de la cuarentena. La organización aclaró además que, a los usuales problemas para recopilar la información que hacen que este índice este subestimado, se sumaron las dificultades para reunirse con las familias víctimas del abuso policial o acceder a los tribunales para ver las causas.


Por otra parte, Correpi advirtió que durante la reunión entre Frederic y Berni se anunció la creación de un “Comando Unificado para coordinar y organizar las tareas de las fuerzas de seguridad federales en el territorio provincial”. “Los comandos unificados de fuerzas federales y locales nunca han sido buena noticia para el pueblo trabajador, y siempre han tenido como objetivo directo la militarización de los barrios y la represión al conflicto y la protesta social”, aclara la organización.


“Las medidas de cuidado frente a la emergencia sanitaria no pueden ser la excusa para justificar el aumento de la violencia y la represión de las fuerzas de seguridad sobre los pibes y las pibas de los barrios. Lxs jóvenes de los movimientos populares, en unidad, rechazamos en las calles y en las urnas a la doctrina Chocobar como política de Estado, porque creemos que ser joven en este país no puede ser sinónimo de delito. La pandemia, que desnudó las deudas estructurales con los barrios populares, nos encuentra, en cada comunidad y en cada territorio de nuestra patria, en la primera línea cuidándonos entre todxs con solidaridad y organización. En tiempos de crisis sanitaria, social y económica, somos las pibas y los pibes de las barriadas quienes damos una muestra enorme de compromiso frente a las necesidades y las urgencias que se multiplican. La violencia, el gatillo fácil y la desaparición forzada también son sótanos de nuestra democracia. Construimos todos los días un país donde ser pibx no sea una condena, y vamos a continuar dando pelea en los barrios para lograrlo”, dice el comunicado de la marcha.


Desalojos masivos


“Tierra, Techo y Trabajo”, es el reclamo de las organizaciones sociales. En tiempos donde el frágil derecho al trabajo se ha puesto más en crisis que nunca, la posibilidad de una tierra y por ende un techo está cada vez más lejana.


La semana pasada, en un operativo policial sin orden judicial, a pesar del decreto que prohíbe los desalojos y en el pico de la pandemia, se desalojó a 36 familias en el barrio Los Eucaliptus, Quilmes. En paralelo, trabajadores de la economía popular (varios de ellos senegaleses) fueron violentados en la vía pública y desalojados de sus lugares de venta. “Producto de la crisis que atraviesa el mundo por el COVID 19, y las restricciones que vive la Argentina por la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que el Estado ha dictaminado como medida de salud pública que permita un autocuidado colectivo, muchas familias laburantes ven su situación aún más agravada, teniendo en cuenta que la pandemia comenzó casi en simultáneo con la gestión del nuevo gobierno, tras cuatro años de políticas neoliberales que asolaron nuestro país. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) del distrito denunciamos ambas situaciones de represión, y solicitamos al gobierno local que tome cartas en el asunto en función de los intereses de las y los más necesitados”, dice el comunicado del Instituto Generosa Frattasi de Políticas Públicas para la Inclusión Social, de



esta misma localidad. “Se impone la necesidad de recordar que no hay horizonte de justicia social que pueda ser alcanzado sin acuerdos que contemplen la compleja situación que atraviesa el país, y dentro de él, quienes más padecen necesidades. Es tiempo de solidaridad, no de violencias que profundicen las injusticias”, agrega.


En Guernica, los supuestos dueños de un predio en recuperación atacaron a las 300 familias que ahí estaban construyendo su futuro. “Apareció uno de los que decía que era dueño. Son porciones de campo que los dueños originarles mueren, pero arman los papeles y se los quieren quitar. Cuando estaban armando los lugares aparecieron a caballo a los tiros y a una chica cuatro veces la pasaron por arriba, a otra señora la marcaron en la cara. Ahí se unieron todos los vecinos y los empezaron a correr. Ahí vino el municipio y autorizó a que se armaran los lugares. Ahí están a pesar de la lluvia. Hay muchas parejitas de pibes jóvenes de distintas comunidades que no tienen donde vivir. Tratan de acceder a un pedazo de tierra, como dice la Constitución. Pero acá está visto que hay que ganárselo con la lucha. Nadie le da nada a los excluidos del sistema. Son compañeros que se organizan en las barriadas populares, hacen ollas, merenderos, son solidarios con los demás. Son, como le dice el común de la gente: los choriplaneros. Pero no tienen idea el trabajo que hacen en los barrios donde los intendentes no puedan dar soluciones”, cuenta a Resumen Latinoamericano Omar, militante de la OLP-Resistir y Luchar.


En Colonia de Santa Rosa, Orán, Salta, la policía reprimió a mujeres y niñes de la comunidad Guaraní Cheru Tumpa. Dejaron a dieciocho personas heridas, entre elles seis niñes, y detuvieron a Yamila Veleizán, referente de la comunidad, luego de arrastrarla y golpearla brutalmente. También intentaron detener al cacique Raúl Ceballos. “Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, entendemos que en Argentina se está llevando adelante una guerra de bajá intensidad contra los pueblos indígenas, con el objetivo de exterminarnos y permitir el emplazamiento de empresas extractivistas. No lo permitiremos”, afirma el comunicado.


En Córdoba, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) denunció el intento de desalojo de más de 100 familias en Bajada San José, mientras que en el Barrio Cabildo Anexo (tras el predio de Medea) también fueron atacadas las 60 familias que hace un año y medio vienen generando su lugar de viviendo allí. También se denunciaron amenazas por parte de la Comisaría 18. “Somos un grupo de mujeres que estamos la mayoría en situación de calle. Estamos viviendo en medio del campo con unas casillas con niños adentro. Estamos esperando una solución del estado, nadie nos da una respuesta de nada. Somos mujeres solteras, no tenemos marido, no tenemos trabajo, nos han avalado del Polo de la Mujer y hoy apareció el supuesto dueño. Nos quieren desalojar con una topadora, no les interesan los niños y nos están amenazando con que nos van a desalojar a todas y que a nuestros niños se van a llevar al Senaf. Yo creo que esto es poco humano. Necesitamos por favor que nos den una respuesta. Estamos desesperadas, no queremos molestar a nadie. Solamente queremos una situación digna para los chicos. Estamos viviendo una situación re fea con esto de la pandemia, hemos perdido nuestro trabajo con el tema del colectivo y esta gente quiere venir a sacarnos de este pedacito de tierra. Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno de una respuesta”, le contó a La Luna con Gatillo Victoria, parte del barrio en construcción (y ahora en peligro).


Ni vagos, ni planeros, ni chorros. Tenemos propuestas.


Como si el horno estuviera para bollos, la semana pasada también las familias de Trabajadoras Unidas por la Tierra (Traud) en Los Molinos (Córdoba), recibió la desagradable visita de un desproporcionado megaoperativo policial en busca de unos chanchos robados.


“Fue tremendo. Fue totalmente desproporcionado con los supuestos objetivos del allanamiento. Nosotros lo leemos claramente como un ataque a la organización y este proyecto que tenemos. En la orden de allanamiento decían que estaban buscando seis chanchos robados. Obviamente dio negativo porque somos trabajadoras y no delincuentes. Sesenta policías rastrillando el campo con los medios locales tratando de describirnos como delincuentes. A comienzos de la cuarentena a nosotras nos robaron un ternero del predio y la policía no hizo absolutamente nada, a pesar de que hicimos la denuncia. Cuando para nosotras que somos familias trabajadores de la economía popular es un daño enorme. Ahora por unos chanchos que le faltaron no se quien sufrimos un nivel intimidatorio enorme durante todo el operativo que era para tres o cuatro efectivos y no sesenta. Se llevaron unos cueros de vaca de unos de los compañeros y colgaron las fotos en los medios locales queriendo construir un mensaje de odio. Es curioso recibir un ataque de este tipo con todo el trabajo enorme que estamos haciendo. Ahora nos tocara un poco hacer la lectura y seguir construyendo como construimos todos los días. Mientras ellos destruyen nosotras no paramos de construir, ni de cuidar la vida, ni de generar soberanía alimentaria y trabajo digno”, relata Mercedes Ferrero, parte de Traud, a Radio Curva.


El Refugio Libertad es un predio recuperado donde funcionó un centro clandestino de detención. Allí, más de 50 familias llevan adelante sobre las ruinas de este proyecto de muerte iniciativas de agricultura familiar, crías de animales, actividades de formación y cultura y un Centro de la Memoria. También son parte de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR) que junto a otras organizaciones del país viene desarrollando el plan Tierra Nueva Patria Nueva, que el dirigente Juan Grabois presentó al gobierno dentro del llamado Plan San Martín, para proveer trabajo, tierra, vivienda para los sectores populares del país bajo un esquema de producción de alimentos sanos.


Habría que preguntarse si estas fuerzas de seguridad tan avocadas en criminalizar, desalojar y hasta asesinar al sector de la población más aquejada por la crisis económica (que no es solo a raíz de la pandemia sino también de décadas de gobiernos neoliberales de distinta índole) tendrán la misma vocación para impedir el atropello a las garantías sanitarias de las grandes empresas o el continuo desmonte ilegal. Sabemos que sería difícil que combatan el narcotráfico o la trata de personas, siendo que ya es comprobado que son parte del negocio. Faltaría también ver si este gobierno, que es tan dubitativo en investigar la defraudación financiera en la deuda externa o el caso Vicentín (o llevar adelante un impuesto a las grandes fortunas o una renta básica universal), realmente tiene vocación de proteger a los más débiles en tiempos de crisis (tal cual es su discurso).


Mientras estas iniciativas se aletargan, raudamente se aprueban grandes negociados como la implementación de las vacuna contra el Covid por un laboratorio propiedad de uno de los fondos de inversión cómplice del endeudamiento fraudulento, o un plan de tecnificación de la agricultura a gran escala con uno de esos multimillonarios (también entrometido en la industria farmacéutica), que gana por día lo que los países pobres van perdiendo de PBI por mes. La semana pasada, las organizaciones sociales también denunciaron la firma de un gran negociado con el nuevo imperio del mundo para producir carne de chanchos en condiciones certificadamente responsables de las nuevas pandemias sanitarias capitalistas.


Toda esa tierra que necesitan para criar todos esos chanchos en feedlots, ¿no es la misma que necesitamos las familias campesinas para nuestro plan de Techo, Tierra y Trabajo, alimento sano, salud comunitaria, economía del cuidado, protección de la Madre Tierra, un futuro para nuestres niñes? ¿Es posible que el trabajo de todas estas doñas, recicladores, militantes, huerteros, trabajadoras de la economía popular que hace años vienen sosteniendo las ollas y opciones de vida frente al capitalismo de muerte pueda superar, aún con las migajas de los gobiernos de turno, la impresionante crisis que han generado las ganancias del 1% de la población y una legión de obsecuentes esclavos?


Habrá que juntarse a charlarlo. Porque estas cuestiones tampoco aparecen en los grandes medios de comunicación.