¿Lawfare ambiental cordobés?

Un tensionado encuentro en tribunales pone en cuestión sobre la justicia ambiental en Córdoba.

Por Lea Ross

El espacio es lo suficientemente amplio como para dejar entrar a una docena y media de personas. Todas sentadas alrededor de una extensa mesa. Estamos en el Palacio de Justicia, uno de los principales establecimientos judiciales de la ciudad de Córdoba. Una secretaria, en representación del área penal, escucha los testimonios: la mayoría mujeres y en sentido horario.

Alejandra vive en Alta Gracia. Comenta que hace más de un año presentaron un amparo colectivo pidiendo que no se comenzara con las obras de la autovía de Paravachasca que impulsa el gobierno provincial, con argumentos referidos a inconsistencias técnicas del estudio ambiental aprobado y por el rechazo a la modalidad de la audiencia pública: “Desde entonces, el amparo no tiene resolución de fondo y, por lo tanto, la obra ha avanzado. Nos habíamos puesto frente a las máquinas, atendiendo que esa resolución de fondo todavía no se había dado. Terminamos siendo desalojados del lugar, violentados y con dos compañeros imputados”. Comparó de manera inversa con la aceptación de un recurso presentado por los dueños del country Potrerillo de Larreta, ubicado en el mismo valle, para alambrar un arroyo público en una causa que lleva una década. “Lo que padecerá Paravachasca, ya lo estamos padeciendo en San Roque”, señaló Eugenia, vecina de esa comuna donde contemplan el paso de las topadoras para la Autovía de Punilla, a partir del puente sobre el lago San Roque.

Estamos en un día jueves, 28 de julio. Diferentes organizaciones de distintos territorios (Valle de Punilla, de Paravachasca, Sierras Chicas, Traslasierra y capital) se presentaron ante las escalinatas de los tribunales, con un petitorio para un habeas corpus en beneficio de defensores ambientales y comunidades indígenas, una acordada para acelerar las medidas cautelares y el sobreseimiento de las mencionadas personas imputadas. Autovías, fábricas procesadoras, loteos, canteras y otras inversiones son puestas en la mira por las comunidades, ante el avasallamiento territorial.

Las manifestaciones artísticas frente al recinto no se hacen esperar. Los funcionarios judiciales ceden ante el reclamo de ser escuchados y son invitadxs a que expongan.

“Entiendan la angustia que nos genera esto. Somos vecinos comunes, que tenemos que juntar dinero para pagar a nuestros abogados. Nos encontramos con puertas cerradas todo el tiempo”, señala Eli Lacombe, vecina de Villa Parque Santa Ana, que pusieron un freno a la instalación de un centro de residuos en su zona: “Tenemos una primera instancia favorable. Pero no sabemos qué resolverá el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lleva dos años”, comenta con la voz entrecortada. La “causa Cormecor”, que es la firma que manejan municipios y comunas para administrar sus desechos, se aceleró a partir del desastre ambiental de Taym. La firma del Grupo Roggio no evitó el arrastre de sus desechos industriales, cuando fueron arrastrados por un diluvio y volcados en el caudal de agua donde se potabiliza para el consumo humano. En ese entonces, el gobernador Juan Schiaretti prometió que caería “todo el peso de la ley” contra los responsables. En el ámbito penal, el “caso Taym” recibió la prescripción de la causa contra los gerentes, mientras que en paralelo el fiscal anticorrupción sobreseyó a los funcionarios que habilitaron su funcionamiento. En la primera causa, el abogado de los acusados fue secretario de seguridad del gobernador José Manuel de la Sota, de la misma fuerza política que Schiaretti. “¡Esta justicia les da impunidad!”, dice Eli casi quebrantando en llanto: “¡Por favor, les pido! Desarchiven esa causa”.

Los testimonios siguen pasando y se encuentran algunos patrones. Por un lado, el cuestionamiento a los estudios ambientales por sus deficiencias técnicas, que aún así reciben el aval de la Secretaría de Ambiente. Y por el otro, los costos de pagar abogadxs, la lentitud de respuesta por parte de una cámara ante un pedido y que, a la vez, esa tardanza da pie para que las obras denunciadas continúen trabajando. Conocedora de distintas causas, la abogada Rocío Loza Serra plantea que “la Cámara Contencioso Administrativa de Primer Orden de Primera Nominación no da ninguna cautelar. En Salsipuedes, veníamos pidiendo una cautelar seis veces, con distintos argumentos. Las seis veces nos han dicho que no, sin fundamentación. Lo hacen porque saben que lo único que les queda frente a eso es apelar ante el TSJ. Y ahí tenemos hasta dos o tres años, hasta que ese tribunal se ponga a revisar la causa, sin siquiera tener garantía de su resultado. Y hablamos de la medida cautelar, ni siquiera de la medida de fondo”.

Por último, subraya que la justicia en la ciudad de Córdoba solo cuenta con cuatro peritos especialistas en temas ambientales: dos ligados a la higiene y seguridad en ámbitos laborales, un tercero con cargo en el área de Ambiente del gobierno provincial, y una cuarta que lleva meses trabajando en una investigación de manera solitaria. “Entonces, la justicia pide que se hagan pruebas imposibles, costosas, y ni siquiera escuchan a los especialistas”.

Foto Gentileza Radio Panamericana.

La secretaria, atenta a los planteos, advierte que desde el poder judicial se pretende dar formación para estar preparado en problemáticas de esta índole:

-Lo que yo les invito es que se sumen a unas plataformas de diálogos, que se vienen llevando a cabo, para que elaboremos protocolos de actuación que sirvan para formar al personal judicial. Para que tenga herramientas que permitan responder a necesidades concretas.
-¿Qué fecha sería eso?
-En realidad son un proceso de consultas. Hemos hecho capacitación sobre personas mayores, de niños y niñas adolescentes…
-Pero la de ambiental, ¿qué fecha sería?
-La de ambiental la estamos pensando para fines de agosto.
-¡Para esa fecha ya no habrá más monte en Paravachasca!

Casi diez horas después, el reloj marca las once de la noche. Finalmente, se llega a un acuerdo. “Presentamos un habeas corpus, preventivo y colectivo, que está siendo tramitado por la jueza de control de novena nominación”, señala a La Luna con Gatillo otro de los abogados presentes, Juan Smith. Siendo ya el día viernes posterior, 29 de julio, la magistrada “pidió, otro esfuerzo más, que es que ampliemos ese habeas corpus, cosa que haremos el lunes a primera hora del día. Y después, decidiremos los pasos siguientes”.

¿Lawfare? ¿Falta de capacitación? Los reclamos ambientales vienen elevando su contenido judicial. Ya no es solo una protesta contra los poderes ejecutivos, sean provinciales, nacionales o comunales. El aparato judicial también viene siendo observado. Al ser mirada, habrá que ver si se siente interpelada.