COLABORACIONES

Propuestas ambientales del gobierno: mutilaciones, consistencia y contradicciones

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Mientras mutila con el proyecto de Ley Ómnibus las más principales leyes ambientales discutidas durante años, Milei propone un Mercado de Carbono.

Por Guillermo Genta | Ilustración @fuskavisual

El presidente Milei ha denominado de tantas maneras diferentes a los que estamos preocupados por el agravamiento de la situación ambiental de la tierra que, tomaré una que me parece de cierta jerarquía intelectual: neomarxista. No lo soy, pero me parece que luce.

Basándome en un informe reciente del Centro de Políticas Ambientales y apreciaciones personales quiero referirme a la normativa ambiental contenida en el proyecto de la Ley Ómnibus, pretenciosa y engañosamente llamada, al menos en lo que a cuestiones ambientales se refiere: “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

Una ley que si bien no fue aprobada por el Congreso, mantiene las “bases y puntos de partida” de las políticas que, ya se ve, el gobierno pretende imponer, de una manera y otro, con o sin consenso, político y social.

Las bases

Dicha propuesta legislativa representa:

a) un retroceso alarmante tanto en materia de conservación como de desarrollo sostenible.

b) un debilitamiento regulatorio en áreas clave.

c) la introducción de una visión del mundo para la cual el cuidado de la naturaleza impide u obstruye el crecimiento económico, disminuye el empleo y limita la libertad.

Organismos internacionales, centros de investigación y especialistas, han advertido con fundamentos científicos que si los habitantes del mundo, principalmente las empresas (privadas y públicas) continúan dañando la naturaleza al ritmo actual, la vida de todos los habitantes irá desapareciendo.

Y eso no en 1.000 años, sino en menos de 80. Dicho en palabras simples y dramáticas: la naturaleza no destruye a la economía, sino más bien la economía destruye a la naturaleza.

Desarrollo Sustentable

Por fortuna lo que la mayoría de los países vienen buscando es ir, es cierto que de manera morosa para los pronósticos existentes, hacia un equilibrio en el cual exista armonía entre crecimiento económico y la preservación de la naturaleza, de forma tal que permita un desarrollo sustentable de la sociedad toda.

Las leyes ambientales nacionales que se buscan mutilar son el resultado de un largo, intenso y rico debate social y parlamentario, en el que participaron actores de diferentes sectores económicos y sociales de todas las provincias, además de los legisladores nacionales en el marco del Congreso de la Nación y funcionarios de diferentes administraciones. Es decir, las normas ambientales vigentes han atravesado un largo camino. No son el resultado de decisiones apresuradas, desinformadas, enmascaradas, que surgieron del escritorio de algún funcionario iluminado y omnisciente.

Los cambios propuestos y sus justificaciones implican, además, desconocer el rol del Congreso de la Nación en el tema ambiental y las competencias asignadas por la Constitución Nacional en la materia.

Esto es, la facultad de dictar leyes de presupuestos mínimos. El Poder Legislativo puede y debe debatir y sancionar regulaciones uniformes para todo el territorio nacional, para garantizar a todos los ciudadanos el mismo derecho constitucional a un ambiente sano y para generar seguridad jurídica a aquellos que quieran emprender actividades económicas en una o más jurisdicciones del país.

La agenda que propone el Poder Ejecutivo no sólo es anacrónica sino que, además, va a contramano del mundo. Las exigencias y los estándares ambientales son cada vez más importantes para el comercio, la obtención de créditos, la inserción internacional en grupos y alianzas de países y los acuerdos bilaterales y regionales.

El Cambio Climático se encuentra entre los puntos que ranquean más alto en las agendas de las evaluadoras de riesgo y de los inversores. Plantear una senda de desarrollo destruyendo la naturaleza es pegarse un tiro en el pie.

A contramano

El absurdo de no reconocer el impacto negativo de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en la naturaleza, llega a tal extremo que implica desconocer que la Unión Europea puso recientemente en marcha el “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono” que determina que los productos importados con alto contenido de carbono deben abonar una tarifa compensatoria igual al costo que pagan las industrias europeas para reducir el carbono en sus procesos productivos. Más aún, los bienes importados cuya producción implique deforestación no podrán ingresar a la Unión.

Pero las propuestas legislativas no sólo son mutilantes de la normativa ambiental vigente, también son contradictorias con la política que se enuncia desde el Poder Ejecutivo.

Mercado de Carbono

Veamos. El Presidente explicó con claridad que el cambio climático es parte de un proceso de variabilidad climática cíclico del mundo, en el largo plazo. Es decir que el crecimiento exponencial de las emisiones de GEI nada tiene que ver con esa supuesta variabilidad. Su posicionamiento es muy claro y reiterado y coincide con los expresados por ejemplo por Donald Trump o Jair Bolsonaro.

Pero al mismo tiempo, y de manera insólita, en los artículos 320 a 324 de la Ley Ómnibus se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a crear un Mercado de Carbono. Siendo éste un mecanismo de mercado que está sostenido en disposiciones del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, instrumentos cumbres de la Convención Marco de la Naciones Unidas de Cambio Climático y cuyo objetivo es reducir las emisiones GEI.

El Mercado de Carbono regulado, que es el propuesto en la legislación, implica una fuerte, permanente e inteligente (entre otras condiciones) intervención del Estado. La experiencia indica que construir un mercado de este tipo lleva al menos 10 años y su funcionamiento es altamente complejo. Llamativamente el gobierno anterior no quiso implementarlo.

Aunque en las mutilaciones normativas propuestas existe sin duda consistencia con la concepción mercado céntrica del gobierno, en esta cuestión, hasta ahora, no encontré una explicación racional al comportamiento del gobierno de sostener dos políticas que son exactamente opuestas y nada baratas, por cierto.