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Schiaretti, el Kissinger de Milei

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Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual

Henry Kissinger murió el jueves pasado a los 100 años de edad. Esto publicó Martín Caparrós: “En abril de 1976, Kissinger mandaba sus órdenes a los militares argentinos: disminución de la participación estatal en la economía, más atención al relegado sector agrícola, promoción de la exportación y actitud positiva hacia la inversión extranjera. ¿Les suena? ¿No les suena la palabra soja? Se trataba de devolver Argentina a su papel de país agroexportador para que los obreros no jodieran más, entre otras cosas”.

Córdoba es uno de los principales distritos de producción y exportación de soja y maíz transgénico en el mundo. En paralelo: la empresa automotriz Nissan-Renault, cuya planta está ubicada en el barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, ya abrió la ventana para el retiro voluntario de 450 de sus operarios, ante el pronóstico de que el presidente Javier Milei impulsará un combo de más inflación y caída de la economía, conocida como estanflación. Eso no le tembló el pulso al saliente gobernador Juan Schiaretti para anunciar su apoyo a la deformada administración pública nacional, del mismo modo en que el multiforme secretario de los Estados Unidos, hoy alimentado por las lombrices, avaló las dictaduras en América Latina.

Una agencia para operaciones agrias

El próximo domingo, Martín Llaryora será el tercer gobernador de Córdoba del presente siglo, luego de las largas sagas de José Manuel de la Sota (1999-2007 y 2011-2015) y Juan Schiaretti (2007-2011 y 2015-2023). Esto implicará continuidades y cambios. Cambios para que cambie poco o mucho. Un desafío será voltear el panorama electoral inédito, donde la mitad sureña de la provincia, con altos rindes agrícolas, le dieron la espalda y apoyaron a su contrincante Luis Juez. Y por una diferencia corta de tres puntos.

Infografía de La Nueva Mañana, cuando las mesas escrutadas estaban en 88%.

Para cuando llegue al Centro Cívico, el sanfrancisqueño pondrá en práctica la Ley 10.926, aprobada en el saliente mes de noviembre en la Legislatura. Es la normativa que crea la Agencia Córdoba Agro. La aparición de agencias en Córdoba se remontan desde comienzos del siglo, luego del frustrado intento por privatizar empresas estatales como la Lotería y la eléctrica EPEC. En lugar de eso, el Estado pejotista cordobés decidió crear “satélites”, que se encuadran en la figura de “Sociedad de Economía Mixta”, donde no rinden cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ni publican sus resoluciones y balances.

En el caso de Agro, su función será el manejo del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario. Creado en el año 2020, el FDA se nutre de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, bajo un modelo de asociación público-privada con participación de la Mesa de Enlace Córdoba y de los distintos consorcios. Se sostiene que el FDA solventó 25 obras de pavimentación y mejoramiento de caminos rurales finalizadas entre los años 2020 y 2023, que abarcaron 113 kilómetros de ripio y 154 kilómetros pavimentados. Se asevera que esto benefició a 4.332 productores, alcanzando a 392.382 hectáreas productivas.

A pesar de eso, se pretende que exista esta agencia para “simplificar la gestión en virtud de que se reúne en un único ente la ejecución de todas las acciones que resultan necesarias para el cumplimiento”. El proyecto presentado contó con la firma de Schiaretti y sus ministros de Agricultura, Obras Públicas y Finanzas. Este último sería Osvaldo Giordano, electo titular de ANSES, bajo el mando del presidente Javier Milei.

El Artículo 3 de la Ley le da vía libre para recurrir no solo al FDA, sino también a financieras, organismos privados y cualquier otra acción que sea necesaria sin especificar. En el Artículo 4, se le permite que pueda efectuar cualquier acto jurídico, operaciones y contratos. También: llevar a cabo operaciones bancarias, incluyendo con empresas extranjeras y en dólares. Podrá administrar bienes muebles e inmuebles, adquirir acciones y títulos, y celebrar toda clase de convenios, incluyendo estados extranjeros.

En otras palabras, que todo esto se haga sin la revisión de las instituciones competentes.

Cuentas agrias

La falta de control y fiscalización financiera lleva a que el propio Estado termine generando mayores gastos públicos, con riesgo a malversación de fondos, al crear una estructura burocrática, acorde a los intereses sectoriales.

A principios de año, La Luna con Gatillo había realizado el informe “Los dueños del Cordobesismo”, donde calculó las tasas de sobrefacturación en las distintas licitaciones de obra pública. Resulta que cuando las convocatorias a empresas las organiza el Consorcio de Camineros, el porcentaje entre las ofertas iniciales y lo que ofertan las empresas constructoras ganadoras tiene un excedente promedio del 53%. Casi tres veces a que lo que acusó al santacruceño Lázaro Báez, para así condenar a Cristina Fernández de Kirchner, según los fundamentos de la sentencia de la llamada Causa Vialidad.

El enorme porcentaje, que lleva incluso a casos donde se duplica, encamina a pensar que las constructoras se sienten más seguras de “dibujar” sus costos, debido a la ausencia o escasez de control institucional. Pero también puede deberse a que esa demanda extra de fondos puede deberse a que hay más bocas para alimentar. Habrá que ver cómo incide en esto la Agencia Agro, que al mantener a los mismos de siempre en todos los eslabones de la cadena de valor burocrática, tiende a creerse a la duda de que cambia todo cambia.

De las cuentas a las cuencas

Llaryora también contará a mano con una segunda ley, aprobada también en noviembre: la N° 10.936, conocida como Ley de Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias. Como dice su nombre, su afán es crear una entidad para nuclear a los onerosos Camineros, con los Consorcios de Conservación de Suelos, de Canaleros y de Riego, pero también a instituciones públicas o privadas, municipios y comunas. Tiene por objeto “la realización de acciones de diagnóstico, planificación, gestión de recursos, ejecución de obras, infraestructura, planes y proyectos vinculados a la conservación de suelos, al manejo del agua y a la ejecución y mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, con la mirada puesta en el desarrollo de la producción agropecuaria de manera sostenible”. La mitad de eso sería tarea de la Agencia Agro, del cual están los mismos que se mencionaron al principio de este párrafo.

Según esta Ley, se define “cuenca” a “la unidad de gobernanza territorial donde el agua drena en un punto común, teniendo en cuenta las actividades antrópica y productiva, las que serán definidas por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a criterios técnicos”. En ningún momento hace referencia a la cuestión agropecuaria en ese concepto.

Para eso, se contará con una Comisión Técnica para el asesoramiento requerido, y que recibirá las propuestas de planes y proyectos por parte de los consorcios. Ese equipo de técnicos serían nutridos por personal de los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Servicios Públicos. Finalmente, la Autoridad puede establecer convenios con otros organismos para lograr estos objetivos.

Las razones de por qué llevar a cabo esta unificación de consorcios, son enumeradas en la siguiente lista sábana, del cual algunos puntos llaman la atención entre líneas:

1) “Restricciones para el uso agropecuario y riesgos de deterioro sin prácticas de uso y manejo conservacionista específicas, las cuales no se aplican en forma masiva en una parte importante de los suelos incorporados a la actividad”;

2) “Escurrimientos superficiales con serias modificaciones, caracterizados por una disminución en la infiltración y un aumento en los escurrimientos, lo cual genera daños urbanos, erosión en los suelos, principalmente en la región del piedemonte, y anegamiento en las regiones bajas”.

3) “Consecuencias de eventos climáticos extremos (sequía, incendios, voladura de suelos, ciclos húmedos, crecidas de ríos, daños urbanos, ascenso de niveles freáticos y anegamientos) poniendo en situación de crisis a vastos sectores rurales y urbanos, que de acuerdo a las predicciones del sistema científico/académico serán una constante en el futuro”;

4) “Posiciones antagónicas urbano/rural sobre modelos de producción y consecuencias ambientales”;

5) “Desarticulación en los planes de acción y estrategias entre los consorcios existentes (conservación de suelos, canaleros, de riego y camineros)”.

Los puntos 1 y 4 se interpretan por las tensiones que se viven en las denuncias de la expansión agropecuaria, sea por la aplicación de agroquímicos, las disputas por la tenencia de tierras o por el difuso destino en cuanto a los resguardos ambientales. Esto se mezcla con los puntos 2 y 3, referidos a los problemas del manejo del agua, sea anegamientos o sequías, fruto de la dinámica climatológica. Combinar los recursos para estos ámbitos conflictivos distintos implican una suerte de coalición del agronegocio. De hecho, en uno de los pasajes de la Ley, se señala el concepto de “cambio cultural”.

En sus fundamentos, se establece que “contribuirá al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia con especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas agropecuarias”. En el texto, se cuenta con la firma de Schiaretti, los ministros Ricardo Sosa (Obras Públicas), Fabián López (Servicios Públicos), Sergio Busso (Agricultura y Ganadería) y Jorge Eduardo Córdoba, fiscal de Estado.

El mecanismo neocordobesista

El rechazo a este funcionamiento vienen siendo analizados por algunos sectores organizados del ambientalismo cordobés. Desde análisis jurídicos que recibió La Luna con Gatillo, se plantea que todo esto entra en tensión con el Acuerdo de Escazú, que ordena a los Estados proteger a quienes defienden el ambiente, como así también garantizar la participación ciudadana y el acceso de información pública. El gobierno de Córdoba ya recibió dos reprimendas desde la administración judicial bajo el amparo de Escazú: por un lado, una resolución judicial de control de 2022 que le imparte a la Policía de Córdoba no restringir las protestas ambientales, y lo otro, el Tribunal Superior de Justicia aceptó que se analice la presentación de una acción de declaración de inconstitucional a las modificaciones que se hicieron contra la la actual ley provincial de ambiente, denunciada por flexibilizar las exigencias administrativas a determinadas inversiones. La aceptación del máximo tribunal para que sea analizado ya es estudiado como un caso de jurisprudencia.

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, integrado por científicos de la Universidad de Córdoba y el CONICET, también señalaron que la ley sobre integración de consorcios “no contempla a las cuencas hídricas como bienes comunes naturales y sociales. Privilegiar el interés productivo constituye un riesgo que atenta contra la distribución equitativa y el cuidado para la sostenibilidad de la vida en estas cuencas. Por este motivo, sostenemos la necesidad de una planificación con un foco en la preservación, considerando además la complejidad del uso de las cuencas desde un punto de vista social, cultural y productivo. Cabe señalar la urgencia de implementar un manejo en este sentido, dadas las previsiones de una acentuación de la crisis hídrica que sufre el territorio provincial”. Recomiendan que la autoridad de aplicación debería ser la Secretaría de Ambiente, porque ya lo es en cuanto a “planes de gestión de áreas protegidas, que abarcan muchas de las cuencas a preservar”. “Creemos en la necesidad de una amplitud de miradas y de diálogo, que se verían afectados si la autoridad de aplicación recayera exclusivamente en un organismo enfocado en la gestión y promoción de actividades productivas como lo es la recientemente creada Agencia Agro Córdoba”, cierran.

Entre Schiaretti y Milei, se pasan la pelotita

La entrega de bando a Martín Llaryora ocurre luego de que Juan Schiaretti declaró explícitamente su apoyo al electo presidente Javier Milei. Lo hizo el jueves pasado, en el almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Dijo que “lo vamos a ayudar”, que “tiene todo mi respaldo”, que sobre el kirchnerismo espera que “no vuelvan más” y subrayó que su gestión como gobernador fue a base del equilibrio fiscal y al desarrollo privado. Todo epítetos presentes en el discurso de Milei. Su alocución fue luego de dos reuniones en simultáneo, entre gobernadores salientes y electos de los dos frentes electorales abrochados con broches: Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Más allá de los tonos e intensidades, en ambos se acordaron mantener posturas opositoras y no alineados con La Libertad Avanza. Schiaretti es el único gobernador que no ofreció ninguna crítica al presidente electo, ofreciendole lo que requiera para poder aplicar su combo minarquista-conservador. Milei será el primer presidente que no tendrá ni un solo gobernador de su partido.

El 10 de junio de 1976, en la ciudad de Santiago de Chile, el secretario de Estado de Herald Ford, Henry Kissinger, tuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina de Videla, el contraalmirante César Guzzetti. En nombre de la Casa Blanca, Kissinger le dijo lo siguiente en referencia a la Junta Militar: “Le deseamos lo mejor al nuevo gobierno. Deseamos que tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo a tener éxito”. Schiaretti, ¿el Kissinger de Milei?

El ministro de Videla y Kissinger. Son el de la foto de la izquierda.

El presidente de la Bolsa de Comercio, del cual se alegró mucho de las palabras del “Gringo”, es Manuel Tagle y la vice de la bolsa, todavía en papeles, es Diana Mondino, electa canciller de Milei. El hijo de Manuel, Ezequiel Tagle, es un joven argentino de bien, que le gusta andar en bici, y que desmontó centenares de hectáreas del poco bosque nativo que tiene Córdoba para levantar barrios privados. Uno en particular: Estancia El Terrón, ubicado en la ciudad de Mendiolaza, donde incluye un frondoso campo de golf de 18 hoyos.

La semana pasada, hubo una audiencia pública para que la ciudadanía discuta si avala o no la extensión de ese emprendimiento sobre un segundo terreno pegado a la misma. Su humilde servidor participó del evento, cuya intervención pueden verla a continuación.

Efectivamente, quienes avalaron el proyecto “El Terrón – 2da Etapa”, utilizaron como argumentos muy parecidos al negacionista del cambio climático Javier Milei: cuando los bienes comunes son privados y se convierten en activos, son los propietarios los que garantizarían una sustentabilidad ambiental. En parte, son esos discursos que llevaron a que Córdoba sea la provincia que mayor porcentaje de votos cosechó La Libertad Avanza, gracias a la siembra que generó el Cordobesismo de Schiaretti y De la Sota, y que ahora Llaryora buscará la vuelta para cosecharlo.