La pala y el palo

Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca

Crisis económica, falta de plata y fuga de plata. Temporada de incendios y asesinatos policiales. Un palo y una pala. Una pala y un palo. De todo eso hablaremos para profundizar lo candente y lo venidero.

Se la llevan todos ustedes

La semana pasada arrancó con la primera conferencia de prensa de la flamante ministra Silvina Batakis, hablando de “orden y equilibrio a las finanzas públicas”, “garantizar el equilibrio fiscal”, mantener “las metas acordadas con el FMI”, “manejo eficiente del presupuesto”, no “gastar más de lo que tenemos” y “congelamiento de personal” estatal. Calmar oralmente los “mercados” era el propósito, mientras que visualmente cargaba una vestimenta de colores cálidos, en contraposición a la frialdad que emanaban Daniel Scioli (ministro de Producción) y Julián Domínguez (de Agricultura).

La banda de Batakis.

Horas más tardes, se realizó un debate en el canal televisivo IP entre el optimista Antonio Aracre, CEO de la multinacional Syngenta, y el pesimista Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE). A diferencia de la conferencia de la ministra, en aquel estudio se habló de “sector agroexportador”, “desmonte”, “población urbana”, “contrabando” y “salario básico universal”. Compartimos una síntesis del mismo:

A pesar que Grabois no sabía su nombre, Antonio hace rato que viene teniendo presencia televisiva por distintos canales porteños con tinte progresista para hablar de política y economía. Todo a la sazón de que esos mismos programas reciben como contraprestación una pauta publicitaria de Syngenta. A pesar que Antonio vista de pullover, use anteojos y tenga una entrada que le brinda un look a lo Michel Foucault, Aracre se asemeja más al inefable Leonardo Cositorto, donde abonó fondos clandestinos a distintos programas de televisión que tratan de temas de actualidad o de farándula, para que luego sea invitado en el estudio televisivo y presentado como un “analista político”.

Aracre y Cositorto. Analistas y pautadores seriales.

El paralelismo con el impulsor de estafas piramidales, y quejoso con los insectos que convive en su celda de la cárcel de Bouwer, puede resultar caprichoso. Pero no tanto. Syngenta aparece en la lista que había publicado Horacio Verbitsky sobre las 100 empresas que más fugaron billetes al exterior durante la gestión de Mauricio Macri y que, en el medio, tuvo que pedir el magnánimo préstamo al Fondo Monetario Internacional. La firma de productos transgénicos transfirió casi U$S 207 millones. Insignificante para los U$S 86.000 millones durante los cuatro años macristas, pero lo suficiente como para estar en la lista top de los vaciadores de fondos. Igualito a una red de contrabando de granos decomisado por la AFIP frente a las barcazas que cruzan el río Paraguay.

Realidades inversas

Acerca del rol del sector del agronegocio, el siguiente gráfico fue extraído del último informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), conformado por jóvenes economistas que viven en Córdoba, titulado “Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba” y que se presentó recientemente. Allí se muestra la tendencia que tuvieron las distintas actividades económicas de la provincia dentro del Producto Bruto Geográfico (lo que sería el PBI provincial), medido en millones de pesos constantes a valor del 2004, en la década saliente. El más beneficiado fue el sector agrícola, teniendo como reverso, a un valor absoluto semejante, a la industria manufacturera, dando una señal de por qué la región del Gran Córdoba viene teniendo los peores índices laborales según los números del INDEC.

Protección quemada

De a poco viene siendo noticia en Córdoba la aparición y contención de focos de incendio forestales. La temporada comenzó y no se descarta que puedan ocurrir llamaradas de gran tamaño en las próximas semanas. O días.

Dentro del presupuesto de políticas ambientales de la provincia cordobesa, el 41,2% se lo lleva el Plan Provincial de Manejo del Fuego, seguido por un 24,7% que se encuadra en gastos conformados, principalmente, para el personal de la Secretaría de Ambiente, siguiendo con los gráficos de OTES.

“Las políticas ambientales tienen cada vez menor peso en el total del presupuesto provincial. Mientras que en 2016 estas representaban el 0,36%, en 2022 son el 0,25%”, señala el colectivo de economistas, expuesta en éste otro gráfico.

Si se observan los distintos sub-rubros, vemos que esa tendencia es similar al del programa contra el fuego, al del ordenamiento territorial (o sea, la plata que se utiliza para cumplir con la ley de bosques), y de policía ambiental (este último, tuvo un enorme crecimiento al ser absorbido por el Ministerio de Seguridad). Sin embargo, no ocurre así en los gastos de personal y del tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde muestran un irrefrenable tendencia a la baja.

Acerca de los gastos administrativos y salariales, se destaca una fuerte caída del 50% de sus recursos. En cierta manera, eso explicaría de por qué las audiencias públicas, donde las comunidades puedan exponer sus opiniones sobre un determinado emprendimiento, se mantengan en la modalidad virtual vía Zoom, a pesar de que la brecha digital sigue estando presente en distintas geografías.

Mientras que en el caso de los residuos, se tiene solo un cuarto de recursos de los que se tenía en 2017. Hay que advertir que uno de los desencadenantes del origen del fuego tiene que ver con las quemas clandestinas e ilegales de desechos en basurales a cielo abierto como modo de reducir su ocupación.

“En el caso extremo de Residuos Sólidos, en 2020 se ejecutó un 2% de sus fondos y en 2021 directamente no tuvo movimiento. Con respecto al programa de Ordenamiento de Bosques Nativos en promedio se ejecutó el 77% de sus fondos en los últimos años. Sin embargo, los últimos años la misma se encuentra por debajo del 60%”, aclaran desde OTES.

A mover el boom, boom, boom…

Si volvemos a la primera gráfica, resulta subrayable que el segundo sector más beneficiado, por debajo de la agrícola, fue el sector inmobiliario, y en tercero el rubro de intermediación financiera. En sintonía con el resto de las grandes urbes del país, el “boom” sojero empujó al “boom” inmobiliario y este, a su vez, al “boom financiero”.

Recurriendo a un informe del CIPPEC, y citado por OTES, entre los años 2006 y 2016, vemos que el Gran Córdoba es la segunda urbe con mayor expansión anual en la región centro (+1,79%), superado por el Gran Rosario (+1,92%). En ambos, prácticamente duplican al promedio regional: 1,08%, que “se explica en gran manera por nuevos usos de suelo de tipo residencial”.

“El problema se encuentra en que la expansión de uso residencial del uso del suelo se explica en un 46% por urbanizaciones cerradas. Este tipo de emprendimientos inmobiliarios que expanden la ciudad lo hacen hacia las regiones más altas, en terrenos que se encuentran, generalmente, en las sierras, amenazando áreas de reserva”, advierten desde OTES, haciendo un paralelismo con las sospechas de quemas forestales para luego lotear las tierras chamuscadas.

Finalmente, se debe advertir que en los últimos años, la aparición de cuevas financieras, cuyas sedes se encuentran en las zonas céntricas y del noroeste de la capital cordobesa, ponen en funcionamiento sus bicicletas financieras en parte por el aporte que brinda el rubro inmobiliario, donde utilizan los fondos aportados por sus clientes, en lugar de invertirlos en los servicios o para concretar la edificación de las viviendas.

Es lo que vienen notando distintos funcionarios judiciales que trabajan de oficio a la hora de rastrear las rutas del dinero, que en algunos casos se depositan en cuentas offshore.

Todos unidos triunfaremos

Todos estos temas no emergen dentro del vocabulario de la ortodoxia fiscalista, lo que lleva a que se mantenga lo que pretendía el ministro saliente Martín Guzmán, que es presentar la tranquilidad en épica. Eso implicó que los precios vayan viajando en el Batimóvil, mientras que los ingresos de gran parte de la sociedad se trasladan en un triciclo.

Por esa razón, se viene empujando de manera inédita la confluencia de distintas organizaciones sociales, ligadas al rubro laboral. Esto se advierte en distintos encuentros, incluso registrado de manera fotográfica, donde van compartiendo referentes de las dos principales centrales de trabajadores excluídxs de la economía formal: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unidad Piquetera (UP). La diferencia mínima sobre lo urgente, que consta sobre el modo de quebrar la subnutrición que padecen quienes no llegan ni a la canasta alimenticia, lleva a que la UTEP proponga un salario básico universal, como compensación al trabajo que realiza cualquier habitante del cual no tiene ningún amparo previsional, mientras que la UP apunta a un seguro de desempleo, exponiendo un escepticismo sobre si eso se puede considerar como trabajo.

Aún así, la fluidez de los dos principales frentes se ha notado en, por ejemplo, la asamblea realizada en la Estación Constitución, donde también participó la CTA Autónoma, como así también en actividades llevadas a cabo en plaza de Mayo. Pero todo esto se desencadenó a partir de los 40 allanamientos realizados en comedores, locales y viviendas ligadas a esos sectores populares en distintas provincias. La secuencia llevó a una conferencia de prensa, realizada el 8 de julio, en una sala de Congreso, en repudio a esos acontecimientos.

Descompensados

Hablando de cuestiones represivas: Córdoba vive un nuevo escándalo institucional-policial. La muerte de Jonatan Romo -de 35 años y que tenía un delicado estado clínico-, quien se encontraba en el interior de la comisaría de la ciudad de La Falda, agudizó aún más la situación a partir de los resultados de la autopsia, que confirmaron que su deceso fue por “asfixia mecánica” y causada por terceros. En base a un registro por celular, previo a su muerte, Jonatan fue paralizado por tres uniformados de la Policía de Córdoba, para luego ser llevado al destacamento, utilizando el mismo método que usó la Policía de Minneapolis en el año 2020 para matar a George Floyd.

Al tener esos resultados a mano, el fiscal Raúl Ramírez ordenó detener el jueves pasado a seis policías e imputarlos por homicidio calificado (los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri y los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez) y por encubrimiento agravado (el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez).

No pasó inadvertido el dato que brindó la familia, donde advirtieron que en diciembre pasado, Jonatan había padecido una situación similar, donde fue detenido y golpeado por uniformados, a punto tal que fue trasladado a un hospital. El dato fue confirmado por fuentes policiales, lo que lleva a plantear que la víctima ya estaba “fichado” por los uniformados y con conocimiento de causa sobre su delicado estado de salud mental.

No solo el encubrimiento fue tan notorio, sino que además, previo a ser puesto a retiro, el jefe de la departamental de Punilla de ese entonces, el comisario Diego Bracamonte, había declarado ante las cámaras de televisión local que Jonatan había padecido una “descompensación”, subrayó que estaba “imputado” por lo ocurrido en diciembre y y subrayado que Jonatan estaba imputado por los incidentes de diciembre y dio a suponer que su “recaída” fue la causante de esa descomposición.

Un año antes, como segundo jefe del departamento, Bracamonte se hizo cargo de la investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa, que desencadenó en la detención preventiva por dos años al jornalero rural Lucas Bustos, recientemente declarado inocente en la sentencia que se emitió, confirmando la teoría del perejil. Para la primera semana de agosto, se emitirá los fundamentos de la sentencia del juicio por Cecilia, lo que se pronosticaría que habrá un duro cuestionamiento al trabajo de los policías, donde la investigación de oficio, llevada a cabo por la fiscal Paula Kelm, se basó solo en la palabra de quienes portaban la placa y el palo.

Todo el peso de la ley

Finalmente, el gobernador Juan Schiaretti se manifestó públicamente sobre lo “acontecido en la comisaría de La Falda” y dijo que “queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”. Es innegable que la investigación avanza tan rápido como la inflación. Pero más por una enorme sensibilidad que se vive en la sociedad sobre estos temas, donde los casos de “gatillo fácil” vienen teniendo más repercusión en la provincia, que por la propia voluntad de la administración pública.

De hecho, el trabajo del fiscal lo lleva a cabo de mala gana, ya que Ramírez no solo es un ex-policía, sino que además fue miembro del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, la D2, en los últimos tres meses de la Dictadura. En democracia, ascendió a la titularidad de División de Asuntos Internos, para luego ser trasladado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Todo en los mandatos del gobernador José Manuel de la Sota. Eran tiempos donde se pretendía equiparar, punitivamente, el drogadependiente con el narco. Igual que en la cabeza del propio Bracamonte. Por último, Schiaretti nombró a Ramírez como fiscal del fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Schiaretti, desde Twitter, también reclamó que “que caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables. Es igual a lo que dijo en 2017, cuando ocurrió el desastre de Taym, cuyos desechos industriales se volcaron en el canal Los Molinos, donde luego se potabiliza parte del agua para la ciudad capital: “Le tiene que caer todo el peso de la ley”, sentenció. Este año, los empresarios fueron absueltos, a pesar de que la justicia confirmó la existencia de contaminación, pero ya había prescripto la causa. Quien formuló ese argumento fue el abogado de los imputados, el doctor Matías Pueyrredón, ex secretario de seguridad de De la Sota.