Destejer la Justicia

January 9, 2018

Por Marisa Emilia*

 

Una persona cada 25 horas muere asesinada por las fuerzas de seguridad. La policía dispara, los medios hegemónicos distorsionan la información y acezan el odio y el Poder Judicial garantiza impunidad. ¿Queremos justicia? Queremos que justicia signifique respeto por la vida y la libertad. 

 

 El Informe de la Situación Represiva Nacional 2016, elaborado por la Coordinadora Nacional Contra la Represión Institucional (CORREPI) concluye que cada 25 horas muere una persona asesinada por las fuerzas de seguridad. Entre las causas catalogadas por CORREPI, los mayores porcentajes corresponden a casos de gatillo fácil: fusilamientos en la vía pública (46% del total); y muertes en lugares de encierro: cárceles y comisarías (39%).

Algunos casos logran trascendencia, son denunciados y los familiares y amigos de las víctimas acompañados por organizaciones sociales exigen justicia. Suele decirse que queremos justicia, no venganza. ¿Queremos justicia?

 

No queremos justicia

 

El martes 27 de Junio de 2017 los jueces María Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani decidieron absolver al policía Santiago Veyga, responsable de la muerte de Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años, y Ezequiel Blanco, de 25, ocurridas el 8 de julio de 2009. 

Kiki recibió un disparo en la cabeza, Ezequiel, dos. Fueron enterrados como NN y sus familias recién supieron de su paradero dos meses después. Santiago Veyga fue sobreseído por el juez Facundo Cubas; en 2011 se dejó sin efecto esta decisión para que el policía sea procesado por homicidio. Siete años después, en un fallo tan absurdo como el proceso judicial del que fue resultado, el Tribunal Oral Criminal Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió al homicida.

En ocasión de una de las audiencias, la jueza libró un oficio para impedir la realización de una manifestación en acompañamiento a la familia por considerarlas “actos antidemocráticos y no propios del Estado de Derecho”. Durante todo el proceso judicial los familiares fueron sistemáticamente maltratados y se impidió el libre acceso y registro de la prensa.

A pesar de haber sido descartada la versión de un enfrentamiento, el tribunal optó inclinarse por el planteo de legítima defensa. Incluso desconociendo la brutal evidencia de un video filmado por los victimarios en el que Kiki es insultado y vejado ya al borde de la muerte.

El caso de Kiki y Ezequiel es un caso paradigmático que ilustra con exactitud lo que ocurre en la mayoría de los desenlaces de la larga marcha que se inicia cuando una bala abandona la recámara del arma del policía que dispara: maltratos, silencio e impunidad.

De la casa a Tribunales y de Tribunales a la casa.

La justicia burguesa dispone de herramientas y procesos que sujetan (en el sentido más opresivo y arbitrario del término) el tiempo y la movilidad. Quince años esperó la familia de David Moreno, el niño asesinado por la policía en Córdoba en 2001, el inicio de un juicio oral y público. Un mes y quince días tardó en llegar el pedido de sobreseimiento de la  fiscal Lliliana Sánchez para la policía Gisella Caro, responsable de la muerte de un joven en la ciudad de Córdoba. ¿Justicia?

Presentar documentos, recorrer los pasillos, esperar una respuesta. El dolor, la bronca y la impotencia acallados. Por eso una vez al año el afecto toma las calles y la adrenalina contenida por los ritmos burocráticos se libera para decir ¡Basta de gatillo fácil! La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil tendrá lugar este año el 28 de agosto en varias ciudades del país.

 

Nuestros sueños, sus pesadillas

 

Dice CORREPI en el Informe 2016:

“Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático.”

Pensar que los casos que el Poder Judicial ha atendido fue resultado de la reacción popular y la movilización en las calles nos compromete a resignificar y recuperar una idea de justicia como construcción colectiva y como herramienta popular.

Urge asumir la responsabilidad de desarticular la jerarquía otorgada al Poder Judicial y empezar a ensayar mecanismos que desenmascaren el entramado que se teje para hacer de la muerte un engranaje más de la maquinaria de exclusión y marginalización de un sistema al servicio del capital. 

Las ejecuciones de pibes y pibas son la punta de un iceberg que se completa con la complicidad de la corporación judicial y los agentes del terrorismo mediático. Entonces, ¿alcanza con exigir justicia? Si los sueños no caben en las urnas, el dolor no cabe en un expediente.

No hablamos de sustituir los mecanismos del poder judicial por considerarlos ineficientes o insuficientes. Hablamos de desenmascarar una neutralidad que se ha investido de sacralidad y que demuestra sistemáticamente estar más al servicio de la defensa de la propiedad privada y del capital que de la vida y de la libertad.

Mientras la concepción del sistema capitalista sobre la justicia vaya de la mano de la de vender seguridad para proteger los intereses materiales de los pocos que más tienen en contra de una inmensa mayoría, exigir respuestas al Poder Judicial debe ser sólo una de las batallas que libren las organizaciones sociales contra las políticas represivas.

 

El mango vayan soltando

 

A principios de 2010, se inauguró La casita de Kiki Lezcano. Construida y sostenida autogestivamente, es un espacio donde el centro de la actividad tiene que ver con la denuncia de la violencia policial, para visibilizar la realidad de los pibes y pibas del barrio y por el propio motor de su construcción: mantener viva la memoria de Kiki y la lucha contra la impunidad.

En noviembre de 2014, familiares y amigos de Luciano Arruga lograron la expropiación del destacamento de Lomas del Mirador donde estuvo preso y fue torturado el joven de casi dieciséis años que luego de cinco años y ocho meses de estar desaparecido, fue encontrado como NN, enterrado en el cementerio de la Chacarita. Luego de intensos años de lucha, el espacio fue recuperado por los vecinos y familiares quienes lograron previamente suspender su actividad como destacamento policial y transformarlo en símbolo de resistencia.

En agosto de 2015, en el barrio Quebrada de Las Rosas de la ciudad de Córdoba, se alzó una gruta en el poste donde José Luis Díaz estuvo atado mientras era linchado luego de haber intentado robar un celular. Este momento en el espacio del barrio es otro recordatorio de que las muertes no pasan desapercibidas.

Recuperar los espacios para señalar la impunidad, tomar las calles para quebrar la inmovilidad del tiempo-espacio institucional, inmortalizar la memoria con los rostros estampados en las paredes. Y aturdir hasta el escándalo con escraches para los asesinos. Eso es justicia popular.

Señalar a los responsables políticos, desenmascarar a los cómplices que garantizan impunidad y desarticular los cínicos discursos mediáticos. Justicia popular es recuperar la potencia de la rabia y devolver un poco del miedo al que quieren acostumbrarnos. Es empezar a pensarnos victimarias de la desigualdad.

Un siglo después, resuena con vigencia: “Las libertades conquistadas por la especie humana son la obra de los ilegales de todos los tiempos, que tomaron las leyes en sus manos y las hicieron pedazos.”

*Nota publicada en la edición impresa del periódico Resumen Latinoamericano de agosto de 2017

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