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La delgada línea entre la geopolítica y conspiración

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La moral, tanto neoliberal como progresista, y su influencia en el relato de la realidad argentina, desconoce las múltiples experiencias que confirman las diversas herramientas de “seguridad democrática” a la hora de perpetuar el extractivismo capitalista de muerte.

Por Tomás Astelarra

No me cansó de contar esta anécdota. Mi amigo Manuel Rozental, eterno militante de pueblos originarios, colombiano exiliado en México, dejo durante más de una hora que una académica, de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), explicara antropológicamente porqué en Colombia había tanta violencia y en otros países no. Al finalizar la exposición, Manuel le aclaró que la violencia en Colombia estaba directamente relacionado con el rendimiento económico de sus recursos naturales y humanos. La productividad de las minas del sur de Bolivar o la biodiversidad del Chocó (ambas zonas de intenso conflicto y violencia) triplican más que el rendimiento en cualquier otro lado del mundo. “Ojala no suceda, pero es muy probable que en diez o veinte años México viva la misma violencia que hoy vivimos en Colombia”, fue el funesto pero real vaticinio de mi amigo Manuel.

Los diferentes referentes de la política y la intelectualidad económica Argentina una y otra vez sostienen las increíbles posibilidades del usufructo de los recursos naturales de nuestro país. Lo que el candidato a presidente y cumpa Juan Grabois denomina el plan ALCA (Agua, Litio,Combustibles y Alimento). La ecuación del modelo capitalista implica que el aumento en rendimientos de estos recursos en un país habilitan (en las frías planillas de excell de los centros del capital financiero internacional) diversas estrategias factibles de costear sin que la ganancia esperada se vuelva negativa. Obviamente en términos de dinero. Las consecuencias humanas y ambientales no son parte de las planillas de excell de los grandes capitales.

Un modelo de “seguridad democrática”

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Velez, además de ser declarado por History Channel como el colombiano del siglo, ha recorrido el mundo explicando su exitoso plan de “Seguridad Democrática”, con el que dice dizque haber acabado con la guerrilla, el narcotráfico y pacificado el país (igual que hoy se dice del salvadoreño Bukele y explica Pablo Solana en “De la megacárcel de Bukele al envío del ejército a Rosario”).

En octubre de 2014, cuando comenzaban a entrar en calor las elecciones del 2015, el diario La Nación publicó una resonada reunión entre dos de los tres principales candidatos (Mauricio Macri y Sergio Massa) con Uribe, invitado a la Argentina para participar del XII Congreso Internacional de la Federación Panamericana de Seguridad Privada.

Si bien no salió en la foto, el candidato del peronismo, Daniel Scioli, alabó “el programa de Seguridad Democrática que se desarrolla en Colombia y la decidida lucha contra las drogas”. Por su parte, también, el gobierno kirchnerista contrató a Uribe como asesor poco antes de poner en las calles a la Gendarmería Nacional. También fue un hecho confuso el asilo a Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, uno de los paramilitares colombianos más famosos por su participación en el Bloque Capital de Bogotá y el asesinato del comediante Jaime Garzón (ambas situaciones ligadas al ex-presidente Uribe con amplios y comprobados vínculos con los carteles paramilitares de Colombia y anteriormente con el inefable Pablo Escobar).

Es que desde la perspectiva teórica, el modelo de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe Velez está inspirado en las políticas del Manhattan Institute, un poderoso think tank de Estados Unidos, que sigue la teoría de “tolerancia cero”, implementada en los noventas (pleno Consenso de Washington y Fin de la Historia según Fukuyama) por el ex alcalde de New York, Rudolph Giuliani, en base al libro de 1996 “Arreglando Ventanas Rotas: Restaurando el orden y reduciendo el crimen en nuestras comunidades”, de los académicos George Kelling y Catherine Cole. O el estudio de 1994 del psicólogo Richard Herrnstein y el politólogo Charles Murray, “La curva de la campana: Inteligencia y estructura de clases en la vida estadounidense”.

“Este paradigma de la (in)seguridad, considera que la seguridad ciudadana aumentará gracias al control del desorden de pequeña escala en lugares públicos. Se aplican políticas preventivas fuertemente agresivas con un gran número de policías en las calles en todo momento. Este think tank (el Manhattan Institute), promotor de la penalidad neoliberal, considera que el delito se origina, no como consecuencia de las condiciones sociales, sino por el mal comportamiento individual. Es el coeficiente intelectual de las personas el que determina la propensión al crimen y la cárcel: quienes cometen delitos son aquellos que sufren carencias mentales y morales y no quienes tienen privaciones materiales”, explica Sergio Job en su artículo “Policializacion, ineficacia y discriminación en las políticas en seguridad en la Córdoba actual”.

Allí, el abogado y militante social, parte de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR) de Córdoba y director del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) para la zona Centro, relata como una de las primeras medidas del flamante gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, fue justamente firmar, en octubre de 2014, acuerdos de asesoramiento y formación con el Manhattan Institute. Parte de esta estrategia fue la implementación del Código de Faltas (fuertemente resistido por las organizaciones sociales cordobesas y que debió reformarse).

Está dinámica de la política de seguridad cordobesa, permite hablar de un Estado Policial, entendiendo por éste no sólo a las fuerzas policiales en sí mismas, sino a todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos que son propios de este tipo de gubernamentalidad, expresión local de las sociedades de control que se configuran como un signo de época”, explica Job en su artículo.

Estas políticas, además de obviar las fuentes económicas y sociales sobre el delito urbano y la participación en él de los delincuentes de corbata (al igual que, como bien dijo Cristina Kirchner y otros referentes sociales, se desvincula el narcotráfico del lavado de dinero o el libre comercio de la soja), implican un mayor gasto del estado en materia de seguridad (incrementando el déficit fiscal o transfiriendo partidas de educación, salud o contención social hacia las fuerzas de seguridad). También implican estigmatización y criminalización en los barrios, incremento de la población carcelaria (con sus consecuencias en el hacinamiento y otras expresiones del maltrato carcelario y el aumento del gasto público) (1). A la vez reinscriben en el inconsciente colectivo argentino la fatídica expresión del “algo habrán hecho”, baluarte de la complicidad social en la Argentina con las violaciones a los derechos humanos durante el dizque “proceso de reorganización nacional”.

En otro de sus artículos, Sergio Job, aclara: “Hoy entendemos ya que el ciclo comandado por el capital financiero es esencialmente violencia. Incluso en estas tierras donde la violencia fue atroz, costó largo tiempo entender que ese periodo terrible y oscuro que comenzamos a atravesar a mediados de los ´70, no era obra de un grupo de sádicos desequilibrados que decidieron organizarse en comandos para secuestrar, torturar, robar niños, violar, matar, robar, corromper, atemorizar y un largo etcétera. Es más, aún quienes insistimos siempre en que esa violencia era producto y necesidad del sistema capitalista, no pudimos comprender hasta qué punto esa violencia desgarradora, no sólo era una necesidad histórica de las clases dominantes, sino que aún más profundamente, era parte del ADN de la nueva etapa de dominación que estaba asomando en el horizonte como un sol negro que nos hundiría en la larga noche neoliberal. Desgarradora, vacua, fría y sangrienta noche neoliberal” (Tiempos violentos: terrorismo de Estado y capital financiero).

La pata práctica de la “Seguridad Democrática”

Fuera de los canales de televisión y las conferencias globales en Colombia, el gobierno de Uribe está relacionado a una serie de masacres populares que en ocho años de gobierno duplican o triplican, según las diversas fuentes, los asesinatos de la dictadura de Pinochet en Chile. Y en plena “democracia” (la más larga de América Latina dicen por ahí). La trama conspirativa o el “paragate” (denunciado en el senado por el actual presidente Gustavo Petro y confirmado por la justicia colombiana en varios casos) incluye, además de las numerosas masacres populares perpetuadas por grupos narcoparamilitares financiados por el gobierno colombiano y el de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, el escándalo de los “falsos positivos” (el asesinato de jóvenes inocentes de barrios marginales exhibidos en la televisión como supuestos guerrilleros), el asesinato o encarcelamiento de referentes sociales o intelectuales contrarios a la visión de Uribe (el más escandaloso fue la detención del sociólogo Miguel Ángel Beltrán falsamente sindicado como jefe de relaciones internacionales de las FARC (2)). Todo esto, obviamente, además de con la complicidad de la sociedad entera, con la participación de amplios estamentos del estado colombiano en todas su patas; ejecutivas, legislativas y judiciales, amen de empresas multinacionales beneficiarias de esa violencia (como bien demostró el Tribunal Permanente de los Pueblos) (3).

En el 2016 la investigación del periodista colombiano Daniel Coronell en torno a los Panamá Papers desnudó las vinculaciones financieras entre el gobierno de Mauricio Macri y empresas de seguridad privada ligadas a Uribe Vélez (4). Ya para ese entonces era su ministro de Justicia Germán Garavano, quién en diciembre del 2004 publicó el libro “Mano Justa” junto Eugenio Burzaco (actual ministro de seguridad de Rodríguez Larreta en CABA) y Diego Gorgal (que en 2015 presentó a Giuliani como asesor para su plataforma en doctrina de seguridad como futuro ministro de Seguridad de un supuesto gobierno de Sergio Massa). El libro “Mano Justa” traduce a la realidad argentina las políticas del Manhattan Institute y de la “Seguridad Democrática” de Uribe. Gorgal está vinculado a la DEA e hizo su carrera en el Grupo Sophia, think tank porteño creado por Horacio Rodríguez Larreta.

Burzaco fue el presentador en Rosario, a través de la Fundación Libertad (con históricos vínculos con el Manhattan Institute), de un seminario sobre seguridad ciudadana junto a funcionarios de la gestión Giuliani, incluyendo a George Kelling (autor de “Ventanas Rotas”). Luego del seminario estos asesores de Giuliani tuvieron una reunión con Patricia Bullrich, para quien el aumento presupuestario en términos de seguridad no es solo una cuestión ética, política o publicitaria, sino también un negocio, sobre todo para su amigo y también ex-Montonero, Mario Montoto (que la bancó en sus delicadas épocas como ministra de Seguridad de Macri). Montoto es un oscuro personaje con nombre de monólogo de Tato Bores, que ha transitado negocios con todos los gobiernos democráticos de los últimos cuarenta años. Con afilados contacto con la embajada de Estados Unidos e Israel y parte de la comisión directiva de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), junto a importantes empresarios nacionales como Adrián Werthein, Marcelo Mindlin o Eduardo Elsztain. Su socio en la Corporación para la Defensa del Sur (Codesur), el ex capitán de corbeta Hugo Darío Miguel, fue parte del equipo del ministerio de Modernización que entre 2015 y 2019 comandó Andrés Ibarra, actual candidato a la presidencia de Boca.

Montoto también es dueño de la editorial Taeda, en sociedad con el ex jefe de prensa del Ejército Gustavo Gorriz, cercano a Martín Balza y con un fraterno vínculo con el Infobae de Daniel Hadad. También entre los admiradores de Taeda se encuentra el ex gobernador, embajador en Brasil y precandidato a presidente Daniel Scioli (que como todo buen gobernante argentino hizo negocios con Montoto en temas de seguridad en la provincia de Buenos Aires).

Montoto fue también parte de los Wikileaks, con varias de sus visitas a la embajada de Estados Unidos durante el escándalo de la valija del empresario venezolano Antonini Wilson en 2008 (5).

Es que, más allá de los montotos, la vinculación entre negocios y guerra, y por ende gobiernos, ha sido ampliamente documentada a lo largo de la historia moderna. Incluyendo la, llamada por las cumpas zapatistas, Cuarta Guerra Mundial contra las pueblas de nuestra Amerika.

Es de esperar. Son estas pueblas las que inocentemente han terminado paradas encima de las vetas de recursos naturales (incansables venas abiertas de América Latina) que el capitalismo internacional codicia y con la que los gobiernos negocian en pos del incremento de las reservas en dólares que las empresas fugan y las políticas de endeudamiento externo amenazan. Son estas pueblas, brutas e ignorantes, desprolijas y naturalmente afectas al desorden (y por ende el crimen según las magníficas teorías gringas), las que tienen la salvaje costumbre de adorar a la Madre Tierra ignorando las planillas de excell de los centros financieros. Ante su resistencia, la única política es la “mano justa” (que eufemísticamente sigue siendo dura). Es bien sabido: los terroristas siempre fueron afectos a la organización popular, los movimientos campesinos e indígenas y otras pestes plebeyas. Las conspiraciones internacionales extractivistas, como las brujas, quizás no existan, pero que haber, las haya.

!¿Que hacer?!

“Necesitamos empezar a discutir una linea seguridad de izquierda, socialista, humanista que no sea punitivista, pero que recoja la realidad que nuestros barrios están viviendo. Podríamos también adicionar las experiencias de resistencia en América Latina, donde no solo el problema es la convivencia con el narcotráfico, sino la ineficiencia de la estrategias para desbaratarlo. Compañeras en México todavía persiguen por donde va a Felipe Calderón para reprocharle haber salido a cortar cabezas de los carteles para mejorar la imagen en las encuestas, como si no hubiera desatado la peor sangría en los barrios populares. Ni hablar de Colombia, el único país de la región donde recién ahora se puede levantar una bandera donde ahora dice La Poderosa, porque antes representaba una gran amenaza. Esa batalla no fue en vano, si ahora Francia y Petro están ahí, es por la resistencia histórica de esos barrios”, sugirió hace poco el referente de La Poderosa, Nacho Levy, en la charla “Narcotráfico, complicidad estatal y represión“.

Alrededor del 2009, cuando llegue de nuevo a mi país, Argentina, después de haber vivenciado en Colombia, la resistencia de las pueblas ante esa inefable ecuación capitalista que vincula multinacionales, paramilitares, gobiernos y extractivismo con masacres paramilitares, comencé a ver paracos colombianos por las calles de Buenos Aires. No me pregunten como. Es una especie de sexto sentido que se adquiere en ese país donde la abundancia genera guerras. Pensé que estaba demasiado paranoico, pero la sensación fue confirmada por una ex novia colombiana.

Eran las épocas del triple crimen en Unicenter, la cárcel de Mi Sangre (que acá se presentaba como un narco pero io sabía que era líder paramilitar) y la publicación de Ciudad Blanca, Crónica Negra de Carlitos del Frade. Comencé a investigar la posibilidad de la instauración de ese exitoso modelo de “seguridad democrática” de Uribe en Argentina. Solo algunas voces intelectuales no escuchaban extrañadas mis suposiciones. En general no tenían idea de Uribe, ni Giuliani, ni el Manhattan Institute, las masacres paramilitares, los falsos positivos o el Tribunal Permante de los Pueblos. El tiempo pasó, y si bien hallaba caso de grupos paramilitares en Santiago del Estero o Chaco, no parecía que la cosa fuera a suceder como en Colombia. Me pareció que la fuerte estructura sindical, de los movimientos sociales, pero sobre todo de los organismos de Derechos Humanos, que existe en Argentina, podría ser seguramente una barrera de contención para esas políticas. No me pareció casualidad que la derecha comenzara a hablar del “curro” de los Derechos Humanos. Sin embargo siempre en mi consciencia sobrevoló el funesto vaticinio de mi amigo Manuel. Siempre me impresionó que la autodefensa o la organización de esquemas comunitarios de seguridad no fueran agenda de los movimientos sociales argentinos como sí lo eran en México o Colombia (o tradicionalmente en Bolivia). Siempre sospeché que si, como en Colombia, le pegaban un tiro o lo metían preso a Carlitos del Frade, o se masificaban la matanzas de dirigentes sociales como en el hermano país, la mayoría de les militantes progres se irían corriendo a su casa.

Sigue Nacho Levy: “Creemos que se nos volvió urgente e imperioso discutir esquemas de seguridad para que nuestra militancia no se volviera un sketch, para que nuestra forma de comunicación no fuera negacionista. Sabiendo que eso tiene sus consecuencias. Sabemos cuál no es la salida y que el punitivismo trae más muerte a nuestros barrios. Desde siempre. A Kevin lo mataron el 7 de septiembre de 2013. La prefectura y la gendarmería eran de Sergio Berni, un tiroteo de más de 3 horas con 105 disparos de Uzi y de Fal. Pero en estos dos años el escenario cambió dramáticamente. La debacle económica que trajo la pandemia hizo que muchos compañeros tuvieran que romper fronteras de sus propios parámetros éticos y valores de dignidad. Por eso mucho cuidado cuando decimos “los narcos”. Porque nosotros tenemos barrios de 15 mil personas que fueron absorbidos por la lógica narco en su 100%, incluyendo el domino económico, de las finanzas y la seguridad de las obras públicas de los territorios. Entonces casi todos los que estamos acá nos podríamos poner un casete que decía “vayan a buscar a los narcos a Nordelta, porque los jefes narcos no viven en un barrio sin luz y sin cloacas. Pongan una cámara a las seis de la mañana que muestre cómo los vecinos van a trabajar y cómo vamos a estudiar”. Ta fenómeno. Todos pensamos eso, construimos una línea antirrepresiva que nos unificó a todos. Pero hay que empezar a construir formas de seguridad que, obviamente, tienen que venir de la mano de un control popular a las fuerzas estatales, pero también tienen que traer la valorización de la vida de las vecinas y los vecinos de los barrios. Nosotros y nosotras no hablamos de la agenda de seguridad, porque tenemos miedo que llegue el punitivismo. Pero la realidad de los barrios dice que algo tenemos que hacer”.

1 De acuerdo a un estudio del año 2012, del total de personas que dijeron haber sido detenidas al menos una vez por el Código de Faltas, el 54,6% tenía un nivel de ingresos bajo, el 25,4% medio y el 20% alto. A su vez, cuando se les preguntó a los encuestados cuántas veces fueron detenidos por aplicación del Código de Faltas, seleccionando aquellos individuos con 5 o más detenciones, se concluyó que el 75% pertenecía a barrios de nivel socio-económico bajo, el 15,6% a barrios con un nivel de ingresos medio y sólo el 5,9% se trataba de personas con un nivel socio-económico alto. Otras conclusiones pueden leer en “Policializacion, ineficacia y discriminacion en las políticas en seguridad en la Córdoba actual”.

2 Pueden leer la entrevista que le realicé durante su estadía como exiliado en Argentina para el portal Marcha “No es mi intención agachar la cabeza

3 Para más información pueden leer el artículo “Sindicalismo y Derechos Humanos. El caso colombiano”, de Tomás Astelarra, en la revista Taripawi de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN)

4 Macri, Panamá Papers y ¿narcoparamilitarismo?, por Tomás Astelarra, en Marcha.

5 Para mas datos pueden leer “Mario Montoto, el dueño del control” de Julián Maradeo en la revista Crisis.