La revancha del garrote
La detención de sindicalistas en Córdoba fue impulsada por el fiscal a cargo de la primera represión en la era Milei. La provincias atrapada en la doble tercerización del ajuste y la represión.
Por Lea Ross
“Cada voto que no vaya a Juan [Schiaretti], termina siendo un voto a [Javier] Milei”, sostuvo un eufórico gobernador Martín Llaryora el sábado pasado. Fue durante un acto del frente electoral Provincias Unidas, en el Hotel Quorum, cuya lista lo encabeza su antecesor en el Panal. Mientras eso ocurría, el gremialista de estatales Federico Giuliani recién salía del Hospital Misericordia, con un brazo fracturado y el otro esposado en la camilla durante su internación. Su nuevo destino: la cárcel de Bouwer. Antes de ser aprehendido, dijo ante una grabación por celular: “¡Schiaretti y Llaryora son igual a Milei! ¡No los voten!”.
Giuliani fue imputado, junto a otras 14 manifestantes, por resistencia a la autoridad y lesiones leves, además por amenazas en su caso particular. Todos fueron bajo la orden del fiscal Ernesto de Aragón, una figura clave dentro del aparato judicial cordobés a la hora de aplicar el garrote a la protesta callejera. Fue el que libró la primera represión en la era Milei: el desalojo a un cacerolazo en el centro capitalino cordobés, en rechazo al famoso megaDNU 30/2023. Incluso, el 26 de mayo del año pasado, realizó allanamientos en Río Cuarto contra quienes realizaron manifestaciones en contra a la primera visita de Javier Milei como presidente en la provincia. Además, tuvo un frustrado intento por impulsar el primer juicio penal contra un piquete. En los últimos dos casos, estuvo tras el rastro de la misma persona: el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en Córdoba, Federico Guliani.
Están todos detenidos
Los hechos ocurrieron el jueves pasado a la mañana, en la ciudad de Córdoba. Según pudo reconstruir La Luna con Gatillo, las organizaciones concentradas en la Federación Nacional Territorial (FENAT), dentro de la CTA Autónoma, exigieron ingresar a la Secretaría de Políticas Sociales del municipio por demanda de alimentos para sus comedores barriales. De allí hubo momentos de tensión con la Policía, generando un forzado ingreso de militantes al establecimiento alrededor de las 11:30 horas. Desde adentro, los encargados de seguridad aprovecharon para cerrar la puerta. “Están todos detenidos”, proclamaron.
Otro de los imputados, el abogado matriculado César Theaux, y que recientemente trasladó lo sucedido al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, puntualizó que el operativo fue manejado por los subcomisarios Edgardo Gustavo Pérez y Ezequiel Ulises Romero. Al pasar cerca de media hora de lo ocurrido, un grupo especial con escudos y palos procedieron a las aprehensiones. Eso incluyó el forcejeó al líder gremial de ATE, provocando una lesión en su codo, ejercida según la palabra de los manifestantes por el policía Romero. Al llegar los camiones, se realizó un operativo a cielo abierto para despejar al resto de los manifestantes, donde también se restringió la labor periodística.
Frente a las cámaras de televisión, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “lo que ellos llaman represión, nosotros lo llamamos reconstruir el orden público”. Un ofuscado colega de Radio Mitre, Leonardo Guevara, cuyo labor en el lugar de los hechos fue entorpecido por los propios policías, le repreguntó:
-¿Usted cree que el accionar de la policía con los periodistas fue correcta?
-(Titubea) Eso… lo va a… a determinar la Dirección de Conducta Policial.
Mientras tanto, el móvil de Telefé Córdoba le preguntó al fiscal De Aragón si lo que ocurrió no se asemeja a los hechos de violencia en la Ciudad de Buenos Aires, cuando las fuerzas federales ponen en funcionamiento el “protocolo antipiquetes” de la ministra nacional Patricia Bullrich. El funcionario le respondió: “En este caso, por lo que yo entiendo… de nuevo, estamos recién arrancando, recién profundizamos para aclarar esto. Segundo: entiendo que estos incidentes no han sido producto de una intervención previa en la que se pudo aplicar un protocolo para disuadir, sino de una reacción espontánea y súbita de los manifestantes que quisieron entrar cuando se enteraron que no iban a ser recibidos. Así que, obviamente, no hubo mucha oportunidad para aplicar un protocolo”.
Consultada por el presente portal, Silvia Alcoba, secretaria adjunta de CTA Autónoma Córdoba y otra de las imputadas, explicó lo ocurrido en hechos posteriores: “Nosotras estuvimos 14 horas detenidas. Diez horas en tribunales, en un sótano. Solo nos dieron agua sucia para mojarnos los labios, porque teníamos la boca seca por el gas pimienta que nos tiraron. De ahí nos llevan a Bouwer. Hacen un procedimiento como si fuéramos los internos más peligrosos, donde fuimos fotografiadas, requisadas cinco veces, y nos sacan foto con los carteles de nuestros legajos. Y nos largan a la 1 de la madrugada”.
Giuliani fue el único que estuvo encerrado hasta ser liberado a la tarde del lunes primero de septiembre, luego de concentraciones, pedidos de liberación y repudio al proceder policial y judicial, generando incluso repercusiones a nivel nacional. Para cuando se ordenó su liberación, De Aragón no estaba en su oficina.
Rebote
El año pasado, el fiscal Ernesto de Aragón había pedido la elevación a juicio contra seis activistas por organizar un piquete en el año 2023 en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Para eso, recurrió a nueve testimonios, todos ellos uniformados de la Policía de Córdoba. Además, incorporó “un informe” de la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones, que consistió en un relevamiento de las redes sociales. Finalmente: había adjuntado un “extenso informe” de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial, que incluyó “imágenes de los domos céntricos, de medios de comunicación y de las propias redes sociales de los imputados.
Recibió su respuesta el 22 de abril reciente, por parte de la Cámara de Acusaciones. Consideraron que la fiscalía no había cumplido con “las exigencias típicas para que se verifique el ilícito en cuestión”. De Aragon había explicado que las organizaciones no habían respondido la orden policial de levantar la marcha. Pero para los camaristas, “no se trató de una orden strictu sensu, sino de un mandamiento informal”, ya que solo surge del testimonio de dos policías y sin “prueba objetiva independiente”. La Cámara concluyó que “la movilización no produjo afectación al bien jurídico protegido, dado que solo provocó molestias, inconvenientes, o demoras que resultaron tolerables por el resto de la ciudadanía”. También subrayaron que “se trató de una concentración pacífica, donde no se produjeron daños a personas o cosas ni hubo disturbios de ninguna índole”.
El frustrado intento que tuvo el fiscal de realizar el primer juicio penal contra una manifestación piquetera tuvo su revancha el jueves pasado, ya que Federico Giuliani también fue uno de los seis absueltos de esa causa.
La doble tercerización
Después de la liberación de las 15 personas que reclamron raciones para sus comedores, el Instituto de Estadísticas, y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), calculó que en agosto pasado más del 50% de las familias cordobesas de la provincia dejaron de comer el almuerzo, cena, merienda o desayuno. Además, más del 30% sintió hambre, casi el 20% se quedó sin comida y el 19% tuvo que hacer algo que no quería para conseguirlo. Consultado por La Luna con Gatillo, el instituto explicó que estos últimos se basa principalmente en pedir dinero o alimento, y que eso puede incluir a aquellos que asisten a algún centro de contención de su barrio, aún quienes se autoperciben como clase media. Pero por razones de rigurosidad estadística, se evitan hacer esas preguntas específicas para no influir en la respuesta.
Para el IETSE, los precios en la comida subieron 2,3%, fruto “de la suba del dólar” que rozó los $ 1.400 y que en la actualidad todavía mantiene ese riesgo. A mediados de ese mes, el Banco Central había obligado a los bancos a aumentar los encajes obligatorios, que es la cantidad de dinero depositado que no puede ser utilizado para dar préstamo, sino que deben estar reservados como seguro. Dicha decisión fue tomada para evitar el retiro de esos pesos para comprar dólares y frenar otra suba de la cotización. Sin embargo, eso generó que también se enfriara la economía, al no haber crédito para el consumo: “Esto puede explicar el hecho de que el uso de tarjetas de crédito para compra de alimentos haya caído por segundo mes consecutivo en un punto porcentual, forzando a las familias a recurrir al fiado o a préstamos informales. A nivel microeconómico, se observa que las políticas monetarias de estabilización, impactan de lleno en la vida cotidiana, especialmente en los sectores de ingresos bajos y medios”.
El ajuste nacional implica también una tercerización en las provincias, lo que lleva a los gobernadores quedar atrapados en un círculo vicioso, fruto de la escasez de recursos que se envían desde Nación. Tal es así que, a mediados de mayo, fue noticia en los medios de Córdoba el anuncio por aplicar el Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor), por primera vez al Colegio Carbó, la centenaria escuela ubicada en la zona céntrica de la ciudad y donde asiste principalmente juventudes de clase media. “Hubo chicos que se desmayaban adentro de las aulas”, replicaron las autoridades del colegio, generando asombro a los televidentes.
Para los barrios, la provincia cuenta con el Programa de Asistencia. Organizaciones barriales advierten que tiene una dificultad administrativa/burocrática para acceder al beneficio, que se basa en una declaración jurada por parte de una asociación simple, certificados con escribanos y gestiones presenciales en los respectivos departamentos: “Son trámites que quienes gestionan los espacios alimentarios tienen grandes dificultades para realizar”, comentan. Por el otro, a nivel municipal capitalino, está la “Tarjeta Activa”, que deposita 200 mil pesos mensuales a quienes figuran en el Registro Municipal de Espacios Comunitarios. Hay testimonios que aseveran que no siempre los depósitos están garantizados. Por eso la llaman “Tarjeta Inactiva”.
A partir de la licuación del Potenciar Trabajo, para sostener proyectos autogestivos incluyendo merenderos y comedores, más el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo, que se cobra a nivel individual, el proyecto anarcocapitalista apunta al desmembramiento de sectores más organizados para dar vía libre al mercado en los territorios, según especifican los postulados teóricos de la Escuela Austríaca, que tanto lee el Presidente de la Nación. El problema es que el “mercado” que podría regular todo eso sería el narcotráfico.
Por esa razón, tampoco sorprende que también exista una tercerización de la represión por parte de las provincias. En Córdoba, existe el “protocolo Schiaretti”, que prohíbe los cortos totales de las calles, aunque habilita un diálogo previo con las autoridades policiales. Así lo pautó el propio De Aragón, en diciembre de 2023, desde su oficina y a su humilde servidor, después de ordenar el desalojo al cacerolazo contra el famoso DNU de Milei: “Desde el punto de vista técnico, el ‘protocolo Bullrich’ es un instructivo dado a las fuerzas federales para aplicar en territorio federal, no en las provincias. De todos modos, su objetivo principal, más allá de algunas diferencias de grados, es tratar de mantener el orden en las manifestaciones, que es el mismo que tenemos nosotros con una metodología un poco más acentuada en coordinar y persuadir. Acá se hace hincapié en el diálogo y la disuasión previa. No se habla del despeje total de la calzada, sino que simplemente hay que garantizar la circulación vehicular. Eso habilita un amplio margen para que nosotros podamos trabajar con tranquilidad. Es decir, son diferencias de grados de implementación. Ahora: el objetivo es el mismo, que es tratar la libertad de expresión, de manifestarse y a la vez asegurar el orden y la seguridad pública”.
El conflicto social emerge cuando la distancia que separa la seguridad pública de la seguridad alimentaria es medido con la longitud de un garrote.
