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Pasados por agua

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Javier Milei y Juan Schiaretti son los candidatos presidenciales más votados de Córdoba. El primero: se mojó cuando propuso privatizar los ríos para que no se contaminen. El segundo: se le rebalsó las dudas sobre sus políticas hídricas. Todo un caudal para ahogarnos en este diluvio electoral.

Por Lea Ross | Ilustración: Chechu Mancilla

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Se dice que quedaron anonadados algunos empresarios presentes en el Congreso Económico Argentino, en La Rural de Buenos Aires, cuando lo escucharon a Javier Milei. Hablamos de aquel evento donde dijo que los ríos se contaminan porque “sobra” agua y que para solucionarlo debieran ser privatizados, así los propietarios no tendrían razón para dañar su propio activo.

En realidad, Milei ya había dicho eso hace un año atrás, en un extensísimo debate en un programa televisivo que conduce Jorge Fontevecchia, en un mano a mano con otro ex-candidato a la presidencia, donde se hizo un paralelismo con el pobre que se roba una gallina.

De la derecha dogmática al derecho sacralizado

A riesgo de tocar la fibra de sensibilidad progre, el concepto de declarar un bien común como un “derecho humano” no deja de inquietar su arraigue occidental. Hay experiencias latinoamericanas comunales, donde algunas comunidades indígenas se han opuesto a que sea considerado como tal, ya que automáticamente implicaría que sea el Estado quien se haga cargo del mismo, aún cuando esas poblaciones consideran que han sido aptos para poder administrarla de manera autónoma.

Sobre estas cuestiones se han planteado lejos de La Rural, y más en el interior de un aula en la ciudad de Córdoba, durante la presentación de un libro académico titulado El Derecho al Agua como Política Pública en América Latina. Una exploración teórica y empírica. Fue elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la Red WATERLAT-GOBACIT, conformada por investigadores que se interiorizan en el tema, y la Universidad de Guanajuato.

La presentación estuvo a cargo de uno de sus editores, José Esteban Castro, quien rememoró que las Naciones Unidas declaró al agua como un derecho en el año 2010: “Eso fue promovido por varios países de América Latina. Ahí tuvieron un importante liderazgo pequeños países, no los más grandes, como fueron Uruguay, Bolivia, El Salvador y Ecuador. Argentina y Brasil, aún con gobiernos progresistas, se oponían a declararlo”.

El geógrafo e investigador Joaquín Deón estuvo presente como docente desde el aula, aportando su mirada al respecto desde la provincia de Córdoba: “Los cambios de uso de suelo impactan en las cuencas, pero también en el consumo del agua. Por ejemplo: está la urbanización con un gran proyecto hídrico llamado Acqua Vista Resort, que se está construyendo en Malagüeño. Allí incluye lagunas gigantes con forma de playas adentro de un barrio cerrado. Eso recrea un proceso de apropiación del agua en contextos semiáridos, de baja disponibilidad del agua”.

Imagen virtual del proyecto resort en Malagüeño, en tierras tan mediterráneas como semiáridas.

En los territorios -continúa Deón-, “el cauce sigue teniendo agua, pero va en desmedro de la necesidad vital de las personas y de otros seres. Su acceso termina quedando en pocas manos, porque son las cuencas que se quedan en pocas manos. Es un proceso de avanzada que derivan en procesos de lucha local, porque el agua se accede mediante luchas sociales”. Todo un mapeo que se contrapone a las expectativas de Milei del Laissez faire.

Para quienes quieran ver el debate completo, donde participó su humilde servidor, se puede ver aquí:

Y para acceder al libro gratis, se puede descargar aquí.

Bombeo dolarizado

Dejemos a un lado el tema de los ríos, y pasemos a las aguas subterráneas. En ellas, existen dos modalidades de contaminación: directas o indirectas. Las directas son cuando llegan desechos provenientes de actividades agrícolas (agroquímicos), industriales o domésticos. Mientras que las indirectas, se refiere a los efectos que genera una extracción abusiva de esa agua, mediante un caño con bombeo, alterando el ambiente subterráneo del mismo.

Es en esos puntos donde genera inquietud la instalación, y ya en pleno funcionamiento, de uno de los diez acueductos troncales de la provincia de Córdoba, que es una de las últimas obras insignias de Juan Schiaretti, en su último período como gobernador. Se trata del caño que se localiza en la región norte de Sierras Chicas, que se extiende desde el paraje La Puerta, cerca de Colonia Tirolesa, hasta la localidad de La Granja, a lo largo de la cuenca del Río Carnero. “Dadas las características geotécnicas de confinamiento del sistema, resulta inviable una contaminación vertical por presencia de agroquímicos o agentes externos a las características propias del medio natural hidrogeológico desde el cual se dispone la extracción de agua”, sostienen desde la Administración de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI).

La construcción de la obra estuvo a cargo de un consorcio conformada por las constructoras AMG y Chediack SAICA, con ingresos estimados de más de 18 millones de dólares por parte del Estado provincial. Como lo reveló este portal a principios de año, Chediack es la empresa que más fondos recibió en las dos últimas gestiones de Schiaretti, con un estimativo de casi 220 millones de dólares, distribuidas entre otras emblemáticas obras como el primer tramo de la Autovía de Punilla y parte del cierre de Circunvalación. También se expuso que con la segunda empresa del ranking, Paolini Hnos, comparten una empresa de vuelos privados, registrada en un domicilio utilizado para llenar papeles de una empresa offshore, según relevaron los Panamá Papers.

A partir de la respuesta por un pedido de informe otorgado por el APRHI, un grupo de científicos analizaron esa respuesta que concluyó en un análisis técnico elaborado por el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), integrado por especialistas en biología y geología de la Universidad Nacional de Córdoba y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

“Al respecto, en la respuesta que ha brindado a los vecinos, la APHRI considera de manera taxativa que un acuífero confinado es un sistema estanco, y que no es posible la migración de sustancias desde el acuífero libre al mismo”, detallan. Sin embargo, “se conoce que este proceso podría suceder, ya sea vía grietas en la columna sedimentaria, mezcla con otras capas acuíferas debido a perforaciones deterioradas y/o por exceso en la extracción (bombeo). Según el modelo hidrogeológico general de la provincia de Córdoba, se ha demostrado que la circulación del agua se podría producir a través del flujo preferencial hacia los acuíferos confinados, lo que habilitaría la mezcla de aguas”.

Sobre los análisis de agroquímicos, la respuesta del APHRI estaría incompleta, “ya que sólo se muestran dos hojas de tres, por lo que no están los datos de toda la serie de compuestos medidos”. Además, solo enviaron los resultados de análisis de parámetros del agua del pozo 3, faltando el análisis de otros dos pozos. Por lo que “se considera fundamental que la APRHI realice el control y seguimiento periódico de la calidad del agua extraída en cada uno de los pozos a lo largo del tiempo, en vista de los posibles cambios que podrían provocarse en la dinámica del acuífero debido a su explotación”.

“Por otro lado, la APRHI no ha brindado información acerca de la cantidad de agua que se estima que tiene/n el/los acuífero/s a explotar, ni hace mención alguna sobre estimaciones en la capacidad de recarga del/los mismo/s y su relación con el ritmo de explotación que se proyecta para abastecer al ASChN. De esta manera, no queda claro si existe un plan de explotación que considere la sustentabilidad de la actividad extractiva a corto, mediano y largo plazo”, sostienen en otro párrafo.

Desde el APRHI, brindaron una segunda respuesta. Allí asevera que el caudal “será determinado en función de la evolución que experimente el acuífero durante los ensayos”, con una extracción diaria de 18 horas, y que “no existe riesgo de mezcla de aguas hacia los acuíferos desde los cuales no se prevé extracción, dado que se constató la realización de cementado en todos los tramos”.

La fabricación de la escasez

Primer sábado de septiembre. Cuatro de la tarde. Un día frío y casi lluvioso en Agua de Oro, al norte de Sierras Chicas. Las sillas se van subiendo por las escaleras que van hacia el primer piso del club social de la comuna. De a poco, los convocantes van llenando el espacio. “¿Cuántos seremos? Unos ochenta”, se comenta al pasar. Es un número significativo para una localidad que no llega a ser ciudad, y que traslada una inquietud latente en estas tierras: el agua. No solo vecinas, también se presentan funcionarios públicos (algunos, a punto de acceder a los cargos luego de las elecciones municipales), activistas, científicos y brigadistas de distintas partes.

Allí, el grupo de CICTERRA explicó con un power point el análisis que hicieron sobre la respuesta que brindó el departamento estatal sobre las inquietudes de la extracción del agua.

Al concluir, se abre la palabra.

Mario trabajó durante años en la cooperativa de servicios de Jesús María: “Me inquieta que la población entre en duda sobre la calidad del agua. Me parece muy importante no transmitir una duda muy grande”. También asevera que durante su labor nunca se detectó glifosato, el agroquímico más utilizado del país. El médico Eduardo Maturano, quien ha hecho investigaciones referidas sobre la dispersión de agrotóxicos, le realiza un replanteo: “Si la gente creyera que el agua es potable, entonces no le compraría bidones a Bugliotti”, en referencia al megaempresario cordobés, dueño de emprendimientos hoteleros y comerciales.

La bióloga Diana Raab, vecina de la comuna, sostiene que “si los análisis de agua se hacen en Agua de Oro, no es necesario hacer sobre agroquímicos, porque vivimos en una zona que no tiene relación con ese tipo de contaminación, porque estamos en la parte alta de la cuenca. Pero sí tiene relación de dónde está la fuente”. Esto es en referencia a que la toma de agua se hace desde abajo y se distribuye el suministro cuesta arriba, porque allí se encuentran los pueblos serranos del norte: “Ahí cambia totalmente. Cambia sobre qué estudios queremos exigir, porque pasamos de una fuente cuenca arriba a una que va cuenca abajo”.

El debate fluye, de manera inevitable, acerca de para quién es el agua. La Asamblea de Chavascate, organizadora del evento, rememora que esta judicializado un enorme loteo en la zona de Candonga, impulsada por financieros y ex -funcionarios del gobierno de Carlos Menem. El secretario de ambiente que autorizó ese loteo tiene una elevación a juicio, por haberlo habilitado sobre bosque nativo. Ya fue condenado por un caso muy parecido en la zona sur de Punilla.

Un vecino de Salsipuedes comenta su experiencia: “A mí me ha tocado estar un mes sin agua. Tener un acueducto es una maravilla. Lo considero una buena obra, sobretodo habiendo estado un mes sin agua”. Una abogada, que viajó desde Unquillo, señaló que el primer country que tiene Salsipuedes -Estancia San Miguel, inaugurada hace poco más de un año- incluyó la captación de agua para 213 lotes para familias que son inexistentes, porque todavía no están ocupadas: “Entonces, ¿para quién y para qué va a ser esa agua?”.

La doctora en Ciencias Geológicas, Gilda Collo, sostuvo que “hay que pensar que el ciclo del agua, que conocemos desde la escuela, ya no es así. Hay que trabajar sobre el concepto de “escasez producida” o “fabricada”. El agua que falta está en algún lado. Hay que ver dónde. De ahí que la comunidad debe averiguarlo. Agua hay. La escasez se fabrica”.