Guerra Judicial contra la dignidad
La condena a Cristina Kirchner se encuadra en una larga historia de persecusión judicial contra las clases y organizaciones populares en todos los territorios como parte de un plan económico de dominación.
Por Sergio Job para La Tinta
El despliegue de la guerra judicial suma un nuevo capítulo en este país y acaba de confirmar la prisión a la principal dirigente política, dos veces presidenta, una vez vice-presidenta, actual presidenta del principal partido de la oposición: la Sra. Cristina Fernández de Kirchner. Y hay que decirlo con todas las letras, esto no tiene nada que ver con la justicia y tiene mucho que ver con el poder. No sólo con el Poder Judicial, que es el brazo ejecutor de la infamia, sino con el poder real que se compone desde el siglo XX en este país, con dos sectores claves que coadyuvan: un poder económico concentrado “local” que hace de intermediario del saqueo, y el imperialismo, norteamericano principalmente, anglosajón en sentido más amplio. Y creo que es necesario volver a poner blanco sobre negro, señalar los culpables, los enemigos, asumirlos. Porque sino entre tanto alboroto por ahí nos perdemos.
Esta decisión que no es judicial, es política, es parte de un despliegue más amplio de la batalla que está dando el poder real contra las fuerzas sociales y políticas que tienen aún alguna vitalidad para generar una oposición más o menos frontal a sus intereses de dominación absoluta. Necesitan aplastar cualquier signo de rebeldía, de no alineación automática, de dignidad y respeto por sí mismo, que se vislumbre en esta tierra santa. Y es más amplio tanto en términos territoriales: es un despliegue continental, un nuevo Plan Cóndor, como en términos de casos-trincheras donde da la batalla, son capas y capas de persecución judicial, que tiene dos frente principales: pobres y organizados.
Obviamente que la táctica con que se despliega la batalla en cada uno de esos frentes es diferente. Por momentos, en algunos casos, puede solaparse, pero en general asumen diversos niveles de ensañamiento, de articulación de maniobras, de actores involucrados. Sin embargo hay una dinámica general, estructural, que se ha hecho carne (habitus, dicho más sociológicamente) en las prácticas de los poderes judiciales de nuestro país. Y también en el “periodismo”, poder mediático, para ser más certeros, segunda pata sobre la que se yergue y toma cuerpo, se populariza, reproduce y capilariza la guerra judicial: demagogia punitiva contra los pobres, difamación y odio contra las organizadas.
Sobre ambos frentes he escrito muchos textos con anterioridad a los que remito para quienes quieran profundizar en la dinámica más estructural que asumen el despliegue de la guerra judicial*. Pero sí me voy a detener muy brevemente, sobre el frente de batalla contra los sectores organizados, porque sirve para comprender y poner de sobre aviso sobre el alcance que lo sucedido con la condena a Cristina presenta y, por ende, para que sirva para preparar herramientas y espíritus para asumir la batalla en que estamos inmersos nos guste o no.
La confirmación de la prisión y proscripción de Cristina, es un hito horroroso, pero que se enmarca en un largo derrotero que con este método de guerra política, está llevando adelante el poder concentrado e imperial, contra los sectores organizados. Esta decisión es el pináculo (hasta el momento) de una dinámica que se viene cimentando desde hace años. E insisto en la idea de cimiento porque es algo que han construido desde abajo, corriendo paulatina pero constantemente los umbrales de lo tolerado y permitido.
Describiendo de abajo hacia arriba, hay un primer umbral que fue el paso de la arbitrariedad policial, judicial y mediática que ya se aplicaba contra los sectores empobrecidos que se traslada a los sectores organizados que decidimos en algún momento atar nuestra suerte a la de los más castigados de este sistema desigual e indolente. Así, durante años se detuvo, golpeó y hasta torturó a militantes sociales a lo largo y ancho de la Patria. En general esas detenciones eran respondidas con movilizaciones más o menos masivas a las puertas de las comisarías. Las causas judiciales (si se iniciaban) quedaban en la nada y los medios cuando tomaban el caso, lo hacían focalizándose en un tratamiento policíaco-judicial estigmatizando a los militantes detenidos. Ese momento podemos pensarlo como de expansión de la táctica general contra la pobreza, que era (y es) mucho más masiva y generalizada.
Siguió un momento de cada vez mayor estigmatización mediática de la militancia, intentando cubrir con un manto de sospecha a todo aquel que decidiera solidarizarse de manera organizada con los pobres. Y eso caló, incluso dentro de la propia militancia, quienes ante cada detención arbitraria, comenzaba a dudar y analizar los niveles de acuerdo político, metodológico y de “pureza” de quien fueran detenidos, antes de decidirse a movilizar y defender. Nadie quería quedar pegado a un otro que quizás esa vez sí era “culpable”. Muchos de los sectores actualmente también perseguidos, colaboraron de manera activa en cimentar este piso, aislando y despegándose de quienes entrábamos en el radar de este nivel de captura.
Luego, hay una dinámica que está en franca expansión, que es la de un trabajo mediático-judicial que toma casos testigos de dirigentes territoriales y también de abogados defensores de procesos organizativos, en los que se construye un grado mayor de sofisticación para la denuncia. Lo instalan mediático-judicialmente y miden, ven hasta dónde pueden llegar, observan las respuestas sociales, de los sectores organizados, de las instituciones, de las iglesias, etcétera. Algunas de estas acusaciones recurren a la delación de algún “colaborador arrepentido”, otras buscan que esas voces aparezcan a partir de la mediatización. También recurren a la infiltración en varios casos. Así surgen desde supuestas corruptelas de desvío de frazadas a ser entregadas por determinada organización social; sospechas de arbitrariedades en el reparto de recursos; sobreactuados “dibujos” en rendiciones de cuentas de asociaciones civiles o cooperativas; elucubraciones de complejos estratagemas para ocupar, dividir y enriquecerse en el reparto de tierras tomadas por parte de los abogados defensores de los pobladores de dichas tomas; imaginadas maquinarias de coacción sobre individuos para obligarlos a firmar papeles non-santos o a ir a marchas o actos; supuestos robos de seis chanchitos para desatar un desmesurado y violento allanamiento que en simultáneo habilitaba tapas de periódicos digitales. Todas y cada una de las situaciones descritas en estos renglones son situaciones que conozco de primera mano, por haber sido abogado defensor o acusado en alguna de ellas. Todas buscan rápidamente incluir la carátula de “asociación ilícita”, buscando algún delito que por monto penal no sea excarcelable. Todas y cada una de las causas enumeradas fueron mucho más temprano que tarde desestimadas por las fiscalías luego de una reacción más o menos intensa (dependiendo del caso) de diversos sectores organizados, institucionales y hasta mediáticos que no aceptaron ser parte de la infamia.
Si bien los casos del párrafo anterior sucedieron en la provincia de Córdoba, el paradigma del despliegue de este tipo de guerra judicial sucedió en la provincia de Jujuy, donde se encuentra el caso más paradigmático de este tipo de persecución en la persona de Milagro Sala, quien ya lleva más de 10 años presa. Pero además de ser el caso que en el que en profundidad más lejos se llegó, también se montó allí el laboratorio más extendido de persecución mediático-judicial, el que mostró su faceta más violenta durante el último gobierno de Gerardo Morales, quien luego de efectuar modificaciones constitucionales e institucionales en el Poder Judicial jujeño, montó una verdadera maquinaria de guerra contra las organizaciones, desplegando una notoria suspensión del Estado de derecho y lanzando una caza humana judicial sobre dirigentes locales, puntos nodales de una red-trama de resistencia al poder gubernamental y económico local-transnacional. Este nivel de persecución es el que, sin lugar a dudas, más puede extenderse y multiplicarse, avalado y respaldado ahora también por el fallo de la CSJN contra Cristina.
La tercera etapa o nivel, es el que se despliega sobre dirigentes nacionales de primer orden, donde obviamente el caso de Cristina es paradigmático y el que más gravedad institucional y política tiene, pero que no se agota ahí. De hecho, apenas unos días antes a la confirmación de la prisión y proscripción de Cristina, salvando la distancia en la gravedad, profundidad e importancia de lo ocurrido, el compañero Juan Grabois sufrió una detención ilegal, ordenada por el ejecutivo nacional, producto de la cual le fue secuestrado ilegalmente su celular, violando así cualquier debido proceso imaginable.
El recorrido de esta nota deja a las claras que el fallo contra Cristina no tiene nada que con lo estrictamente judicial, sino que es lisa y llanamente un método de guerra política desplegada por el poder concentrado, método que viene construyéndose y probándose en diversos planos desde hace muchos años. No es una improvisación, no es una casualidad, no es un hecho nuevo, y en ese marco es que hay que analizarlo y enfrentarlo de manera tajante. Manifestarse y organizarse contra este fallo y contra la persecución a Cristina, es una obligación para todos lo que luchamos diariamente para construir un futuro con Justicia Social, democracia y dignidad para nuestro pueblo. No hay que ahorrar esfuerzos en la defensa sin ambagues a Cristina frente a esta infamia y así construir también autodefensas para todo el campo popular. Que quede claro, con proscripción no hay democracia, con guerra judicial no hay democracia.
* Aproximaciones a la Guerra Judicial (Job, 2023) en: https://cdc.sociales.unc.edu.ar/aproximaciones-a-la-guerra-judicial
Bodas de Plata de una pregunta irresuelta, ¿qué hacer con la (in)seguridad en Córdoba? (Job, 2025) en Manual de Sociología Jurídica, Facultad de Derecho, UNC.
Nuevo Orden Mundial, Nuevo Orden Legal (Job, 2014) En Revista Contrapunto. Seguridad. Montevideo: Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, Nº 4. Pgs. 121 a 137.
Dominación y Resistencias en la Córdoba del siglo XXI” (Job, 2017), en CIUFFOLINI, M. A. comp. Quien no se mueve no siente sus cadenas. Estudios sobre luchas político-sociales en la Córdoba contemporánea. Córdoba. EDUCC.
