COLABORACIONES

Las protectoras del agua

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Un grupo de mujeres se organizaron para cuidar los páramos y el agua de su región frente a proyectos extractivos. El 16 de septiembre se cumplieron quince años de la consulta vecinal que negó la licencia social al proyecto Río Blanco. Las mujeres fueron protagonistas en primera línea y hoy lo siguen siendo.

Por Malú Ramahí para el portal Wayka (Perú)
En la foto de portada, Nivia tiene detrás suyo los páramos que cuida para que no se contaminen. Foto: Malú Ramahí

Desde el balcón de su hogar, Nivia Pusma Lizana, madre y mujer campesina de Ñangalí en Piura, puede ver su extenso jardín y las verdes lomas que se levantan a tan solo unos metros de su casa. El aire que acaricia su rostro es casi puro, el agua que corre en el río es limpia y la tierra que trabaja es fértil. Es el único lugar donde ella quiere vivir hasta el final de sus días.

—Yo me siento feliz de vivir acá, la costa no me enseñaría nada— dice con una sonrisa, mientras observa en el fondo cómo la neblina se disipa para dejar ver uno de los ecosistemas más importantes del mundo: los páramos.

Los páramos son montañas humedecidas en su cúspide por las lluvias y la neblina que, tras un proceso de filtración, crean ríos y quebradas de agua dulce en sus faldas.

A la comunidad de Huancabamba les une una fuerte vínculo con los páramos, sobre todo a las mujeres, quienes son protectoras de los páramos y del agua.

—Son como una esponja de agua, que la va guardando y de a pocos la va soltando—, explica Nivia.

Las principales actividades económicas de la comunidad como la agricultura, la ganadería y el turismo se sostienen del agua que se desprende de los colchones acuíferos. Con el agua riegan sus sembríos y alimentan a sus animales. También, el agua de las lagunas de las Huaringas ampara al curanderismo y la chamanería, dos pilares por los que Huancabamba es conocida a nivel nacional e internacional.

Los páramos de Huancabamba son protegidos por la comunidad, en especial de las mujeres. Foto: Malú Ramahí.

Proyecto Río Blanco

Nivia sabe que las bondades de la naturaleza no son gratuitas. Su comunidad, desde el 2001, viene rechazando un proyecto minero ya concesionado, donde se tiene proyectado hacer un mega depósito a tajo abierto en la montaña Henry’s Hill. Allí donde se encuentra uno de los recursos de mineral de cobre sin explotar más grandes del mundo. Este proyecto tiene como nombre “Río Blanco”, y pese a la insistencia de las autoridades, nunca le otorgaron la licencia social.

El proyecto Río Blanco (exMajaz) está ubicado en Carmen de la Frontera, en Huancabamba. Hasta el 2007, Río Blanco Cooper se llamaba Minera Majaz, y perteneció a la empresa Monterrico Metals, pero, posteriormente, sus acciones y derechos fueron comprados mayoritariamente por la empresa china Zijin Mining.

Los huancabambinos tienen temor de un posible impacto ambiental negativo, que contamine el agua y dañe los páramos que los rodean. Al inicio del proyecto, la población de Huancabamba y Ayabaca lo apoyaron, pero luego cambiaron de opinión.

—Vino un cura de nuestro mismo caserío, Francisco Ibáñez Ojeda, y nos hizo una reunión, y ahí nos explicó lo que traía la minería. A partir de eso se dio un conflicto porque ya había bastante gente ganando 50 soles por jornal con la mina, a diferencia de los 5 soles que ganábamos antes— comenta Nivia.

Así fue que iniciaron una lucha contra la minería. En las rondas campesinas no solo participaban varones, las mujeres fueron también protagonistas de la resistencia. En Ñangalí, Huancabamba, Nivia y sus compañeras se organizaron y crearon la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA), un grupo de 35 mujeres afiliadas que comparten el mismo compromiso: proteger el agua, las tierras y montañas que sostienen sus vidas.

El nacimiento de AMUPPA

En el 2005, un numeroso grupo de campesinos realizó una marcha en contra del proyecto minero ”Majaz”, que luego se convertiría en Río Blanco. Durante las protestas, los pobladores llegaron hasta el campamento minero para intentar dialogar con los directivos y expresar sus opiniones.

Sin embargo, lo que inició como una manifestación pacífica y legítima, terminó en una masacre: un total de 28 campesinos fueron secuestrados y torturados por la policía y personal de seguridad que resguardaba el campamento de la empresa minera. Durante tres días, los comuneros fueron sometidos a la violación de sus derechos humanos, que no paro hasta que se hizo público en los medios. Durante esta violenta represión, el rondero Melanio García fue asesinado de un disparo de bala.

Nivia repasa en sus memorias con mucha tristeza. Sus amigas, Cleofé Neyra, mujer campesina investigadora, y Elizabeth Cunya, abogada y comunicadora, eran las únicas mujeres dentro del grupo de comuneros secuestrados. Durante los tres días que permanecieron cautivas, las mujeres de Ñangalí realizaron diversos plantones en contra de los abusos que se estaban cometiendo.

—Suerte tuvieron que algunas personas de buen corazón las apoyaron y lograron rescatarlas. Todas nos unimos para recuperar a nuestras compañeras. Nosotras aceptamos, nos vamos a organizar porque la próxima vez seremos más las que iremos hasta Río Blanco. Desde ahí hemos trabajado por el bien de todas las mujeres— rememora Nivia.

Imágenes de la represión. Fotos: Fedepaz – CNDDHH

Tras la liberación de sus compañeras, Nivia recuerda claramente aquella reunión donde le dieron vida a la primera Asociación de Mujeres Protectoras de los páramos (AMUPPA). Se hizo en respuesta a la presencia de lo que ellas consideran la principal amenaza de los colchones acuíferos: la minería. En ese entonces tuvo como primera presidenta a Cleofé Neyra, una de las víctimas del abuso policial.

Diecisiete años después de los hechos de secuestro y tortura, el trauma aún ha quedado y la justicia aún camina a paso lento. Cleofé falleció en el 2020 tras caer enferma con el Covid-19. Elizabeth, aún espera que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en derechos humanos, interculturalidad y delitos de terrorismo, se encargue de concluir la investigación por tortura contra los 28 campesinos secuestrados.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) es la organización que ha asumido la defensa legal de este caso. También tienen a cargo tres casos emblemáticos más: uno por un doble asesinato, otro por un intento de homicidio y el tercero por un supuesto intento de secuestro, todos relacionados al conflicto con el proyecto Río Blanco.

Según confirmó David Velazco a Wayka, quien es abogado defensor y director de Fedepaz, la investigación por la muerte de Melanio García fue archivada por prescripción. Lo mismo pasó con una denuncia que hicieron por tocamientos indebidos contra las dos únicas mujeres víctimas de la represión. También indicó que la investigación por tortura, que se lleva a cabo en Lima, retrocedió a investigación preliminar.

Protectoras del agua

La labor de la AMUPPA no solo se limita a su discurso y acción en contra de los proyectos extractivos que contaminan. El día que llegué a Ñangalí, las mujeres de la asociación se estaban organizando para una campaña de limpieza general en su comunidad. Habían redactado un guion para un spot radial, que se transmitiría en una radio local.

Ellas realizan, junto a otras comunidades, la limpieza de un canal que sus antepasados construyeron para distribuir el agua de los páramos a todos sus territorios. El canal muchas veces queda obstruido por los derrumbes y la maleza, pero pese al acceso difícil por el clima y altura, su limpieza se hace una vez al año. Esta labor también lleva a las mujeres de la AMUPPA a hacer un recorrido en los páramos que les ayuda a evaluar su sostenibilidad y los cambios que pueden llegar a tener por el clima o por la intervención humana, como la deforestación, una amenaza más de estos ecosistemas.

Ahora vienen convocando a las nuevas generaciones de defensoras del agua, como es el caso de Bremilda Ojeda Ojeda, una joven de 18 años, hábil tejedora de finos ponchos, que actualmente ocupa el cargo de Fiscal en la AMUPPA. La hija de Nivia, quien ha ganado una beca del Estado para estudiar en una universidad privada de Piura, también participa de los proyectos que promueve su mamá junto a sus compañeras.

Años anteriores, antes de la pandemia, cuando Cleofé Neyra era presidenta de la asociación, habían realizado proyectos de investigación sobre la elaboración de productos en base a plantas medicinales.

Recientemente, han participado en diversas manifestaciones en contra de Río Blanco y a favor del medio ambiente, no solo dentro de su comunidad. En enero de este año una delegación de la AMUPPA participó en una protesta contra Repsol, tras los derrames de petróleo ocurridos en el mar peruano.

Bremilda Ojeda Ojeda (en el centro) junto a su familia en Huancabamba. Foto: Malú Ramahí.

No es solo un pedazo de tierra

Elizabeth Cunya Novillo tiene una opinión crítica sobre la actividad de las empresas mineras y apela a que existen otras formas de desarrollo.

—Es un modelo económico impositivo que lo que hace es desconectarte de tu parte como ser humano, porque al final te mercantiliza y al final, ¿cuál es el resultado? Nosotras creemos que es posible otra forma de desarrollo, es posible otra forma de crecer económicamente sin la necesidad de destruir ecosistemas—, señala.

Cunya Novillo es natural de Ayabaca, pero ocupa el cargo de Coordinadora de la AMUPPA de Ñangalí. En la tierra que la vio nacer, también se oponen contra Río Blanco, ya que el derecho del terreno superficial del proyecto está inscrito en la comunidad campesina de Yanta, provincia de Ayabaca.

—Lo que se concesiona no solo es un pedazo de tierra, se concesiona todo un tejido social que tiene sus costumbres, su visión de proteger la biodiversidad. Hay una conexión directa con la tierra, con el agua, con la fe de poderte sanar por medio de las plantas medicinales, con las mismas aguas medicinales que nacen de los páramos—comenta.

Sin licencia social

Según el Estudio de Impacto Ambiental semi detallado, realizado por Río Blanco Cooper en el 2008, precisan que el proyecto no afectaría a los ríos que alimentan las comunidades, pero reconocen estar situados dentro de la “subcuenca que forma el río Blanco y sus afluentes, entre ellos las quebradas Majaz y El Gallo, ambos pertenecientes a la cuenca del río Chinchipe», en plena biodiversidad de los páramos.

También señalan que encontraron una “buena disposición y aceptación del proyecto” por parte de la población más cercana al yacimiento. Pero la realidad es distinta cuando uno llega a Sapalache, capital de Carmen de la Frontera. La entrada de este lugar está adornado por un enorme arco amarillo, que en lo alto de sus columnas, dice: Agro sí, mina no. Las y los sapalacheños no han dudado en hacer pintas en las fachadas de sus casas. “Río Blanco NO va”, sentencian.

Las mismas imágenes se pueden ver en otros caminos de Huancabamba. Justo antes de llegar a Ñangalí, una de las casas tiene un mensaje pintado en contra de Río Blanco. Abel Racho, propietario de la vivienda, quien se dedica a la curandería, opina igual que el resto de la población.

—Queremos vivir en tranquilidad, en armonía. Nuestras famosas lagunas son las más visitadas, vienen personas de diferentes sitios, a darse un baño y sanarse, y precisamente por eso no queremos minería—, dice Racho.

En el 2008, Ismael Huayama, alcalde de Carmen de la Frontera, y Lázaro Toro, alcalde de Huancabamba, hicieron llegar al Ministerio de Energía y Minas una serie de observaciones realizadas por el geógrafo Anthony Bebbington, con aportes de María Burneo, de la Universidad de Manchester; Kenneth Yung, de la Universidad de Texas; Fedepaz; Red Muqui, entre otros.

En el informe de observaciones, concluyen que Río Blanco no contempló en su estudio los posibles potenciales de impacto ambiental que podría causar el proyecto. Además, señalan deficiencias en la toma de análisis del yacimiento, y el no reconocimiento de la presencia de un conflicto socioambiental.

Ciudadano en el frontis de su vivienda en Sapalache. Foto: Malú Ramahí

Conflicto latente

Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 216 de la Defensoría del Pueblo, la confrontación entre Río Blanco y las comunidades de Huancabamba y Ayabaca permanece en estado latente; es decir, no es un conflicto resuelto y en cualquier momento puede reactivarse.

Las mujeres de la AMUPPA temen que ese momento regrese y viven con esa la incertidumbre. Existe un pedido de nulidad de la concesión, pero hasta la fecha, no hay una respuesta. Cuatro presidentes han pasado pero ninguno resolvió el conflicto.

—Si el gobierno no nos escucha, nosotros tenemos nuestras propias leyes comunales. nadie va a poder ingresar sin nuestro permiso—, comenta Rosa Morillo, coordinadora de la AMUPPA.

Río Blanco Cooper, por su parte, sigue invirtiendo en campañas informativas fuera y dentro de Huancabamba para incentivar al diálogo. Según han señalado a través de su página web, el proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad y están “realizando la línea de base ambiental, comunicación intensiva, participación ciudadana y evaluación de impactos”.

Este viernes 16 de septiembre se cumplen 15 años de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca, donde la población le dijo no al extractivismo. Las mujeres protectoras del agua, por su parte, continúan limpiando el canal del río y organizando a las comunidades para cuidar lo que es para ellas su razón de vida: los páramos.