Misión Bolivia

December 2, 2019

 

Distintas organizaciones sociales de Argentina se acercaron a La Paz para escuchar y sentir las denuncias de las familias víctimas de la represión tras el golpe de estado. Gracias a su trabajo, y pese a las amenazas del actual gobierno, se pudieron comprobar los numerosos abusos contra la población.

 

Si hay algo que algunes estamos comenzando a comprender en estos tiempos de hidra capitalista es que los gobiernos, los organismos internacionales, y sobre todo, las fuerzas del orden público y sus servicios de seguridad y justicia, no están al del lado de las pueblas, sino casi todo lo contrario. Ante el desamparo (cuando no represión) de los estados, empresas e incluso buena parte de la sociedad, las organizaciones sociales han tomado en sus manos tareas tan vitales como la salud, la educación, el trabajo, el alimento, la justicia y la defensa de los derechos humanos y ambientales. Frente a la grave situación en Bolivia, los teléfonos empezaron a sonar, se organizaron comités de prensa, apoyo logístico, colectas para pagar los viáticos, rolaron contactos y poco a poco se fue conformando la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano. Cuarenta argentinas y argentinos de Buenos Aires, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús, Rosario, Córdoba y Mendoza, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Frente Patria Grande, Xumek (Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos), la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), Ciudad Futura, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal, la Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) o el Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otras organizaciones.

 

“Las dos delegaciones anteriores, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los parlamentarios del Parlasur, fueron de cinco integrantes y estuvieron muy poquito con los familiares de las víctimas. Apenas 3 minutos con cada uno. Entonces dijimos: acá hay que ir con más tiempo y reunir un grupo grande de personas, poner el oído, el cuerpo, decirles que no están solas, que todo lo que está pasando es una injusticia y una violación de los derechos humanos. A mí, por lo menos, cuando fue la marcha en Plaza de Mayo en apoyo a Bolivia, me entró la conciencia que estábamos de nuevo ante un golpe de estado en América Latina y que eso era muy grave. Por eso se decidió convocar este grupo que está integrado por varios organismos y organizaciones sociales y más de 15 abogados especializados en derechos humanos”, cuenta Pablo Pimental de la APDH.

 

El recibimiento de la delegación en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz comenzó a demostrar la animosidad del gobierno de Jeanine Añez con esta misión de derechos humanos de los movimientos sociales. Ni bien bajaron del avión, la policía separó a un grupo de la comitiva del resto de los pasajeros. Llamaron por lista a un grupo de 14 compañeros y compañeras para llevarlos a una sala donde le tomaron los datos y los interrogaron oficiales de la Interpol. Entre otres Juan Grabois, Pablo Pimentel, Marianela Navarro, Pablo Garciarena, Pablo Pimentel, Gabi Carpineti, Vicky Freire, Natalia Zaracho, Federico Fagioli y Cristina Vera Livitsanos fueron separados de la delegación y sometidos a una indagatoria exhaustiva en un contexto de mucho hostigamiento. Toda la delegación esperó horas hasta poder continuar con su viaje. Luego fueron increpados por un grupo de fanáticos pro golpistas que de insultarlos pasaron a intentos de agresión justo momentos antes de que finalmente el avión continuara su rumbo a La Paz. Las alusiones específicas de los atacantes (por ejemplo al trabajo de Grabois con los cartoneros), el aislamiento de la comisión del resto de los pasajeros o la inacción de la policía, fueron claras muestras de que la situación no era espontánea. El video filmado por uno de los agresores comenzó rápidamente a circular por las redes y a ser incentivada, a través del uso de trolls, la animosidad de la opinión pública boliviana. 

 

La campaña de difamación hablaba de la vinculación de la comitiva con el MAS del Evo Morales, de la injusta intromisión de los argentinos en asuntos nacionales (con una foto del Che muerto en Vallegrande circulando con la leyenda: “esto fue lo que le pasó al último argentino que se metió en los asuntos bolivianos”), de supuestos hoteles de lujo y onerosos gastos y del carácter de “comunistas” de la delegación. El momento de mayor tensión se dio cuando el ministro de gobierno Arturo Murillo declaró en la televisión: “Estos extranjeros que están llegando al país como mansas palomitas tratando de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con la policía”.

 

 

Cara a cara con las víctimas

 

Tras la intervención de la embajada Argentina en Bolivia la comisión pudo llegar a El Alto. Al otro día, en la Iglesia San Francisco de Asís, se recibieron a una centena de víctimas de la represión que pudieron dar su testimonio. Se establecieron registros de detenidos en unidades judiciales y en cárceles, de heridos y familiares de heridos (tanto hospitalizados como heridos que están en sus casas porque porque son rechazados por el sistema de salud), de familiares de asesinados o desaparecidos y de mujeres que por su condición de mujeres y campesinas e indígenas han sufrido violaciones contra su integridad sexual, amenazas o amedrentamientos. Por seguridad se trabajó en grupo y en una visita a La Paz, parte de la comisión volvió a ser agredida por fanáticos pro golpistas.

 

“Los resultados de la primera parte de la jornada han sido desgarradores. Saldrá un comunicado oficial de lo que nos han relatado hoy las víctimas. Al menos doce muertos por la acción directa del ejército en Senkata. No tenemos datos oficiales pero pueden ser más. Se saben de violaciones gravísimas a los derechos humanos, la integridad sexual de las mujeres, niños, niñas, cuerpos mutilados, desaparecidos, personas detenidas en la vía pública, sobre todo de sectores humildes de La Paz, con causas armadas, con pruebas plantadas por las fuerzas de seguridad... La mayoría de los entrevistados han pedido resguardar de su identidad, ya que se ha comprobado que continúan las persecuciones y las violaciones sistemáticas del debido proceso. Los organismos de defensa no están pudiendo actuar y los abogados particulares de El Alto están siendo amenazados para no defender a los damnificados, prolongando de manera indefinida su detención”, relató Martín Hissa, abogado y uno de los seis compañeres cordobeses que participaron de la comisión. Por su parte Marianela Pini Navarro, del FOL, contó: “Hemos arribado a la localidad de Senkata, epicentro de la masacre, donde hemos recibido testimonios desgarradores de todas las calamidades y el tremendo dolor que hoy sufre el pueblo de Bolivia como consecuencia de la instauración de esta dictadura militar. Las familias han denunciado situaciones de asesinatos por parte de la policía boliviana, de las fuerzas militares, además de numerosos casos de desaparición forzada, denuncia de torturas en los lugares de detención, ademas de numerosos casos de violaciones sobre mujeres, niñas y niños. Hay muchísimos casos que se necesitan visibilizar, que necesitan ser denunciados ante la comunidad internacional y que el pueblo latinoamericano acompañe para que estas familias no queden en el desamparo. Es urgente que se restituyan los derechos democráticos en este país. Hay una situación muy terrible, personas sin ningún tipo de atención médica, porque salen de los hospitales directamente con causas armadas por el estado bajo la caratula de terrorismo y sedición. Hay una situación de persecución política hacia toda la dirigencia social, sindical y política, simplemente por su opción ideológica. Pedimos la más amplia difusión internacional para rodear de toda la solidaridad y el amor de la militancia a este pueblo que hoy sufre”. “Es desgarrador hay agujeros de balas en muchos lugares, esta todo militarizado. Lo que se está viviendo en Bolivia es un golpe de estado. Nosotros intentamos por todos lados que se visibilice lo que está pasando el pueblo boliviano. Estamos haciendo lo que podemos. Ha habido una campaña muy sucia para desprestigiar a la comisión. Se dijo que estábamos en un hotel cinco estrellas cuando estamos en un hotel de El Alto, con agua fría y compartiendo cuartos. Estamos protegidos y abrazados por la gente que acá resiste y que mantiene la whipala en las puerta de sus casa”, relata Daniel Catalano de ATE. Por su parte Juan Monteverde de Ciudad Futura comenta: “Estamos acá en un barrio popular de El Alto. Nos recibieron con aplausos, con abrazos, este es el objetivo de la misión. Lo que no hacen los gobiernos, lo hacemos los pueblos y los movimientos sociales. Yo tengo 34 años y pensé que nunca iba a ver esa imagen de los militares sacando a los gobiernos elegidos por la gente. Pensaba que la democracia era un piso. Pero parece que no. Por eso la comisión es muy variada. Si el presidente de nuestro país no reconoce el golpe y no apoya al pueblo boliviano, iremos nosotros. Somos tres representantes de Rosario, que representamos a todas las rosarinas y rosarinos que veníamos viendo angustiados esto por las redes sociales, para que puedan sentir que estamos haciendo algo. La verdad se te parte el alma de escuchar las declaraciones. Son cosas que nuestra generación vio en blanco y negro, verlo en vivo es muy fuerte”. Agrega Pimentel: “De alguna manera con la cantidad de gente que somos pudimos hacer un trabajo exhaustivo para que llegue a todos los organismos internacionales todas estas denuncias, el pedido de justicia de todo lo que ha pasado, y pueda surgir una condena para que dejen de servir al imperialismo y el gobierno norteamericano y empiecen a castigar a los golpistas. Y sobre todo, que esta gente se sienta acompañada y escuchada, que todos los militantes latinoamericanos digamos: nunca más un golpe de estado en esta parte del mundo”.

 

 

Nuevos tiempos

 

La misión de solidaridad con el pueblo Boliviano se da en el marco de una Sudámerica convulsionada por las protestas sociales en Colombia, Ecuador y Chile, la terca persistencia del gobierno bolivariano en Venezuela (a quien luego del desenvolvimiento de las fuerzas armadas en estos países pocos pueden tildar ahora de dictadura), el avance democrático de la derecha en Uruguay, y la pronta asunción de les Fernández en Argentina. Bolivia como enclave estratégico en recursos naturales (en particular el litio) y dentro del corredor bioceánico para la exportación de estos recursos a Estados Unidos y China. Y también la figura de Evo Morales y su economía en franco crecimiento como mal ejemplo del último bastión de los gobiernos progresistas en América Latina, amén de una importante figura en los foros internacionales. La derecha al mando del golpe de estado ha mostrado el resurgir de lo más rancio de la política en Bolivia, apoyada por un turbio entramado de conspiraciones internacionales con la utilización de las redes sociales para impulsar y fomentar todo tipo de odios raciales (y de otro tipo) a través de fake news o trolls. Desde hace rato que en la embajada de Estados Unidos en Bolivia se habla de “balcanización” del territorio, o como algunes dicen el Plan Bo-Libia. La expulsión de periodistas internacionales, o incluso la falsa sindicación del asesinado reportero argentino Facundo Morales Schoenfeld como miembro de las FARC, han dejado el monopolio de la información en manos de los medios cómplices del poder. Por su parte, las propias contradicciones del gobierno del MAS en su devenir desarrollista y verticalista, con la consecuente ruptura con diversos movimientos sociales, ha dejado una sociedad fragmentada y poco capaz de reaccionar frente al avance de la derecha. Amen del monopolio de la fuerza en manos del ejército o la policía. Quizás por eso se halla legado a un acuerdo parlamentario para llamar a elecciones mientras los dirigentes del partido de Evo Morales son perseguidos y el pueblo muere en las calles tratando de reivindicar todo el acumulado histórico en la lucha por sus derechos. El destino es incierto y las muertes constantes, como en muchos otros territorios de América Latina.

 

Mientras se elabora un detallado informe, la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano ha hecho público un comunicado donde aclara que “la delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles”, mientras asegura que: “tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

 

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

 

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

 

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.

 

Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

 

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

 

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad”. A vez constata la serie de violaciones de los derechos humanos registrados durante su trabajo en La Paz (masacres perpetradas contra población civil; desaparición forzada de personas; torturas, violaciones y delitos sexuales; ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares; persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales; confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa; represión de manifestaciones públicas; restricción manifiesta de la libertad de prensa; promoción del racismo y los discursos de odio; negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción, inacción y encubrimiento del poder judicial y hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales)

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