Llaryora, entre la CIA y el FMI
El poder político cordobés apoyó el nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, anunciada un día antes por el gobernador en una actividad organizada por un ex-espía de la Casa Blanca.
Por Lea Ross
El cordobesismo operó para que Argentina tuviera una nueva deuda con el FMI. El gobierno de Javier Milei quiere recibir ese dinero, añorando que sean unos U$S 20.000 millones, para volver a inflar la bicicleta financiera, ya que los especuladores están reclamando su renta dolarizada por haber apostado a la compra de títulos en pesos. El problema es que en un año y medio, no hubo inversiones directas en nuestro país y los U$$ 23.000 millones que vinieron del blanqueo ya se acabaron, un monto parecido al que le pide al Fondo. Eso explica la quema de divisas que esta padeciendo el Banco Central, conocida como corrida cambiaria, que funciona a la vez como presión al gobierno para que genera una devaluación, así la moneda extranjera cotice en alza. Pero eso se trasladaría a los precios de bienes y servicios, y la población volverá a padecer picos inflacionarios.
La gestión de La Libertad Avanza estuvo también sacandose de encima varios dólares para mantener planchado la cotización de las divisas, para así contener la inflación y sentir que la plata estaba dulce. Al acabarse el dinero, lanzó el cuestionado DNU 179/2025, que le habilita hacer “operaciones de crédito público” con el Fondo Monetario Internacional, sin saber de cuánto sería el monto, ni las tasas de interés, ni las condiciones. Solo dice que será con un plazo de amortización de acá a 10 años, y que se destinarían para saldar lo que se le debe al Banco Central y al mismo acreedor. O sea: para pagar deuda, pero también para mantener en marcha la bicicleteada. El decreto de Milei viola las leyes nacionales al no permitir el aval previo de los congresistas sobre las presiciones técnicas previas, ya que el FMI es un prestamista que le impone las reglas a sus deudores. Por eso, cuando un país tiene ese rol, padece un “co-gobierno”.
Aún así, la gran mayoría de los diputados cordobeses ratificó la vigencia de la misma en la sesión del 19 marzo. Un día antes, el 18 de marzo, ya lo había anunciado el gobernador Martín Llaryora. Consideró que esos dólares funcionarán como una “ventana hacia el mercado”, tal como lo expone el siguiente material audiovisual.
La acotación se hizo en el hotel Four Seasons de Recoleta, en un evento anual llamado IEFA Latam Forum, creadao hace solo dos años atrás, donde solo asisitieron los privilegiosos de recibir una invitación personal. Las charlas que duraron un día describieron a América Latina como una tierra de oportunidades. Oportunidades para extraer materias prima. De hecho, cuatro horas después de la exposición del cordobés, el asesor presidencial Demian Reidel realizó el cuestionado comentario de que el país tiene muchos recursos, pero que tiene el problema que está “lleno de argentinos”.
El fundador y organizador de este forum es el estadounidense Frank Holder, quien fue agente de la Agencia Central de Inteligencia: la CIA. En los noventa, de la mano del embajador Terence Todman, se encargó de realizar sus trabajos en nuestro subcontinente. Como muchos de estos espías, cuando dejan sus funciones públicas, se dedican de lleno en los negocios privados, otorgando sus asesorías en cuanto a conocimientos de seguridad privada o intermediación de contactos. La presentación de las charlas del Latam Forum estuvo a cargo de la animadora televisiva Cristina Pérez, pareja de Luis Petri, ministro nacional de Defensa y, supuestamente, alguien sensible sobre las injerencias extranjeras.
En el año 2015, se armó un expediente judicial repleta de escuchas telefónicas que quedó archivada, al no contener ninguna prueba que pudiera determinar un delito. Quien entregó esas transcripciones fue el indescriptible “Jaime” Stiuso, uno de los cabezas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y ametrallador de las batallas internas entre los servicios de inteligencia, en la disputa por los fondos reservados. La causa, que se volvió más mediática que judicial, recibió el nombre de fantasía de “Dark Star”. Entre los artículos periodísticos que accedieron a esos documentos, se detectó por ejemplo intercambios de mensajes entre Holder y un par suyo autóctono de la SIDE llamado Leonardo Scatturice. Actualmente, Scatturice es un empresario de Miami y organizador de los eventos del CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), que es el foro mundial que congrega a los máximos referentes de la nueva derecha global, como Donald Trump, Elon Musk y Javier Milei. Fue quien se encargó de enviar a su empleada, Laura Arrieta, a realizar un vuelo en un Bombardier 5000 de la ciudad de Florida a Buenos Aires, con una docena de valijas con contenido desconocido. Al llegar al aeropuerto Jorge Newbery, se colocó el jet en un hangar, también propiedad del ex-SIDE, durante una semana, para luego partir rumbo a Paris. El dato fue revelado por Carlos Pagni, en su programa de televisión, donde además aseveró que desde la Aduana se dio la orden de no revisar los bolsos de Arrieta. Vuelven los noventa, y con ellos, los servicios de inteligencia.
Nada como juntos a la par
Milei y Llaryora aplican un quid pro quo a lo Pimpinela. Ambos estaban a escasísimos metros de distancia cuando el 2 de marzo se abrió las sesiones en el Congreso. El presidente había dicho, en ese entonces, que “uno de los curros más grandes de la política” era la obra pública y que era falso que eso genere puestos de trabajo “porque las obras públicas hay que financiarlas y se financian con impuestos”. El gobernador le contestó, pero ocho días después y a más de 680 kilómetros de distancia. Su valentía se asemeja a la de Scooby-Doo cuando se enfrenta a los fantasmas. Fue durante el anuncio de la licitación para convertir un tramo de la ruta 19 en una autopista: “Claramente en el discurso de apertura, nuestro presidente manifestó su forma de ver la obra pública en nuestro país. Por eso que estamos aquí todos juntos, en un día histórico con la única intención de salvar vidas y generar progreso. Porque Córdoba se hace cargo”.
Que la provincia se haga cargo de obras de una ruta nacional se debe a un pacto entablado con Nación a mediados del año pasado, de la mano del superministro Guillermo Francos. Se acordó que la administración nacional concluiría algunos de los trabajos paralizados por la motosierra de La Libertad Avanza, y a la vez se cedería otros tramos a Provincia, que estarán a cargo de la empresa local Caminos de las Sierras SA. Este acuerdo se firmó el mismo día en que la Cámara de Senadores aprobó la Ley Bases o Ley Bondi Zombi, mientras fuerzas policiales reprimían a manifestantes en las calles porteñas, donde se incluyó la memorable escena del móvil de Cadena 3 prendido fuego, momento orgásmico para quienes nos disgustamos de la realidad mediática tradicional. Cuando el proyecto llegó a Diputados, todos los cordobesistas votaron a favor, salvo Natalia de la Sota, que se convirtió en la “salmona” del bloque, y que lo reiteró este año con su rechazo al DNU para contraer deuda del FMI.
¿Cemento o cripto?
La obra pública ha pavimentado la extensión de los períodos gubernamentales de las gestiones locales, sean provinciales, municipales o comunales. Lo sabía José Manuel de la Sota y lo saben Juan Schiaretti y el actual gobernador. Desde el presente portal, se ha subrayado que los sobrecostos de inversión apuntan a la sospecha de financiamiento de las campañas electorales a las fuerzas oficialistas, donde los billetes que se revolean caen, a veces, en los bolsillos de algún que otro intermediario. También suministra la conformación de una cartelización empresarial, al que el vocabulario mileísta los llama “empresaurios”, al vivir de la teta del Estado y acordando competencias ficticias para demandar mayores gastos. Eso es notorio sobretodo en el rubro vial, como la Autovía de Punilla, inaugurada con elogios a Llaryora a fines del año pasado, o incluso los pasos rurales que se hacen cargo los consorcios camineros.
En el caso de los ámbitos del libertarianismo de derecha, la “tokenización” de la economía, basado en la compra y venta de criptomonedas y otros activos, es un paraíso de sostenimiento financiero loable y superador para el ejercicio de la política, sea desde lo electoral como desde la gestión, al no recurrir esa manera espuria de apropiarse de las arcas públicas, sostenida por los contribuyentes mediante esa imposición llamada impuestos. Es lo que se sospecha que se pretendió hacer con el experimento $Libra, cuyos resultados delictivos convirtieron ese anhelo futurista en un sueño eterno. Las sospechas apuntaban a la posible inyección de dólares para la Fundación Faro, a cargo de Agustín Laje, programador de la batalla cultural del gobierno, incluído el polémico video sobre el 24 de marzo subido en las redes sociales de la Casa Rosada.
Aguas bajan turbias
La razón de por qué Llaryora aceptó extender la sumisión del país al FMI, fue a cambio de que la provincia de Córdoba también pueda conseguirse su propio préstamo del extranjero, del cual necesita recibir los avales del Ministerio de Economía de la Nación. Además del movimiento de tierra para la autovía 19, también espera recibir los créditos necesarios para solventar la construcción del acueducto biprovincial que se está armando junto con Santa Fe. A mediano plazo, le permitiría al sanfrancisqueño capitalizar esa obra como un activo político que lo catapulte en la disputa por la presidencia de la Nación para el año 2031. El Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba consiste en recoger agua del río Paraná para potabilizarlo, entubarlo y distribuirlo a pueblos santafecinos y cordobeses. Consta de una primera etapa que empieza a la altura de la ciudad de Coronda hasta San Francisco (Córdoba). La segunda se haría en suelo cordobés, para llegar al Gran Córdoba. La totalidad de la Etapa I santafecina alcanzaría el presupuesto total de U$S 441,5 millones. Para la Etapa II, es decir el tramo cordobés, podría tocar los U$S 200 millones.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo de la Nación había exhortado a autoridades provinciales y nacionales a que se revise el procedimiento de evaluación ambiental de la obra, al que considera que se violaron leyes nacionales. Resaltó que Santa Fe no efectuó “un análisis de todas las obras”, ya que debió ser “integral” y “comprender todos los impactos ambientales”. También resaltó que al ser una obra “interjurisdiccional es necesaria la participación de la máxima autoridad nacional”. Por último, advirtió de “la falta de mecanismo de participación ciudadana”, que es obligatoria por la Ley General del Ambiente.
De hecho, existe la sospecha que cuando le toque a Córdoba realizar los trámites para empezar a trabajar, pretenderían que la instancia de participación ciudadana no se cumpla, basándose en que los acueductos forman parte de la lista de inversiones que no están obligadas a ser sometidas a una audiencia por ser consideradas de bajo impacto, según el listado del Anexo 2 de la Ley Provincial del Ambiente. (N° 10.208). De ocurrir eso, generará una fuerte polémica pública, al tratarse de una obra de enormes costos.
La Defensoría recibió una respuesta de parte de la Unidad Ejecutora del acueducto, compuesta por técnicos de ambas provincias. Asevera que el procedimiento “se llevó adelante cumplimentándose los pasos necesarios” y que al señalar la ausencia de la participación ciudadana se vuelve “extemporáneo”, al estar el proyecto ya en ejecución. Con lo cual, proponen realizar “otros instrumentos” como un “plan gestión ambiental” o “agendas participativas”. Prácticamente, que a la ciudadanía se le informe de los avances de obras.
Desde la Defensoría, comunicaron a La Luna con Gatillo que administrativamente la entidad nacional ya cumplió los pasos requeridos y tomará como saldado este trámite. Sin embargo, quienes trabajan allí con especialidad en el derecho ambiental sostuvieron a su humilde servidor que las respuestas recibidas fueron “nada satisfactorias”.
Quien firmó aquella respuesta, en representación al gobierno de Córdoba, es un ingeniero civil que ha tenido contratos para la empresa Supercemento, constructora que ha recibido millones de fondos públicos provinciales para construir plantas de tratamientos cloacales. Si esa firma llega a ganarse uno de los pliegos de la licitación del acueducto, Milei le tendrá reservado otro rugido a Llaryora para hablar sobre el curro de la obra pública.
La falta de osadía
Argentina había vuelto a estar endeudada con el FMI en el año 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. La gestión del Frente de Todos empezó a tratar el tema en febrero de 2021, promulgando la Ley Nacional Nº 27.612 de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, o “Ley Guzmán”, en referencia al ministro de Economía de ese entonces, que consiste en que ningún gobierno pueda volver a emitir deuda con el FMI sin recibir el permiso de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Pero en la segunda mitad del año, se optó por legitimar ese crédito mediante otro acuerdo con el Fondo, usando un mecanismo de facilidades extendidas, que consiste en pagar vieja deuda y postergar los vencimientos de la nueva. Ahora, la gestión de La Libertad Avanza pretende, nuevamente, postergar esos vencimientos con un inédito DNU, cuya resolución es casi un calco a la maniobra que realizó Guzmán, pero sin especificar los detalles técnicos necesarios, debido a que dicho acuerdo todavía no estaba cerrado, y sin abrir un debate parlamentario previo.
Antes de la asunción de Milei y Caputo, se publicó en 2022 un paper titulado “El Acuerdo Stand-By del FMI con Argentina en 2018: ¿Un acto ultra vires?” en el portal Social Science Research Network, reconocido espacio de difusión internacional sobre ciencias sociales. Fue escrita por Karina Patricio Ferreira Lima, brasileña y con posgrado de Derecho Económico Internacional en la Universidad de Leeds, y Chris Marsh, quien había trabajo para el FMI. El ultra vires es todo acto que ejerce un organismo internacional que sobrepasa a sus propias facultades. Para lxs autores, el acuerdo de 2018 “violó los propósitos fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por lo tanto, constituye un acto ultra vires”, de ahí que debió considerarse como “inválido y nulo”, como lo establece el Artículo 69 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales.
Marsh y Ferreira Lima sostienen que el FMI no garantizó las medidas necesarias para evitar un daño en la economía argenina, al no responder a tres alertas. La primera es que se perdió el “foco principal”, que era demandar el ajuste a lo externo (importaciones, exportaciones, inversiones) y no a lo fiscal (achicar gasto público), porque el ajuste fiscal “no puede generar las divisas necesarias para afrontar los servicios de la deuda externa”. La segunda es lo irracional de computar como “ingresos” los dólares que entraron solo para especular en la bicicleta financiera, porque es plata prestada que hay que devolver. Y la tercera: se ninguneó el déficit cuasi-fiscal, que es el saldo negativo que tiene el Banco Central que se genera por esa bicicleteada.
Ante ello, el estudio asevera que el Fondo debió controlar los movimientos de capital, es decir, no permitir que Argentina habilite la fuga de capitales, que fue lo que ocurrió con Macri y que, por eso, hay preocupación que eso pueda volver a ocurrir.
Si Argentina tuviera la osadía de polemizar esto a nivel internacional, podría tener posibilidades de re-discutir esta situación de extrema delicadeza financiera, en lugar de estar encerrada a ver cómo se salva sola.
Osadía que parece que tampoco está presente en el cordobesismo.
